Falta de cobertura de la línea 155

Hace más de una década, Colombia implementó una línea telefónica para orientar a la ciudadanía sobre las violencias basadas en género. Esta línea, que durante años estuvo en cabeza de la Policía, pasó al Ministerio de la Igualdad con el objetivo de tener equipos profesionales y civiles que puedan atender las necesidades de las víctimas de esas violencias y de la ciudadanía en general. Sin embargo, la falta de conectividad en zonas rurales y remotas impide que las víctimas en estos territorios accedan rápidamente al servicio de la línea 155, lo que genera un vacío en la respuesta de emergencia. 

Prueba de ello es que solo el 33% de los líderes que respondieron en esta medición del Pulso afirmaron tener conocimiento sobre dicha línea, y de estos, el 56% la asocia con su función, para el 26% es una línea de emergencias generales y el 18% la asocia con otros objetivos. Esta es una primera barrera que deberá atender SALVIA para garantizar el acceso en igualdad de condiciones a la toda la población del país, ya que la línea es la puerta de entrada para las víctimas.

Descoordinación entre entidades encargadas de la ruta de atención

Otro desafío para la implementación de SALVIA es la articulación entre las entidades locales y de estas con los niveles departamental y nacional. Algunas entidades de municipios categoría cinco o seis, no cuentan con capacidades financieras, técnicas, tecnológicas y humanas para cumplir con todas sus obligaciones. Es ahí donde los otros niveles de gobierno, con sus capacidades, tendrán un papel fundamental. El Pulso evidenció que los líderes reclaman la actuación de las entidades del Estado con respecto a la prevención y atención de las VBG.

Al preguntarles por el actor que contactarían en caso de conocer un caso de VBG en su entorno más cercano, el 28% mencionó la Comisaría de Familia, el 23% la Fiscalía, el 16% la Policía, el 11% la Personería y el 8% a las autoridades étnicas. Sin embargo, llama la atención que no mencionaran los hospitales o centros de salud, puertas de entrada a la ruta de atención. Ello sugiere limitación y falta de claridad en las funciones de la multiplicidad de instituciones competentes en este tema, lo que podría generar un cuello de botella a la hora de abordar la violencia basada en género.

El Pulso también pidió a los líderes que calificarán algunos aspectos relacionados con la atención que brindan estas entidades. La Comisaría de Familia es la que tiene menor capacidad en recurso humano e infraestructura, especialmente porque es vista como un espacio que no garantiza la confidencialidad. Este factor puede impactar la confianza, aunque esta institución es una de las mejor valoradas en términos de atención y articulación.

Por el contrario, la Policía es de las menos valoradas (47% en promedio), a pesar de contar con buen nivel de confianza. La FIP ha advertido que, con frecuencia, los funcionarios derivan su respuesta a otras entidades. Además, su presencia y supervisión de órdenes de protección en zonas rurales es prácticamente inexistente, algo que suelen justificar por los problemas de orden público.

Estos resultados evidencian las limitaciones de las entidades locales. La FIP sugiere fortalecer los procesos operativos, priorizar la articulación y no la derivación para responder con acciones inmediatas y de largo plazo que garanticen la protección de las víctimas. Esto incluye activar medidas de protección, acceso a servicios psicosociales y legales, así como el seguimiento para garantizar que las víctimas no vuelvan a quedar expuestas a situaciones de riesgo.

 Los líderes también son críticos con la información, la confidencialidad y la seriedad con que se reciben las denuncias. El hecho de que no exista un acompañamiento integral impide que las mujeres superen su condición de víctimas. Menos del 43% de las personas que participaron en el Pulso tienen una percepción positiva de la articulación institucional.

SALVIA debe tomar nota de estas valoraciones, pues las debilidades institucionales que enfrentan las víctimas tienen un impacto directo en su acceso a la justicia. En muchos casos, las mujeres que buscan protección o denunciar a sus agresores terminan desistiendo por la complejidad del proceso y la falta de resultados. Esto perpetúa la impunidad, pues los agresores no enfrentan consecuencias legales y las víctimas quedan atrapadas en ciclos de violencia sin recibir el apoyo que necesitan.

La idea de que las mujeres provocan que las agredan por su forma de vestir o que disfrutan de ser agredidas (21%), que son las únicas responsables de prevenir embarazos (38%), o que es mejor no provocar a los hombres cuando están bravos (52%), refuerza la noción de que las víctimas son las responsables de los hechos violentos. Además, persiste la idea de que este tipo de violencias deben solucionarse conciliando y en privado. Varias de estas percepciones parecieran estar más naturalizadas por los hombres.

Los líderes también identificaron las principales barreras que enfrentan las mujeres víctimas de VBG y que las autoridades municipales deben tener en cuenta. El 35% de quienes respondieron el Pulso señalan el miedo como el mayor obstáculo, lo que puede llevar a las víctimas al aislamiento, seguido de la falta de respuesta de las autoridades (20%) y la falta información sobre dónde acudir (13%).

Las organizaciones sociales y los líderes juegan un papel fundamental en la lucha contra las violencias de género. El 63% de quienes respondieron el Pulso reconocen su influencia y alta legitimidad, ya que en algunos casos prestan apoyo psicosocial (27%) o brindan información o formación (25% y 23%, respectivamente).

Sin embargo, su papel a veces es relegado por la falta de diálogo o coordinación con las entidades locales. Frente a ello, SALVIA debe garantizar espacios para la efectiva participación de las organizaciones sociales y entender que su función no es garantizar la seguridad de las víctimas, ya que esta es una responsabilidad del Estado. No obstante, cumplen un papel clave en la articulación y el seguimiento de la respuesta estatal.

En esta medición, la FIP comparó las condiciones de seguridad en los últimos tres años y observa con preocupación, un posible aumento de las amenazas a los líderes que participan en el Pulso. En las mediciones anteriores este indicador se había mantenido en un promedio del 22%. Sin embargo, el 33% de los líderes consultados reportó haber sido víctima de amenaza durante el último mes.

La principal razón de las amenazas sigue siendo adelantar alguna acción para defender los intereses de la comunidad. Aun así, el hecho de que los líderes se reúnan con autoridades locales y la Fuerza Pública sugiere un aumento de esta victimización.

Al revisar otros indicadores como la percepción de seguridad en el municipio o la seguridad de los líderes en el país, la FIP encontró que nueve de cada 10 líderes se sienten inseguros en su municipio. A nivel nacional también hay un aumento significativo en la sensación sobre el deterioro de la seguridad para los líderes.