Las manifestaciones por el relleno sanitario Doña Juana, el paro de pilotos de Avianca, el de maestros, el de taxistas y el de la rama judicial son una muestra de las insatisfacciones y reivindicaciones de diferentes grupos. La lista de protestas es larga e indicaría que los colombianos se están movilizando cada vez más. Así lo demuestran los registros de prensa de los últimos cuatro años. En el 2013 se dieron 294 hechos y en el 2016 fueron 561, lo que significa un incremento del 91%.
Este aumento también persiste en los últimos meses. Entre enero y junio de este año se presentaron 82 casos más que en el primer semestre de 2016. Mientras el año pasado hubo en promedio 1.5 eventos por día, este año llevamos 1.9 movilizaciones diarias.
Estos son algunos de los resultados del análisis sobre movilización social en el país que realizó la Fundación Ideas para la Paz (FIP), a partir de los registros digitales de unos 150 medios internacionales, nacionales y regionales. En total, se contaron 1.757 movilizaciones entre enero de 2013 y junio de 2017, distribuidas en 359 municipios.
¿Cuándo y dónde?
Frente al cuándo se protesta más, las movilizaciones tendieron a darse en los meses de abril, agosto y octubre (37%), mientras que enero, junio y diciembre (15%) fueron meses relativamente inactivos. Y se concentraron en cuatro departamentos: el top lo lidera Valle del Cauca con el 15%, seguido por Bogotá D.C. con el 14%, Antioquia con el 9% y Bolívar con el 7%. Un 54% de las protestas se distribuyó en otros 23 departamentos que concentran, en promedio, un 3% cada uno. Solo un 1% ocurrieron en seis departamentos.
También hay que decir que las capitales de departamento son los escenarios preferidos por los manifestantes, ya que allí pueden lograr poner mayor presión en el alto gobierno y en las autoridades, usando vías de hecho en ciudades o en zonas con operaciones estratégicas que puedan verse afectadas.
Diez capitales concentran la mitad de las protestas y lideran la lista Bogotá, Cali y Medellín, donde se llevaron a cabo el 29% de las movilizaciones entre 2013 y 2016, así como el 36% de las del primer semestre de 2017. Bogotá, en particular, aumentó su participación ya que pasó del 9% al 15% en los primeros semestres de 2016 y 2017, respectivamente. De hecho, la capital del país experimentó un incremento en el número de protestas por semana: de 0.9 en el primer semestre de 2016 pasó a 2.6 en el 2017.
Llama la atención que las movilizaciones en los municipios que hacen parte de los territorios priorizados por el gobierno para la implementación de los acuerdos de paz, denominados municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), y en las zonas donde están concentrados los desmovilizados de las FARC, conocidas como ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, antiguas Zonas Veredales), también aumentaron.
El 18% de todas las movilizaciones de 2016 y el 20% de las del primer semestre de 2017 se desarrollaron en los municipios PDET, aumentando 6 puntos si se compara con lo que ocurrió durante el 2014 y 12 puntos con los registros del primer semestre de ese mismo año.
Por su parte, las protestas en los municipios que hoy acogen a los exguerrilleros constituyeron el 4% en todo el 2016 y el 5% entre enero y junio de 2017. Estos resultados ubican la participación de las zonas PDET y ETCR en niveles muy similares a los del paro agrario de 2013.
¿Quiénes, por qué y cómo?
Los actores que más se movilizaron en los últimos cuatro años fueron las comunidades, los campesinos, los estudiantes, los trabajadores y los transportadores, quienes participaron en el 73% de las movilizaciones registradas. El primer semestre de 2017 se destacó por la creciente participación de los maestros, que aumentó en 17 puntos porcentuales.
Estos grupos se movilizan, sobre todo, por garantías laborales (23% de los casos), algo que toca directamente a las empresas y al Estado, por servicios y bienes públicos (15%), por inconformismo con el gobierno local o nacional (12%), por tierra o vivienda (11%) y por garantías de justicia o seguridad (6%). En total, el 62% de las movilizaciones tuvieron una o varias de estas reivindicaciones.
El análisis de la FIP también arroja un dato interesante: los colombianos se inclinan por protestar de forma cada vez menos violenta o por reducir el riesgo de violencia. Generalmente se movilizan mediante marchas (34%), bloqueos de vías (21%), concentraciones (13%) y plantones (10%). Las movilizaciones que producen heridos o muertos parecen ser la excepción durante los últimos años, a juzgar por la descripción que hacen los medios monitoreados.
De las movilizaciones registradas entre 2013 y 2016, el 3.3% involucraron la presencia de alguna víctima, el 2.8% al menos un herido, el 0.9% al menos un muerto, y el 0.4% al menos un herido y un muerto. Durante el primer semestre de 2017 el porcentaje de casos con al menos un herido o un muerto aumentó ligeramente, pues pasó de 2.7% en el primer semestre de 2016 a 3.2%.
En general, los manifestantes aspiran al diálogo, como se observó en el 61% de las movilizaciones hasta 2016. Sin embargo, durante el primer semestre de 2017, en pleno posconflicto, los eventos donde no hubo intención de negociar aumentaron notoriamente (en 23 puntos porcentuales) con respecto al mismo período de 2016, alcanzando el 52% de los casos.
Estos hallazgos pretenden complementar los diagnósticos de entidades que, como la Defensoría del Pueblo, monitorean el ejercicio del derecho a la manifestación social en procura de una garantía y protección más eficaz por parte del Estado. También son un llamado de atención sobre los desafíos que enfrenta el gobierno nacional, los gobiernos locales y el sector privado en cuanto al fortalecimiento de sus herramientas de prevención, atención y solución de conflictos. Es urgente definir y divulgar protocolos que, entre otras cosas, esclarezcan competencias entre actores para evitar que se sigan "pasando la bola” con las responsabilidades cuando las protestas sociales escalan a vías de hecho.
De igual forma, esta radiografía representa un reto, primero, para las capitales de departamento que reciben la mayor parte de las protestas por conflictos que muchas veces ocurren lejos de su jurisdicción y, segundo, para la implementación de los Acuerdos de Paz y la agenda electoral, debido a errores frecuentes de procedimiento y al enfoque tradicional con que se ha tratado la protesta social.
Este análisis se publicó el 2 de octubre de 2017 en El Espectador