Las zonas donde los paramilitares hicieron presencia a sangre y fuego y donde ahora lo hacen las bandas criminales, coinciden con los territorios donde se ha enconado el narcotráfico. Y no es fruto del azar. Así lo explica el profesor de la Universidad Externado de Colombia, Camilo Echandía, en la investigación Dimensiones geográficas de las bandas asociadas al narcotráfico: rupturas y continuidades 1981-2012, para quien “el carácter de las acciones, el sentido de las estrategias y la extrema crueldad de los métodos utilizados contra la población civil”, son la evidencia de que el interés principal de los paramilitares iba más allá del argumento contrainsurgente con el que históricamente han justificado su accionar criminal. Según el estudio, esta excusa sirvió para cubrir sus verdaderos intereses. “Se concentran (los paras) en la protección de los cultivos y las tierras adquiridas mediante la presión, así como en el control de rutas y puertos para la exportación de droga, todo lo que hoy en día constituye la razón de ser de las bandas criminales”, explica Echandía.
La investigación de la FIP analiza la presencia territorial de estos grupos en los últimos 30 años (1981 a 2012), así como la ubicación de los cultivos de coca, los asesinatos y las masacres. Al cruzar esta información, se concluye que “existe una línea de continuidad histórica que se expresa en la prevalencia de un patrón geográfico de convergencia entre las organizaciones armadas y el narcotráfico”. Esto, además, significa que la lucha contrainsurgente no fue el objetivo central de los grupos paramilitares –luego desmovilizados–, y por lo tanto, “las bandas del presente tienen continuidad con las organizaciones que han existido en el país en los últimos treinta años en estrecha relación con el narcotráfico”, dice el informe, que estudia tres periodos de evolución de los grupos armados ilegales asociados al narcotráfico.
El primero va desde 1981 a 1993, donde se evidencia el papel protagónico del MAS, un sector del narcotráfico que se vio afectado por los secuestros de la guerrilla. En esa década, el recrudecimiento de la violencia tuvo relación directa con la ruptura de los acuerdos que por mucho tiempo mantuvieron la guerrilla y el narcotráfico en las zonas donde se producía la coca, sobre todo en el suroriente del país. “Mediante el uso de la violencia se llevó a cabo un proceso de contra-reforma agraria que obligó al campesino a vender o abandonar sus tierras. Hacia finales de la década del ochenta los grupos de autodefensa que habían crecido de la mano del narcotráfico, ostentaban un enorme poder ofensivo”, dice el informe.
Entre 1990 y 1991 se dieron las primeras desmovilizaciones de autodefensas, sin embargo, en vez de disminuir su control territorial, este creció. Echandía encontró que entre 1987 y 1992 coinciden los municipios donde las autodefensas hacían presencia con aquellos donde ocurren masacres y asesinatos. Con la muerte de Pablo Escobar, “las organizaciones armadas que habían crecido de la mano del narcotráfico en la década anterior, experimentaron un nuevo impulso gracias a los recursos aportados por otros narcotraficantes que las llevaron a registrar su mayor expansión territorial y niveles de violencia muy elevados”, dice el investigador.
El segundo periodo estudiado por la FIP va de 1994 al 2002. Es aquí donde entran los carteles mexicanos a disputarse la comercialización. “A diferencia del período anterior, en el que el narcotráfico sometía a las autodefensas, en este, cuando la característica es la desaparición de los carteles colombianos, que paulatinamente fueron remplazados por los llamados carteles mexicanos, son las autodefensas las que someten a los narcotraficantes”, explica Echandía. Además, también ayudó a su expansión acelerada, el apoyo de desmovilizados del EPL y de la disidencia de Francisco Caraballo.
Las cifras son contundentes. En 1997 las autodefensas hacían presencia en cerca de 279 municipios y pasaron, en 2002, a 455. Los integrantes también aumentaron: de 3.800 a 12.175, que es el lapso de mayor auge del narcotráfico. Esto se explica por la pérdida territorial que registró la guerrilla, pero también, porque “hay continuidad con el dispositivo de los años ochenta en la estrecha relación que se establece con el narcotráfico”. Es en este periodo donde se hace evidente que el interés de las autodefensas va más allá de la lucha contrainsurgente. De los 531 municipios con presencia de estos grupos (entre 1997 y 2002), sólo en 100 (18%) hay actividad guerrillera realmente amenazante. Es más, en 279 municipios (52%) la amenaza guerrillera es baja, y en los 152 que representan el 30% restante, no hay presencia activa de las guerrillas, concluye el estudio elaborado por Echandía para la FIP.
En los mapas de expansión territorial de las autodefensas durante este periodo, es claro que su oferta de protección no corresponde con la demanda de seguridad, de ahí que se deduzca que su presencia en determinadas zonas obedece principalmente al narcotráfico. “Este hecho se corrobora al descubrir que en el 52% de los escenarios donde la guerrilla representa una elevada amenaza y las autodefensas ejercen influencia, los cultivos de coca están allí presentes”, concluye Echandía. Esto no quiere decir que no se enfrentaran a la guerrilla, pero estos combates se dan, precisamente, en áreas estratégicas para el narcotráfico.
El informe también señala que entre 2000 y 2003 se amplió aún más el domino territorial de la autodefensas, ya que narcotraficantes compraron franquicias para “incrementar el control sobre las regiones donde se concentraba el negocio, y también, para garantizar una silla en el proceso de negociación iniciado a finales de 2002”.
El tercer periodo estudiado por la FIP inicia en 2003 y llega hasta 2012. Aquí se evidencia que luego de la desmovilización de las autodefensas, las Bacrim las relevaron justo en zonas estratégicas para el narcotráfico. “Los jefes de las autodefensas vendieron o cedieron su participación en el negocio del narcotráfico a facciones, pero al carecer de una instancia de regulación, que en el pasado desempeñaban las AUC, se ven abocadas a la confrontación”, explica el informe.
El análisis que hizo Echandía, demuestra que los grupos que se desmovilizaron no ejercían control en los principales polos de producción de coca y, por eso, concluye que las desmovilizaciones “tuvieron un propósito táctico por cuanto no llevaron a la desactivación definitiva de las estructuras armadas”. Esto se evidencia, desde 2005, con la presencia de grupos armados en las mismas zonas en las que hacían presencia las autodefensas, y que están bajo el control de narcotraficantes que son parientes o segundos de jefes desmovilizados.
En 2007 la reducción de los cultivos y la droga para exportar, explica el aumento de las disputas entre bandas por el control del narcotráfico. Algunas de las bandas sellaron alianzas con las guerrillas. Según el informe, al menos seis frentes de las FARC han pactado el manejo conjunto de cultivos de coca, la protección de laboratorios y la utilización de rutas. Aun así, las masacres comprueban la intensidad de las disputas en zonas estratégicas. A esto se suman los golpes de las autoridades. De acuerdo con la Policía, las bandas pasaron de ser 33 en 2006, a 21 en 2007, a 23 en 2008, a 16 en 2009 y a 6, en 2011. Hoy se mantienen activas entre cuatro o cinco organizaciones con 4.170 integrantes que hacen presencia en 231 municipios.
Los Urabeños sería la banda más poderosa. Se han fortalecido y ampliado su presencia territorial a más de 100 municipios. Es tal su poderío, que a comienzos de 2012 promovieron un paro armado que colapsó el comercio y el transporte en varias zonas de Magdalena, Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre y Bolívar. Por su parte, Los Paisas fueron absorbidos por Los Urabeños, que también cerraron una alianza con La Machos. Los Rastrojos, que habían logrado consolidarse como una organización con acceso al Pacífico, al Atlántico y las fronteras con Ecuador y Venezuela, perdieron a sus máximos jefes, lo que aprovecharon Los Urabeños para apoderarse de algunas rutas en el Pacífico. La desmovilización de 272 miembros del ERPAC también trajo disputas por el control de rutas, pero hoy todo indica –según el informe– que serían también Los Urabeños los que buscarían tomar el control.
Aunque en 2012 se han reducido en un 37% el número de integrantes de las bandas, Los Urabeños y Renacer han sido las bandas menos afectadas. La primera aumentó en 1.994 hombres y la segunda, que dependía de Los Rastrojos, adquirió autonomía y actúa en el sur del Chocó. Los Rastrojos, que perdieron más de 400 hombres, hoy tienen 1.656 hombres. De la disidencia del ERPAC permanecen activos 335 y Los Machos pasaron a tener 45 integrantes. Todas se mantienen en escenarios del narcotráfico, según el informe de la FIP.
Según Echandía, lo que sucedió en el pasado con las autodefensas y lo que ocurre en el presente con las bandas criminales, demuestra un interés especial por la comercialización de estupefacientes: están más interesadas en controlar las rutas y los puntos de embarque. Las FARC –en cambio– se interesan por el cultivo y el procesamiento de coca. De ahí que no sorprendan las alianzas actuales.
Hoy, también hay que sumarle al narcotráfico el boom de la minería ilegal. Según los resultados del informe de la FIP, el 54% de la explotación aurífera corresponde a los territorios donde hacen presencia las bandas o que se los disputan en una guerra a sangre y fuego.
La FIP espera que estos hallazgos se conviertan en un aporte fundamental en discusiones como la que se adelanta en el Senado con el proyecto de ley que establecería un marco legal para combatir a las Bacrim.