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La FIP en la COP16: conectando las agendas de biodiversidad, seguridad y sostenibilidad

La FIP participó en la COP16 porque cree en la importancia de conectar personas, agendas e iniciativas. "Hay que conectar la biodiversidad con la seguridad territorial, la construcción de paz, la política de drogas y la sostenibilidad de la mano del sector empresarial", dice nuestra directora, María Victoria Llorente. Para la FIP, conectar significa buscar oportunidades para la acción. Por eso, nuestros mensajes principales en uno de los eventos ambientales más importantes del planeta fueron: Creemos en la importancia de abordar la seguridad territorial como condición para la protección del ambiente. Urge fomentar un diálogo que apunte a fortalecer estrategias transnacionales contra los delitos ambientales. Hay que avanzar en la comprender los impactos negativos de la política de drogas en el ambiente e identificar oportunidades. El sector empresarial es un actor clave para hacer coincidir los esfuerzos de la protección de la diversidad con la agenda de acción climática y desarrollo. Durante la COP16, el equipo de la FIP participó en varios espacios donde presentamos los hallazgos de nuestros análisis para nutrir el diálogo político sobre diversidad desde la investigación. Entre ellos, organizamos un laboratorio de ideas sobre conflicto y 'paz con la naturaleza' en el que participaron miembros de organizaciones de la sociedad civil, entidades ambientales, activistas y ciudadanía. Allí presentamos los aprendizajes de nuestra experiencia en el seguimiento de crímenes ambientales, profundizamos en la normativa institucional disponible y planteamos una serie de retos para la contención de estos delitos. Como resultado del diálogo, llegamos a un acuerdo: la conservación de la biodiversidad es urgente, sobre todo en contextos de conflicto. Para ello, se necesita fortalecer la pedagogía ambiental y la seguridad territorial, en aras de garantizar condiciones para su protección. El impacto de las guerras y los conflictos internos en el medio ambiente En conjunto con la iniciativa Aguanta Ucrania y la alcaldía de Cali, nuestra directora, María Victoria Llorente, moderó una conversación sobre el impacto de las guerras y los conflictos internos de los países en el medio ambiente. Los invitados fueron tres alcaldes de Ucrania cuyas ciudades han sido afectadas de diferentes maneras por la invasión rusa, una alcaldesa de Uganda, país que ha sufrido durante los últimos 20 años una guerra civil y, el alcalde de Cali, que sufre el impacto de la minería ilegal en los Farallones. Este espacio sirvió para hablar de responsabilidad y rendición de cuentas de hechos que afectan al medio ambiente en medio de guerras y contextos de conflicto armado. "La conversación con los alcaldes ucranianos fue una oportunidad inédita para acercarnos, a través de testimonios directos, a los efectos devastadores de la guerra. Cuando hablamos de los efectos ambientales de las guerra, no los tipificamos como delitos, sin embargo, debemos crear conciencia de que, en efecto, son crímenes", añade María Victoria. Reviva el panel Otras participaciones Guerra contra las drogas Ana María Rueda, coordinadora de la línea de política de drogas de la FIP, participó en varios paneles sobre los efectos ambientales del narcotráfico y las políticas de drogas. Ana insistió en que la prohibición fortalece economías ilegales y fomenta la deforestación. También destacó el potencial de la regulación de las drogas para reducir impactos ambientales y la necesidad de reconsiderar el uso de glifosato, debido a sus efectos en la salud y el medio ambiente. "Aunque se conocen algunos daños que el cultivo, la producción y el tráfico de drogas generan al ambiente, estos daños no deben ser el argumento para continuar con actividades tradicionalesde la lucha contra las drogas como la interdicción, la erradicación o la criminalizacion de personas vulnerables", dijo Ana en un panel organizado por el Cancillería colombiana. Acuerdo de Escazú y sector empresarial Juanita De la Hoz, directora de Conducta Empresarial Responsable en FIP, participó en el foro "Acuerdo de Escazú: ¿Marco jurídico regulatorio frente al desplazamiento ambiental?, moderado por la Consejería de Derechos Humanos. Allí destacó que la implementación de Escazú requiere una articulación más amplia que incluya a empresas, organizaciones sociales y autoridades, enfatizando los retos de reparación y acceso a la justicia como claves para un cambio real. "La legislación no puede seguir estando concentrada en las grandes empresas o industrias legales. Hay que entender la informalidad e ilegalidad", dijo Juanita.

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La FIP es reconocida con el Premio al Mérito Empresarial en Responsabilidad Social y Valor Compartido

La FIP fue reconocida en los Premios al Mérito Empresarial entregados por la Universidad Simón Bolívar, en Barranquilla, como ganadores en la categoría "Mérito a la Responsabilidad Social y Valor Compartido". Este premio, respaldado por Macondolab, gremios empresariales y el Estado, exalta a quienes impulsan el tejido empresarial y son un modelo a seguir, en especial para los jóvenes emprendedores. Según los organizadores, "la FIP demuestra un compromiso con la paz estable y duradera en Colombia. Su trabajo en investigación, formación y apoyo a comunidades afectadas por el conflicto armado inspira a superar las secuelas de la violencia y a construir un futuro más próspero." Este premio es un reconocimiento a 25 años de trabajo de la FIP como una organización de la sociedad civil, de origen empresarial, que ha buscado articular al sector empresarial en su propósito de contribuir a la construcción de la paz, incentivando el desarrollo de prácticas empresariales responsables con la sostenibilidad y los derechos humanos. "Agradecemos a la Universidad por incentivar los esfuerzos colaborativos entre el Estado, las empresas, la academia y la sociedad civil. Creemos que la paz y el desarrollo deben incluir al sector empresarial y seguiremos trabajando activamente por aportar a ese propósito", dice Juanita de la Hoz, directora de Conducta Empresarial Responsable de la FIP. Felicitamos también a las demás empresas ganadoras: Constructora Bolívar, Medicarte SAS, Cáscara Tech, Alianza Team, Mediacenter SAS, Gráficas Litoral, Sucroal y Lugo Hermanos, y a los empresarios destacados, Juan Pablo Ospina Villegas (@coremar), Raúl Eduardo García Rodríguez (@prosantamartavital), y Moshe Schmulson (@colcranes).

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FIP Opina

Ideas sobre la contribución de las empresas a la justicia en la transición energética

Las tendencias mundiales Uno de los temas que ocuparon la atención de los inversores de Estados Unidos durante el 2023, fueron los movimientos anti ESG (Environmental, Social y Governance, por sus siglas en inglés). En la gestión empresarial, estas siglas se entienden como el marco para integrar la dimensión ambiental, social y de gobernanza al impacto financiero, que fue hasta hace unos años el indicador por excelencia del éxito empresarial. Bajo las condiciones propias de cada organización y la vista puesta en el largo plazo, las ESG podrían conducir a las organizaciones a encontrar la senda del crecimiento sostenible. Estos movimientos anti ESG —que han tenido eco en el seno del Partido Republicano de ese país— han considerado que incorporar dichos criterios se acompañaba con una tendencia cada vez más hostil al desarrollo empresarial y, en particular, a la continuidad del desarrollo de los combustibles fósiles. Los grandes grupos financieros, que en 2020 reconocían el reto del cambio climático como uno de los desafíos que permitiría una “ remodelación fundamental de las finanzas” y que ponían a la sostenibilidad en el “ centro del enfoque de inversión ”, cambiaron su posición. Y aunque siguen comprometidos con las inversiones asociadas a una economía baja en carbono y administrando grandes capitales destinados a las inversiones de impacto, su abordaje de la sostenibilidad es diferente. En algunos estados —como Florida, Idaho y Kansas— se han emitido leyes o marcos regulatorios que prohíben o limitan las consideraciones ESG. Todo esto sucede mientras, por el contrario, en la Unión Europea los inversores han fortalecido sus acciones para lograr las metas de cero emisiones de gases de efecto inverandero (GEI) y, de manera muy activa, se ha fortalecido el marco que regula la acción y la sostenibilidad empresarial. Durante 2024, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Directiva sobre la “Debida diligencia en materia de sostenibilidad de las empresas”; por su parte, el Parlamento Europeo aprobó el “Reglamento sobre la transparencia e integridad de las actividades de calificación ambiental, social y gobernanza (ASG)”. Allí se reconoce que “ la transición hacía una economía sostenible es fundamental para garantizar la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo de la economía de la Unión y la calidad de vida de sus ciudadanos, así como para mantener el calentamiento global por debajo del umbral de 1,5 grados celsius. La sostenibilidad ha ocupado durante mucho tiempo un lugar central en el proyecto de la Unión y los Tratados de la UE reconocen sus dimensiones social y ambiental” [1] . Las dinámicas nacionales Aunque el contexto internacional tiene cierto nivel de influencia en Colombia, la relación entre sostenibilidad empresarial y transición energética se profundiza en la raíz de nuestros encuentros y desencuentros como Nación. El crecimiento sostenible de las primeras líneas que mueven la economía nacional se ha dado en medio de un proceso de ampliación del ejercicio de los derechos fundamentales y colectivos que inició con la Constitución de 1991. Esta ampliación reveló conflictos tradicionales y luchas del movimiento social frente al desarrollo de estos sectores, su relación con el entorno y el beneficio de su presencia en los territorios, acompañada por el fortalecimiento de personas defensoras de derechos humanos y ambientales así como de la fuerza trabajadora del país. Este proceso también se ha nutrido de la reconfiguración nacional y regional del sector ambiental que, aunque regido a veces por las dinámicas de la política regional, ha crecido en autoridad e importancia, ejerciendo un rol fundamental en el seguimiento y control de la actividad empresarial. El mercado y los inversionistas han dado muestras de querer industrias y empresas más transparentes, con prácticas que incorporen, además, la ética, la gestión del riesgo y el buen gobierno empresarial. Este contexto se encuentra igualmente influido por las dinámicas del conflicto armado y los riesgos en seguridad. Todo lo anterior muestra, primero, que el reto de enfrentar el cambio climático y la transición a una economía baja en carbono está integralmente relacionado con la gestión empresarial y que, a pesar de que el foco de atención se encuentra en el sector minero-energético, los sectores industriales, de transporte, agrícola y financiero empiezan a cobrar mayor relevancia. Y, segundo, que el crecimiento sostenible en la órbita empresarial está íntegramente relacionado con los retos de la sociedad. Atrás han quedado las nociones que suponían que la contribución de los empresarios a la sociedad se hacía por filantropía, liberalidad o responsabilidad empresarial. Desde 2015, con el Acuerdo de París, las empresas han intensificado las acciones para combatir el cambio climático y avanzan en establecer objetivos de reducción de GEI, gobernanza climática y divulgación de sus estrategias de descarbonización. Según Climate Action 100+ [2] , el 77% de las empresas están comprometidas con lograr cero emisiones netas; el 93% cuenta con una junta directiva que supervisa los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático; y el 59% divulga las acciones de descarbonización que están tomando para alcanzar sus objetivos de reducción de GEI. Sin embargo, solo el 3% de ellas han desarrollado planes de transición justa consultando a sus grupos de interés e incluyendo a titulares de derechos, y apenas el 5% de las juntas directivas tienen las capacidades o competencias para evaluar y gestionar los riesgos en DDHH y las oportunidades relacionadas con el clima. Por ello, quisiera plantear algunas ideas de cómo puede contribuir el sector minero-energético a la transición justa, fortaleciendo la dimensión social de sus acciones climáticas y sus estrategias de sostenibilidad, y tomando en cuenta el contexto y la realidad de nuestro país. Promover el relacionamiento, el diálogo social y la participación Fortalecer el diálogo y la inclusión de los grupos de interés y titulares de derechos potencialmente impactados por la acción empresarial y las iniciativas de acción climática, aportará a consolidar relaciones y construir confianza. El modelo de relacionamiento del sector —que durante años se desarrolló de manera transaccional y reactiva ante los conflictos— ha ido migrando hacia relaciones de confianza que, de manera planificada, contribuyan a desarrollar acciones empresariales con mayor impacto y apropiación territorial. Algunas empresas del sector de hidrocarburos, además de desarrollar un diálogo amplio con sus grupos de interés que se da no solo cuando se presenta un conflicto, han entendido que el relacionamiento debe ser una acción planificada. De manera particular han abordado el relacionamiento con personas defensoras de derechos humanos mediante el desarrollo de protocolos de debida diligencia y relacionamiento seguro, de tal manera que la acción empresarial no ponga en riesgo al líder que entra en un diálogo con la empresa y, al mismo tiempo, la compañía planee y prevea sus acciones y conducta en ese contexto. Estas acciones se adoptan porque una empresa comprende el contexto más allá de sus obligaciones y es especialmente sensible en un momento en el que crecen las amenazas y muertes de líderes sociales en el país. Es válido recordar el dicho popular de “la caridad empieza por casa”, como una forma de indicar que, antes de ver las necesidades lejanas, es moralmente responsable fijarse en las necesidades y oportunidades de los más allegados. Y aunque esto está lejos de ser un asunto de caridad, el diálogo social debería ser promovido desde adentro de las organizaciones, donde también hay grupos interesados en las acciones climáticas y de sostenibilidad. En estos contextos se deberán encontrar soluciones y atender las diferencias, entre ellas las asociadas a los procesos de transición de la fuerza laboral. El estudio “ Cooperación en el lugar de trabajo, encontrando soluciones en el contexto colombiano ” [3] , desarrollado por la Fundación Ideas para la Paz y el Swedish Workplace Programme, ha destacado que el diálogo social en el lugar de trabajo, más allá de las negociaciones colectivas, “ fomenta un entorno (…) para abordar desafíos laborales y sociales de manera más equitativa y sostenible promoviendo las ganancias para las personas y las empresas ”. Profundizar en los beneficios de una conducta empresarial responsable Una conducta empresarial responsable significa que las empresas —con independencia de su tamaño, régimen jurídico, estructura accionaria y de propiedad o sector— evitan y se ocupan de las consecuencias negativas de sus operaciones, al tiempo que contribuyen al desarrollo sostenible de los países en donde operan. El mecanismo por excelencia para poner en marcha la conducta empresarial responsable es la debida diligencia en la gestión de los riesgos empresariales. En este contexto, a pesar de que las acciones climáticas empresariales y de sostenibilidad están bien intencionadas y son operativa y técnicamente viables, también pueden generar impactos adversos sobre los trabajadores y en las comunidades más vulnerables, materializando una “acción con daño”. Aunque existen estándares y referentes normativos que orientan el actuar empresarial en esta dimensión, resulta de suma importancia que la acción individual se nutra del intercambio y participación con actores diversos de la sociedad. Ejemplo de ello es la iniciativa multiactor “Guías Colombia”, que, bajo la participación de miembros empresariales, institucionales y de la sociedad civil, ha elaborado instrumentos prácticos que materializan el propósito de una acción respetuosa de los derechos humanos. Los principios que menciono, que pueden orientar la debida diligencia en la acción climática empresarial, se encuentran contenidos en la “Guía de Cambio Climático y Transición Justa” [4] , recientemente publicada. La responsabilidad con la cadena de valor Los marcos normativos internacionales han dado orientaciones claras sobre la importancia de que, además de asegurar su propia acción empresarial, las empresas actúen de manera responsable con su cadena de valor y se interesen por las condiciones en que sus proveedores, contratistas y aliados obran en contextos asociados al riesgo operativo en la orbita ambiental y social. Si bien el país tiene un tejido empresarial compuesto por grandes empresas —que prioritariamente han incorporado estrategias de sostenibilidad y avanzan en la acción climática— las Mipymes representan más del 90% del sector productivo nacional, generan el 35% del PIB y el 80% del empleo. Esta responsabilidad con la cadena de valor puede materializarse mediante la transferencia de capacidades, el acompañamiento en la implementación de conductas sostenibles, la promoción del desarrollo de iniciativas de economía verde o la inclusión de empresas locales en el desarrollo de iniciativas de acción climática. Todo ello podría redundar en la diversificación de las economías locales. Inversiones sociales y ambientales alineadas con la justicia en la transición Uno de los retos de las organizaciones al implementar la práctica de hacer inversiones que materialicen su contribución al desarrollo, es poder alinearse con los propósitos, capacidades y ciclos empresariales. Hacia afuera, existe un entorno en el que crecen las brechas socioeconómicas y se ha convocado indistintamente y sin señales de política claras al empresariado para contribuir a causas mayores como construir paz o la diversificación económica. Esto dificulta la tarea de focalizar el impacto de inversiones sostenibles y de unir esfuerzos entre empresas, así como el retorno a la actividad empresarial. Un esfuerzo por alinear las iniciativas de inversión social y ambiental con las acciones climáticas —que estén potenciadas por la innovación social y la tecnología, el involucramiento de actores locales y que, a su vez, contribuyan a propósitos amplios de desarrollo territorial— debería estar en la agenda de inversiones empresariales. Ejemplo de ello ha sido el impulso empresarial y de este sector al mecanismo de Obras por Impuestos. Este puede potenciarse al desarrollar obras en las zonas mas afectadas por el conflicto y la pobreza, incorporando en su marco normativo iniciativas de acceso a energía renovable, pago por servicios ambientales, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo y bienes públicos rurales, entre otras opciones. El valor del capital humano del sector minero energético El Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía es reconocido como el evento más tradicional de estos sectores, al desarrollar a lo largo de 22 años una agenda técnica, académica y comercial amplia y con participación diversa. Lo que está en el centro de este evento —y por supuesto en el corazón de ACIPET, gremio que reúne a los profesionales del sector— es su gente. Un capital de profesionales que ha acompañado el desarrollo del sector y que, de la mano del conocimiento técnico, la innovación permanente, las buenas prácticas de la industria del petróleo y la adaptabilidad requerida en Colombia, han crecido con el país. Sin duda el país también ha crecido de la mano, a veces desconocida y poco reconocida, de su conocimiento. Las labores de voluntariado que permitan transferir conocimiento técnico o experiencia empresarial dirigida a los grupos de interés, las alianzas con la academia para consolidar las lecciones aprendidas del sector y compartirlas en ejercicios intersectoriales, y la tarea pendiente de promover capacidades para estructurar proyectos que podrían ponerse a disposición de las autoridades locales, se encuentran dentro de las opciones para que las empresas, gremios y profesionales del sector puedan seguir contribuyendo a hacer más justa la transición y, tal vez, conseguir que los relatos que se construyen en torno al sector empresarial se superen con la fuerza de las conexiones humanas, el empuje de su gente y la búsqueda de iniciativas que nos unan como colombianos. Estas pueden ser algunas de las formas de asegurar “ que nadie se quede atrás ” en la transición energética. [1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0347_ES.html#title2 [2] Climate Action 100+ es la mayor iniciativa de grupos de inversión y grandes empresas para la reducción de emisiones y la lucha contra el calentamiento global About Climate Action 100+ | Climate Action 100+ [3] Fundación Ideas para la Paz y el Swedish Workplace Program, 2024. https://storage.ideaspaz.org/documents/swp_informeestrategico_web (1).pdf [4] https://storage.ideaspaz.org/documents/fip_gc_debidadiligenciacambioclimatico.pdf

Juanita De la Hoz H.

Análisis

Las empresas ya cuentan con una Guía Colombia dedicada a la transición energética justa

Más de 90 organizaciones entre empresas, gremios empresariales, organizaciones de la sociedad civil, entidades del Estado, embajadas y otros organismos internacionales se sumaron al compromiso multiactor frente al cambio climático y la transición justa. Lo hicieron durante el lanzamiento de la nueva Guía Colombia sobre “Debida diligencia en el ámbito del cambio climático y la transición justa”, realizada por la FIP y más de 30 organizaciones empresariales y de la sociedad civil, entidades del Estado y organismos internacionales, miembros de la iniciativa multiactor Guías Colombia ( conozca más de la iniciativa ). La Guía contiene orientaciones prácticas y operativas a través de las cuales las empresas pueden actuar para identificar, evitar, mitigar y reparar los impactos adversos que causen o contribuyan a causar sobre los derechos humanos en sus iniciativas de acción climática. Estas orientaciones no solo impactarán su reputación y su gestión social, sino que además marcan el camino para asegurar su resiliencia, su competitividad y su sostenibilidad a largo plazo. “La Guía demuestra que las empresas pueden hacer frente al cambio climático, responder a las expectativas de sus grupos de interés, ser sostenibles y al mismo tiempo ser coherentes con su responsabilidad de respetar los derechos humanos y adoptar una conducta empresarial responsable en su acción climática”, dijo María Victoria Llorente, Directora Ejecutiva de la FIP . Esa coherencia es posible llevando a cabo una debida diligencia en derechos humanos, como se establece en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (PRNU) y en las Directrices de la OCDE, así como en sus guías sectoriales de debida diligencia. Hoy, a nivel global, el 77% de las empresas están comprometidas a lograr cero emisiones netas de carbono, pero solo el 3% han desarrollado planes de transición justa consultando a sus grupos de interés, y solo el 5% de las juntas directivas de las empresas tiene competencias para evaluar y gestionar los riesgos en DDHH y las oportunidades estratégicas relacionadas con la mitigación de un problema compartido por todos: el cambio climático. Las responsabilidades y posibilidades del sector empresarial De acuerdo con la nueva Guía Colombia, en el contexto del cambio climático, la debida diligencia significa que las empresas tienen, por lo menos, cuatro grandes responsabilidades: Abordar los impactos reales y potenciales sobre los derechos humanos relacionados con sus medidas de transición, mitigación y adaptación al cambio climático. Promover la realización , cumplimiento y disfrute de los derechos en el camino a una economía baja en carbono. Fomentar el diálogo social y la participación significativa de los titulares de derecho potencialmente impactados por la acción climática de las empresas. Prestar especial atención a grupos poblacionales históricamente vulnerados y excluidos. Christine Backstrom, CEO del Consejo Internacional de la Industria Sueca, destacó la experiencia de las empresas en Suecia y la importancia de las alianzas y el trabajo multiactor para hacer frente a los desafíos del cambio climático. Mencionó que “la transición justa necesita liderazgo y acá, donde estamos, están los líderes”, dijo refiriéndose a las cerca de 90 organizaciones que se sumaron al compromiso por una transición justa. La nueva Guía Colombia recibió el apoyo de expertos en transición justa y cuenta con el respaldo de la OCDE, la Unión Europea y el proyecto CERALC, ya que está alineada con los principios de Conducta Empresarial Responsable (CER) y la transición ante el cambio climático, como lo establecen los estándares internacionales en la materia, incluyendo las nuevas líneas Directrices de la OCDE. Al respecto, el Jefe Adjunto de la Unión Europea, Joerg Schreiber , destacó el rol que cada actor tiene en la transición justa. “Todos somos agentes de la transición justa y las empresas tienen una responsabilidad fundamental. Ellas tienen que respetar los derechos humanos en todas sus operaciones”, señaló. Diálogo y participación Para la FIP, integrar los derechos humanos en las estrategias corporativas de cambio climático requerirá del diálogo y la participación significativa entre las empresas, el Estado, los trabajadores y las comunidades. Un diálogo que se centre en los impactos adversos sobre las personas y en las oportunidades para superar el cambio climático, entendiéndolo no solo como una amenaza sobre los modelos de negocio, sino como el camino para conseguir una mayor competitividad y ser sostenibles a largo plazo. Solo así se garantizará que la transición sea justa, se tengan en cuenta los intereses de las empresas y se respeten y promuevan los derechos de todas las personas. A propósito de este tema, la directora de la Redprodepaz, Patricia Alba, destacó su apuesta para que "el Gobierno y las empresas entiendan a las pobladoras y pobladores no como beneficiarios, sino como socios de los proyectos”. En la misma línea, Claudia Naranjo, directora de Generación y Protección del Empleo del Ministerio del Trabajo , resaltó que esa cartera ha insistido en la importancia de que las empresas vinculen a sus trabajadores en todas las decisiones sobre agendas de transición a empleos verdes y azules. "Por eso estamos convocando a un diálogo social multiactor que incluya a la academia y a organizaciones sociales y sindicales con representatividad en los territorios, para construir agendas de transición justa que atiendan las necesidades de la gente", dijo. El diálogo social es también uno de los hitos para la transición justa que resaltó Carlos Barragán, el Vicepresidente de asuntos corporativos para América Latina de Nestlé , empresa que trabaja en promover el sindicalismo en su fuerza laboral. La nueva Guía Colombia da los elementos para transitar de manera justa y al mismo tiempo impulsar la agenda de paz en el país, promoviendo entornos de estabilidad social, sostenibilidad y resiliencia para las empresas, de colaboración con el Estado y relaciones de confianza con los trabajadores y las comunidades.

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