Análisis

Concepto de la Comisión Asesora de Política Criminal sobre el proyecto de ley de "humanización penitenciaria"

La Comisión Asesora de Política Criminal (CAPC)*, creada por los artículos 19 y 20 del decreto 2055 de 2014, es un organismo consultivo del Estado, en especial del Ministerio de Justicia y del Consejo Superior de Política Criminal, que está integrada por diez académicos de reconocida idoneidad en el tema, nombrados por un período de dos años y quienes actúan en forma independiente. Sus integrantes no son entonces funcionarios del Gobierno y prestan sus servicios sin ninguna remuneración ( ad honorem ). Con su actual composición, la CAPC fue instalada el pasado 13 de enero y ha dedicado sus esfuerzos, en los límites de tiempo de sus integrantes, a analizar el Proyecto de Ley presentado por el Ministerio de Justicia y del Derecho “Por el cual se humaniza la política criminal y penitenciara para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional y se dictan otras disposiciones”(1). Las cinco secciones que componen este documento desarrollan el concepto y las recomendaciones de la CAPC sobre este proyecto de ley, con lo que esperan contribuir al debate legislativo y ciudadano en torno a una iniciativa que amerita ser analizada, discutida y complementada, pues busca responder a la doble crisis, carcelaria y de seguridad, que enfrenta Colombia. Primero presenta la visión general de la Comisión sobre la actual situación de la política criminal y sobre el proyecto de ley (sección I), luego se examinan las reformas propuestas al Código Penal (sección II), al procedimiento penal (sección III) y al régimen penitenciario (sección IV), y se llama la atención sobre algunos vacíos del proyecto (sección V). Los miembros de la CAPC Rodrigo Uprimny Yepes, Presidente, Gloria Patricia Lopera Mesa, Vicepresidenta, Luisa Fernanda Cano Blandón, Mónica Cifuentes Osorio, Daniel Gómez Mazo, Marcela Gutiérrez Quevedo, Miguel Emilio La Rota Uprimny, María Victoria Llorente (Directora Ejecutiva de la FIP), Iván Orozco Abad y Mauricio Pava Lugo. Las cinco tesis Estas son las cinco tesis sobre política criminal y el proyecto del Ministerio que sintetizan el concepto de la CAPC. La primera tesis es empírica. Colombia enfrenta una doble y compleja crisis: de un lado, una crisis de seguridad ya que, a pesar de la mejoría de ciertos indicadores en las últimas décadas, como la tasa de homicidio, los niveles de delincuencia son inaceptables para una sociedad democrática, por lo cual la ciudadanía, con razón, exige medidas eficaces contra la criminalidad, capaces de prevenir la comisión de delitos y de satisfacer los derechos de la víctimas. Y, de otro lado, Colombia enfrenta también una crisis del sistema carcelario, que no sólo no cumple con la función resocializadora de la pena, por lo cual la reincidencia es muy alta, sino que, además, se acompaña de una violación masiva de los derechos de los internos y sus familias, por las deplorables condiciones de las prisiones y los altísimos niveles de hacinamiento. Por ello la Corte Constitucional ha declarado, en reiteradas sentencias, que existe un estado de cosas inconstitucional en nuestro sistema penitenciario que tiene que ser superado. Tal como ha dicho la Corte “la política criminal colombiana ha abandonado la búsqueda del fin resocializador de la pena, lo que a su vez genera mayor criminalidad”. La segunda tesis es de política pública y recae sobre las implicaciones políticas de esta situación empírica. No podemos mantener el statu quo en materia de política criminal ya que esta doble y compleja crisis muestra que la actual política y las actuales estrategias no están funcionando adecuadamente, ni en términos de eficiencia en el logro de la seguridad ciudadana, ni en términos de garantías de los derechos de la población privada de la libertad. Es pues necesaria una reformulación de la política criminal, que debería incluir diversos tipos de medidas más allá de las puramente penales y penitenciarias. La tercera tesis es metodológica. Como lo mostró el informe final de 2012 de la entonces Comisión Asesora de Política Criminal y lo ha resaltado la Corte Constitucional en sus sentencias, en especial en la T-388 de 2013, la política criminal en Colombia ha tendido a ser reactiva, sin basarse en evidencia y condicionada por una dinámica que algunos académicos han calificado de “populismo punitivo”, que consiste en aprovechar políticamente los sentimientos de inseguridad y la indignación ciudadana frente a crímenes atroces para defender, sin evidencia empírica sólida, endurecimientos punitivos. Esta dinámica no ayuda a encontrar soluciones adecuadas a la compleja situación que vivimos, por lo cual la Comisión invita al Congreso y a la ciudadanía en general a discutir en forma razonada, con la mejor evidencia posible y orientados por los principios constitucionales y de derechos humanos, este proyecto del Ministerio de Justicia. Evitemos polarizaciones entre la defensa de la ciudadanía contra el crimen y la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad, o entre eficientismo y garantismo. Esas oposiciones no ayudan puesto que debemos lograr una política criminal que honre ambos principios y valores: que sea eficiente en proteger a la ciudadanía contra el delito y que garantice los derechos de las personas procesadas o privadas de la libertad. Podemos y debemos ser eficientes y garantistas al mismo tiempo. La cuarta tesis define la visión que, según la Comisión, debería tomar la política criminal. Creemos que debemos apostarle a un cambio que supere la crisis carcelaria y garantice los derechos de los internos y que, al mismo tiempo, mejore la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de las víctimas. Consideramos que no debemos seguir el camino que hemos intentado en las últimas décadas, que ha consistido esencialmente en incrementar penas y reducir posibilidades de medidas alternativas al encarcelamiento, lo cual naturalmente ha aumentado la población privada de la libertad, sin claros efectos en el incremento de la seguridad ciudadana o la satisfacción de los derechos de las víctimas. La Comisión Asesora considera que es el momento de repensar lo que hemos hecho hasta ahora y racionalizar el uso de la cárcel, en el entendido de que hemos ido demasiado lejos en el encarcelamiento. Esto puede hacerse sin que las medidas adoptadas afecten los derechos de las víctimas ni la seguridad ciudadana. A tal propósito contribuye el uso de instrumentos alternativos a las penas largas de cárcel, como las medidas de justicia restaurativa, que tienden a satisfacer mejor los derechos de las víctimas. Igualmente, la reducción de penas, el mejoramiento de las condiciones de las cárceles, el fortalecimiento de alternativas a la detención en centros carcelarios (subrogados penales) y el establecimiento de mecanismos para que la reintegración del condenado a la sociedad sea progresiva y no abrupta, facilitarían la resocialización de los internos y reducirían la reincidencia. Adicionalmente, una mayor focalización de los esfuerzos de investigación, judicialización y sanción penal podría mejorar la efectividad de la persecución de delitos graves. Así mismo, una mayor focalización de los esfuerzos de investigación, judicialización y sanción penal aumentaría la efectividad de la persecución de delitos graves. Finalmente, todo esto debería estar acompañado de estrategias de prevención del delito fundadas en la mejor evidencia posible. La quinta tesis que es la posición de la Comisión Asesora frente al proyecto del Ministerio. En términos generales respaldamos la presentación de este proyecto y su orientación y propósitos generales, sin perjuicio de que en nuestras primeras discusiones algunos integrantes hayan expresado dudas sobre algunas de las medidas propuestas o hayan constatado algunas ausencias. En efecto, la Comisión comparte los propósitos del proyecto del Ministerio de Justicia, que busca humanizar el sistema penitenciario y eliminar el hacinamiento, sin necesariamente afectar la seguridad ciudadana ni los derechos de las víctimas. Todo lo contrario: el proyecto busca fortalecer la resocialización, lo cual puede contribuir a reducir la reincidencia y, por esta vía, a mejorar la seguridad. Y le apuesta, con razón, a la justicia restaurativa, cuyos resultados comparados en el mundo son muy prometedores, no sólo para evitar la reincidencia sino para mejorar la convivencia y satisfacer mejor los derechos de las víctimas. Entendemos, no obstante, que este proyecto de ley es solo uno de los componentes de una política criminal que, para enfrentar la doble crisis ya mencionada - de seguridad ciudadana y carcelaria –, ha de estar acompañada de otro tipo de medidas que trascienden el ámbito de la reforma legal en materia penal, procesal y penitenciaria.

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FIP Opina

Plan de Desarrollo y el Pulso a los líderes: una forma de medir los avances en seguridad

Transformar un Estado que tradicionalmente ha actuado como un aparato represor y reconocer a los grupos criminales como los principales responsables de la inseguridad, parecen ser los supuestos detrás de las propuestas de seguridad en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se discute actualmente en el Congreso. No hay duda de que la gestión de las Fuerzas Militares y de Policía bajo el direccionamiento civil ha tenido impactos negativos sobre los ciudadanos , como lo ha señalado la FIP en distintas ocasiones y recientemente en el Monitor regional sobre el uso de la fuerza [1] . Además, recurrir de manera exclusiva al uso de la fuerza no contribuye al fortalecimiento institucional; por el contrario, deteriora la legitimidad de todas las instituciones y el reconocimiento de las organizaciones comunitarias [2] . Igualmente, el reconocimiento de los distintos grupos criminales que operan en el país y sus impactos sobre las condiciones de seguridad es innegable [3] . Sin embargo, es necesario ampliar la comprensión de los fenómenos delictivos y sus dimensiones para superar la visión de que la negociación con los grupos criminales o el simple sometimiento traerá automáticamente la reducción de la violencia y la inseguridad [4] . En la FIP reconocemos que es necesario tener en cuenta estos dos supuestos del PND, pero también que son insuficientes para consolidar una política de seguridad integral que permita mejorar la protección de los derechos de los ciudadanos afectados por las condiciones delictivas. Ahora, si la intención es convertir a Colombia en una potencia mundial de vida, el Plan de Desarrollo carece de elementos que permitan implementar, en el mediano plazo, una política contra los homicidios en el país. Como ha insistido la FIP, esta política debe tener claridad sobre el fenómeno y sus dimensiones, y la necesidad de abordarlo desde una visión amplia que no puede reducirse a la presencia de grupos armados y a la violencia que, en ciertas ocasiones, ejerce el Estado [5] . Comprender el fenómeno delictivo más allá de los grupos criminales Nuestra observación general frente a la propuesta del Plan tiene que ver con la forma como se aborda el fenómeno de la seguridad. Si bien la idea de la seguridad humana es un concepto integral, la manera como se expone deja de lado la actividad delictiva que afecta de manera cotidiana y permanente a los ciudadanos. En este sentido, todo se convierte en seguridad, confundiendo las políticas sociales que se deben hacer por la dignidad y derechos de las personas, y no como mecanismos para prevenir el delito. Las limitaciones del Plan se hacen evidentes con la insignificante meta de reducción de homicidios y la ausencia de medidas orientadas a controlar los otros delitos. No existen elementos que permitan abordar los delitos que afectan a la ciudadanía, como los homicidios, las amenazas, las extorsiones, los hurtos y los delitos contra las libertades sexuales, solo por nombrar algunos. Tal y como lo hemos reiterado desde el 2022, con los planes de gobierno propuestos durante la contienda electoral y el seguimiento de los primeros 100 días de Gobierno [6] , parece que seguimos atrapados en un sistema que reduce los problemas y no se permite entender de manera diferenciada la forma en que estos ocurren, los factores asociados y el impacto en las zonas urbanas y rurales. Las acciones institucionales más allá de la Policía Estar atrapados en un sistema significa que, ante el fenómeno delictivo, se ofrecen transformaciones institucionales. Normalmente estas se concentran en la Policía, lo que es una simplificación de la institucionalidad asociada a la seguridad. El artículo 50 de la propuesta del Plan —que ya salió del articulado en las ponencias y las discusiones en el Congreso— concentraba toda la atención en el traslado de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa a otra dependencia. En este sentido, se dejaban de lado todas las otras instituciones del Estado que deben integrarse al sistema, lo que resulta insuficiente cuando se parte del presupuesto de un Estado represor. Por ello, es necesario no solo transformar a la Policía sino fortalecer las otras entidades civiles del sistema , como las personerías, que garantizan los derechos en los contextos locales; las alcaldías y gobernaciones, que integran a la Fuerza Pública con las políticas de seguridad en los contextos locales y regionales; y las inspecciones de policía, que desarrollan las funciones regulatorias de la vida cotidiana de los municipios, entre otras. Tendría que existir una línea estratégica que apalanque las políticas que serán diseñadas desde el Gobierno Nacional y que luego se articularán con los próximos gobiernos locales. Colombia adolece de estrategias específicas de reducción de delitos y tiene una gran debilidad desde su comprensión hasta la forma en que se evalúan, así como su subsecuente impacto en el mejoramiento de las condiciones de seguridad. Y eso pasa por un entramado institucional complejo que no tiene un correlato en la propuesta de Plan de Desarrollo de Petro. Muy discursivo, pocos medios e indicadores El Plan maneja un discurso estructurado, pero con pocos elementos para desarrollar las políticas de seguridad y defensa que deberían concentrar buena parte de las estrategias y acciones, y articularse con las políticas locales y regionales que se activarán el próximo año. Además, hay pocas señales sobre los medios para mejorar la seguridad, no da claridad sobre los recursos destinados a esta (salvo los gastos recurrentes), y se queda corta en cuanto a los indicadores. Ahora bien, se ha mencionado la participación y los intereses de las comunidades como uno de los elementos fundamentales para las políticas de seguridad. Desde 2019, la FIP ha desarrollado diferentes mecanismos para monitorear la percepción de la ciudadanía y de los lideres en el país. Uno de ellos es el Pulso, un sondeo a líderes sociales en los municipios más afectados por la violencia y con menores condiciones para el desarrollo. Este tipo de mediciones se convierten en insumos claves para que el Gobierno y la sociedad puedan hacerle seguimiento a: Percepción de seguridad. Valoraciones sobre las condiciones de seguridad de los municipios y la frecuencia con que se perciben ciertos hechos de violencia. Políticas de seguridad. Percepción sobre las políticas de seguridad en lo local, a partir de su conocimiento y valoración. Acuerdos con grupos y sometimiento. Percepción sobre los procesos de negociación o sometimiento a la justicia a nivel municipal, valorando su conocimiento y potencial efecto. Relación entre líderes y autoridades. Autopercepción de los líderes frente a su comunidad y a las autoridades con respecto a su liderazgo. La preocupación de los líderes por la seguridad Del Pulso que la FIP realizó en el mes de marzo a 270 líderes en 72 municipios críticos del país (conoce cómo hacemos la medición ), se destaca lo siguiente: El progreso de la seguridad a la baja. El 30% de los encuestados siente que la seguridad se ha deteriorado con respecto al último año (2022 vs. 2021) y el 40% frente a sus propios municipios. Los homicidios, las amenazas y el desplazamiento explican el deterioro. Estos tres delitos no solo preocupan a los líderes. En las encuestas de población realizadas por la FIP (2020 -2022), las personas que declaran ser víctimas directas o indirectas (entre el 5% y 12%), manifiestan haberlo sido por este tipo de delitos, sacando a los hurtos del ranking. Las amenazas a los líderes son el pan diario. Uno de cada cuatro líderes fue amenazado durante el último mes (23% de los encuestados). La respuesta de las autoridades locales a la inseguridad se queda corta . El 27% de los líderes reconoce que las autoridades municipales han realizado reuniones para comunicar políticas, acciones y resultados en seguridad. La negociación con grupos armados no está en el radar. El 7% de los líderes conocen algún tipo de conversación entre las autoridades y grupos armados. El 50% cree que aportan a mejorar la seguridad en sus municipios. La implementación del Acuerdo de Paz sobrevive a paso lento. Para la mayor parte de los líderes, la implementación de iniciativas contenidas en el Acuerdo de Paz con las FARC tiene retrasos o es muy débil en sus municipios.

Jerónimo Castillo

Noticias

Las ideas ganadoras de la Cacaotech para el progreso del Urabá antioqueño

CacaoTech, la primera competencia tipo hackhatón realizada en el Urabá Antioqueño y, hasta la fecha, la única actividad de este tipo enfocada en encontrar soluciones a una problemática del cultivo de cacao, reunió a 35 jóvenes entre los 18 y 28 años de edad de Apartadó, Turbo, Dabeiba y Valdivia en Antioquia y de San Jacinto en Bolívar. La iniciativa, liderada por el GDA Cacao Conecta, buscaba generar un espacio de participación en la que los jóvenes, a partir del uso y apropiación de las TIC’S, aportaran al desarrollo y mejoramiento del sistema productivo del cacao, integrando también procesos sostenibles. Durante dos días, productoras y productores de cacao, estudiantes, lideres y lideresas juveniles y comunitarios, compitieron en el Instituto Uniban en Apartadó por encontrar la solución más innovadora, creativa y aplicable a la pregunta: ¿Cómo podemos aprovechar los residuos de cosecha de un sistema productivo de cacao mediante el uso de las TIC? “Para Cacao Conecta es muy importante incentivar la participación de los jóvenes en los procesos asociados a la agricultura, por eso realizamos está actividad que les permitió articular su proyecto de vida con el desarrollo productivo de sus territorios. Fue una estrategia para mostrarles a los jóvenes otras formas de apropiarse y permanecer en el campo, desarrollando soluciones más eficaces y mejorando procesos productivos a partir de la tecnología”, dijo Jerónimo Castillo, director de Seguridad y Gobernanza de la FIP, uno de los aliados de Cacao Conecta.. A esta actividad se vincularon los programas Jóvenes Resilientes (USAID y ACDI/VOCA) e Hilando Vidas y Esperanza (USAID y OIM), quienes se articularon con Cacao Conecta para brindar a los jóvenes la posibilidad de fortalecer sus habilidades digitales y para la vida, elementos claves para que consoliden sus capacidades e impulsen el desarrollo en sus territorios. La competencia inició el 9 de marzo con la distribución de equipos y pasó por diferentes fases. La primera fue la consolidación de los grupos, etapa en la cual los participantes se conocieron y supieron cuál era el reto. En la segunda etapa los jóvenes compartieron sus ideas y participaron en un taller de metodología dictado por el Centro Regional de Investigación, Innovación y Emprendimiento- CRIIE. La tercera etapa se realizó en Apartadó el 24 y 25 de marzo, donde compitieron y presentaron sus propuestas a los jurados. La propuesta ganadora Yirson Andrés Mendoza (Turbo, Antioquia), Robinson Durango (Dabeiba, Antioquia), María José Meléndez (San Jacinto, Bolívar), Shirlys Paola Murillo y Davinson Salas (Apartadó, Antioquia), fueron los ganadores de la primera edición de la CacaoTech. Su propuesta: construir infraestructura física como sillas, marquesinas, pérgolas, adobes ecológicos, entre otros, mediante el uso de la cascará de cacao, generando procesos amigables con el medio ambiente a través de la trasformación de este residuo. "Para aplicar las TIC’S se implementará un aplicativo que permitirá recopilar información relacionada con la cantidad de residuos orgánicos que genera cada productor en su unidad productiva, lo anterior permite llevar un control de la cantidad de material vegetal disponibles para transformar”, explicó Luis Daniel Correa, coordinador de productividad del GDA Cacao Conecta. Además de la oportunidad de desarrollar la idea ganadora con el equipo de Cacao Conecta, los jóvenes que obtuvieron el primer premio recibieron computadores y una ruta formativa en la que se capacitarán con el Centro Regional de Investigación, Innovación y Emprendimiento de Urabá (CRIIE). El segundo y tercer lugar también podrán capacitarse y recibirán una oferta académica de Microsoft Employability y Habilidades para el Futuro. Organizaciones e instituciones aliadas Diferentes instituciones y organizaciones aportaron con su experiencia y conocimientos a los jóvenes participantes de la CacaoTech. A través de su acompañamiento y asesoría para resolver dudas y enfocar las ideas que los equipos tenían, se lograron resultados aplicables e innovadores. La hackathón contó con la participación de la empresa SIOMA, el acompañamiento del Centro Regional de Investigación, Innovación y Emprendimiento- CRIIE Urabá, y el apoyo de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), en cabeza de Daniel Alberto Vargas Vásquez, jefe de la Unidad Técnica de Apartadó. Cacao Conecta es una alianza global para el desarrollo entre USAID Colombia, la Fundación Ideas para la Paz, la Compañía Nacional de Chocolates y Microsoft Colombia. Se implementa en Apartadó, Turbo y Dabeiba, Antioquia. En este proyecto participan más de 550 personas entre mujeres, jóvenes, cacaocultores, cacaocultoras y líderes comunitarios.

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Infografía

La negociación con grupos armados no está en el radar de los líderes sociales

La FIP continúa con el sondeo mensual a líderes sociales que hacen parte de su red de trabajo en los municipios más afectados por la violencia. Durante marzo consultó a 260 líderes que viven en 72 municipios del país.

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