UNODC aplicó una encuesta a campesinos —cultivadores y no cultivadores— en veredas de 29 municipios de 12 departamentos que concentran zonas con cultivos de coca, para conocer las características de las familias que firmaron los acuerdos individuales de sustitución voluntaria del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Con base en los resultados de la encuesta, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que hace monitoreo permamente de los avances y retos del PNIS, en conjunto con UNODC, acaban de publicar el informe “¿Quiénes son las familias que viven en las zonas con cultivos de coca?”. (Lea "En cifras: así son las familias que viven en las zonas cocaleras", Semana Rural).
Uno de los hallazgos es que, contrario a la idea generalizada de que es rentable cultivar coca, la realidad muestra que los niveles de desarrollo y calidad de vida de las familias involucradas en el cultivo están muy por debajo de los que tiene la población rural en Colombia. Según el sondeo, el 57% de los hogares que están en las zonas con cultivos sufren de pobreza monetaria, mientras que en otras zonas rurales dispersas, según el DANE, el índice es de 36%.
Dos datos reveladores: Primero. En términos de niveles de pobreza, las zonas con cultivos de coca están nueve años más atrás que las zonas rurales. Segundo, el ingreso promedio mensual neto por hectárea de un cultivador de coca es $410.541, lo que equivale al 56% de un salario mínimo.
¿Por qué se cultiva, entonces? Es importante entender que, en comparación con los productos legales, la coca puede tener una rentabilidad más baja pero permite tener un ingreso en zonas donde existen altos costos de transporte fluvial y terrestre, en las que no hay instalaciones para el acopio o almacenamiento, faltan cadenas de comercialización y el acceso a crédito resulta difícil.
Según la encuesta, el 48% de las personas afirmó que sus veredas no cuentan con acceso a vías terrestres. Del 52% que respondió sí tenerlo, el 49% señala que las vías están en regular estado y el 35% en mal estado. Considerando el ámbito rural, algunas estimaciones muestran que el tiempo promedio del trayecto entre una finca y la cabecera municipal es 5,4 horas.
Más mujeres y jóvenes y poca formalización de la tierra
De acuerdo con la encuesta, el 89% de los 6.350 encuestados tienen relación directa con los cultivos ilícitos; el 94% son propietarios de plantaciones con coca, y el 25% corresponden a recolectores.
De igual manera, el sondeo revela que casi la mitad de los integrantes de las familias que viven en zonas cocaleras (49%) son mujeres, 29% de ellas jefes de hogar. Ellas no solo participan en las tareas habituales de la casa sino que juegan un papel importante en la cadena de cultivo de coca, lo que supone riesgos en la vulneración de sus derechos. Las mujeres pueden ser jornaleras/recolectoras, finqueras, cocineras y quimiqueras, correos humanos y colaboradoras.
Sobre las edades, el 41% de la población encuestada tiene menos de 19 años y solo el 32% de la población en edad de asistir a la escuela efectivamente lo hace, mientras que el 92% de la población infantil entre 6 y 9 años ya está trabajando.
Otras cifras muestran que el tamaño promedio de los lotes sembrados que tienen las familias en las zonas cocaleras es de media hectárea, y que, aunque el 59% de los encuestados afirmaron ser “dueños de la tierra”, solo el 13% de ellos cuentan con un documento que los certifica como propietarios formalizados.
Por último, la encuesta deja ver que antes de la aplicación del PNIS, solo el 6% de la población había recibido asistencia técnica, pero luego de la intervención del programa los niveles de asistencia aumentaron hasta un 20% (15.360 familias de las 77.659 que tienen acuerdos individuales).
Oportunidades y desafíos
Para la FIP, los hallazgos de esta encuesta muestran varias oportunidades y desafìos para el nuevo gobierno. Entre las oportunidades está fortalecer el liderazgo femenino y el rol de la mujer; aprovechar el potencial de la población joven para desarrollar el campo; avanzar en la formalización de la propiedad de la tierra; tener en cuenta las actividades productivas legales de las familias cultivadoras de coca para su inserción en mercados; y aprovechar los altos niveles de participación y el clima positivo de las relaciones comunitarias para fortalecer los procesos asociativos.
“La baja rentabilidad comparativa de los cultivos de coca es una oportunidad para el desarrollo de actividades productivas legales, lo cual requiere ampliar la oferta de bienes y servicios”, dice el informe.
Sobre los desafíos, resalta la necesidad de aumentar el porcentaje de asistencia escolar y disminuir el trabajo infantil; reducir la pobreza en sus múltiples dimensiones en las zonas con cultivos de coca, llevándola al menos a los niveles de la población rural; aumentar el acceso a los servicios de salud y mejorar el acceso al servicio de energía eléctrica, entre otras.