En el transcurso de la mesa de negociación entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, un nuevo o renovado orden ilegal se está configurando, con múltiples economías ilícitas enquistadas en los territorios.
Este documento identifica cinco dinámicas principales en medio del proceso de negociación en La Habana:
Las alianzas entre grupos insurgentes y las facciones criminales.
El reciclaje insurgente (suplantación y transferencia de capacidades de las FARC al ELN o el EPL).
La reactivación del narcotráfico, la expansión de la extracción minera y la diversificación de las economías criminales.
La proliferación de las actividades predatorias, especialmente la extorsión.
Intervenciones del Estado contra eslabones débiles que fortalecen los vínculos de las poblaciones con la economía criminal.
Uno de los hallazgos principales de esta investigación es que mientras que el crimen se prepara para el postconflicto, el Estado tiene dificultades para articularse y generar una respuesta integral, más allá de las operaciones ofensivas que entran y salen de las zonas. La intervención desbalanceada, con un fuerte componente represivo, crea un contexto adverso para la consolidación del Estado y la construcción de la paz, sino es acompañada de una estrategia que afecte las condiciones que permiten la reproducción de las economías criminales en los territorios. Se trata entonces de responder al crimen organizado sin prolongar el conflicto armado.
El desafío para el Estado no sólo consiste en desarticular facciones locales con capacidad de usar la violencia y la corrupción, sino en construir una nueva relación entre las comunidades y las instituciones formales, que permita restablecer su autoridad legítima a partir de la protección de los ciudadanos.
Para enfrentar las economías criminales la FIP recomienda:
Definir una instancia del alto Ejecutivo que lidere la política frente al crimen organizado: la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado.
Avanzar en el proceso de una fuerza integrada (Policía y Fuerza Militares) para la transición, que tenga un carácter polivalente basado en la definición de roles y responsabilidades.
Delimitar la participación de las Fuerzas Militares a situaciones excepcionales y en apoyo a la Policía, definiendo con claridad las reglas de enfrentamiento (rules of engagement) en el marco de los Derechos Humanos.
Avanzar, tan pronto como sea posible, con el cese al fuego bilateral condicionado con las FARC y la concentración de sus tropas (con garantías de seguridad personal y jurídica) evitando su ubicación en zonas estratégicas para las economías criminales.
Replantear la guerra contra la minería criminal, con una estrategia diferenciada que permita la formalización de aquellos que quieren pasar a la legalidad y que enfoque la estrategia represiva en aquellos que no se acogen a los beneficios.
Avanzar en el proceso de diálogo con el ELN, teniendo como condición el cese unilateral. Entre tanto, responder al proceso de expansión de este grupo guerrillero en las zonas que serán objeto del postconflicto.
Fortalecer el principio de oportunidad, hacer un uso razonable y estratégico de la judicialización vía concierto para delinquir y avanzar en la definición de “estrategias de salida” judicial para quienes hacen parte de las organizaciones criminales, evitando la impunidad sobre los delitos violentos.
Definir una estrategia de anticorrupción particularmente de la fuerza pública y la justicia.
Poner en marcha el Plan Integral de Sustitución de Cultivos, generando una nueva instancia que tome las lecciones aprendidas de la Unidad de Consolidación Territorial y que apunte a la transformación de los territorios. Además, desarrollar los contenidos del Punto 4 de La Habana, en lo referente a los acuerdos de sustitución y no resiembra, con procesos de planeación participativa en las zonas de cultivos bajo el control de las FARC.
Avanzar en el punto 4 de La Habana en lo que tiene que ver con el lavado de activos: Expedición del Estatuto Anti-lavado y creación de un grupo de expertos nacionales e internacionales que elaboren el mapeo del delito a nivel nacional y regional.
Poner en marcha una nueva estrategia de política criminal que plantee una ruta para una reforma integral del Código Penal y del Estatuto Nacional de Estupefacientes. Será importante avanzar en la adopción de medidas alternativas a la persecución penal de cultivadores y eslabones débiles de la cadena de las drogas.