Luego de un año de trabajo investigativo sobre las diez regiones priorizadas por el Plan Espada de Honor, implementado desde 2012 por el Ministerio de Defensa Nacional, y que incluye a La Guajira, Tolima, Meta, Catatumbo, Tumaco, Bajo Cauca antioqueño, Nudo de Paramillo, sur del Valle y norte del Cauca, Arauca, Caquetá y Putumayo, la FIP presenta el informe Seis tesis sobre la evolución reciente del conflicto armado en Colombia, que reconstruye lo que ha ocurrido en los últimos 25 años.
La primera tesis indica que el Estado colombiano continúa teniendo una ventaja militar sobre las FARC, incluso en medio de los diálogos de paz que se desarrollan actualmente en La Habana (Cuba) con esa guerrilla. Según los investigadores de la FIP, la capacidad militar de las FARC ha sido superior a la fuerza pública únicamente en los años 1991 y 1992 cuando se desarrollaron los diálogos de paz en Tlaxcala (México) y Caracas (Venezuela), y en 1998 cuando iniciaron las conversaciones de paz en San Vicente del Caguán.
Sin embargo, cuando se miran en detalle las zonas priorizadas por el Plan Espada de Honor, se encuentra que en seis de las once zonas la fuerza pública se posiciona por encima de las FARC, pero que en las cinco restantes la guerrilla ha logrado favorabilidad. “Meta, Caquetá, Norte del Cauca y Sur del Valle, Tolima, Bajo Cauca y Nudo de Paramillo muestran una situación de favorabilidad en materia de combates por iniciativa de la fuerza pública, mientras que en Arauca, Putumayo, La Guajira, el Catatumbo y Tumaco las acciones guerrilleras se han posicionado”, dice el informe. Aun así, la FIP aclara que durante 2013 y lo que va de 2014 los atentados de la guerrilla se caracterizan por ser de bajo esfuerzo militar (activación de artefactos explosivos y sabotajes contra la infraestructura petrolera, minera y eléctrica).
La segunda tesis indica una variación cualitativa en el accionar armado de las FARC desde 2008. Esto quiere decir que la guerrilla ya no tiene la capacidad para realizar tomas a poblaciones e instalaciones militares y que ahora actúan bajo un principio “de economía de la fuerza”, por lo que sus acciones necesitan de poco o medio esfuerzo militar. En el documento se agrega que incluso en las regiones donde se implementa el Plan Espada de Honor, las acciones armadas son principalmente de bajo poder militar, lo que demuestra que las FARC y ELN no cuentan con la capacidad para realizar acciones de gran envergadura militar ni siquiera en sus zonas de retaguardia.
De acuerdo con la base de datos del conflicto armado de la FIP, en 2013 se presentaron seis atentados que califican como casos de alto esfuerzo militar, aún y cuando fueron diferentes a las tomas guerrilleras del pasado. Se trata de acciones con cilindros bomba y tatucos que pretendían destruir instalaciones policiales y militares y causar daños civiles, pero no tienen la capacidad para tomar el control como ocurrió en Mitú, en la década del noventa.
Pero contrario a estos atentados, según datos de Ecopetrol, entre 2007 y 2012 se incrementaron los ataques contra la infraestructura que requieren de bajo esfuerzo militar. Putumayo, Norte de Santander y Arauca concentran el 82% (491) del total de atentados de ese periodo. En el primero, entre 2012 y 2013 se pasó de 81 atentados a 123, lo que equivale a un alza del 51%, cometidos por el frente 32 de las FARC y el frente 48. En el caso de Norte de Santander, en esos dos años se registró un incremento del 121%, al pasar de 28 a 62. Los hechos los realizó el frente 33 de las FARC y en menor medida el ELN.
Ya entre enero de 2013 y julio de 2014 se registró una disminución en los atentados contra la infraestructura petrolera a nivel nacional al pasar de 122 en 2013 a 73 en 2014. Pero cabe resaltar que en el primer semestre de 2014 Arauca mostró un alza de 83% al pasar de 12 atentados a 22 en 2014.
Entre las regiones donde el accionar guerrillero prioriza hostigamientos y emboscadas, es decir acciones de medio esfuerza militar, para afectar a la fuerza pública están el norte del Cauca y sur del Valle, en donde entre 2003 y 2013 incrementaron los hostigamientos contra estaciones de Policía y emboscadas a patrullas. “Esta zona ubicada en torno al Macizo Colombiano es estratégica para las FARC porque conecta sus zonas de presencia histórica en Tolima y Huila con el Cauca y por su condición de corredor de narcotráfico del centro del país hacia Buenaventura y Guapi”, dice el informe.
La tercera tesis señala que en los últimos cinco años se han presentado dos grandes mutaciones en los territorios donde se desarrolla el conflicto. Por un lado ahora se concentra en una cantidad menor de departamentos y municipios, y por otro, se presenta una reconfiguración de la confrontación armada en la que las Fuerzas Militares mantienen la superioridad armada en el centro del país (Meta, Caquetá y Tolima) y la guerrilla se replegó hacia las fronteras (región del Catatumbo en Norte de Santander, Putumayo y Tumaco en Nariño).
Entre 1999 y 2002 se registró actividad armada en 490 municipios en promedio a nivel nacional y entre 2003 y 2007 esta se presentó en 525 municipios. Entre 2008 y 2010 la cifra se redujo a 345 y entre 2011 y 2012 llegó a 287 municipios. Para 2013, este número también presentó una reducción, ya que la actividad armada se registró en 272 municipios.
Esta disminución del número de municipios ha estado acompañada por la concentración de la intensidad del conflicto en pocos departamentos. Según el informe de la FIP, entre 1999 y 2002, el 57% de la actividad armada tanto de guerrillas como de la fuerza pública se concentraba en Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Santander, Meta, Cundinamarca, Cauca y Cesar. Los cuatro años siguientes salieron de la lista Cundinamarca y Santander, y entraron Nariño y Putumayo. Ya entre 2008 y 2010, la lista se redujo a seis departamentos y entre 2011 y 2012 se pasó a cinco. En 2013, el 57% de la actividad armada se concentró en seis departamentos: Cauca, Putumayo, Antioquia, Nariño, Arauca y Norte de Santander.
Sobre el otro cambio en la territorialidad del conflicto, cabe destacar que zonas del Tolima, Meta y Caquetá, emblemáticas para la guerrilla, pasaron a ser de favorabilidad militar para la fuerza pública. Allí el bloque Oriental, según cifras del ministerio de Defensa, tendría cerca de 2 mil guerrilleros después de haber contado con 6 mil. Aun así, continúa siendo uno de los más importantes de las FARC. Lo opuesto ocurre en zonas de frontera como Catatumbo, Tumaco y Putumayo, donde las acciones guerrilleras se han incrementado aunque son de bajo esfuerzo militar. “Esta situación puede interpretarse como una reacción de las FARC al repliegue y a enfocar sus esfuerzos en el control de zonas estratégicas para sus finanzas y corredores de movilidad de tropas y comandantes”, dice la FIP.
La cuarta tesis indica que el ELN también ha registrado una disminución en su capacidad militar y territorialidad, aún y cuando en los últimos dos años ha aumentado su actividad armada en Arauca, Norte de Santander, Chocó, Nariño y en menor medida en el Bajo Cauca antioqueño. Los cambios más significativos se han presentado en la última década, en la que la confrontación con el ELN pasó de registrarse en 140 municipios en promedio entre 2003 y 2007, a 58 municipios en promedio entre 2008 y 2010 y a 40 en 2013.
En el caso de Arauca, según Ecopetrol, en lo que va corrido del 2014 el 100% de los atentados contra oleoductos los causó el ELN (22) y en Norte de Santander, donde en 2012 todos los atentados fueron atribuidos a las FARC, esa proporción se invirtió ya que entre enero y julio de 2014, el ELN pasó a ser responsable del 70% de los 18 ataques reportados.
El reciente aumento en la actividad armada del ELN se explica por la intención del grupo de mostrarse fortalecido militarmente ante un eventual escenario de negociación con el Gobierno y por la conmemoración de sus 50 años. Sin embargo, la FIP agrega que “este escalonamiento no alcanza los niveles a los que llegó en la década del noventa, sin desconocer que hoy todavía cuenta con la capacidad para afectar la economía petrolera y el acceso a bienes y servicios de la comunidad”. La FIP también señala que la agrupación ha sufrido una considerable disminución de sus integrantes pasando de 4.700 a comienzos del siglo XXI, distribuidos en 38 frentes rurales a 1.330 guerrilleros en 2013 y 26 frentes rurales.
La quinta tesis señala que en la actualidad el crimen organizado atraviesa por una nueva etapa. Entre 2013 y 2014, Los Urabeños o ‘Clan Úsuga’ han cobrado mayor poder, Los Rastrojos se han debilitado y las disidencias del ERPAC (Bloque Meta y Bloque Libertadores del Vichada) se han reacomodado. A esto se suma que se despliegan otras organizaciones de alcance exclusivamente local o regional con bajo perfil. En algunas zonas analizadas por la FIP, las BACRIM han sostenido disputas entre ellas, especialmente en algunos municipios de La Guajira, el Nudo de Paramillo, Nariño y Valle del Cauca. Y en otras zonas, éstas se han aliado con grupos guerrilleros en el Meta, Bajo Cauca antioqueño y Putumayo.
La sexta tesis señala que aunque las afectaciones a la población civil a nivel nacional han bajado en los últimos años, los niveles de violencia continúan siendo significativos. “Después de registrar los mayores picos a inicios del 2000 en homicidios, masacres y desplazamientos forzados, 2013 se consolidó como uno de los años con índices más bajos de violencia. Sin embargo, en zonas de repliegue guerrillero y presencia de bandas criminales como Tumaco, norte del Cauca, sur del Valle y el Bajo Cauca antioqueño, los indicadores son altos”, dice la FIP.
Puntualmente, en las regiones donde se está implementando el Plan Espada de Honor, la FIP encontró que solo La Guajira y Tolima registraron en 2013 tasas de homicidio inferiores a la nacional. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en algunos casos el descenso en los indicadores de violencia se ha dado por altos niveles de control conseguidos por un grupo armado, lo que no necesariamente implica mejoras en la situación humanitaria de la población.
De las zonas donde contrario a la tendencia nacional, los indicadores de violencia han mostrado un alza en los últimos años, Tumaco es uno de los casos más representativos. Allí, la disputa por el control del narcotráfico se da entre las FARC (frente 29 y la Columna Móvil Daniel Aldana) y Los Rastrojos. Lo mismo ocurre en el norte del Cauca y el sur del Valle donde la confrontación la protagonizan el frente 6, la Columna Móvil Jacobo Arenas y la Columna Móvil Gabriel Galvis de las FARC con la fuerza pública. Por su parte, en el Bajo Cauca antioqueño han hecho presencia múltiples actores armados como los frentes 18 y 36 de las FARC, los frentes Compañero Tomás y José Antonio Galán del ELN, Los Urabeños y un sector disidente de Los Rastrojos.
De igual manera, la FIP encontró que aún en las regiones donde sí ha habido una mejora en la situación de violencia hacia la población civil, hay excepciones a la regla, como es el caso de Tierralta, Ituango, San Vicente del Caguán y Puerto Asís. En 2013, Tierralta se ubicó en el noveno lugar a nivel nacional con más casos de desplazamiento forzado (926) y en 2012 Ituango fue el municipio donde más menores desvinculados de grupos armados ilegales expresaron haber sido reclutados, según el Observatorio de la Niñez del ICBF.
La FIP también hace unas reflexiones finales sobre la fuerza pública, ya que a pesar de los importantes resultados operacionales, “también se enfrenta con una transformación de los grupos guerrilleros como reacción a sus planes de guerra”, concluye el informe. El reto para la fuerza pública consiste, según la FIP, en identificar estas mutaciones para poder continuar debilitado dichas estructuras y limitando sus fuentes de financiación.
La FIP también encontró que hay importantes cambios que no hay que perder de vista en los frentes del Bloque Oriental que hacen presencia en los municipios de Mesetas, Puerto Rico, La Macarena y Uribe en Meta. Allí, cada vez más guerrilleros se visten de civil, portan armas cortas y enfocan sus acciones al cobro de rentas y extorsiones a la ganadería y la extorsión. Otro ejemplo de esta reconfiguración se observa en el Bloque Iván Ríos, con presencia en Antioquia y el sur de Córdoba, en donde el frente 36 ha recibido apoyo de la columna Mario Vélez, ante los golpes de la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo. El apoyo busca proteger las rentas ilegales de la extorsión a la minería y del narcotráfico.
En el caso de las regiones donde se desarrolla el Plan Espada de Honor, la FIP encontró que los grupos guerrilleros y las bandas criminales están recurriendo a otras formas de victimización enfocadas en controlar la movilidad y las interacciones sociales de los habitantes de zonas bajo su control, así como en restringir su acceso a bienes indispensables para la supervivencia como confinamiento, amenazas, intimidaciones, reclutamiento forzado, etc..
La FIP también destaca las alianzas entre bandas criminales y grupos guerrilleros. Las más recientes son la de los reductos del ERPAC con el frente 43 de las FARC, la de Los Urabeños con los frentes 36 y 18 de las FARC en el Bajo Cauca antioqueño, otra entre el frente 5 y Los Urabeños en el Nudo de Paramillo y la de Los Rastrojos con el frente 48 en Putumayo. “Usualmente la explicación sobre este tipo de alianzas se limita a una distribución de los eslabones del narcotráfico en donde es habitual que la guerrilla se encargue del control de las zonas de cultivo y del producto hasta su cristalización o pasta base y las bandas criminales de la compra para su distribución y venta”.
Finalmente, la FIP también identificó una ausencia o debilidad en las relaciones de confianza entre la fuerza pública y la población civil. En algunas de las zonas priorizadas por el Plan Espada de Honor, estas relaciones se ven obstaculizadas por estigmatizaciones de la fuerza pública, desconfianza de la población y la falta de claridad en los alcances y funciones de las autoridades.