El tránsito de la guerra a la paz es un proceso complejo, y en el caso de las FARC hay determinantes que lo agudizan. Entre ellos, un conjunto de mandos medios con capacidad de coordinación e influencia, gran presencia territorial, reivindicaciones políticas que siguen vigentes, y una estrecha relación con economías criminales (principalmente del narcotráfico). Por eso, la decisión de abandonar la lucha armada y la criminalidad no ha sido homogénea: desde mediados de 2016 se han venido consolidando un conjunto de disidencias que cuentan con un itinerario propio.
A medida que avanza la implementación del Acuerdo, el poder y capacidad de desestabilización de estos grupos ha venido aumentando hasta el punto de que, si no se toman las decisiones correctas, pueden llegar a constituirse en una verdadera amenaza para la estabilidad de la paz. Varias de estas disidencias se han comenzado a transformar en un problema binacional y su actuar inquieta a los territorios de Ecuador y Venezuela. Es el caso del grupo comandado por alias Guacho, a quien se atribuye el secuestro y asesinato de tres periodistas del vecino país.
Queda comprender el desarrollo del fenómeno de las disidencias en los meses que vienen. Hasta el momento en que se publica este informe, no es posible saber si estos grupos —que hoy responden a realidades territoriales concretas— avanzan hacia un mecanismo de coordinación, ni tampoco si se reivindicarán como voceros de un propósito político para justificar su actuar.
¿En qué consiste el informe de la FIP?
Ante la gravedad del problema en el contexto de transición que vive el país, y debido a la falta de claridad sobre su significado, alcance e impacto, la FIP inició hace dos años un seguimiento constante de las dinámicas de estas facciones, en un ejercicio que incluyó la revisión de medios de prensa, literatura especializada y visitas a terreno en varias regiones, con el fin de recabar información acerca de sus dimensiones, rasgos y variaciones.
El resultado de este esfuerzo investigativo es el informe titulado “Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC”, cuyo objetivo consiste en identificar y entender las causas y factores que han favorecido el surgimiento y evolución del fenómeno.
¿Qué son las disidencias y por qué han surgido?
Son, básicamente, ex integrantes de las FARC que decidieron formar nuevas facciones armadas. Tal y como lo evidencian algunas experiencias internacionales, su aparición es común ya que todos los ejércitos irregulares están conformados por personas con identidades, costumbres e intereses diferentes, que los hacen susceptibles de divisiones. La evidencia, además, demuestra que las disidencias tienden a surgir más durante negociaciones de paz, lo que genera un quiebre en los objetivos organizacionales y provoca desconfianza, rechazo, incertidumbre e inconformismo, y que en su aparición y evolución influyen factores organizacionales y del entorno, no solo de tipo económico sino también geográfico, político, social.
Las disidencias no cuentan con alta capacidad armada, pero sus acciones tienen gran impacto humanitario y parecen utilizar el modus operandi que tenían las FARC
En el caso de las FARC se destacan la degradación interna de tipo criminal de varias estructuras; la proyección hacia el postconflicto de comportamientos y lógicas de violencia de corte político y militar (como ocurrió, por ejemplo, con “Gentil Duarte” en Meta, Caquetá y Guaviare), o de tipo más criminal (como es el caso de “Guacho” en Nariño o “Jhon 40” y “Julián Cholo” en Guainía, en la frontera con Venezuela); el rechazo de algunos sectores al proceso de paz y al acuerdo final; la presión para continuar en armas ante el avance de grupos criminales en algunas zonas; los retrasos en la dejación de las armas y en la adecuación de los espacios de concentración para la reincorporación; el apoyo y reconocimiento social que tuvieron las FARC en algunas regiones, y la falta de garantías de seguridad para ex combatientes y sus familias.
¿Qué buscan?
Si bien la captación de rentas ilícitas es un factor determinante para la evolución y persistencia de la mayoría de estos grupos, el trabajo de la FIP permitió constatar que no es su única motivación y que cada estructura tiene rasgos, dimensiones y variaciones que determinan sus objetivos. En algunos casos, incluso, las relaciones criminales no representan un objetivo en sí mismo, sino un medio para alcanzar objetivos políticos y militares. Por eso resulta inconveniente reducir su explicación a factores económicos y calificarlos como “simples bandidos” o “residuos”.
Aparte de las relaciones con las economías criminales, es importante considerar cada facción en función de su historia, el perfil de sus líderes, las trayectorias que siguieron durante el conflicto y las negociaciones de paz, y el contexto en el que surgieron. Así, es posible tener una visión más completa y precisa de sus objetivos reales. La decisión de ‘Guacho’ para entrar en disidencia en Nariño, por ejemplo, no estuvo únicamente motivada por la presión de narcotraficantes y traquetos de la zona: también pesó la falta de garantías de seguridad y la presencia y acciones de otros grupos, como el ELN, y de ‘David’, de las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP).
¿Cuántos son?
Aunque no hay certeza de cuántos serían los disidentes de las FARC, la FIP estima que podrían llegar a haber 1.200. Sin embargo, algunas cifras extraoficiales los calculan en 1.500 y existen discrepancias entre las cifras oficiales y las de otras organizaciones: mientras entidades como la Fiscalía General habla de 500 y la Defensoría del Pueblo de 800, la Vicepresidencia señala que son 1.000, las Fuerzas Militares calculan que ya llegan a los 1.200, y algunas organizaciones sociales señalan que pueden ser entre 700 y 1000.
El conteo se dificulta por las diferentes trayectorias que siguieron los integrantes de las FARC durante el proceso de negociación y de implementación temprana del acuerdo de paz: mientras algunos se quedaron por fuera por decisión propia o porque no fueron reconocidos por la guerrilla, otros sí ingresaron pero salieron antes de ser certificados. Unos más se concentraron y luego salieron, y otros se concentraron, se certificaron y renunciaron a seguir en el proceso o reincidieron (como por ejemplo los miembros de la disidencia del Frente 36 en Antioquia).
¿Quiénes son y dónde están?
De acuerdo al seguimiento de la FIP, el gobierno y la fuerza pública han confirmado disidencias integradas por ex combatientes de los frentes 1, 7, 14, 15, 16, 27, 40, 48, 62, 63 y la Columna móvil Acacio Medina en el oriente y sur del país; un sector de la Columna Móvil Daniel Aldana y la Columna Móvil Mariscal Sucre en Tumaco, y del Frente 29 en otras zonas de Nariño, de los que habrían surgido varios grupos (Guerrillas Unidas del Sur, Resistencia Campesina, Los de Sábalo, Guerrillas Unidas del Pacífico); los Frentes 6, 30, la Columna Miller Perdomo y la Columna móvil Jacobo Arenas, en Cauca y Valle del Cauca; el Frente 10, en Arauca, y los frentes 18 y 36, en Antioquia.
Algunos de sus principales líderes son “Gentil Duarte” (Frente 7), al mando de 300 personas; “Iván Mordisco” (Frente 1), al mando de 250 personas; “Giovanni Chuspas” (Frente 16), “Calarcá” (Frente 40), al mando de 60 personas; “Jhon 40” (Acacio Medina), “Guacho” (frente Oliver Sinisterra), al mando de 500 personas; “David” (Guerrillas Unidas del Pacífico) al mando de 300 personas, y “Juvenal” (Columna Miller Perdomo) al mando de 25 personas. La mayoría son mandos medios con experiencia y amplia y reconocida trayectoria en la guerrilla por su trabajo político, social, militar y financiero.
De un solo grupo en disidencias (Frente 1), en junio de 2016, hoy existen casi 18 estructuras, con algún tipo de presencia en diferentes zonas de 13 departamentos. Es importante señalar que el trabajo de la FIP no permite afirmar con exactitud en qué municipios hacen presencia estos grupos porque la unidad territorial de un municipio es sumamente extensa y los grupos armados no miden su presencia territorial bajo una división político-administrativa.
Además de las estructuras confirmadas, existen fuertes indicios de otras disidencias, aunque por ahora no hay información precisa que permita confirmar completamente su existencia: Frente 3, 49, y la Columna Móvil Teófilo Forero (Caquetá); Frente 5 y 57 (Urabá antioqueño y Urabá chocoano); Frente 21 (Tolima); Frente 27 y 43 (Meta); Frente 33 (Catatumbo), y Frente 34 (Chocó).
Geográficamente, las disidencias de las FARC se pueden agrupar en dos macro-regiones: 1) la Oriente y Sur, que contiene el sur del Meta y Caquetá, el eje Sur de Meta-Guaviare-Vaupés-Guainía, y el eje Guaviare-Guainía-Vichada-Arauca, Putumayo y Arauca; y 2) la Occidente, con Nariño, el casco urbano de Tumaco y el norte de Cauca. De igual manera, están algunos casos de disidencias en evolución: frentes 18 y 36, en Antioquia, y la Columna Teófilo Forero en Caquetá.
En cada caso la FIP considera un conjunto de variables que permiten tener una visión particular del comportamiento de cada grupo, como los repertorios de violencia, la coordinación y el enfrentamiento con otros grupos armados, el relacionamiento con la población, la identidad y sus reivindicaciones, su actitud frente al proceso de paz y el impacto humanitario de sus acciones.
¿Cómo operan y cuál ha sido su impacto?
De acuerdo con el monitoreo de la FIP, en los últimos 21 meses se les ha atribuido a las disidencias 147 acciones, con una tendencia creciente que se mantuvo contante durante el segundo semestre de 2016, y que registró picos de actividad armada importantes en los meses de abril y octubre de 2017 y febrero de 2018.
Las principales son de bajo esfuerzo militar como enfrentamientos, emboscadas y activación de artefactos explosivos. También preocupan los registros de reclutamiento forzado que, junto al desplazamiento, constituyen las principales causas de impacto humanitario.
El grueso de las acciones atribuidas se han concentrado en cinco departamentos: Guaviare (23%), Nariño (18%), Cauca (16%), Caquetá (12%) y Meta (14%). El grupo más activo es la disidencia del Frente 1, con el 26% de los casos, seguido del Frente 7 (14%) y el Frente Oliver Sinisterra 11%. En todo caso, y teniendo en cuenta las limitaciones de las piezas periodísticas, hay un 22% de acciones con autoría sin identificar. Las principales disidencias de Nariño, el Frente Oliver Sinisterra (FOS) y las Guerrilleas Unidas del Pacífico (GUP), suman el 16%. Estas acciones han tenido un impacto considerable particularmente sobre poblaciones indígenas y afro descendientes.
Algunas de estas acciones también han tenido impacto en zonas de países fronterizos, como el caso de las provincias de Esmeraldas y Carchi, en Ecuador, donde se han registrado varios atentados en contra de las fuerzas armadas ecuatorianas y el secuestro de tres periodistas. También en los departamentos de Apuré, Bolívar y Amazonas, en Venezuela, donde buscan controlar la extracción de minerales. En Brasil se ha denunciado la presencia de supuestos disidentes que estarían siendo reclutados por organizaciones criminales locales.
¿Qué rasgos característicos tienen?
Algunos de estos grupos muestran líneas de continuidad con las antiguas unidades tácticas de las FARC: los recursos bélicos que emplean, sus repertorios de violencia, las redes de dominio social y político, los corredores de movilidad, las rutas terrestres y fluviales, las salidas al mar y los pasos transfronterizos que utilizan. También su operación en zonas con presencia de economías ilegales (cocaína, minería y maderas finas), el uso de corredores de narcotráfico y minería ilegal que cumplen funciones logísticas para el aprovisionamiento de recursos económicos o armas, tal y como ocurría durante el conflicto armado.
Aunque no hay relación jerárquica entre las disidencias (no se puede hablar por ahora de una gran estructura), sí existe una coordinación de acciones entre las diferentes facciones para el control de corredores de movilidad y abastecimiento, y de economías ilícitas.
Algunas de estas disidencias han seguido una lógica de expansión territorial en Colombia y hacia las zonas de frontera con Venezuela, Ecuador y Brasil, con el fin de mantener control sobre corredores de tráficos ilícitos y retomar contactos con mafias y organizaciones internacionales del crimen.
Han optado por un control efectivo de los ríos como rutas naturales por donde se movilizan, articulan acciones y conectan regiones al interior del país y hacia las fronteras.
En algunos casos, el control social y político que ejercen sobre las comunidades les ha permitido obtener cierto grado de reconocimiento y apoyo, al punto de ser vistos como reguladores de conflictos sociales y protectores frente a la incursión de otros grupos armados ilegales.
¿Qué se ha hecho para combatirlas? ¿Ha funcionado?
Aunque la FIP reconoce que el Estado ha definido marcos de acción específicos de lucha contra las disidencias —como el “Plan Orus”, la Operación Perseo, la Operación Éxodo y la Directiva 037 del Ministerio de Defensa, entre otros—, lo cierto es que, lejos de desaparecer, la amenaza que representan se mantiene. Por eso, no es clara la pertinencia y viabilidad de las estrategias empleadas hasta ahora.
Si bien se han logrado importantes resultados operacionales de las Fuerzas Militares, no parecen ser suficientes para detener las acciones de las disidencias
Si bien se han logrado importantes resultados operacionales en términos de capturas, muertes e incautaciones, el enfoque de estas acciones, centrado en la neutralización de sus cabecillas y en la desarticulación de sus estructuras de mando y control, no parece ser suficiente, entre otras cosas porque deja de lado factores de tipo geográfico, económico, político y social que favorecen su continuidad. El hecho de que se haya pasado de un solo grupo en dos departamentos, a casi 18 estructuras en diferentes zonas de 13 departamentos, demuestra que estos grupos se han venido expandiendo y fortaleciendo, y que es necesario revisar la respuesta institucional para seguir avanzando con mayor contundencia en su efectiva desarticulación.