Con el desarme —parcial— de las FARC y la implementación del Acuerdo de
Paz, existía la expectativa de que el reclutamiento de niños y niñas disminuyera en las zonas donde la antigua guerrilla tenía influencia. Pero el efecto parece ser el contrario. Aunque es un fenómeno que ha persistido en el tiempo, el seguimiento regional realizado por la FIP, así como lo señalado por distintas instituciones y organizaciones, muestra que se ha agudizado durante la pandemia.
Para el primer semestre del 2020, COALICO (Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia), reportó 40 eventos en donde se habían podido reclutar o vincular a grupos armados 190 niños, niñas y adolescentes.
La literatura sobre este tema muestra que prevenir el reclutamiento de esta población en la etapa de transición que va luego de la firma de Acuerdos de Paz, resulta ser uno de los retos más complejos, sobre todo cuando siguen existiendo grupos armados ilegales activos. Lo anterior, sumado a la pandemia del covid-19, ha generado un escenario de alta vulnerabilidad para los niños, niñas y jóvenes.
El tema ha tomado relevancia también en las últimas semanas puesto que, recientemente, varios excomandantes han rendido versiones libres sobre este delito en el caso 007, que adelanta desde el año pasado la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, y que busca esclarecer alrededor de ocho mil casos reportados por la Fiscalía y que fueron entregados a la JEP.
En esta Nota de Estabilización, la FIP identifica algunos de los desafíos que más dificultan la implementación de políticas que ayuden a mitigar este fenómeno:
Las cifras y la subestimación del reclutamiento y utilización de niños, niñas y jóvenes. Este problema, que ha persistido durante décadas, ha carecido de cifras consistentes, lo que ha impedido hacer un seguimiento detallado de los casos subestimando el fenómeno que no es priorizado, generalmente, en las agendas nacionales y locales de los mandatarios.
Altos niveles de impunidad. Desde 2017, las autoridades no han condenado a ningún miembro de grupos armados ilegales por este delito, a pesar de que estas estructuras siguen reclutando y de que el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar a las víctimas. El número de condenas por este hecho es mínimo, lo que acrecienta la impunidad y la percepción generalizada que los autores no reciben ningún tipo de sanción. Según datos de la Fiscalía, entre el 2000 y octubre de 2019 hubo 4.685 casos abiertos de procesos por reclutamiento forzado de menores de edad. De estos, 4.356 se encuentran en etapa de indagación y solo 47 han llegado a etapa condenatoria. Además, del total de los casos, 2.023 procesos se encontraban activos a octubre de 2019, mientras que 2.662 estaban inactivos[1].
Persisten factores de riesgo en las regiones que acentúan las dinámicas de reclutamiento y utilización de niños, niñas y jóvenes. En un buen número de municipios del país existe un común denominador: la permanencia de brechas sociales y económicas que exponen mayores desafíos institucionales para prevenir este delito. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos identificó 184 municipios que presentan un alto nivel de riesgo de reclutamiento, utilización y violencia contra niños, niñas y adolescentes. De ellos, 103 son municipios PDET, lo cual ya impone un reto considerando que, tanto la metodología de priorización de la Consejería como la de los PDET, supone unas condiciones especiales que se deben superar en cuanto a brechas socioeconómicas, dinámicas de violencia e inseguridad y capacidades institucionales, entre otros.
La FIP también hace un esfuerzo por describir algunas de las dinámicas alrededor de este delito en cuatro regiones del país de alta vulnerabilidad (sur de Córdoba, Catatumbo, norte del Caquetá y Guaviare), mostrando, por ejemplo, el impacto negativo que ha tenido en niños y niñas afrodescendientes, indígenas y migrantes, tanto en contextos rurales como urbanos.
El documento concluye con algunas recomendaciones en torno a la necesidad de fortalecer el potencial de las acciones institucionales en materia de prevención, a la urgencia de poder abordar las causas profundas del reclutamiento para mejorar la eficacia de los programas, y a la premisa de fomentar la capacidad social y comunitaria en los territorios para no seguir perdiendo generaciones por cuenta de la guerra.