La Fundación Ideas para la Paz y la Comisión Primera del Senado vienen realizando una serie de conversatorios que giran en torno a temas de interés nacional relacionados con políticas de seguridad y justicia. El segundo conversatorio, que se realizó el 28 de octubre, se centró en el Nuevo Código de Policía y Convivencia y contó con la participación del director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, del viceministro de Defensa, Jorge Bedoya y del director del Área Penal de la Universidad de los Andes y experto en Política Criminal, Farid Benavides.
El general Palomino rescató este espacio de debate ante la urgencia de reformar el actual Código Nacional de Policía, que data de 1970, una época en la que Colombia no estaba regida por el Estado Social de Derecho de la Constitución de 91. “Este código de 44 años de vigencia ya está expirado. Es hora de devolverle las visiones críticas para poder socializarlo en las regiones y mostrar las bondades de un nuevo y bondadoso articulado que genere conciencia en la comunidad”, dijo.
El viceministro de Defensa, Jorge Bedoya, afirmó que este tipo de iniciativas de debate ciudadano son necesarias, pues logran materializar las normas, más allá del papel. Bedoya aseguró que el Código de Policía no debe mezclarse con la proyección de un posible postconflicto, sino que debe fijarse en el carácter meramente preventivo de las conductas que “enferman a la ciudad”.
Algo diferente piensa el profesor Farid Benavides, que ve la importancia de repensar el Código para que nutra las dinámicas de paz, teniendo en cuenta el flujo de excombatientes reintegrados que reciben las ciudades.
El penalista también destacó la importancia de actualizar las multas actuales, que llamó “irrisorias”, y por esto “fallan en educar al ciudadano”.
Los senadores Hernán Andrade y Teresita García, del partido Conservador y Opción Ciudadana, se mostraron interesados en impulsar este proyecto de reforma. Andrade habló de iniciativas similares en gobiernos como el canadiense, donde se reglamenta de manera muy estricta la venta de alcohol. “Cuando impusimos las penas para conductores ebrios me parecieron excesivas, pero viendo las cifras, logramos generar conciencia y seguridad ciudadana”, dijo.
Para María Victoria Llorente, directora de la FIP, este ejercicio de análisis permitió enfocarse en los grandes temas y visiones de la convivencia nacional, más allá de un análisis particular, norma por norma. “Por un lado, se evidenció la posición de un sector que entiende la convivencia desde la regulación de los movimientos ciudadanos, y otro que la ve como una normativa pedagógica que debe ayudar a la autorregulación”, señaló Llorente.
Al final, el senador Juan Manuel Galán, presidente de la Comisión Primera del Senado, agradeció los aportes de otros asistentes como el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), el Consejo de Justicia de Bogotá y las Secretarías de Gobierno de Medellín y Cali, y contempló la posibilidad de un enfoque diferencial en el código que mejoraría la seguridad y la convivencia de los ciudadanos.
Para tener en cuenta...
Es importante distinguir entre el derecho, la función y la actividad de la Policía. El primero lo ejerce el Congreso y las asambleas locales, la segunda la Policía Nacional y local, y la tercera los miembros particulares de la fuerza pública.
La política criminal va en línea con la seguridad ciudadana, se basan en el código penal. La convivencia ciudadana es una interacción pacífica basada en este ordenamiento jurídico.
El Código debe tener unos principios generales, pero que puedan ser aplicados a la cultura de cada ciudad, según sus administraciones locales, como las comunidades indígenas o afrodescencientes.
El Código Nacional de la Policía es una herramienta de justicia policiva, que no debe pretender regular todas las conductas ciudadanas, pues ello sobrecarga el trabajo de la fuerza pública.
El cumplimiento de esta normativa está realmente en los ciudadanos, en aspectos cotidianos como las mascotas, el ruido y el respeto a la privacidad.