Summary: As peace with the guerrillas progresses, smaller criminal groups are consolidating and rooting in precise regions of Colombia. A necessary and complete analysis of the challenge the country awaits during the post-agreement.
Un fenómeno con muchas caras
El crimen organizado fue materia de uno de los debates más intensos en Colombia durante el año pasado, pues muchas veces se dijo que este iba a ser uno de los retos más importantes para la implementación del Acuerdo de paz y para el futuro de la seguridad ciudadana. Y en efecto:
El crimen organizado puede verse como una de las causas principales de la continuación de la violencia, así como un obstáculo mayor para el cumplimiento de los acuerdos de paz y para el ejercicio pacífico de la política por parte del movimiento o partido que surja de las FARC y para los demás liderazgos preexistentes.
Por otra parte, el Acuerdo propone una serie de organismos dedicados a combatir el crimen organizado que aún no se sabe si estarán en armonía con las instituciones que ya existen para fines similares. Se prevén, entre otros, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un cuerpo élite en la Policía Nacional, y un nuevo sistema de prevención y alerta en la Defensoría del Pueblo en coordinación con el Gobierno y la Unidad Especial de Investigación.
Ahora bien, al mismo tiempo que avanza la implementación del Acuerdo de paz con las FARC (y eventualmente con el ELN), Colombia continuará en un declive de su conflicto armado con la persistencia, cada vez más localizada, del crimen organizado. Tanto así que en 2016 este fenómeno fue objeto de una redefinición oficial –la Directiva 015 de 2016 del Ministerio de Defensa– y fue dividido en dos categorías: grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO).
Los tres GAO –Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Ejército Popular de Liberación (EPL) y Puntilleros– acapararon los titulares de prensa porque el debate se concentró en si podían o no ser bombardeados por las Fuerzas Militares, considerando que tienen mando, control territorial y una capacidad de violencia armada considerable.
Pero más allá de su utilidad –y de las confusiones que persisten sobre esta nueva clasificación– es de notar la falta de discusión seria acerca de los GDO. Esta es una expresión más local del crimen organizado que desde ya advierte el escenario híbrido que vivirá Colombia en los próximos años ante el inminente vínculo entre el remanente del conflicto armado y el crimen organizado.
Crimen organizado local
Desde la Fundación Ideas para la Paz (FIP) hemos advertido que una de las consecuencias de la consolidación de las economías criminales es el fortalecimiento local del crimen organizado. También hemos insistido en que paralelamente a la desintegración del crimen organizado se ha abierto la puerta a otro desafío: el afianzamiento de grupos criminales de menor envergadura, con fuerte arraigo local y que en algunos casos precedieron a las AUC.
Nuestro trabajo de campo muestra cómo –aunque su radio de acción es limitado y su capacidad armada no se compara, por ejemplo, con la de las AGC– estos grupos no son insignificantes. Al contrario, pueden provocar graves situaciones humanitarias que la prensa nacional no cubre o cubre muy poco, pero sobre las cuales las organizaciones internacionales, así como la población de las regiones afectadas, advierten de manera constante.
Igualmente, la revisión de medios locales en diferentes partes del país revela alusiones reiteradas a los Caqueteños, los Botalones, los Rastrojos, los Costeños, la Cordillera, la Constru, los Pachenca, la Empresa y al Clan Isaza, a oficinas de cobro y a las llamadas ODIN (organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico), como se observa en el mapa.
En un informe que será publicado próximamente por la FIP se proponen seis variables para caracterizar a estos grupos:
1. Su origen es variado.
En unos casos se remonta a grupos de seguridad privada que precedieron a las AUC y fueron creados como respuesta a los ataques guerrilleros contra élites locales, como los Buitragueños y el Clan Isaza.
Los ejércitos privados al servicio de narcotraficantes que no tienen una relación orgánica con las AUC, como los Rastrojos y los Caqueteños.
Los grupos que surgieron de la desmovilización parcial de las AUC, como los Botalones y la Cordillera, creados por jefes desmovilizados para mantener el control en sus zonas de influencia o continuar con el narcotráfico.
Las organizaciones que resultaron del debilitamiento o la disidencia en aquellas de mayor envergadura, como los Costeños o los Pachenca.
2. Tienen una presencia territorial limitada principalmente a entornos urbanos y semiurbanos y no superan los 150 integrantes. No obstante, sus operaciones pueden tener alcance transnacional, como en el caso de la Cordillera y los Pachenca. Esto se debe a que no funcionan como organizaciones autónomas, sino que están vinculadas a otras de carácter local, regional, nacional e internacional.
Para estos grupos, el territorio es secundario: lo primordial es prestar servicios y asegurar que determinadas actividades se lleven a cabo. No buscan controlar grandes extensiones de tierra, sino puntos específicos: barrios y calles en los centros urbanos y corredores y rutas en las zonas semiurbanas.
Por su arraigo local y sus conexiones sociales, en muchos casos funcionan como un “grupo-ancla” de organizaciones como el Clan del Golfo o grupos guerrilleros para facilitar su consolidación o para prestar servicios por medio de la subcontratación. Esta función de “anclajes locales” sirve para controlar segmentos concretos de economías criminales en espacios urbanos o para facilitar transacciones en ciertas regiones donde grupos más grandes no pueden acceder. En algunos casos funcionan como puente entre grandes organizaciones nacionales –como GAO o grupos guerrilleros– y mafias internacionales. Tal es el caso de la Constru en la frontera con Ecuador.
3. Su composición varía. Estos grupos, sin excepción, reclutan jóvenes e individuos con largas carreras criminales: sicarios, delincuentes comunes, narcotraficantes, milicianos de grupos guerrilleros y desmovilizados de grupos paramilitares –que se desmovilizaron pero nunca iniciaron su proceso de reintegración y reincidieron o aquellos que iniciaron su ruta pero igual reincidieron–. La Empresa de Buenaventura es un ejemplo de esta variada composición. La Cordillera, en el Eje Cafetero, se creó cuando desmovilizados se unieron a bandas de delincuencia común que controlaban el microtráfico en la ciudad de Pereira.
Además, su organización jerárquica no es precisamente vertical. Aunque tengan cabecillas visibles, predominan los modelos asociativos que les permiten recomponerse con facilidad ante la captura o muerte de sus líderes e integrantes.
4. Estas organizaciones se dedican principalmente a la comercialización de drogas ilícitas. Son intermediarias entre los productores y las redes internacionales de tráfico, ya que se encargan de comprar la cocaína y, en algunos casos, de la cristalización de pasta, el transporte, la comercialización nacional y el traspaso de fronteras.
También comercializan y venden drogas a escala local. Allí proveen la mercancía y cobran extorsiones a los vendedores. Los Caqueteños, por ejemplo, son intermediarios entre las FARC y redes internacionales de narcotráfico en Brasil y Perú.
Cuando estos grupos se ubican en corredores de contrabando, esta actividad se suma a su oferta de servicios y se convierte en otra fuente importante de ingresos. Los Botalones, los Rastrojos y los Pachenca también están vinculados con redes de contrabando de diferentes bienes en distintas zonas del país.
5. Su repertorio de violencia es más selectivo y menos visible. Se caracteriza por amenazas, extorsiones, asesinatos selectivos, imposición de normas de conducta e intimidación por medio de panfletos. También pueden causar desplazamiento intraurbano, reclutamiento forzado y uso de menores, confinamiento de poblaciones y violencia sexual.
Cabe aclarar que esto depende de si hay disputa con otros grupos o existen competidores potenciales, y de si los tipos de violencia que utilizan obedecen a la puesta en marcha de su oferta de servicios. En todo caso, la violencia no parece ser la única causa de la subsistencia de estos grupos, pues en algunos casos es tal el nivel de control, así sea en espacios limitados, que su ejercicio no es necesario.
6. Estas organizaciones no tienen interés en cooptar el Estado local o reconfigurarlo, ni mucho menos en proyectarse políticamente a escala local o regional. Son pragmáticos y se limitan a recurrir a funcionarios públicos e integrantes de las Fuerzas Armadas para favorecer sus actividades. Pero esto no se da en una sola vía, pues los funcionarios y miembros de la fuerza pública también establecen vínculos con estas estructuras. Esto indica que no se puede disociar la esfera criminal de la esfera del Estado, como si la segunda no comprenda y exprese comportamientos criminales y la primera únicamente se limite a “ensuciar” a las instituciones. Un ejemplo de esta relación fue el caso de la Cordillera, que concluyó con la captura de varios empleados de la Alcaldía de Pereira que se encargaban de legalizar los bienes de la banda.
¿Hacia un escenario difuso?
Con la implementación del Acuerdo de paz, Colombia verá la pacificación de muchas regiones, pero también vivirá el aumento de otras formas de violencia –especialmente en espacios urbanos y semiurbanos– que desafiarán nuestras concepciones de conflicto armado y crimen organizado, así como de las fronteras entre ambos.
Estas organizaciones no pueden ser subvaloradas por ser de menor envergadura, sobre todo porque están demostrando su capacidad de reinventarse, su impacto humanitario y su fuerte arraigo local. Son un campanazo de alerta sobre los riesgos que seguirán presentes a pesar de la retórica de la paz.