Son varias las publicaciones y declaraciones de algunas organizaciones de mujeres que en las últimas semanas se han referido a la persistencia de altos niveles de impunidad en los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Es el caso del informe que presentó la mesa de seguimiento a los Autos 092 y 009 de la Corte Constitucional, que señala que persiste la impunidad en el 97% de los 634 hechos de violencia sexual en contexto de conflicto armado reseñados por la Corte y que afectaron a por lo menos 768 mujeres[1].
¿Por qué nos deberían preocupar esos índices de impunidad? ¿Por qué en ciertos momentos claves de las negociaciones de paz y las dinámicas del conflicto en Colombia han disminuido ciertos tipos de violencia y han aumentado otros (como la violencia interpersonal, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual)? ¿Qué explica estas tendencias y cuál es la relación con el contexto sociopolítico del país? ¿Qué pasa con la violencia de género en contextos de transición hacia la paz?
Una de las expectativas que ha generado el proceso de paz con las FARC y el postconflicto es la disminución de la violencia. Expectativa que por supuesto comparten las mujeres, a pesar de que existan serias reservas y preocupaciones, no solo por el reto que supone enfrentar la gravedad de las violencias de género en el marco del conflicto armado –en el que los actores armados hicieron peores y más crueles los patrones históricos de estos tipos de violencias basadas en el género y de la violencia sexual– sino también porque las cifras evidencian que mientras algunos delitos y hechos violentos han disminuido, otros aumentan. Y los que aumentan son los que más afectan a las mujeres.
La gráfica muestra que en el periodo de negociaciones con las AUC y después de su desmovilización, los índices de violencia intrafamiliar tuvieron un incremento sostenido hasta 2009, violencia de la cual las mujeres representaron el 79% del total de víctimas. Aunque en los años siguientes se dieron ciclos de reducciones e incrementos, lo cierto es que finalmente se registraron índices superiores a los presentados en los primeros años del periodo. De hecho, entre 2004 y 2014 los hechos registrados de violencia intrafamiliar tuvieron un incremento del 35,3%. Dicha tendencia fue entonces contraria a la de homicidios –de la cual las mujeres únicamente representaron el 8,4% de las víctimas en todo el periodo–, que tuvo una reducción progresiva a partir de 2009.
Por su parte, la violencia sexual, de la cual las mujeres representaron un 85% de los hechos, también tuvo un incremento sostenido entre 2005 y 2009, para posteriormente tener una tendencia inconstante de incrementos y caídas, pero manteniendo valores superiores a los primeros años del periodo –entre 2004 y 2014 los hechos de violencia sexual registraron un incremento del 28%-. Esto nuevamente es diferente a la tendencia de homicidios, que por el contrario registró una reducción del 28,2% entre ese primer y último año del periodo. Finalmente, en el caso de la violencia interpersonal, de la cual las mujeres representan un 32,3%, ha tenido un incremento importante a lo largo de los años, también desarrollado por medio de ciclos de subidas y bajadas, teniendo su valor máximo en 2013. En este caso, el incremento entre 2004 y 2014 fue del 67%.
De este panorama en cifras, son dos los elementos a resaltar: primero, que en el periodo posterior a la desmovilización de las AUC hay ciertos tipos de violencia no letales que son los que más afectan a las mujeres. Puesto de otra manera, mientras los hombres se han dejado de matar, la vida para las mujeres –sobre todo en el ámbito privado– se ha vuelto cada vez más insegura. Segundo, la tendencia de la violencia interpersonal en este periodo parece estar mediada cada vez más por agresiones hacia el otro; de hecho, los ciclos entre violencia intrafamiliar e interpersonal siguieron patrones muy similares hasta el año 2010.
En países que han experimentado procesos de transición hacia la paz se han identificado incrementos en violencia doméstica, abuso sexual, trata de personas con fines de explotación sexual y prostitución forzada en las zonas de postconflicto
El caso de Colombia y el incremento de la violencia contra la mujer en períodos de transición no es la excepción. La experiencia internacional ha mostrado que las mujeres siguen siendo vulnerables a hechos de violencia después de un conflicto armado. En países que han experimentado procesos de transición hacia la paz se han identificado incrementos en violencia doméstica, abuso sexual, trata de personas con fines de explotación sexual y prostitución forzada en las zonas de postconflicto, lo que ha socavado sus procesos de construcción de paz[2].
Respecto al incremento de violencia doméstica se ha planteado que puede estar relacionado a la disponibilidad de armas pequeñas, al incremento en la tolerancia de la violencia en la sociedad y a que los hombres cabeza de hogar estuvieron involucrados en violencia armada durante el conflicto[3].
En Perú, por ejemplo, se dio un incremento significativo de incidentes de violencia física y sexual contra las mujeres por parte de su pareja en el postconflicto. Entre 2000 y 2009 fueron registrados 68.818 casos de violencia sexual, lo que ubicó a Perú en el puesto 16 a nivel global y el primero en Suramérica con mayor número de hechos de violencia sexual[4]. Así mismo, para 2009, aproximadamente el 47% de las mujeres en la zona rural expresó haber experimentado violencia sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida y el 69% algún tipo de violencia física. Entre las hipótesis que se han planteado sobre el incremento de violencia doméstica en este contexto está la dificultad del proceso de reintegración de combatientes a la vida civil, exacerbado por condiciones de desempleo y pobreza[5].
En Guatemala, durante el postconflicto, se registraron altos índices de violencia doméstica. En una encuesta realizada en 2006, únicamente el 17% de las mujeres entrevistadas reportó no haber sido víctima de malos tratos en el hogar[6].
En el caso de Liberia, cuatro años después del fin de la guerra disminuyeron los casos de esclavitud sexual y violaciones colectivas, pero los índices de violencia doméstica, acoso sexual y “ejercicio de trabajo sexual por supervivencia” siguieron siendo bastante altos, según información recogida por el gobierno. Esto se explica por la militarización de las relaciones íntimas, legado que quedó del periodo de guerra, durante el cual se normalizaron los hechos de violencia sexual. Así como por la ruptura de normas en las comunidades que caracterizan los periodos de conflicto. Las más afectadas por hechos recientes de violencia sexual son niñas menores de 18 años, que concentran el 60% de los casos[7].
En Liberia, si bien durante el conflicto los responsables de hechos de violencia basados en género fueron los integrantes de los grupos armados, posterior al fin de la guerra los responsables fueron excombatientes, familiares o miembros de la comunidad, maestros, esposos y parejas de las víctimas[8].
No en vano, en Colombia, organizaciones de mujeres han venido planteando que en el futuro se vislumbra un continuum de violencias contras las mujeres para referirse a la relación estrecha entre los hechos de violencia basada en género por parte de actores armados en el conflicto y la violencia sexual y doméstica hacia la mujer por parte de familiares y parejas que se da durante y después del conflicto.
No se trata sólo de un continuum que va de lo público/armado hacia lo doméstico/familiar. También es una prolongación en el tiempo que evidencia que la violencia contra las mujeres precede al conflicto, se recrudece con el conflicto, pero también lo puede suceder. Desde esta perspectiva, se pone en duda si realmente en el postconflicto se hace una transición real o sí se trata sólo de la renovación de los actores y sus agresores, en tanto persisten formas de control poblacional, de control familiar o de pareja basados en la violencia contra las mujeres.
La impunidad de la violencia sexual en tiempos de guerra está estrechamente asociada a la tolerancia de esa violencia en tiempos de paz
Justamente, a partir de las experiencias internacionales mencionadas, se ha insistido en que una de las principales razones que han contribuido a ese panorama de violencia en el postconflicto es la ausencia de procesos legales por hechos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, y las pocas o casi nulas condenas que ha habido en contra de sus responsables. Lo que nos hace pensar que la impunidad de la violencia sexual en tiempos de guerra está estrechamente asociada a la tolerancia de esa violencia en tiempos de paz.
La Corte Constitucional señaló, desde 2008, que frente a la violencia sexual existe un triple proceso de invisibilidad oficial y extraoficial, de silencio por parte de las víctimas y de impunidad de los perpetradores. En ese momento, la Corte identificó factores asociados que hoy en día siguen vigentes y que contribuyen a que ese continuum de violencias se materialice en más riesgos y vulneraciones para las mujeres.
Algunos son: a) la desconfianza de las víctimas y sus familiares ante el sistema de justicia, principalmente por su inefectividad en la investigación y juzgamiento; b) El miedo a las amenazas, aunado a la falta de acompañamiento y protección estatal para las víctimas y sus familias; c) el subregistro oficial de los casos; d) factores culturales como la vergüenza, aislamiento y estigmatización social de las víctimas; e) la subvaloración y distorsión de los crímenes por parte de las autoridades encargadas de su reporte e investigación; f) la inexistencia de sistemas de formación para funcionarios públicos que los sensibilicen frente al problema y frente a las necesidades especiales de atención de las víctimas de la violencia sexual; g) la casi total impunidad de los perpetradores, tanto del sistema de justicia penal ordinario como del sistema establecido por la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005.
Vistas así las cosas, si no se toman las medidas adecuadas y oportunas, el postconflicto puede traducirse en más riesgos para las mujeres y que la paz para ellas no signifique cambio alguno o, al menos, que haya menos violencia.
En este sentido, los altos niveles de impunidad son un caldo de cultivo que hay que contrarrestar. Aunque lo impunidad no es causa directa de la violencia sexual, si soporta su tolerancia, por lo que se hace imprescindible que desde el sector justicia se tomen acciones contundentes sobre la efectiva garantía del derecho a la justicia para las víctimas de violencia sexual y de género. Es bien sabido que el derecho a la justicia del presente, aún en un contexto de conflicto armado, así como el de la transición, incrementa las posibilidades de una vida libre de violencias contra las mujeres en tiempos de paz.
En todo caso, romper esos ciclos de violencia en la transición y durante el postconflicto también supone que la violencia sexual y de género no sea abordada de manera aislada a la discriminación basada en género. No en vano, en el borrador del Acuerdo sobre Víctimas del Conflicto se plantea que es necesario que la “sociedad colombiana haga conciencia sobre las formas específicas en que el conflicto reprodujo mecanismos históricos de discriminación y estereotipos de género, como un primer paso fundamental para tener una sociedad más justa e incluyente”.
A la hora de crear condiciones sostenibles y duraderas para la convivencia y la construcción de paz (a mediano y largo plazo) no pueden faltar los cambios sociales, institucionales y culturales encaminados a disminuir la discriminación y la violencia basada en el género.