Colombia ha logrado reducir significativamente su tasa de homicidios durante los últimos 27 años. La firma de la paz con las FARC también contribuyó a esta disminución, pero el país sigue triplicando el promedio mundial y enfrenta otras violencias en el posconflicto. El año pasado, alrededor de 33 colombianos fueron asesinados cada día. Para lograr una mayor reducción se necesitan compromisos más serios y políticas innovadoras, distintas a la lógica de la confrontación y la eliminación del enemigo. (Vea también: No es normal que cada día asesinen a 400 personas en Latinoamérica)
Colombia aún está por encima de la tasa de homicidios regional
En medio del proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, Colombia continuó en la trayectoria de descenso de la violencia y logró salir de la lista de los diez países con mayores tasas de homicidio a nivel mundial. Sin embargo, con una tasa de 25,2 por cada 100.000 habitantes en el 2016, aún supera la tasa de América Latina, que está alrededor de 21.
Colombia se aleja de los países con tasas que están por encima de los 50 por cada 100.000, como El Salvador, Venezuela y Honduras, y se encuentra más cerca de Guatemala y Brasil, que tienen índices alrededor de los 27 por cada 100.000. Ya no es el caso dramático de la región, pero le falta mucho para tener una tasa de un dígito que la acerque a sus vecinos del sur.
Aun así, también hay que decir que, a pesar del descenso de los homicidios en la mayoría de los países en 2016, América Latina continúa siendo la región más violenta del mundo: con el 8 % de la población, concentra el 34% de las muertes letales a nivel global. Y la carga de asesinatos que aporta Colombia sigue siendo muy alta: 12.262 muertes violentas en 2016, que sólo superaron México y Brasil. Lo anterior equivale a un promedio diario de 33 homicidios, es decir, un asesinato cada hora y media.
La violencia se concentra específicamente en las urbes latinoamericanas. Según el Observatorio de Homicidios del Instituto Igarapé, de las 150 ciudades con mayores tasas en el mundo, 13 se encuentran en Colombia. Cali, Palmira y Cúcuta encabezan la lista, con tasas que superan los 40 por 100.000 habitantes, el doble del promedio nacional.
Una mirada a las tendencias regionales muestra que, mientras los homicidios podrían llegar a ser excepcionales en algunos países del mundo, en América Latina la reducción se encuentra estancada e incluso podría empeorar. Algunas estimaciones señalan que para 2030 la tasa llegaría a 35 por 100.000 habitantes, siete veces más que el promedio mundial. En el caso de Colombia, la próxima década será decisiva, ya que mientras el conflicto con las guerrillas se desactiva, otras violencias podrían tomar notoriedad.
Sin las Farc y con menos guerra, pero todavía con mucha violencia
La desactivación del conflicto armado con las FARC explica, en gran medida, el descenso en los homicidios en la última década. Según el Informe sobre la Evolución de la Violencia Homicida en Colombia, que publicaremos en la FIP próximamente, el número de muertes asociadas a la confrontación armada pasó de 1.710 combatientes en 2007 a 440 en 2016. Hay que destacar que la tasa de homicidios nacional en este último año se ubica ocho puntos por debajo de la del 2012, año en que comenzaron formalmente los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC en La Habana.
Los descensos han sido significativos en los municipios que se encontraban en las zonas de influencia de las FARC. La baja ha sido particularmente notoria en los 28 municipios en los que las muertes por causa de la confrontación armada concentraron entre el 29 y el 65% del total acumulado entre 2003 y 2016. En este grupo se encuentran zonas del Meta, Caquetá, Catatumbo, Arauca, Guaviare y otros departamentos que han visto cómo los combates han ido perdiendo fuerza.
El otro factor determinante en los niveles de violencia, tanto en los descensos estables como en las alzas notables, es el crimen organizado. Atrás quedo la época de confrontación entre poderosas organizaciones al margen de la ley —al servicio del narcotráfico y otras economías ilegales— que se disputaban a muerte extensas zonas del país. Sin embargo, la gran delincuencia ha venido en un proceso de domesticación de la violencia —menos masiva y más selectiva— y de consolidación de territorialidades y pactos. El más reciente incremento se dio durante 2011 y 2012, en medio del debilitamiento de los Rastrojos y la expansión de lo que ahora se conoce como el clan del Golfo. De ahí en adelante, esta estructura criminal ha consolidado su presencia y alianzas en distintas zonas del país, aunque mantiene disputas en otras, especialmente con el ELN, como lo muestra el caso de Chocó.
Si bien las escaladas de violencia dinamizadas por el crimen organizado se han atenuado, aún quedan focos de disputa por el control de las rentas vinculadas a la minería ilegal, las zonas de producción de cocaína y los corredores del narcotráfico, el contrabando y los mercados locales de drogas. La violencia de carácter instrumental continúa teniendo un peso importante en Colombia, ligada al proceso de fragmentación de las estructuras criminales y el mayor protagonismo que están teniendo las organizaciones locales.
Pero el riesgo de resaltar este avance es que el país lo acepte como normal, aun cuando su tasa de homicidios triplica la tasa mundial
En lo que se refiere a las ciudades, desde una perspectiva histórica hay descensos notables. Cali pasó de una tasa de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2010 a 53,8 en 2016; Medellín pasó de 152 a 21,6 en el mismo período, y Bogotá de 35,9 a 16. Sin embargo, en la lista de urbes que concentran mayor población todavía hay un número sustancial que supera los 20 homicidios por cada 100.000. En este grupo se encuentran Barranquilla (31,9), Cúcuta (40,2), Cartagena (23,8), Pereira (30,7), Villavicencio (27,5) y Montería (21,9). Para tener un referente, se pueden tomar las capitales en Latinoamérica: Quito tiene una tasa de 4,12, Lima de 6, Ciudad de México de 10,7 y São Paulo de 5,5.
De acuerdo con el seguimiento que viene haciendo la FIP de las metas de homicidios en ciudades, una parte importante de los grandes centros urbanos que tienen altas tasas de muertes violentas en Colombia no tienen objetivos o planes específicos para reducir la violencia. Si el país quiere disminuir sustancialmente su tasa, tiene que conseguir descensos significativos en estas urbes.
Las víctimas de homicidios y sus distintos rostros
La mayoría de las personas que mueren en Colombia son hombres que se encuentran entre los 15 y los 29 años. La tasa de homicidios para esta población es de 84,8 por cada 100.000 habitantes, una cifra alarmante teniendo en cuenta que la tasa mundial es de 16,7. En América Latina, las muertes violentas se concentran en un determinado perfil: varones con bajos ingresos o que viven en zonas urbanas marginales. Estas características no sólo se encuentran en las víctimas sino también en los victimarios. Dada esta realidad, inquieta la ausencia de políticas públicas para dar respuesta a tal dinámica.
En el caso de las mujeres, la proporción de homicidios es mucho menor. En Colombia, la tasa para el mismo segmento de edad es de 6,41 por cada 100.000 habitantes. Un hecho preocupante es que, de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, en 2016 se volvió a registrar un ascenso en el número de muertes violentas: de 670 en 2015 se pasó a 731 en 2016.
Se ha reducido la impunidad, pero…
Una parte importante del problema es que, a pesar de la mejoría registrada en los últimos años, los niveles de esclarecimiento de los homicidios en Colombia continúan siendo muy bajos. Las estimaciones para el año 2016, con base en las cifras de la Fiscalía General, arrojan que dos de cada 10 asesinatos que ocurren en Colombia terminan en una condena —en 2012 la relación era de 10 a 1—. Según la Fiscalía, desde 2013 hasta la fecha se han abierto 345 procesos por el delito de feminicidio, de los cuales sólo el 15% terminaron en condena.
Dada esta realidad, es muy difícil hacer afirmaciones sobre las causas y las motivaciones. Colombia cuenta con mucha información circunstancial, que plantea serias limitaciones al momento de entender y responder al problema de la violencia letal. Desde esta perspectiva, el esclarecimiento de los casos es clave para saber el peso que tienen los distintos tipos de homicidios y poder disuadir la ocurrencia de nuevos hechos a través de la aplicación eficaz de la ley.
Ni un muerto más: disminuir el homicidio es la prioridad
Sin duda, para un país como Colombia es un gran logro pasar de tener una tasa de homicidios de 81,1 en 1991 a una tasa de 25,2 en 2016. Pero el riesgo de resaltar este avance es que el país lo acepte como normal, aun cuando su tasa de homicidios triplica la tasa mundial. En este sentido, la meta de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes propuesta por el Plan Nacional de Desarrollo para el 2018 es modesta, ya que aún estaríamos por encima del promedio regional.
Cuando se trata de evitar la muerte violenta de cientos de personas, el Estado tiene que plantearse una meta ambiciosa, que exija al máximo sus capacidades. Esta es la razón por la cual la Fundación Ideas para la Paz, en conjunto con organizaciones colombianas y más de 30 que se encuentran en los siete países más violentos de América Latina, ha decidido sumarse a la iniciativa Instinto de Vida, que busca reducir el homicidio en un 50% en los próximos 10 años. Esto equivaldría a salvar 6.150 vidas en Colombia y 365.000 a nivel regional.
Se puede. Colombia ya ha logrado descensos anuales de esta magnitud en el pasado. Pero lo que llevó al país a disminuir su tasa de homicidios en estos últimos años, no necesariamente contribuirá a conseguir bajas sustanciales en el futuro. Si bien hay factores de continuidad —el conflicto armado permanece y el crimen organizado conserva una importante influencia—, la seguridad en las ciudades y otras violencias que hasta ahora han estado invisibilizadas van ganando mayor notoriedad.
El reto para el país es pasar de una lógica de confrontación enfocada en las amenazas y la eliminación del contrario, a un modelo que tenga en el centro la protección de los ciudadanos, especialmente de aquellos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.
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