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Jóvenes migrantes en Colombia. 12 barreras para la inclusión

Estudiar, trabajar y ejercer ciudadanía son desafíos importantes para la juventud en América Latina, pero para los jóvenes migrantes, estos retos se intensifican al enfrentarse a entornos de seguridad complejos. Muchos transitan en condiciones de vulnerabilidad, con recursos limitados y sin redes de apoyo que faciliten su integración.

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El Darién no está cerrado: la realidad del retorno de migrantes

El flujo de migrantes que cruza la selva del Darién cayó un 96 % en el último año. Aunque podría parecer una señal de estabilidad en las condiciones que antes expulsaban a cientos de miles de personas, en realidad refleja cómo la securitización de las políticas migratorias en la región está bloqueando el paso de migrantes y personas con necesidad de protección internacional. Hoy, quienes aun se arriesgan a continuar su camino se exponen a mayores violaciones a sus derechos y a la creciente arbitrariedad de gobiernos hostiles con quienes cruzan sus territorios. El presidente de Panamá, Raúl Mulino, anunció hace poco que, tras la drástica disminución del flujo migratorio, iniciaría el cierre progresivo de las instalaciones de asistencia humanitaria en la frontera, comenzando por las de Bajo Chiquito y Canaán Membrillo, dos de los principales centros de atención para migrantes operados por la cooperación internacional. Satisfecho, declaró que había "cerrado el Darién". Sin embargo, la realidad es otra. Entre enero y febrero de este año, Migración Colombia reportó 2.705 detecciones de migrantes en tránsito en los municipios de Turbo y Necoclí, rumbo al Darién. Es una caída abrupta comparada con las casi 61.000 detecciones en el mismo periodo de 2024, pero el número sigue siendo significativo. Las personas continúan arriesgándose a cruzar la selva, poniendo en peligro sus vidas, mientras ven vulnerados sus derechos humanos en cada paso del camino. Para agravar la situación, las políticas restrictivas de Estados Unidos han dado lugar a un fenómeno conocido como “flujo inverso”: cientos de personas regresando hacia el sur del continente. El propio Mulino lo reconoció al afirmar: “viene el otro flujo, el que viene del norte (…)”. Este retorno ocurre en un contexto aún más adverso marcado por el desmantelamiento de programas de asistencia humanitaria y un enfoque restrictivo hacia la protección de derechos de las personas en tránsito. Las autoridades panameñas estiman que hay cerca de 3.100 personas represadas en la frontera norte de Panamá con Costa Rica, esperando poder cruzar a Panamá. La mayoría son venezolanos, pero también hay migrantes de origen africano y asiático. Esta detención ha sido duramente criticada por las arbitrariedades cometidas, desde criminalizar a las personas en tránsito hasta la falta de protocolos para garantizar un retorno seguro. Se ha denunciado que los migrantes deben pagar hasta 300 dólares para que los transporten de vuelta a Colombia en lanchas con sobrecupo. Además, la Defensoría del Pueblo advirtió que el gobierno panameño está utilizando embarcaciones de carga para deportarlos a Necoclí en condiciones que ponen en riesgo su seguridad. Entre enero y febrero de 2025, Migración Colombia reportó la entrada de 1.599 personas provenientes de Panamá a territorio colombiano, es decir, en sentido contrario a lo que veníamos acostumbrados en años pasados , entre ellas 298 niños, niñas y adolescentes. Estos migrantes optaron por regresar tras permanecer entre uno y tres meses en México, a la espera de una respuesta de las autoridades estadounidenses para entrar de manera regular a ese país. Nuevos desafíos para la región Las redes de tráfico de migrantes, que están viendo golpeadas sus finanzas tras la disminución del flujo hacia el norte, ya están empezando a diversificar su negocio para facilitar el contraflujo de personas hacia el sur del continente. Ahora, la mayoría cruza en lancha en vez de hacerlo por la selva, pero eso no significa que sea más fácil : el trayecto en altamar dura entre siete y nueve horas dependiendo del lugar de origen, en lanchas sobrecargadas de pasajeros y en una época del año donde el oleaje trae riesgos adicionales. El pasado 22 de febrero, el Senafront informó de un naufragio que cobró la vida de una menor de edad. La alcaldía de Necoclí ya encendió las alarmas por posibles represamientos. En promedio, entre 40 y 60 personas ingresan diariamente a los puertos del municipio, con picos de hasta 200 los fines de semana. Ante esa situación, las autoridades en Necoclí llaman a implementar un plan de contingencia que articule los gobiernos nacional y departamental, debido a las precarias capacidades que tienen para atender la magnitud del flujo de personas. Como en el pasado, esto podría saturar la prestación de servicios públicos y afectar la respuesta de protección a los migrantes. Todo esto se da en un contexto de desfinanciación de las entidades de cooperación internacional tras el desmantelamiento de USAID y los recortes progresivos de recursos de fondos de Estados Unidos a organizaciones del Sistema de Naciones Unidas. Esto ha afectado significativamente a ACNUR y OIM, agencias encargadas de la respuesta humanitaria a migrantes y refugiados, cuya capacidad de respuesta se ha visto limitada en la coordinación del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos en Urabá. ¿Qué se puede hacer? Ante este panorama, es urgente fortalecer las organizaciones de la sociedad civil. Estas juegan un papel crucial tanto en la visibilización de la crisis migratoria como en la atención humanitaria inmediata. Aunque incipientes, muchas iniciativas locales han surgido para responder a las necesidades de los migrantes. Los comedores comunitarios, por ejemplo, se han convertido en espacios de protección en un entorno cada vez más hostil. La mayoría de estas iniciativas son lideradas por organizaciones de base religiosa que operan con recursos limitados. Sin programas que las fortalezcan, dependen de su creatividad y esfuerzo para mantenerse activas. Su labor es fundamental, no solo en la asistencia humanitaria, sino también en la difusión de información clave para que los migrantes puedan tomar decisiones más seguras sobre su recorrido. El fortalecimiento de estas iniciativas requiere mayor coordinación entre los gobiernos nacional, departamental y municipal, el gobierno panameño y la cooperación internacional. Solo así será posible proteger los derechos de los migrantes, prevenir vulneraciones en su regreso y mejorar la respuesta ante el flujo inverso de personas en el Darién.

Juan Pablo Rangel E.

FIP Opina

El drama del Catatumbo y lo lejos que estamos de incluir a las víctimas

En poco más de dos semanas, 50.000 desplazados por la escalada de violencia que sufre el Catatumbo se sumaron a la abultada lista de víctimas del conflicto registradas en Colombia. Esta cifra es 60% más alta que la de todo el país en 2024. Si ponemos el retrovisor solo en este delito, las cifras son doblemente desgarradoras. De los 9.6 millones de víctimas que acumula el país, el 89.5% han sufrido desplazamiento forzado, lo que implica que han tenido que reconstruir sus vidas en un nuevo lugar, a menudo desde cero. Y ante el deterioro de la seguridad, es entendible que hoy muchas víctimas descarten la idea de retornar. La última Encuesta Nacional de Verificación , que se publicó en el 2024, reveló que el 74.9% de los desplazados desean permanecer en el lugar donde viven. De cara a lo que afronta el país con la agudización de la violencia, la agenda de inclusión se vuelve crucial. La pobreza y el desplazamiento están íntimamente ligados. Cuando las víctimas tienen que volver a empezar en un nuevo entorno, deberían contar con las condiciones necesarias para desarrollar sus proyectos de vida. De lo contrario, el desplazamiento no solo incrementa la pobreza, sino que también hace más difícil superarla, creando círculos viciosos de desigualdad que tienen pocas probabilidades de romperse. Las cifras más recientes muestran de manera contundente esta realidad. La tasa nacional de pobreza monetaria se ubicó en el 33% en 2023 y allí se encuentran el 76,1% de las víctimas de desplazamiento. La situación empeora para aquellos que viven en condiciones más precarias: la pobreza extrema afecta al 11% de la población en áreas urbanas y al 23,3% en zonas rurales, pero en los hogares desplazados esta cifra asciende al 40%. Las mujeres víctimas enfrentan desafíos aún mayores: un 44% de hogares encabezados por mujeres viven en la pobreza extrema, en comparación con el 33% de los hogares encabezados por hombres. Además de las desventajas económicas, la estigmatización también juega en contra de la inclusión de las víctimas en los lugares de acogida. Pensemos lo que puede ocurrir con los desplazados de Catatumbo, tildados por el ELN de cooperar o trabajar con las disidencias de las FARC. Según una medición liderada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Konrad Adenauer sobre cómo el sector empresarial aborda la inclusión económica de poblaciones sensibles como las víctimas, solo el 43% de los encuestados están dispuestos a abrir vacantes exclusivas para esta población y únicamente el 55% las contrataría. Además, el 17,96% de los empresarios que no contratarían a víctimas argumentan falta de confianza, mientras que el 19% cree que son menos productivas que el resto de los trabajadores . Esta desconfianza y estigmatización tienen consecuencias reales en términos de oportunidades y posibilidades de inclusión efectiva. Esto es especialmente preocupante porque la generación de empleo es una de las políticas más efectivas para reducir la pobreza. Según Roberto Angulo , secretario de inclusión de la Alcaldía de Bogotá, unas de las mejores estrategias para reducir la pobreza son la productividad y el crecimiento económico, por lo que el sector empresarial es un actor clave. Sin embargo, en la última década se ha visto una disminución en la reducción de pobreza. Esto se debe, en parte, a la debilidad del mercado laboral. Por ello, una pieza del rompecabezas es impulsar los programas de generación de ingresos y empleabilidad para las víctimas. Esta es una manera de asegurar que la productividad económica impulse la generación de ingresos de las poblaciones con mayores índices de pobreza, como los desplazados. Hoy, la cobertura y eficacia de estos programas para víctimas son bastante limitadas. Según la Encuesta de Verificación, solo el 34% de esta población ha podido acceder a los programas y apenas el 7,4% de los hogares tiene algún miembro que haya participado en ellos durante el último año. De este grupo, tan solo el 17% no se encuentra en condiciones de pobreza. Se necesitan programas de largo aliento que aseguren igualdad de oportunidades y permitan construir proyectos de vida. Los subsidios pueden ser un apoyo necesario, pero no son lo suficientemente integrales para garantizar una inclusión real de la población víctima. Ante este panorama, las empresas pueden jugar un papel relevante, lo que a su vez impulsaría el desarrollo social y económico del país en su conjunto. Tampoco se puede dejar de lado que para reducir la pobreza de las víctimas desplazadas se requiere transformar las condiciones de sus entornos. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), producto del Acuerdo de Paz del 2016, que agrupan las zonas más afectadas por el conflicto y donde residen muchas de las víctimas, buscan abordar justamente la falta de presencia o capacidades del Estado, la pobreza multidimensional y la influencia de economías ilícitas. En otras palabras, desmantelar los incentivos del conflicto. El sector público, la sociedad civil y el sector empresarial deben actuar de manera conjunta para crear un entorno favorable , abrir oportunidades y proporcionar herramientas que fortalezcan la autonomía de las víctimas para construir sus proyectos de vida y superar las afectaciones del conflicto armado que en estos días nos ha recordado, de manera dramática, la crisis del Catatumbo.

Emilia Isaza E.

FIP Opina

Convergencia regional: una respuesta pragmática a la política migratoria de EE. UU.

La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos cambia el tablero de juego de la cooperación para la gestión migratoria en las Américas, y cada vez es más difícil encontrar salidas comunes para hacerle frente a los flujos masivos en el hemisferio . Al mismo tiempo, se profundizan los factores por los que cientos de miles de personas se ven obligadas a dejar sus países de origen. La inestabilidad política en la región, la polarización (del debate político) alrededor de la migración y la erosión de los mecanismos de concertación regional componen un “ grande nubarrón que se alza en el cielo” . En el centro, mientras tanto, se encuentran los migrantes: cada vez más desprotegidos por los Estados, cada vez más expuestos a redes criminales que controlan el tránsito, y con menos posibilidades de rehacer su vida lejos de aquello que los obligó a huir. El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos era previsible, aun así, sorprende la rapidez con la que dieron el giro hacia la restricción de solicitudes de asilo, la suspensión de permisos temporales y la criminalización de personas con permanencia irregular en su territorio. Eso, sumado al freno en seco de la cooperación internacional de ese país, genera una mayor incertidumbre sobre los efectos que tendrá en las políticas migratorias de la región, que dependen en gran medida del apoyo técnico y financiero que se proveía a través de USAID y sus programas locales. Las consecuencias para la gestión migratoria en el país son catastróficas. Colombia es el principal receptor de migrantes provenientes de Venezuela, que protagoniza la principal emergencia migratoria en la región dada la crisis política que atraviesa. Colombia también ha asumido importantes compromisos para la garantía material de derechos de las personas en tránsito y con vocación de permanencia, apalancado en la cooperación internacional, principalmente estadounidense. Esta ayuda, que se concentró en fortalecer las capacidades de las instituciones colombianas, permitió otorgar permisos de permanencia temporal a cerca de dos millones de personas de origen venezolano, la política de regularización más extensa de la región para acoger de forma masiva a la diáspora venezolana. La fórmula colombiana de diseñar mecanismos de regularización a migrantes fue rápidamente emulada en otros países de la región , entre otras razones, porque a través de la regularización se habilita la posibilidad de que los migrantes con permanencia irregular accedan a la oferta de servicios sociales, a empleos formales y se les garantice seguridad jurídica para hacer sus proyectos de vida en los países de acogida. Todo esto se alinea con la pretensión de evitar la llegada masiva de personas a través de la frontera sur de Estados Unidos de manera irregular. También es una apuesta por impulsar soluciones duraderas para la garantía material de derechos de esta población y por atender los factores expulsores de la migración en la región. Con el cambio de orientación de Estados Unidos, los países de América Latina y el Caribe tienen el deber de reflexionar sobre rutas de cooperación que respondan a los intereses de la región. Articular políticas migratorias es la mejor salida para afrontar los flujos masivos de personas mientras se garantizan sus derechos durante el transito, se facilita la permanencia en entornos de acogida y se toman acciones que garanticen su estabilidad jurídica a largo plazo. La migración es un fenómeno volátil y con múltiples orígenes, por lo tanto, alinear las políticas nacionales en un plan coordinado a nivel regional es un reto de connotaciones mayúsculas . Por un lado, están los flujos migratorios de países centroamericanos y del Caribe motivados principalmente por razones económicas. Por otro, la inestabilidad política de países como Venezuela, Cuba y Haití. Se suman la inseguridad creciente en Ecuador, la triple condición de Colombia como país receptor, de tránsito y expulsor de migrantes y, en el norte, Estados Unidos, el principal destino de las personas que migran y el mayor financiador de políticas para atender la migración en el hemisferio. El nuevo enfoque de la política exterior de Estados Unidos con la región se basa en “ intereses compartidos concretos, no en lugares comunes vagos o ideologías utópicas”, según lo dicho por el Secretario de Estado, Marco Rubio, lo que sugiere apertura para colaborar entretanto haya congruencia con el nuevo lineamiento de su política exterior. Por eso, ante la tormenta, se requiere una mirada pragmática que alinee los intereses de la cooperación norteamericana con el enfoque de soluciones duraderas al que le apuesta América Latina y el Caribe. Este enfoque pone en el centro de la conversación lo realmente importante: la protección de derechos de las personas migrantes, la gestión de la migración de manera ordenada y segura, el fortalecimiento de las capacidades territoriales para la acogida de migrantes y para generar un ambiente propicio en el que puedan gozar de sus proyectos de vida. Se podría empezar por rescatar el espíritu de los mecanismos de concertación regional como el Proceso de Quito y la Declaración de Los Ángeles, así como aprovechar escenarios regionales como Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones. En estos últimos Colombia juega un papel importante porque ejerce las presidencias pro tempore durante 2025. Las cartas están sobre la mesa.

Juan Pablo Rangel E.

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Está PaZando. Marzo 2025

El 46% de las empresas en Colombia son lideradas por mujeres, pero la mayoría son microempresas En el marco de la primera edición de la Semana Nacional del Emprendimiento Femenino , se reveló que el 46% de las empresas en Colombia son lideradas por mujeres , según Yeinni Patiño, vicepresidenta de Competitividad y Cooperación de Confecámaras . Esto representa 717.000 negocios , que generan más de 942.000 empleos . Sin embargo, el 97% de estas empresas son microempresas , lo que evidencia los desafíos que enfrentan las emprendedoras en términos de crecimiento y acceso a financiamiento. Firmantes de paz fortalecen la piscicultura con la apertura de PisciMayu En Mocoa se inauguró el segundo punto de venta de pescado fresco de la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (COMUCCON) , denominado PisciMayu . El evento contó con la participación de entidades nacionales, territoriales e internacionales que han respaldado la consolidación de economías solidarias lideradas por firmantes del Acuerdo de Paz. La piscicultura se posiciona como una estrategia clave para la reincorporación social y económica , contribuyendo a la construcción de paz en el territorio. Córdoba se consolida como el departamento más seguro del Caribe colombiano Así lo reveló el Sistema de Información Estadística, Delincuencial, Contravencional y Operatico (SIEDCO) de la Policía Nacional. Las cifras destacan una reducción importante en delitos como los homicidios (reducción del 15%), los casos de extorsión (reducción del 20%) y los hurtos (reducción del 18%). De acuerdo a Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, esta reducción es el reflejo del trabajo conjunto entre la administración departamental, la fuerza pública y las comunidades de estos territorios. Argos construirá un sistema de alcantarillado en el Urabá antioqueño La empresa confirmó la aprobación del proyecto de alcantarillado para el corregimiento de Nueva Colombia , en el municipio de Turbo . La obra, que busca mejorar la infraestructura sanitaria de la zona, iniciará con procesos de vinculación y contratación , y su construcción está prevista para el segundo semestre de 2025 . La inversión superará los $110.000 millones y contará con la participación del Gobierno Nacional, Empresas Públicas de Medellín, Puerto Antioquia, Smartfit, la Fundación Grupo Social y otras entidades públicas y privadas. El financiamiento del proyecto se realizará a través del programa Juntos por Urabá , que promueve iniciativas para el desarrollo de la región. Cali, primera ciudad de América Latina con un monitor de inversión pública La Alcaldía de Cali presentó “¡Pa’ que Veás!” , la primera plataforma interactiva en América Latina que permite a la ciudadanía hacer seguimiento al avance de proyectos financiados con recursos públicos. El desarrollo de la herramienta contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y está disponible en código abierto a través del repositorio de la iniciativa “Código para el Desarrollo” del BID. San Jacinto Travel apuesta por una gran ruta turística En la versión 44 de la Vitrina Turística de Anato , más de 80 empresarios de 18 departamentos presentaron sus proyectos en Corferias, destacando iniciativas que promueven el turismo en territorios antes afectados por el conflicto. Desde los Montes de María , la empresa San Jacinto Travel participó con el sello “Colombia, Destinos de Paz” y anunció su gran apuesta para 2025: una ruta turística que integrará los negocios verdes de Marialabaja y Palenque . "Queremos comercializar no solo estos municipios, sino toda la subregión de Montes de María, lo que abre más puertas y amplía las actividades para los turistas", señaló Edwar Manuel Guerrero , representante de la empresa. Familias cafeteras del Cesar reciben insumos para la producción En el municipio de Pueblo Bello, Cesar, diversas familias cafeteras recibieron insumos para mejorar su producción a través de un convenio entre Asoanei, Asoprocae, Asovucam y la Agencia de Renovación del Territorio (ART). Durante la jornada de entrega, realizada en la sede de Asoanei, se distribuyeron fertilizantes, kits de poscosecha, palines ahoyadores y tijeras para podar, entre otros elementos esenciales para la caficultura. A la actividad asistieron familias de la región, la coordinación subregional Sierra Nevada y Serranía del Perijá de la ART, y representantes de la alcaldía de Pueblo Bello.

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Está PaZando. Enero - febrero 2025

Impacto económico de los nuevos decretos para atender la crisis del Catatumbo Cuatro de los siete decretos expedidos por el Gobierno para atender la crisis en el Catatumbo, Norte de Santander, tienen un enfoque económico. Estas medidas reasignan recursos y regulan el uso de combustibles para evitar su desvío a actividades ilegales. El primer decreto (131) permite financiar proyectos con regalías sin incluirlos en planes territoriales; el segundo (decreto 132 ) regula la venta de combustibles y permite restricciones en caso de riesgo; el tercero (decreto 135 ) autoriza a alcaldes y gobernadores a reorientar rentas para gastos de funcionamiento. Y el cuarto ( decreto 136 ) permite a municipios priorizados usar libremente recursos del Sistema General de Participaciones. Gremios respaldan Estado de conmoción en el Catatumbo La violencia en el Catatumbo ha obligado a miles de familias a abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Esto ha impactado la economía local con el cierre de comercios y la cancelación de actividades productivas. Ante la crisis, gremios como el Consejo Gremial Nacional han solicitado medidas al Gobierno y condenado la violencia. Jaime Cabal, presidente de Fenalco, destacó la necesidad de una mayor presencia estatal para garantizar seguridad y oportunidades económicas en la región. Ejército desmantela refinerías ilegales en Putumayo En la zona rural de Orito, Putumayo, el Ejército Nacional desmanteló dos refinerías ilegales presuntamente operadas por ‘Comandos de Frontera’. Los militares hallaron las refinerías y un depósito clandestino en las veredas Versalles y El Paraíso, con instalaciones artesanales para la destilación de crudo. Según el brigadier general Yor William Cotua Muñoz, el material fue destruido de forma controlada y la operación contó con el apoyo de la Armada, la Policía y la Fiscalía. Campesinos en Córdoba obtienen registro ICA para viveros En Tierralta, Córdoba, cuatro viveros comunitarios fortalecidos por una iniciativa del Fondo Colombia en Paz y el Banco Interamericano de Desarrollo, obtuvieron el registro del ICA que les permite producir y comercializar material vegetal con estándares certificados. Administrados por asociaciones campesinas, estos viveros ofrecerán especies forestales, frutas como aguacate y zapote, y variedades de cacao. Wilmer Leal Pérez, director del Fondo Colombia en Paz, destacó que esta certificación impulsa la economía campesina y respalda los Acuerdos de Paz, mientras que Mary Gómez Torres, de Colombia Sostenible, resaltó su impacto en la calidad de vida rural. Puerto Antioquia, motor del comercio marítimo en América Latina Puerto Antioquia en Colombia y el Puerto de Chancay en Perú se perfilan como protagonistas del comercio marítimo en la región. Puerto Antioquia, ubicado en el golfo de Urabá, es una de las mayores apuestas de infraestructura en Colombia, con una inversión de 600 millones de dólares. Su construcción, iniciada en 2020, busca transformar la logística marítima y terrestre del país, impulsando el desarrollo económico de Urabá y el comercio exterior. El proyecto, liderado la multinacional francesa CMA CGM junto a Puerto Bahía y el Grupo Argos, iniciará operaciones en 2025. Nueva ruta comercial entre Buenaventura y China La apertura de una nueva ruta marítima que conecta al puerto de Buenaventura con Shanghai, China, y Chancay, Perú, marca un hito en el comercio exterior de Colombia. Con la llegada del primer buque de Cosco Shipping, Buenaventura se integra a la Ruta de la Seda, el megaproyecto de infraestructura chino. Según la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, esto facilitará una relación comercial más fluida con China. Tejedoras de Mampuján llegan a Colombiatex Gracias a una alianza con la empresa textil Sutex, las tejedoras de la Asociación Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Mampuján participaron en Colombiatex con el stand “Memorias Resilientes”. Allí exhibieron sus telares hechos con residuos textiles que narran su proceso de sanación tras el conflicto armado. Para estas mujeres, víctimas del desplazamiento forzado en 2000 por el bloque paramilitar Héroes de los Montes de María, tejer se ha convertido en un elemento importante de resistencia y lucha, así como una fuente de ingresos. Aumentan los delitos relacionados con la actividad ganadera El gremio ganadero ha propuesto diversas estrategias para hacer frente a la inseguridad en el Cesar. Desde frentes solidarios de seguridad para alertar a las autoridades en tiempo real, hasta sistemas de radioteléfonos enlazados con software para mejorar la comunicación rural. También un plan de seguridad que involucra a productores y entidades estatales.

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Está PaZando. Del 28 de octubre al 11 de noviembre de 2024

“Esta es la COP más grande de la historia en participación empresarial”: Bruce Mac Master El Consejo Gremial Nacional se unió a la COP16 que se realizó en Cali con el “Evento del Sector Empresarial y Productivo de Colombia”, convocado por el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la Andi. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, y del Consejo Gremial Nacional, dijo que “se estima que hoy en día hay más de tres veces lo que alcanzó a haber en la COP de Montreal, hay más de 3.000 empresas registradas, representantes de empresas de todo el mundo. En el caso colombiano, hay 800 empresas que están haciendo parte de la conversación COP”. Señaló que “nos encontramos con que 48% del Producto Interno Bruto, PIB, colombiano tiene algo que ver con biodiversidad. La relevancia de este tema es grande desde el tema empresarial y ambiental”. El encuentro reunió a 32 gremios empresariales y productivos, junto con gobiernos, el sector financiero, ONG y organismos de cooperación internacional . Comunidades indígenas zenúes inician protestas contra empresas mineras Las comunidades indígenas zenúes del resguardo Centorgua y las Juntas de Acción Comunal de la zona de influencia de empresas minero-energéticas en los municipios de Puerto Libertador, Montelibano y San José de Uré, empezaron una serie de protestas pacíficas para exigir el respeto a sus derechos territoriales y la protección de la biodiversidad. Darlys Karina Rojas Parra, gobernadora indígena, explicó las razones: “Estamos ejerciendo un control territorial en contra de las empresas extractivas que han venido explotando nuestros recursos naturales sin tener en cuenta a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes. Solo nos hacen promesas falsas y no llegamos a ningún acuerdo”. A pesar de las protestas, se mantiene abierto el corredor humanitario y se permite el traslado normal de docentes y estudiantes. Las autoridades locales y nacionales aún no han emitido una declaración oficial sobre la situación. Firmado acuerdo para fortalecer la producción sostenible de asaí La Gobernación del Putumayo y la empresa brasileña Kaapuri S.A.S., firmaron un Memorando de Entendimiento para el fomento del desarrollo sostenible del cultivo de asaí en el departamento. Este acuerdo busca impulsar la economía regional mediante prácticas responsables con el medioambiente y en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. También establece una cooperación para el cultivo y aprovechamiento del asaí en Putumayo, utilizando tecnologías avanzadas que permitan optimizar la producción, recuperar suelos degradados y conservar la biodiversidad amazónica. A través de esta colaboración, se espera convertir a Putumayo en una región pionera del cultivo sostenible de asaí en Colombia. Compromiso Valle ha beneficiado a más de 8.000 personas en la región El Valle del Cauca ha sido uno de los ejes de desarrollo económico, social y ambiental del país. No es casualidad que haya sido cuna de la iniciativa Compromiso Valle, en la que se reunieron empresarios de todos los tamaños para generar un impacto real en más de 8.000 personas. En esta iniciativa también trabaja Bivien, la empresa sombrilla de marcas como Arrurú, Intibon y Menticol, entre otras. Juan Ramón Guzmán, presidente de la Junta Directiva de la empresa, compartió sus ideas sobre este proyecto empresarial y las proyecciones para el cierre de año. Expresó que además del impacto en 8.000 personas, Compromiso Valle ha abordado el tema de emprendimiento brindando apoyo en más de 10.000 casos. También ha incluido la empleabilidad flexibilizada en cuanto a modelos de contratación y en las compañías para procurar brindar oportunidades a las personas “que nunca las iban a tener, con lo que hemos impactado a más de 3.000 personas”. Campesinos de Urabá están “embalados” con sobreproducción de plátano La sobreproducción de plátanos que se está dando en la región tiene preocupados a los productores, ya que lo que está siendo ofertado por los intermediarios no compensa el esfuerzo económico y físico que conlleva la producción platanera. Con cerca de 70.000 hectáreas, principalmente en Urabá, Antioquia produce cerca del 10% de los plátanos de todo el país, incluso los tipo exportación. Solo es superada por Arauca, que produce el 19% . Esto ha hecho que el plátano sea uno de los principales productos de la subregión, dadas las buenas ganancias. Sin embargo, desde mediados de septiembre, los medios regionales y las sociales de la zona del Urabá vienen reportando cómo aparecen cientos de gajos de plátanos a precios irrisorios. Jaime García Rodríguez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Turbo, explicó que la situación “es crítica” por los bajos precios a los que llegó el fruto por la sobreproducción. La sobreoferta en el mercado y el consecuente bajón de precios de comercialización está causando estragos en las mermadas cuentas de los pequeños bananeros y los productores de plátano.

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Está PaZando. Del 14 al 27 de octubre de 2024

El Clan del Golfo es el mayor responsable de los daños ambientales en Colombia Un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (UIA), muestra que uno de los mayores desafíos de todos los tableros de negociación ha sido abordar los impactos ambientales generados por los grupos armados involucrados en el conflicto armado. Una de las conclusiones del informe es que el Clan del Golfo es el grupo armado ilegal que más ha afectado al medio ambiente y continúa siendo el principal responsable de los daños ambientales relacionados con la minería ilegal. De acuerdo con el documento, entre agosto de 2022 y septiembre de 2024 se presentaron 233 afectaciones al medio ambiente. Las principales afectaciones ambientales se han concentrado en el Bajo Cauca antioqueño, el nordeste de Antioquia y el Cañón del Micay, “enclaves donde convergen importantes economías criminales, como la minería ilegal de oro, el cultivo de hoja de coca y el procesamiento de cocaína”. Histórico acuerdo entre Gobierno, gremio de la caña y las comunidades Tras meses de negociaciones, se firmó en Santander de Quilichao el “Acuerdo por la defensa de la vida, el territorio y la convivencia”, un pacto que busca dejar atrás décadas de violencia en el norte del Cauca. La jornada marcó el final de una larga fase de negociación entre los distintos actores sociales que arrancó hace dos años. Las partes involucradas —comunidades afros, campesinado, pueblo nasa, ingenios y trabajadores— lograron una concertación que no solo entregó tierras (1.434 hectáreas, de las cuales 247 se dieron en Corinto, 404 en Caloto, 229 en Santander de Quilichao y 127 en Miranda), sino que promovió proyectos productivos para asegurar el bienestar económico de la región. El pacto fue firmado por el Consejo Territorial Interétnico e Intercultural, Asocaña, Procaña, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura, la Vicepresidencia de la República y los representantes de los trabajadores de la caña. Firmantes de paz lanzan salvavidas para la Amazonía colombiana y estarán en la COP16 Mucho antes de la dejación de armas, Jorge Santofimio y Armando Aroca se reunieron para planear que proyecto que iban a trabajar una vez se diera el Acuerdo de Paz. Definieron que la selva siempre había sido su refugio; por lo tanto, era urgente hacer algo para garantizar su conservación. Así nació la Cooperativa Multiactiva y Comunitaria del Común (Comuccom,) que sería la encargada de ejecutar el proyecto de la Red de Viverismo Comunitario de la Amazonía y que hoy se extiende desde el Putumayo hasta el Caquetá, Meta y Guaviare. Su objetivo es garantizar la restauración ecológica en cuatro departamentos de la Amazonía, con más de 90.000 plántulas de árboles nativos y la protección de abejas meliponas, que garanticen su polinización. Denuncian que el Clan del Golfo declaró objetivo militar a líderes sociales El sur de Córdoba enfrenta una crisis preocupante debido a las constantes amenazas y agresiones contra líderes campesinos por parte de grupos armados ilegales. Estos grupos han señalado a reconocidos líderes, como Arnobis Zapata y Cervelión Cogollo, como “objetivo militar”, acusándolos de tener vínculos con la guerrilla de las FARC. Afirmaciones que carecen de fundamento ya que no hay evidencia de presencia guerrillera activa en la zona. Un incidente reciente en la hacienda El Coco (Montelíbano), evidenció la gravedad de la situación: un representante de una asociación campesina casi resulta asesinado al ser confundido con Cervelión Cogollo. La intervención oportuna de testigos evitó su muerte. La Unidad de Búsqueda recuperó 29 cuerpos del cementerio de Apartadó En su tercera intervención al Cementerio Central de Apartadó, que duró 14 días, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó 29 cuerpos que podrían corresponder a jóvenes víctimas de asesinatos selectivos, perpetrados en diciembre de 2005 en la vereda La Cristalina, del corregimiento San José de Apartadó. Los 29 cuerpos recuperados fueron enterrados como no identificados (NN) en una fosa común, en el ala sur del cementerio en mención. Este es uno de los casos más emblemáticos dentro de la comunidad del municipio. El Valle es el departamento que tiene más negocios verdes certificados Aunque la COP16 se realiza actualmente en Cali, desde hace meses el sector público y el privado trabajan en iniciativas relacionadas con la biodiversidad, el medio ambiente y la sostenibilidad en el departamento. Entre ellas están los negocios verdes. Según la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, el departamento tiene el mayor número de ellos. Su objetivo es cuidar la naturaleza y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Para Toro, esta es una ventaja competitiva no solo para las compañías locales establecidas, sino para la inversión extranjera que busca ubicarse en una región que cumpla con compromisos ambientales internacionales. En María La Baja alistan alternativas para transformación del municipio En una mesa de trabajo en la casa de la cultura, la alcaldía de Marialabaja y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), socializaron una serie de alternativas para impulsar el desarrollo del municipio. El alcalde de la población, Ramiro González, señaló que la mesa definitiva está prevista para el 6 de noviembre, con todas las iniciativas que están contempladas en el plan de desarrollo municipal. “Se priorizaron la compra de lotes para la construcción de las casas de la mujer en Sena, Arroyo Grande y Retiro Nuevo, y la construcción de un museo de arte y vida”, indicó. Se inauguró el primer proyecto de energía renovable para víctimas del conflicto Se inauguró el primer proyecto de “Energía Renovable para la Paz”, una iniciativa que busca proveer el acceso a energía eléctrica continua y renovable para los habitantes de municipios afectados por el conflicto armado y priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). El proyecto está ubicado en el corregimiento de La Victoria, municipio de El Copey (Cesar). Incluye 59 soluciones solares fotovoltaicas para las viviendas y la institución educativa, y 57 sistemas de bombeo de agua con energía solar, en beneficio de 209 personas.

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