Los líderes se sienten inseguros con respecto al país y al municipio donde viven (84% y 78%, respectivamente). Esta es una constante en las mediciones del Pulso que deja ver el escaso cumplimiento de las expectativas que tenían los líderes con los nuevos alcaldes y gobernadores.

Con respecto a los delitos de mayor frecuencia reportados por los líderes, la violencia intrafamiliar (VIF) toma relevancia. En las anteriores mediciones, los homicidios, las amenazas y desplazamientos ocupaban los primeros lugares. En esta ocasión, la violencia intrafamiliar ocupa el tercer lugar con el 34%, siete puntos porcentuales por encima del promedio histórico del Pulso (27%).

Este dato es una oportunidad para llamar la atención de las autoridades locales, que en este momento están diseñando los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC), para que incluyan estrategias que fortalezcan las comisarías de familias y las rutas y mecanismos interinstitucionales para prevenir y atender este tipo de violencia, así como la atención integral a las víctimas. También es una oportunidad para interactuar con el Gobierno Nacional en la creación del Sistema Nacional de Registro, Atención, Sistematización y Monitoreo de las VBG, SALVIA.

En contraste, la percepción sobre homicidios disminuyó ocho puntos porcentuales en esta medición con respecto al histórico cuando, en promedio, el 57% de los encuestados consideran que es el delito de mayor frecuencia en sus municipios.

Los líderes conocen muy poco lo que hacen las autoridades en seguridad

A pesar de las variaciones en la percepción de los delitos, solo el 33% de los líderes manifestó conocer acciones desarrolladas por las autoridades locales para mejorar las condiciones de seguridad en sus municipios. De estos, el 60% coincide en que estas acciones han sido eficientes.

Los líderes reconocen mayor eficiencia, en materia de seguridad y justicia, a las personerías (43%) y al Gobierno Nacional (41%), dejando en tercer y cuarto lugar a las alcaldías de sus municipios y a la Fuerza Pública.

Desde finales del 2022, el Pulso ha evidenciado que las instituciones de carácter civil –como las personerías y las comisarías de familia– tienen relevancia en los temas de seguridad y control. Sobresale el papel de las personerías en la atención a víctimas y en ser garantes de que las acciones y estrategias de seguridad no vayan en contraria de los derechos humanos. En el caso de las comisarías de familia se destaca la atención de casos de violencia intrafamiliar y que son una ventana que promueve la denuncia.

Los grupos armados son los más influyentes en lo local, pero también las organizaciones comunitarias  

Al indagar por los actores locales que tienen algún papel en la gobernanza de los municipios donde viven los líderes, el 70% perciben una presencia permanente de los grupos criminales, contra un 54% del Gobierno Nacional y las autoridades locales, 16 puntos por debajo.

La situación empeora cuando se pregunta por el impacto de estos actores en la vida diaria:  70% de los líderes menciona una alta influencia de los grupos criminales frente al 47% del gobierno y las autoridades locales, 23 puntos por debajo.

Sin embargo, las organizaciones comunitarias no se encuentran tan distantes de los grupos criminales, ya que el 73% de los líderes sociales perciben su presencia y el 66% reporta influencia de este actor en su vida cotidiana.

Este dato respalda algunas hipótesis de la FIP que reconocen que la gobernanza no la domina un solo actor y que, por el contrario, interactúan múltiples actores. Esto no desestima el actuar de los grupos criminales, pero abre una reflexión sobre el verdadero papel que tienen en el control y ordenación de los territorios y de su población.

El 85% de los líderes afirma que, en el último mes, no ha conocido sobre conversaciones/acuerdos entre las autoridades y los grupos criminales de su municipio. Del 15% restante, que sí los conoce, el 46% cree que han ayudado a mejorar las condiciones de seguridad.

Asimismo, el 79% de los líderes niega conocer alguna medida vigente relacionada con el cese al fuego en sus municipios. Esto sugiere que las distintas fórmulas de negociación planteadas e implementadas por el Gobierno Nacional no están impactando la vida de los líderes y sus municipios, o al menos no a los ojos de aquellos que participan en el Pulso.

Al preguntarles sobre si han participado de alguna manera en la política de Paz Total, vigente desde el 2022, solo el 33% dice haber estado en espacios de participación en lo corrido del 2024.

La mayoría de los líderes opina que la gran barrera para lograr la Paz Total en Colombia es la corrupción (59%), seguido de la presencia permanente de grupos armados/criminales y a la desigualdad socioeconómica en los municipios (52%).

Parte de las comunidades campesinas que cultivan coca han reportado cambios significativos en los precios de la hoja de coca y de la pasta básica de cocaína desde el año 2022. A esto se le ha llamado la “crisis de la coca”, sin tener suficiente información que profundice en qué es lo que ocurre. Sin embargo, esta situación parece afectar la economía de algunas familias que dependen de estos cultivos para subsistir e incidir en el desarrollo de otras económicas ilegales.

Para los líderes, las principales actividades económicas en sus municipios son las actividades agrícolas y ganaderas (74%), el comercio (72%) y los cultivos o procesamiento de coca, marihuana o amapola (27%).

El Pulso también muestra que, con respecto al último año, los líderes consideran que, en general, todas las actividades económicas se mantuvieron igual. Sin embargo, un 33% percibe que los cultivos o procesamientos de coca, marihuana y amapola, empeoraron. Esto supone una afectación en la economía que representa esta actividad.

Al preguntar a ese porcentaje de líderes sobre la posibilidad de sustituir la coca, el 69% considera que ha sido reemplazada por actividades agrícolas y ganaderas, mientras que el 19% percibe que no se ha logrado sustituir por nada. En relación con la minería, el sondeo muestra que solo el 6% de la coca ha sido sustituida por esta actividad. En especial, en zonas donde las familias campesinas han reportado su traslado a la minería ilegal de oro y de carbón a la espera de que el mercado de la coca se reactive.

4 de cada 10 líderes reconocen que existe una crisis de la coca en su municipio

El 42% de los líderes está de acuerdo con que en sus municipios existe una crisis de la economía de la coca. De estos, más del 80% perciben que dicha situación ha aumentado la pobreza de las familias campesinas que la cultivaban, así como la violencia y el control de los grupos armados. Además, el 50% afirma que no hay políticas y acciones por parte del Estado para hacerle frente.

En el último trimestre del 2023, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos entregó $2.000.000 a cada familia beneficiaria del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) como paliativo a la crisis de la coca. A la fecha, no se conocen avances del PNIS o de otras estrategias para reducir los cultivos de uso ilícito.