El más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analiza la reducción del comportamiento delictivo que ha tenido el país durante la cuarentena, basada en los datos publicados por la Policía Nacional y concluye que surgen más preguntas que respuestas sobre las interpretaciones que hasta ahora se han dado. “Lo que hemos visto es un panorama optimista de la reducción de delitos a nivel nacional, pero que esconde la heterogeneidad del comportamiento de país a nivel regional y allí es donde pone la lupa el informe”, dijo Jerónimo Castillo, director de Seguridad y Política Criminal de la FIP.
¿Por qué, durante la cuarentena, en algunos municipios se presentaron incrementos en los delitos, como es el caso de los homicidios en Quibdó, un municipio que, además, está militarizado? ¿La disminución de los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar, que ocurrían mayoritariamente en el espacio público, se debe a que dejamos de ocupar las calles? ¿Los 17.785 casos registrados de hurtos a personas se dieron en las zonas donde no se cumplieron las restricciones? ¿Cuál fue la población más afectada? Estas son algunas de las preguntas que se plantean los investigadores de la FIP, quienes insisten en llamar la atención sobre el acceso a la información sobre el comportamiento delictivo en el país y la calidad de los datos.
El análisis se concentra en los meses en los que se registró el mayor grado de confinamiento en el país y los compara con el mismo período durante los últimos cinco años, buscando identificar la heterogeneidad del comportamiento delictivo.
Comportamiento de los homicidios
Frente al homicidio, la FIP se pregunta, por ejemplo, por qué frente a una circunstancia tan excepcional como una cuarentena nacional, el homicidio disminuyó solo en un 15.2% entre enero y mayo.
Durante los meses de aislamiento (marzo y mayo) este delito se redujo un 29,7% pero, “queda la duda de los 1.637 casos de homicidios ocurridos en un poco más de dos meses, tiempo en el cual se encontraba limitado el derecho de circulación de la mayor parte de la población, y en el que se habían reducido las actividades económicas a lo básico”, dice el informe. En este caso, la FIP se pregunta si estos homicidios fueron producto de problemas de convivencia o de delincuencia común.
Llama la atención el caso de Bogotá porque, aunque en el periodo de cuarentena el homicidio pasó de 193 casos en 2019 a 150 en 2020, esta reducción coincide con lo que venía pasando en los últimos 3 años, sin pandemia.
La FIP también cuestiona la responsabilidad de las organizaciones criminales frente a la mayor parte de los homicidios, y hace un llamado a analizar la participación real del homicidio incidental o por motivos de intolerancia. “¿La reducción del homicidio significa que se replegaron las organizaciones criminales? ¿Si se replegaron, por qué el homicidio de líderes sociales aumentó?”, señala el estudio.
En general, la FIP encontró que, durante los cinco primeros meses de 2020, el homicidio aumentó en 268 municipios y disminuyó en 395; en 439 no se presentaron variaciones, y en 526 no se dieron homicidios. En contraste, durante el periodo de cuarentena, aumentó el homicidio en 182 municipios y disminuyó en 316; en 604 no se presentaron variaciones, y en 729 no hubo homicidios.
Delitos sexuales y violencia intrafamiliar
Sobre los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar, el informe señala que los datos publicados por la Policía Nacional no coinciden con el aumento significativo de las llamadas a los números que orientan a las personas (línea Púrpura en Bogotá o 155 a nivel nacional): 59% se redujo la cifra de delitos sexuales durante la cuarentena y 25% la violencia intrafamiliar. “Esto indicaría una debilidad en la forma en que las instituciones y autoridades han desarrollado mecanismos efectivos para proteger a las posibles víctimas que se encuentran, en parte, junto a sus victimarios en el ámbito privado durante estos meses de confinamiento”, dice la FIP.
Así mismo, el documento advierte que los delitos sexuales se concentran en hechos violentos sobre mejores de 14 años (alrededor del 60%), aunque han tenido una reducción significativa durante la época de pandemia. Sin embargo, frente a esta última conclusión, la FIP se pregunta si es posible que las niñas y niños menores de 14 años se encuentren hoy más vulnerables porque ha disminuido el control social (del sistema educativo, por ejemplo) sobre ellos, y por tanto, la activación de denuncias por parte de terceros?
Hurto
Sobre el hurto, en especial a personas, se redujo en un 67.7% entre enero y mayo, pero la FIP advierte que esa reducción no puede distraer a las autoridades. Las cuatro ciudades que más aportan a este delito (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) lo siguen haciendo. En 2010 ese aporte fue el 55.57% del total nacional, y en 2020, el 55.14%. En el caso de Bogotá, su aporte a las cifras totales de hurto a personas en los dos periodos oscila entre el 34% y el 36%.
En general, para la FIP, la reducción excepcional en todas las modalidades de hurto es una oportunidad para estudiar este fenómeno, particularmente la manera en que la delincuencia reaccionó y, eventualmente, podría reaccionar en eventos futuros con características similares.
Amenazas
Sobre las amenazas, el informe destaca que durante la cuarentena se reportó la menor cifra de amenazas en los últimos cinco años en el país: 12.692. La reducción fue del 66,1% comparando las cifras con el 2019. Sin embargo, el comportamiento de las amenazas no es homogéneo ni a nivel departamental ni a nivel municipal. Por ejemplo, en Vaupés y en el archipiélago de San Andrés no disminuyeron las amenazas. “¿Por qué dos de los lugares más apartados geográficamente, ubicados en los extremos opuestos del país, presentan impactos contrarios del delito durante el tiempo de aislamiento obligatorio?”, se pregunta la FIP. En general, los datos publicados actualmente sobre este delito son de poca utilidad para contestar esta y otras preguntas. El cubrimiento mediático tampoco ofrece respuestas.
La FIP concluye que las reducciones de los índices de delitos durante la pandemia no han tenido ninguna relación con las políticas públicas de seguridad y que lo vivido durante los meses de mayor aislamiento, dejó lecciones para el Gobierno Nacional y los gobiernos locales que no se pueden pasar por alto.