En agosto cumplirá dos años el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC, justo en la misma fecha en que los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) perderán vigencia jurídica, al menos en su esquema actual. Más allá de las preguntas que esta situación suscita frente al futuro de los excombatientes, lo cierto es que este proceso ha sido, desde el inicio, uno de los principales desafíos de la implementación del Acuerdo Final firmado entre el Estado colombiano y las FARC, en noviembre de 2016.
De su éxito dependerá, en gran medida, que el país avance en la consolidación de la paz y que los excombatientes tengan opciones reales para que su tránsito a la vida civil sea sostenible, mitigando así el riesgo de reincidencia y contribuyendo al cierre de ciclos de violencia.
La FIP presenta un balance de la reincorporación desde dos dimensiones: la económica y la que aborda las trayectorias de los excombatientes y sus condiciones de seguridad.
En esta primera entrega abordamos la reincorporación económica, identificando las oportunidades para fortalecerla y dinamizarla. Hasta ahora, este proceso ha privilegiado la generación de proyectos productivos, individuales y colectivos, por encima de la inclusión laboral en el mercado formal. Esto en consonancia con las aspiraciones de los excombatientes, quienes, en un 96%, reportan que prefieren un proyecto productivo.
Dada esta realidad, es necesario tener en cuenta los aprendizajes del Estado colombiano en procesos de generación de ingresos para personas que están en tránsito hacia la vida civil. La consolidación de iniciativas productivas requiere de procesos de largo plazo que incluyen programas de acompañamiento para la estabilización socioemocional de los excombatientes, así como procesos de formación académica y técnica.
El reto es mayor cuando se trata de desarrollar proyectos productivos en zonas rurales, por las brechas en materia de infraestructura, tecnificación y acceso a servicios y mercados de comercialización.
Para hacerse a una idea, la ARN reportó hace un año que, de las 16.219 unidades de negocio desembolsadas a excombatientes de las AUC y desmovilizados individuales de las guerrillas, 7.150 se encuentran en funcionamiento (44%), implementadas en su mayoría en áreas urbanas. En materia de empleabilidad, cerca del 70% de los excombatientes de las AUC y desmovilizados individuales de las guerrillas están ocupados, pero tan solo un 25% se encuentra en la formalidad. Estas cifras que reflejan el gran esfuerzo que significa consolidar procesos de generación de ingresos sostenibles.
La FIP reconoce que ha habido avances significativos, particularmente en lo relacionado con la entrega de los beneficios económicos que se pactaron en el Acuerdo Final. Sin embargo, persisten retos notorios. A la fecha, se han aprobado 24 proyectos productivos colectivos y cerca de 160 individuales, y tan solo 1.242 excombatientes (9.4%) han podido acceder a un proyecto. Adicionalmente, según la ARN, para abril de este año, 701 excombatientes se encontraban trabajando en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y 29 más en la misma ARN.
Basados en este análisis, la FIP identifica tres elementos claves para el éxito del proceso de reincorporación económica de las FARC: la voluntad política y la articulación institucional; las opciones de generación de ingresos (especialmente los proyectos productivos); y la articulación con el sector empresarial a nivel nacional y regional. Sobre este último, una de las recomendaciones gira en torno a la promoción de espacios de reconocimiento y acercamiento con las FARC, para transformar los imaginarios que cada parte tiene de la otra y buscar construir una nueva narrativa enfocada en el desarrollo y la inclusión territorial.
Este documento se divide en tres secciones: primero, una revisión histórica de otros procesos de integración a la economía formal de excombatientes en Colombia; luego, el análisis de los principales factores que, a juicio de la FIP, son vitales para el éxito de la reincorporación económica y cómo se encuentra su implementación; y, finalmente, el planteamiento de algunas recomendaciones para dar luces sobre medidas de manejo de las brechas y desafíos identificados.
Estamos en un momento clave, que requiere de un esfuerzo conjunto y articulado respaldado por recursos, y que, a su vez, convoque a distintos actores y sectores locales y nacionales. En medio de la polarización que rodea la implementación del Acuerdo de Paz, el Estado y las FARC deben trabajar de manera corresponsable en el impulso del proceso de reincorporación, identificando y promoviendo opciones concretas para los excombatientes. Esta es una tarea que nos debe convocar y sobre la cual deberíamos forjar un consenso.