Las cifras de la muerte
La muerte del líder Bernardo Cuero Bravo el pasado 7 de junio, en Malambo, Atlántico, ha sido descrita como “una muerte que se veía venir”. Y sobre el asesinato de Víctor Castillo, el pasado 25 de mayo en Tumaco, Nariño, dijeron: “es que se estaba boleteando mucho y cazando muchas peleas”.
Estas son expresiones recurrentes que, con un tufillo de justificación desconcertante, siguen a la muerte de estos líderes que impulsaron agendas y reivindicaciones diversas en un contexto de violencia y en medio de la implementación del Acuerdo de paz.
Según Verdad Abierta, este año han sido asesinados 21 líderes. En la Fundación Ideas para la Paz (FIP) hemos contabilizado 36 (cifra que está abierta a revisión y constatación). El reciente informe del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria da cuenta de 500 eventos de victimización entre 2005 y 2015, de donde concluye que la victimización “de líderes rurales se ha mantenido incólume (sic)”.
Según Somos Defensores, entre 2011 y 2016 fueron asesinados un total de 394 líderes, con tendencia al aumento y con picos máximos de 78 y 80 muertos en 2013 y 2016, respectivamente. En marzo de este año, la Defensoría del Pueblo identificó 265 municipios y 337 organizaciones sociales que se encuentran en peligro inminente.
Los motivos y los responsables
Los asesinatos se concentran en ciertos departamentos (Cauca, Tolima, Córdoba, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia) que tienen sus respectivos rasgos y contextos. En el sur del Cauca, por ejemplo, los hechos están asociados principalmente con las reclamaciones de los líderes sociales contra la minería ilegal, mientras que en el norte, la población indígena reivindica su derecho al control del territorio -lugar donde los grupos armados buscan mantener los cultivos de coca y marihuana-. Pero también existen motivaciones que no están relacionadas con el trabajo de estos líderes (la tensión entre violencia oportunista y violencia en función de las actividades de la víctima).
Se suma que casi nunca es posible identificar a los responsables del delito en cuestión: el monitoreo de la FIP indica que la categoría “desconocidos” es la primera en la lista de agresiones, con el 50%, seguida de bandas del crimen organizado, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Águilas Negras.
Resulta preocupante que “desconocidos” sean los principales responsables. A estos “desconocidos” no les ha llegado un mensaje disuasivo por parte de las autoridades competentes, ni tampoco ha habido una respuesta rápida en términos de seguridad rural que blinde los espacios micro-locales donde ocurren estas agresiones. Los “desconocidos” actúan con total libertad y utilizan técnicas determinadas como el sicariato (acciones muy rápidas, por lo general en moto, con varios disparos a corta distancia) que les permiten esconder su identidad. A lo cual se le agrega que las medidas de protección de los líderes no siempre funcionan y que las investigaciones criminales tardan en dar resultados.
El miedo es un factor importante para explicar la reticencia de los testigos a hablar con las autoridades locales. Suelen pasar horas o incluso días antes de que un familiar reclame o pregunte por el cuerpo de la víctima por miedo a que “los estén esperando” en Medicina Legal o en la estación de Policía. En varios lugares del país hemos constatado la falta de confianza en los operadores de justicia locales y en los integrantes de la fuerza pública.
Avances y desafíos
Las medidas para hacerle frente a la violencia contra líderes sociales han llegado tarde. No obstante, hay avances:
En la Fiscalía General de la Nación se está conformando la Unidad Especial de Investigación para apoyar las investigaciones de las seccionales, especialmente, en aquellas regiones donde está concentrada la violencia contra líderes. Poner en marcha esta Unidad será un gran reto: se trata de fortalecer la investigación apoyándose en diferentes áreas del conocimiento (como las ciencias sociales), frente a las que hay inmensa resistencia en una entidad integrada principalmente por abogados. Esta Unidad deberá elaborar un protocolo para investigar los delitos contra líderes, partiendo de la hipótesis de que la violencia ocurrió por su liderazgo, y desde allí descubrir cuáles fueron las verdaderas motivaciones detrás de determinadas agresiones. Queda en el aire un elemento fundamental: la coordinación y articulación interna para que esta Unidad no quede a la deriva, se institucionalice y su trabajo no dependa de la voluntad del director o fiscal de turno.
La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) es un espacio de discusión alrededor de los principales riesgos contra el proceso de paz que convoca a diferentes instituciones del Estado, representantes de las FARC y de la sociedad civil (punto 3.4 del Acuerdo de paz). Uno de los principales temas en la CNGS ha sido la violencia contra líderes sociales. Para atender esta situación necesariamente hay que revelar las redes criminales, los contextos, los autores intelectuales –dentro y fuera del Estado– y el avance de las investigaciones. Importante espacio, sin lugar a dudas, que ojalá adquiera la robustez necesaria y no termine convertida en un tigre de papel como muchas comisiones que se crean en Colombia.
El trabajo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo que, con sus informes de riesgo, al reconocer que sí hay sistematicidad en las agresiones contra líderes sociales, se ha convertido en la voz más clara, contundente y consistente frente a este fenómeno dentro del Estado colombiano. Todo lo contrario a las erráticas declaraciones de los ministerios de Interior y Defensa respecto a sí hay o no sistematicidad, sobre cuál cifra se tiene en cuenta, sobre si son casos aislados o no. La importancia del SAT radica en que su conocimiento profundo de las regiones y la confianza que genera en las organizaciones sociales lo convierten en un actor estratégico para visibilizar lo que está ocurriendo. También será clave para consolidar un sistema de información oficial y coadyuvar a la puesta en marcha de los diferentes lineamientos que las instituciones están diseñando para hacerle frente a este hecho. No obstante, llama la atención que las alertas que lanzan llegan a oídos sordos, pues las agresiones siguen ocurriendo, como sucedió con el asesinato de Bernardo Cuero.
La Directiva para la protección de los derechos de los defensores de derechos humanos, lanzada el pasado 14 de junio por la Procuraduría General de la Nación, a lo largo de sus 28 puntos hace un llamado a poner en práctica todas las herramientas con las que cuenta el Estado colombiano desde mucho antes del proceso de paz, a articular capacidades entre el nivel central y el regional, y a que las instituciones del Acuerdo de Paz, como la CNGS, rinda sus frutos.
Lo que queda por hacer
La Directiva antes mencionada toca aspectos importantes en el núcleo de la violencia contra líderes.
La primera es la dimensión simbólica o la relación entre lenguaje y violencia, pues las agresiones contra líderes siempre están acompañadas de enunciados que los relacionan con sus respectivos contextos. En mi experiencia personal me he encontrado con frases como: “son guerrilleros vestidos de civil”, “están promoviendo una agenda castro-chavista”, “no nos van a quitar la tierra, primero me hago matar”. Palabras que “justifican” excluir social y políticamente a los líderes y activistas, ya sea mediante amenazas o la muerte.
La segunda es la dimensión pedagógica para servidores públicos. Estos funcionarios están en el deber de comprender cuál es la labor de los líderes y sus organizaciones, y evitar lanzar juicios que estigmaticen o justifiquen cualquier tipo de violencia. Muchos líderes me han contado que desde el primer contacto con servidores públicos hay una actitud hostil, con palabras como: “ah claro, pues es que si es de esa organización ya sabemos para quién trabaja”. Esto debe parar.
El tercer aspecto, en el cual hay que empezar a trabajar desde ya, es en unificar el sistema de información oficial, basado en criterios básicos de control de la información y bajo estándares técnicos y no políticos, con la participación de diferentes sectores.
Inflar o reducir las cifras no ayuda a hacer visible la magnitud del fenómeno y muchos menos a tomar decisiones políticas, en especial cuando no hay criterios estandarizados sobre quién es líder y quién no. Por ejemplo, como lo dijo el periódico El Colombiano: “aunque el Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, Zeid Ra’ad al Hussein, señaló que en lo que va corrido de este año se han presentado 41 asesinatos a defensores de Derechos Humanos, el Ministerio de Interior indicó que solo 14 casos están confirmados”.
Mientras esta discusión sigue en pie, el ministro de Defensa continúa negando el carácter sistemático de los hechos y el Procurador intenta impulsar una visión que da en la médula de este problema. Pero a los líderes los siguen matando. Esperamos que este llamado no se quede en un listado de buenas intenciones.