La reactivación de la confrontación y la intensificación de la violencia no se expresan de igual manera en todas las regiones. De hecho, se encuentra focalizada en determinadas veredas y municipios. En el Catatumbo, el norte del Chocó, el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, así como en Tumaco, el conflicto no se terminó sino se transformó con impactos negativos para las poblaciones. En algunos casos esto sucedió en medio de la negociación con las FARC, mientras que en otros se ha dado recientemente, en la fase de implementación del Acuerdo.
En los municipios y departamentos en donde las FARC tenían una fuerte influencia armada, ha comenzado a verse un deterioro. Así ocurre en varios municipios de Caquetá, el Meta y Putumayo. En estos lugares, los dividendos del Acuerdo se han visto comprometidos por la amenaza y la afectación que ejercen diferentes grupos armados ilegales sobre las poblaciones. En palabras del Instituto Kroc: “nuevos y viejos actores armados se disputan los territorios y coaccionan a las poblaciones en función de lograr ventaja particulares, ilícitas y corruptoras”.
Organismos multilaterales y organizaciones encargadas del monitoreo y seguimiento de la implementación del Acuerdo, han advertido sobre esta situación, reconociendo las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, pero haciendo un llamado urgente a la protección de los líderes y las comunidades, así como el fortalecimiento de la presencia del Estado en las zonas más afectadas. Recientemente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas resaltó la importancia de esa presencia, combinando instituciones civiles y militares.
Colombia se encuentra en un momento clave en el cual se puede disminuir la violencia o dar marcha atrás, poniendo en riesgo a las poblaciones más afectadas por la guerra
En este informe, la FIP llama la atención sobre las dinámicas que ponen en juego la transición, con el objetivo de propiciar una discusión informada sobre las acciones necesarias para mitigar y dar respuesta a los factores de riesgo.
La superación del conflicto armado y la construcción de la paz son tareas difíciles, que no se producen de manera inmediata. El objetivo es que este cambio se produzca de forma incremental y gradual, con beneficios concretos y sostenibles para las poblaciones más afectadas por la violencia y la confrontación. En medio de las diferencias sobre la implementación de lo acordado, es necesario construir un consenso básico alrededor de la necesidad de proteger a estas poblaciones.
Como se señala en la propuesta del Plan de Desarrollo y en la Política de Seguridad y Defensa, se deben priorizar las zonas más afectadas en las cuales hay una débil presencia del Estado. Esto con el objetivo de proteger a la población y generar condiciones de bienestar, impulsado la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Los riesgos para la transición
La confrontación sigue activa
Mientras que las acciones de las FARC cayeron, el ELN se fortaleció en sus núcleos históricos y amplió su influencia a zonas donde la había perdido.
El poder y la capacidad de desestabilización de las disidencias se ha consolidado en distintos territorios, mientras que pequeños grupos han ganado fuerza en zonas donde su accionar había sido poco.
El EPL —o Los Pelusos—, ha tenido un repliegue en el Catatumbo, pero ha tomado fuerza la presunta incursión de esta organización en el Cauca.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) siguen teniendo control en veredas y municipios claves para el narcotráfico en distintas zonas.
El número de acciones de los grupos armados ilegales no ha variado después del desarme parcial de las FARC en 2016. La confrontación armada mantiene su intensidad, ahora protagonizada por otros actores.
Más que el debilitamiento progresivo de las estructuras armadas ilegales, la intervención de la Fuerza Pública ha generado un cambio constante en el funcionamiento de estos grupos y sus relaciones con las comunidades.
De acuerdo con la Fuerza Pública, los grupos armados ilegales continúan creciendo. En 2018, el ELN contaba con más de 4.000 miembros y cerca de 1.000 habrían sido vinculados durante 2017. Además, según el Ejército, entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, el número de integrantes de las disidencias habría pasado de 1.749 integrantes a 2.000.
La mayor concentración armada de los grupos ilegales está en Arauca, El Catatumbo (Norte de Santander), el Bajo Cauca y el norte del Cauca, y el sur del Valle, así como Tumaco en Nariño.
Se ha intensificado la violencia
Las víctimas de homicidios colectivos —también conocidos como masacres— pasaron de 61 en 2017 a 67 en 2018. Si bien este es un leve incremento, equivale al doble de las víctimas registradas en 2016, que fueron 38.
En Tumaco (Nariño) y El Catatumbo (Norte de Santander) el aumento en los homicidios se dio en medio del proceso de paz, asociado con reacomodamientos de los grupos ilegales que comenzaron a disputar el control del territorio.
En el Bajo Cauca y sur de Córdoba, el alza en el número de muertes violentas se dio en 2018, con la expansión y fractura de las Autodefensas Gaitanistas, el fortalecimiento del ELN y las disputas con las disidencias.
En Norte del Cauca, el aumento también se dio en 2018, con la activación de las disputas entre diferentes organizaciones armadas ilegales.
En Chocó, si bien el número y la tasa de homicidios es menor, el impacto humanitario por los desplazamientos y el confinamiento es notable.
La motivación de los actores ilegales con capacidad de usar la violencia no es solo la producción o acumulación de rentas. En varias de las zonas analizadas por la FIP, los grupos también pretenden tener control social y poder político, construyendo un orden ilegal.
Las economías ilegales son una de las causas del deterioro de la seguridad y el aumento de la violencia, pero los homicidios tienen distintos orígenes y manifestaciones, que no se explican solo por la confrontación entre facciones criminales y los ajustes de cuentas entre mafias.
El impacto humanitario es notable
En 2018, el número de víctimas de desplazamiento forzado aumentó 48%, en comparación con el año anterior. Este ascenso está vinculado con las disputas entre actores armados en el norte del Chocó, la costa pacífica nariñense y recientemente en Bajo Cauca, sur de Córdoba y Catatumbo.
Las víctimas de confinamiento también aumentaron en 2018, con un incremento del 93%. La situación más crítica se encuentra en Chocó donde indígenas y afro han visto restringida su movilidad en medio de la disputa del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Las víctimas de minas antipersonal y municiones sin explosionar también han tenido un alza. Luego del descenso del 2012 al 2017, pasando de 589 a 57 víctimas, en 2018 esta cifra subió a 179, lo que equivale a un aumento del 68% en comparación con 2017.
Se incrementó el número de ataques contra oleoductos, que pasaron de 63 en 2017 a 107 en 2018.
Los homicidios de líderes sociales
En 2018 los homicidios de líderes sociales se duplicaron, pasando de 73 en 2017 a 141. De enero a marzo de 2019, comparando con el mismo periodo de año anterior, de acuerdo con la base de datos de agresiones a líderes sociales de la FIP, se han reducido 38%, pasando de 34 a 21.
En zonas de reacomodo y disputa de grupos armados ilegales, las Juntas de Acción Comunal (JAC) y los líderes locales se han convertido en su objetivo como forma de ejercer control social.
No es fácil determinar el motivo principal de las agresiones contra líderes sociales porque están vinculados a diversos procesos organizativos y políticos, esto quiere decir que reivindican diferentes causas. Dentro de las agendas se destacan la reclamación de tierras, la defensa del medio ambiente y la oposición a proyectos extractivos, así como la sustitución de cultivos ilícitos.
Sustitución de cultivos ilícitos y homicidios
En 2018, las condiciones de seguridad en los 56 municipios que hacen parte del PNIS empeoraron.
Los homicidios se incrementaron 38% respecto a 2017 —pasando de 933 a 1.283 muertes violentas— y la tasa por cada cien mil habitantes aumentó 16 puntos porcentuales, mientras que a nivel nacional el alza fue del 5%.
Los municipios PNIS con un mayor número de homicidios fueron Tumaco en Nariño, Tarazá en Antioquia y Tibú en Norte de Santander.