Seguridad y gobernanza

En la FIP entendemos la seguridad como el producto de una serie de factores que no se agotan en la actividad delictiva, sino que guardan relación con la forma como el Estado diseña políticas para garantizar los derechos y la calidad de vida de los ciudadanos.

Contribuimos al análisis y la evaluación de políticas públicas de seguridad, así como a la reforma del sector para que sean eficientes y se ejecuten de manera efectiva.

Trabajamos para nivelar las asimetrías entre el sector seguridad y defensa y las otras instituciones del Estado responsables en esta materia, como parte de un mismo sistema.

Analizamos las percepciones ciudadanas y los miedos sociales como elementos que contribuyen a la inseguridad, para desarrollar intervenciones que permitan superarlos.

Todo esto para construir una gobernanza que promueva la legitimidad de los actores legales e implemente mecanismos para su integración, bajo el liderazgo del Estado.

Estrategias de seguridad para la disminución del delito
Homicidios, seguridad rural, modelos de vigilancia, seguimiento delictivo, percepción de seguridad

Fortalecimiento de la gobernanza y eficiencia del Estado en la provisión de seguridad
Modelo de asistencia a políticas locales, superación de asimetrías institucionales, fortalecimiento local

Reforma del sector seguridad
Fortalecimiento del liderazgo civil, política de control de armas, transición de la Policía y seguridad privada

El abuso de autoridad de la Fuerza Pública: más allá de "buenos y malos"

Varias noticias sobre abuso de autoridad son hoy la sobremesa en el país: las amenazas recibidas y denunciadas por la población de Bocas del Manso en Tierralta (Córdoba), las posteriores destituciones de miembros del Ejército y las imputaciones de la Justicia Especial para la Paz (JEP) por “falsos positivos”. Esta semana, exmilitares reconocieron cómo mataron y desaparecieron a 296 personas inocentes en Casanare. Desafortunadamente, estos hechos se convierten en la excusa perfecta para que algunos sectores resalten, de manera oportunista, que la Fuerza Pública también ha sido víctima de retenciones, asonadas o interrupciones de su función por parte de la población civil, o que las noticias hablan de algunos militares y policías que se alejan de los principios institucionales. No se trata de legitimar un escenario de buenos y malos, ni de que haya un enfrentamiento entre la Fuerza Pública y la población civil, porque esas ideas perpetúan los conflictos y no solucionan los problemas de fondo. Sin embargo, lo que hoy vemos vuelve a poner sobre la mesa la importancia de pensar en mecanismos que prevengan delitos cometidos por agentes del Estado hacia la población civil, y la necesidad de que el debate no se límite a defender o justificar dichas acciones. En la Fundación Ideas para la Paz (FIP) revisamos hechos de abuso de autoridad durante los dos últimos años (enero del 2022 – septiembre del 2023), y encontramos que los medios de comunicación reportan un número considerable. De 264 hechos, el 22 por ciento incluye afectaciones sobre la Fuerza Pública y la población civil. La mayor parte tienen que ver con operativos contra el crimen organizado o erradicación de cultivos ilícitos, donde la población denuncia que se realizan patrullajes sin identificación o “falsos positivos”. En algunos de estos casos, las comuidades han retenido integrantes de la Fuerza Pública. El 78% restante de los hechos registrados en prensa tiene que ver, únicamente, con afectaciones de la Fuerza Pública sobre la población civil. Más del 50% fueron registradas en Bogotá, Bolívar, Magdalena, Atlántico y Valle del Cauca. Estos lamentables sucesos se relacionan con acciones desmedidas de agentes del Estado, incluso con detonaciones de armas de dotación, donde civiles han acabado heridos o muertos. También hay acciones que se dan como respuesta a intervenciones en las que se presentan riñas, retenes o puestos de control, manifestaciones e, incluso, en requisas o capturas. De estos casos, deberían llamar la atención las malas prácticas y los problemas en procedimientos que tienen los agentes del Estado cuando realizan sus actividades operacionales. La falta de rigor, de lineamientos claros y acciones ajustadas a la ley impiden que la discrecionalidad se lleve con ética y con respeto por los derechos humanos de los civiles. La Fuerza Pública tiene un poder superior al concentrar el uso de la fuerza, por eso desde ningún punto de vista puede ser utilizada en contra de la ciudadanía, justificando o reforzando la idea de que la población civil está cooptada o es aliada de la ilegalidad. El abuso de la fuerza tiene una consecuencia directa en la percepción de la población. Las últimas encuestas realizadas por la FIP en zonas rurales y urbanas de 35 municipios críticos, reportan que el 1 por ciento de la población encuestada ha sido víctima de abuso de autoridad. De este porcentaje, alrededor del 70% señaló a la Fuerza Pública como responsable (54% Policía y 16% Ejército). Además, el 36% afirmó que su municipio fue escenario de algún hecho traumático en los últimos cinco años, y que, en el 8% de los casos, policías o militares fueron los responsables. Se suma a esto que la confianza en la Fuerza Pública no supera el 20% (16% Policía y 19% Ejército), según las encuestas de la FIP. Esta legitimidad institucional no solo se relaciona con la forma en que se atiende o se da trato a la población, sino también con la manera en la que se solucionan los problemas. Los estudios de la FIP también han demostrado que el abuso de autoridad o la extralimitación de la fuerza no solo tiene efecto sobre la confianza en la Fuerza Pública, sino que se extiende a las demás entidades del Estado. Esa falta de confianza, además, se conecta con una gran deuda que tiene el Estado colombiano y sus instituciones frente a la prevención, contención y solución de estos casos. Es urgente que los desafíos de la justicia se superen con celeridad. La ciudadanía necesita claridad en las investigaciones sobre los delitos e irregularidades cometidas por la Fuerza Pública, y acciones que limiten el uso excesivo de la fuerza. Este mensaje es clave en época electoral, pues por parte de candidatos a alcaldías y gobernaciones abundan las propuestas o solicitudes de aumentar el pie de fuerza y la presencia de militares. Sin embargo, estas promesas reducen la seguridad a la presencia de agentes y no tienen en cuenta que eso ataca poco la inseguridad. Está demostrado que esta estrategia no reduce en gran porcentaje los delitos ni la violencia. Además, la falta de control externo de las acciones diseñadas e implementadas por policías y militares puede afectar los derechos humanos, así como deslegitimar al resto de las entidades del Estado. Lo más grave del abuso de autoridad o uso excesivo de la fuerza son los hechos que, presuntamente, acaban en homicidios cometidos por agentes del Estado colombiano. Vale la pena recordar que según el Monitor de fuerza letal , un análisis que recoge cifras de incidentes en los que participan agentes del Estado, entre 2018 y 2020 hubo 697 civiles muertos por arma de fuego en Colombia, aparentemente por las actuaciones de la Fuerza Pública. Estamos en mora de que la información oficial con respecto a los civiles asesinados presuntamente por agentes de la Fuerza Pública, incluidas aquellas personas registradas como “dadas de baja o delincuentes”, sea abierta y pública. Y, como cierre, no hay que olvidar que desde que la JEP fue creada alrededor de 3.600 agentes se han sometido a ella. Solo por poner dos ejemplos, en el macrocaso 08 (crímenes cometidos por la Fuerza Pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado), la JEP investigará más de 15.710 crímenes atribuidos a la Fuerza Pública, 280 a otros agentes de Estado y crímenes asociados con grupos paramilitares o terceros civiles. Frente al macrocaso 03 por “falsos positivos” ya se han imputado a varios mandos militares. Hay que ser claros: hoy no hay un escenario excepcional o de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la ciudadanía. En el pasado este tipo de prácticas han sido frecuentes y se presentaron de manera sistemática, como una política donde miles de ciudadanos perdieron la vida. Colombia tiene una historia que no puede repetir, y más allá de buscar “culpables”, el Estado colombiano debería plantear soluciones que limiten, de facto, los abusos de autoridad en nombre de la persecución del crimen o de comportamientos contrarios a la convivencia. Las confrontaciones con la sociedad están legitimadas bajo el pretexto de que los “héroes de la patria” se oponen a ciudadanos que actúan como criminales. Sin embargo, es hora de reconocer a los miembros de la Fuerza Pública como funcionarios que cumplen un deber constitucional y deben garantizar que los ciudadanos ejerzan sus derechos. Es urgente que, en medio de eventos como el de Bocas del Manso, ninguna institución del Estado lance responsabilidades a los demás. La responsabilidad debe ser asumida en todas sus dimensiones institucionales y sociales. Hay que abandonar la falsa polarización de una sociedad que no acepta sus instituciones y de unas instituciones que se enfrentan a ella.

María Acosta V.

Cosechando equidad: desafíos y oportunidades de las mujeres en el Urabá antioqueño

Este espacio, organizado por el GDA Cacao Conecta —alianza que implementan la FIP, Microsoft, la Compañía Nacional de Chocolates y USAID— resaltó experiencias de mujeres que aportan a la transformación y al cierre de brechas dentro de la cadena productiva del cacao. "Foros como este permiten visibilizar a las mujeres y jóvenes rurales, resaltando su valor y destacando que juegan un papel fundamental en la búsqueda de una sociedad más diversa, equitativa e incluyente”, dijo Lorena Herrán, coordinadora de compras y fomento agrícola de la Compañía Nacional de Chocolates, quien compartió su experiencia de liderazgo en la agroindustria. A las experiencias se sumaron varias conversaciones. Una de ellas fue con lideresas jveniles, moderada por Tatiana Mosquera, directora del centro de formación Transforma de la FIP, la cual buscó identificar los desafíos que ellas enfrentan en espacios de participación locales y cómo promover la inclusión y el empoderamiento “Este tipo de espacios son una oportunidad para reunirse, conocer experiencias que pueden inspirarnos y ayudarnos a reflexionar sobre las barreras y potencialidades que actualmente vivimos en cuestiones de género. Al combinar espacios de conversación y experiencias vivenciales, los participantes pueden reflexionar sobre sus propios prejuicios y estereotipos y generar cambios comportamentales que son fundamentales para la equidad de género”, aseguró Mosquera. Los aprendizajes Reflexiones como que los jóvenes están derribando barreras y estereotipos, participando en procesos y apuestas que les permiten avanzar desde lo comunitario y la importancia de su inserción en escenarios políticos y públicos a nivel rural, se dieron durante el espacio. La mayoría de los participantes coincidió en que el gran desafío tanto para jóvenes y mujeres es cultivar la confianza. Al ser comunidades afectadas por conflictos de toda índole, la construcción de confianza se convierte en un reto para quienes ejercen los liderazgos y esto obliga a generar espacios participativos y transparentes. Sandrith Jiménez Gómez, presidenta de la Corporación Hagamos las Paces, resaltó la importancia de hablar sobre las oportunidades y los desafíos de la región para avanzar en temas de equidad. "Lo más significativo de este espacio fue la participación de personas del común: mujeres lideresas, jóvenes que le apuestan a visibilizar temas actuales con enfoque de género y mujeres que están hablando de transformar el territorio y aportan ideas de una forma diferente”, dijo. Una experiencia con arte A través de un performance, organizado por el grupo CorpoLea, en compañía de María Fernanda Cepeda de Generando Equidad y Santiago Espitia de Plural Estudio, los asistentes cuestionaron estereotipos y roles de género, especialmente en las comunidades rurales. La experiencia desde el arte fue un acierto para los participantes. Según Sandrith, “el cultivo de cacao, la siembra y la cosecha fueron la excusa perfecta para tener otras miradas: ver a los campesinos como aportantes de los espacios de reflexión y no solo como trabajadores de la tierra. Hablar de equidad, incluyendo a hombres y a personas con identidades diversas, hace que sea un espacio cómodo y que se comprenda desde la diferencia que todos y cada uno puede aportar a la construcción de sociedad”. Con este foro, Cacao Conecta continúa aportando al reconocimiento de los actores rurales como transformadores del territorio. Una conversación dirigida al cierre de brechas de género desde la mirada de las agricultoras, los jóvenes, las lideresas comunitarias y las mujeres de la agroindustria que rompen barreras, ocupan y se apropian de espacios para llevar el desarrollo, la inclusión y la diversidad a los territorios.

Cacao Conecta

Gobernanza

Militares intimidando a la comunidad de Bocas del Manso. Ideas FIP para la reflexión

¿Qué pasó? El pasado 13 de septiembre, el Comando de la Séptima División del Ejército anunció que, tras hechos denunciados por habitantes de la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba, se evidenció la participación de soldados del Batallón de Infantería N.33 “Batalla de Junín”, de la Décima Primera Brigada “en actos de violencia contra la población civil y de especial protección constitucional”. Un día después, el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército, anunció que se separaba del mando a 10 soldados y que la Fiscalía y la Procuraduría tomarán acciones de carácter penal y disciplinario. La reflexión Estos hechos, repudiables, deben analizarse con cuidado para evitar el énfasis que algunos sectores dan a enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la población civil, perdiendo de vista problemas de fondo, como prácticas frecuentes de abuso de la fuerza o señalamientos a la población civil como aliada de la ilegalidad. En un estado social de derecho, como el colombiano, el uso de la fuerza está concentrado en la Fuerza Pública. Por ello, desde ningún punto de vista esta puede ser utilizada en contra de la población civil, justificando o enquistando la idea de que la población civil está cooptada o es aliada de la ilegalidad. Estas ideas perpetúan y legitiman hechos como el que estamos viviendo. Hechos que alarman, pero que no, necesariamente, terminan en el esclarecimiento, la condena y mucho menos en transformaciones profundas y menos cosméticas. La FIP invita a revisar diferentes aportes que hemos hecho para entender este tipo de fenómenos de manera diferenciada: las responsabilidades son compartidas, no se trata de “algunas manzanas podridas”, y los impactos no son solo humanitarios, si no en la legitimidad del Estado. También es una invitación a reflexionar sobre esa tensión permanente frente a hechos de abuso de autoridad y hechos donde la población retiene a integrantes de la Fuerza Pública que benefician políticamente a diferentes sectores sin solucionar los problemas de fondo. Uso y abuso de la fuerza letal Los estudios revelan que la mayoría de los casos en que se usa la fuerza letal no son investigados en América Latina y que no suele haber rendición de cuentas, responsabilidades ni incentivos para contener su uso excesivo. Eso es problemático en la medida en que el uso ilegítimo de la fuerza letal tiene efectos negativos en la sociedad: no solo erosiona la imagen de las instituciones de seguridad y del Estado, sino que propicia el aumento de la violencia. Se necesitan cifras concretas sobre el uso y abuso de la fuerza letal para contar con mejores elementos al momento de diseñar políticas de prevención para esta problemática. Las autoridades deben abstenerse de realizar declaraciones que alienten el uso de la fuerza letal por parte de la Fuerza Pública, mucho menos justificar abusos. Frases como 'un buen criminal es un criminal muerto’ o 'una bala, una muerte’, no son excepcionales en funcionarios públicos y candidatos de la región. En Colombia, entre 2018 y 2020, hubo 697 civiles muertos con arma de fuego, presuntamente, por el accionar de la Fuerza Pública. Una cifra preocupante que deben analizarse en un contexto de crecimiento de la protesta social. La efectiva supervisión y control civil sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes públicos sigue siendo una tarea pendiente en Colombia. Del total de civiles muertos, presuntamente por la Fuerza Pública con arma de fuego, entre el 2018 y el 2020, la Fiscalía ha abierto investigación en menos del 10% de los casos. Por otro lado, en este mismo periodo se registraron 388 agentes muertos por homicidio con arma de fuego . Civilizar la seguridad La política de seguridad debe dar cuenta de la interacción y articulación entre los niveles nacional, departamental y municipal, apuntando a una simetría entre la Fuerza Pública y el poder político de alcaldes y gobernadores. Las acciones más recurrentes del Gobierno Nacional se limitan al uso de la Fuerza Pública , lo que supone un riesgo frente a potenciales violaciones de derechos humanos que agravan las condiciones de legitimidad de las instituciones en los territorios. La intervención militar no supone una mejora en los indicadores de violencia ni en la percepción de seguridad. Existe una debilidad de las instituciones para ejercer el papel regulatorio, lo que hace que otros actores impongan otro tipo de regulaciones. Persecución penal eficaz Uno de los aspectos centrales para el control y la supervisión de la Fuerza Pública es contar con un esquema de persecución penal eficaz. Los eventuales excesos de parte de miembros de la Policía o de las Fuerzas Militares son inevitables en cualquier lugar del mundo. Lo esencial es que exista un sistema adecuado para la investigación y sanción de estas conductas . Esto es fundamental para disuadir los abusos, elevar un reproche social severo en su contra y para que la sociedad y el Estado tengan claridad sobre cómo sucedieron y cómo evitarlos. En caso de que no sea posible modificar la Constitución o aplicar normas jurisprudenciales estrictas para excluir a la Justicia Penal Militar y Policial de la persecución de conductas que no vulneran bienes jurídicos estrictamente militares o policiales, proponemos definir una jurisdicción autónoma, que funcione a partir de paneles híbridos compuestos por jueces y magistrados oficiales y civiles. Liderazgo civil Los civiles tienen un rol fundamental y no pueden limitarse a una participación burocrática y mecánica en las posiciones de responsabilidad política. Por un lado, es necesario que ejerzan direccionamiento, supervisión y control desde una visión democrática y con criterios técnicos; por otro, su liderazgo debe contribuir a que la Fuerza Pública y la sociedad reconstruyan mutuamente la confianza y el respeto, se restablezca la conexión con la ciudadanía y se reconozca la legitimidad del Estado y su Fuerza Pública. Personas que han cometido delitos no son incapacitadas ni sancionadas drásticamente, lo cual debilita el control civil y democrático sobre la Fuerza Pública, la legitimidad del Estado y la confianza en la Policía y las Fuerzas Militares. Por ello, entre otras recomendaciones, se debería fortalecer la jurisdicción penal ordinaria para delitos presuntamente cometidos por los miembros de la Fuerza Pública. También aclarar y delimitar la competencia de la justicia penal militar y policial, y asegurar su independencia. La estabilidad de la democracia requiere fortalecer el control político ejercido por el Legislativo sobre la Fuerza Pública y las autoridades civiles del sector. Es necesario crear incentivos y condiciones adecuadas que impulsen a las Fuerzas a adoptar la decisión de cumplir las reglas establecidas y que estos incentivos sean más fuertes que los orientados a incumplirlas. Esto se logra impulsando la discrecionalidad y la autonomía mediante procesos y herramientas que los inciten a tomar decisiones ajustadas a la ley. Transformación del Ejército El rol del Ejército en el contexto de transición por el que atraviesa Colombia está en parte determinado por el éxito de la institución en ajustar su visión estratégica a las realidades de la sociedad y la violencia armada. A pesar de que cada proceso de transformación es diferente, existen retos comunes que pueden enfrentar todas las instituciones: demoras en las reformas, fatiga del proceso de cambio, conflictos de intereses sobre los objetivos y su implementación, complejidad del proceso o incoherencia, renuencia a la transformación, brechas de capacidades e inconsistencias en los objetivos con respecto al marco legal nacional. Protección de la población Una evaluación de resultados requiere un cambio de estrategia que se focalice en la protección de la población y no en el control territorial , porque ocupar una zona militarmente no implica la reducción de los fenómenos criminales. La persecución de grupos armados solo debe ser parte de una estrategia que permita garantizar la protección de la sociedad. La función de bienestar social debe evaluar, entonces, la cantidad de vidas que se preservan y las mejoras sociales que recibe la comunidad gracias a las actividades de las Fuerzas Militares. Articulación entre civiles y militares Pasar del control militar al control institucional de los territorios no será posible sin una comprensión compartida de las entidades del Estado sobre el vínculo de las condiciones de seguridad con factores sociales, políticos, económicos, institucionales y medioambientales, y un replanteamiento de la forma en que los programas del gobierno llegan a los territorios. Este proceso no surge sin un liderazgo civil que genere condiciones para la articulación y la colaboración entre las instituciones y los demás actores. A diferencia de las intervenciones interagenciales tradicionales en materia de seguridad, la Acción Unificada responde a directrices gubernamentales concretas que establecen la necesidad de trabajar de forma articulada y colaborativa para producir resultados sostenidos, sostenibles e integrales que, a su vez, respondan a los retos de la seguridad multidimensional.

Fuerzas Militares

seguridad

¿Qué están pensando los líderes sociales sobre la seguridad?

El área de Seguridad y Gobernanza de la FIP tiene una red de contactos activa compuesta por 1.164 líderes, urbanos y rurales, distribuidos en 80 municipios y 18 departamentos de Colombia. En promedio, el 60% de quienes han participado en nuestro sondeo Pulso a los líderes, que en este año lleva tres mediciones, están ubicados en zonas rurales. El Pulso monitorea, de manera virtual, la percepción de seguridad, el desempeño institucional y los avances en la implementación del Acuerdo de Paz. Los líderes, en su mayoría, pertenecen a juntas de acción comunal (32%), asociaciones de víctimas (29%) y organizaciones de mujeres (23%). En las tres mediciones de este año han participado 568 líderes de la red.