Conducta Empresarial Responsable

En la FIP reconocemos al sector empresarial como un actor central para la construcción de paz.

Generamos conocimiento, metodologías y estrategias que permitan fortalecer modelos empresariales atentos a los desafíos sociales, ambientales y económicos. Esto significa promover una operación respetuosa de los derechos humanos y la conducta empresarial responsable, para ampliar los aportes al desarrollo sostenible y evitar efectos adversos sobre las personas y el entorno de operación.

Impulsamos la corresponsabilidad del Estado y las empresas en la promoción y adopción de los más altos estándares internacionales en esta materia.

Trabajamos por capitalizar el potencial transformador de las empresas en los territorios.

Promoción y formación en ámbitos de la Conducta Empresarial Responsable
Derechos Humanos, anticorrupción, trabajo decente, género, transición justa

Promoción de la acción colectiva
Articulación multiactor, diálogo para el desarrollo sostenible

Acompañamiento al desarrollo de políticas públicas
Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos

En el Cesar, el sector agro le apunta a un desarrollo inclusivo y sostenible

Guías Colombia impulsó un diálogo con los sectores agropecuario y agroindustrial en el departamento del Cesar, para compartir aprendizajes, desafíos y oportunidades de implementar una transición climática que respete los derechos humanos, mitigue los impactos adversos y fomente el desarrollo inclusivo. El diálogo, que se llevó a cabo en junio de 2024 en Valledupar, contó con la participación de más de 50 representantes de empresas, organizaciones de la sociedad civil, entidades estatales y líderes comunitarios. Transición justa: camino hacia la sostenibilidad En el Cesar, la conversación en materia de transición justa ha estado centrada en el sector minero-energético. Este departamento ha dependido históricamente de la minería de carbón y hoy enfrenta la necesidad urgente de diversificar su economía. En el encuentro liderado por la FIP se destacó la importancia de integrar la debida diligencia en derechos humanos en las cadenas de valor de los sectores agropecuario y agroindustrial. Este enfoque busca asegurar que las acciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad no vulneren los derechos de las comunidades ni los de los trabajadores. La FIP subrayó la necesidad de fortalecer la participación ciudadana, fomentar el diálogo social representativo y construir alianzas multiactor como pilares fundamentales de la transición justa. Priorizar la formalización y la asociatividad El diálogo territorial permitió llegar al consenso sobre la necesidad de priorizar la formalización laboral y la asociatividad de pequeños productores, elementos claves para mejorar la sostenibilidad de las cadenas productivas. Además, se promovió el fortalecimiento de capacidades técnicas y el acceso a recursos tecnológicos que permitan reducir el impacto ambiental del sector agropecuario y agroindustrial. También se resaltó la urgencia de generar mecanismos efectivos de cooperación entre empresas, Estado y sociedad civil para garantizar que los beneficios de la transición climática lleguen a las comunidades más vulnerable s. Esto incluye fomentar una participación inclusiva en la planificación de acciones y estrategias que respeten los derechos humanos y promuevan el desarrollo territorial sostenible. Con estos espacios, Guías Colombia reafirma su compromiso con la creación de modelos empresariales responsables que integren principios de sostenibilidad y derechos humanos. Este esfuerzo en el Cesar es un ejemplo de cómo los sectores agropecuario y agroindustrial pueden liderar la transformación hacia economías bajas en carbono, respetando los derechos fundamentales de las comunidades locales y fortaleciendo la cohesión social.

Debida diligencia

Derechos Humanos

Guías Colombia

Gestión responsable de DDHH en la cadena de suministro: el caso de Casanare

La creciente regulación internacional sobre debida diligencia empresarial —como la Directiva sobre Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea— les exige a las empresas abordar los riesgos de vulneraciones de DDHH a lo largo de sus cadenas de suministro. En Colombia, donde sectores como el de hidrocarburos enfrentan una alta exposición a conflictos socioambientales, estos estándares son clave para garantizar la sostenibilidad y competitividad en mercados globales. "Las exigencias sobre la debida diligencia en derechos humanos también van acompañadas de una creciente demanda de transparencia y responsabilidad en materia social y ambiental por parte de los inversionistas", señala María Alejandra Castillo, coordinadora de Guías Colombia en la FIP. Por ello, Guías Colombia desarrolló en Casanare el programa “ Empresas comprometidas con los derechos humanos ”, con el objetivo de fortalecer la implementación de prácticas de debida diligencia en derechos humanos entre las empresas proveedoras del sector hidrocarburos. Formación integral “ Empresas comprometidas con los derechos humanos” se concibió como un ciclo integral de formación y acompañamiento, que otorga herramientas y estrategias concretas para gestionar los derechos humanos a más de 50 empresas proveedoras de las cadenas de suministro del sector hidrocarburos en Casanare. El programa, que se implementó entre abril y agosto del 2024, buscó sensibilizar en asuntos de empresas y derechos humanos, generar conciencia sobre las debilidades y fortalezas en esta materia dentro de las operaciones empresariales, que se elaboren políticas internas que definan compromisos claros frente a los derechos humanos, y que se construyan matrices de riesgos que identifiquen y prioricen posibles impactos sobre grupos de interés vulnerables. El programa también le apuntó a fortalecer capacidades en los proveedores para que puedan diseñar e implementar planes de acción concretos que aborden riesgos y promuevan una gestión empresarial responsable. Todo esto se llevó a cabo con el apoyo de actores estratégicos como la Defensoría del Pueblo, la Cámara de Comercio de Casanare y cinco empresas ancla del sector hidrocarburos integrantes de Guías Colombia: Parex Resources, Hocol, GeoPark, Ecopetrol y Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos. Colaborar para una gestión responsable El programa logró que las empresas participantes desarrollaran y formalizaran sus políticas de derechos humanos, alineándose con estándares internacionales y comprometiéndose explícitamente a respetarlos y promoverlos en sus operaciones. También se avanzó en la identificación de grupos de interés relevantes, considerando sus características y necesidades , lo que permitió priorizar la atención a comunidades vulnerables y trabajadores. A través de ejercicios prácticos y tutorías personalizadas, las empresas diseñaron matrices de riesgos e impactos que integran los principios de debida diligencia, reconociendo tanto riesgos actuales como potenciales. Finalmente, con base en estos diagnósticos, se diseñaron planes de acción enfocados en prevenir, mitigar y remediar impactos negativos, fortaleciendo la sostenibilidad de las operaciones y promoviendo relaciones más equilibradas y justas con los actores locales. Este esfuerzo no solo posiciona a las empresas de Casanare como referentes de gestión responsable, sino que demuestra cómo la colaboración entre sector privado, sociedad civil y entidades públicas puede transformar las cadenas de suministro en herramientas de desarrollo sostenible y respeto por los derechos humanos.

Derechos Humanos

Guías Colombia

Debida diligencia

Casanare

Conducta Empresarial Responsable

Guías Colombia presenta su informe de gestión 2024

Desde su inicio, en 2006, Guías Colombia ha sido liderada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en calidad de Secretaría Técnica, y ha contado con otros órganos de gobernanza que le han permitido funcionar de manera adecuada. Guías Colombia presenta su primer informe de gestión con el propósito de visibilizar los avances en la gestión de las empresas miembro de la iniciativa, rendir cuentas, fortalecer la transparencia y demostrar cómo se alcanzaron los objetivos en 2024. Este documento resume los principales logros y aprendizajes del año, reafirmando el compromiso de la iniciativa con la promoción de conductas empresariales responsables que respeten los DDHH en Colombia. Un modelo de trabajo multiactor Como iniciativa multiactor y multisectorial, Guías Colombia ha trabajado desde 2006 con empresas de diversas características (tamaños, actividades económicas), organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y entidades del Estado para construir lineamientos prácticos que orienten la debida diligencia en derechos humanos en el ámbito empresarial, implementando los más altos estándares en derechos humanos y empresas. En 2024, su enfoque incluyó temas críticos como el cambio climático, la transición justa y el fortalecimiento de las cadenas de suministro responsables, donde cada vez hay más desafíos que obligan a repensar y crear nuevas alternativas que respeten los derechos humanos en la gestión empresarial. Durante este año se adhirieron a Guías Colombia cuatro organizaciones. Como miembros permanentes, el Consejo Colombiano de Seguridad se sumó al pilar de organizaciones sociales, y la Fundación Amanecer al pilar empresarial. Como aspirantes, Frontera Energy y Minerales Santa Ana, ambos en el pilar empresarial. Logros destacados Durante 2024, Guías Colombia consolidó importantes avances que fortalecieron la gestión empresarial respetuosa de los derechos humanos. En el marco de su enfoque temático, se lanzó la Guía de Debida Diligencia en Derechos Humanos en el ámbito del cambio climático y la transición justa , que ofrece orientaciones prácticas para que las empresas identifiquen, mitiguen y reparen los impactos adversos de sus acciones climáticas. De manera paralela se avanzó en la actualización de la Guía sobre cadenas de suministro responsables, adaptándola a los estándares internacionales más recientes, como el Reglamento Europeo sobre cadenas libres de deforestación. En el ámbito territorial, se desarrollaron proyectos claves. En Casanare, más de 50 empresas participaron en el programa “ Empresas comprometidas con los derechos humanos ”, donde se fortalecieron las capacidades de proveedores locales para gestionar riesgos e impactos. En el Cesar, se realizó un diálogo territorial sobre transición justa en sectores agropecuarios y agroindustriales que reunió a diversos actores para generar aprendizajes colectivos, diseñar estrategias de desarrollo sostenible y fomentar alianzas multiactor. Además, las empresas miembro de la iniciativa implementaron el Autodiagnóstico en Derechos Humanos, una herramienta que permite identificar brechas en sus procesos y guiar acciones de mejora continua hacia una sostenibilidad operativa alineada con los Principios Rectores en Derechos Humanos y Empresas. El informe resalta el impacto positivo del poder de las alianzas en el desarrollo de acciones para promocionar prácticas empresariales respetuosas de los derechos humanos, donde no se deje a nadie atrás.

Guías Colombia

Derechos Humanos

Debida diligencia

La FIP en la COP16: conectando las agendas de biodiversidad, seguridad y sostenibilidad

La FIP participó en la COP16 porque cree en la importancia de conectar personas, agendas e iniciativas. "Hay que conectar la biodiversidad con la seguridad territorial, la construcción de paz, la política de drogas y la sostenibilidad de la mano del sector empresarial", dice nuestra directora, María Victoria Llorente. Para la FIP, conectar significa buscar oportunidades para la acción. Por eso, nuestros mensajes principales en uno de los eventos ambientales más importantes del planeta fueron: Creemos en la importancia de abordar la seguridad territorial como condición para la protección del ambiente. Urge fomentar un diálogo que apunte a fortalecer estrategias transnacionales contra los delitos ambientales. Hay que avanzar en la comprender los impactos negativos de la política de drogas en el ambiente e identificar oportunidades. El sector empresarial es un actor clave para hacer coincidir los esfuerzos de la protección de la diversidad con la agenda de acción climática y desarrollo. Durante la COP16, el equipo de la FIP participó en varios espacios donde presentamos los hallazgos de nuestros análisis para nutrir el diálogo político sobre diversidad desde la investigación. Entre ellos, organizamos un laboratorio de ideas sobre conflicto y 'paz con la naturaleza' en el que participaron miembros de organizaciones de la sociedad civil, entidades ambientales, activistas y ciudadanía. Allí presentamos los aprendizajes de nuestra experiencia en el seguimiento de crímenes ambientales, profundizamos en la normativa institucional disponible y planteamos una serie de retos para la contención de estos delitos. Como resultado del diálogo, llegamos a un acuerdo: la conservación de la biodiversidad es urgente, sobre todo en contextos de conflicto. Para ello, se necesita fortalecer la pedagogía ambiental y la seguridad territorial, en aras de garantizar condiciones para su protección. El impacto de las guerras y los conflictos internos en el medio ambiente En conjunto con la iniciativa Aguanta Ucrania y la alcaldía de Cali, nuestra directora, María Victoria Llorente, moderó una conversación sobre el impacto de las guerras y los conflictos internos de los países en el medio ambiente. Los invitados fueron tres alcaldes de Ucrania cuyas ciudades han sido afectadas de diferentes maneras por la invasión rusa, una alcaldesa de Uganda, país que ha sufrido durante los últimos 20 años una guerra civil y, el alcalde de Cali, que sufre el impacto de la minería ilegal en los Farallones. Este espacio sirvió para hablar de responsabilidad y rendición de cuentas de hechos que afectan al medio ambiente en medio de guerras y contextos de conflicto armado. "La conversación con los alcaldes ucranianos fue una oportunidad inédita para acercarnos, a través de testimonios directos, a los efectos devastadores de la guerra. Cuando hablamos de los efectos ambientales de las guerra, no los tipificamos como delitos, sin embargo, debemos crear conciencia de que, en efecto, son crímenes", añade María Victoria. Reviva el panel Otras participaciones Guerra contra las drogas Ana María Rueda, coordinadora de la línea de política de drogas de la FIP, participó en varios paneles sobre los efectos ambientales del narcotráfico y las políticas de drogas. Ana insistió en que la prohibición fortalece economías ilegales y fomenta la deforestación. También destacó el potencial de la regulación de las drogas para reducir impactos ambientales y la necesidad de reconsiderar el uso de glifosato, debido a sus efectos en la salud y el medio ambiente. "Aunque se conocen algunos daños que el cultivo, la producción y el tráfico de drogas generan al ambiente, estos daños no deben ser el argumento para continuar con actividades tradicionalesde la lucha contra las drogas como la interdicción, la erradicación o la criminalizacion de personas vulnerables", dijo Ana en un panel organizado por el Cancillería colombiana. Acuerdo de Escazú y sector empresarial Juanita De la Hoz, directora de Conducta Empresarial Responsable en FIP, participó en el foro "Acuerdo de Escazú: ¿Marco jurídico regulatorio frente al desplazamiento ambiental?, moderado por la Consejería de Derechos Humanos. Allí destacó que la implementación de Escazú requiere una articulación más amplia que incluya a empresas, organizaciones sociales y autoridades, enfatizando los retos de reparación y acceso a la justicia como claves para un cambio real. "La legislación no puede seguir estando concentrada en las grandes empresas o industrias legales. Hay que entender la informalidad e ilegalidad", dijo Juanita.