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El cambio climático obligará a las personas a migrar y Colombia debe prepararse

Junto con el Sahara africano, América Latina se encuentra entre las regiones más frágiles y vulnerables frente a los impactos del cambio climático. Nuestros países encaran el deterioro de sus condiciones geográficas, precariedades socioeconómicas, inseguridad alimentaria, desigualdades sociales, infraestructura insuficiente y una alta dependencia de recursos naturales. Haití, Guyana, Bolivia, Honduras y Guatemala están en la primera línea de esta crisis global. Los eventos climáticos extremos a menudo provocan procesos de movilidad humana dentro de los propios países, pero también traspasan fronteras. Las inundaciones en 2015, por ejemplo, desplazaron a cerca de 171.000 personas en Paraguay, 59.000 en Brasil, 45.000 en Venezuela, 36.000 en Argentina y 24.000 en Uruguay. Estos desplazamientos forzados por el cambio climático no son nuevos, pero no habían recibido la atención necesaria hasta ahora, cuando la magnitud de la crisis se ha vuelto innegable. Son cuatro los efectos físicos del cambio climático conectados con los desplazamientos masivos internos o externos: el aumento del nivel del mar, el incremento de las temperaturas, los cambios en los ciclos hidrológicos —como el derretimiento de glaciares, inundaciones o sequías— y la creciente frecuencia e intensidad de los ciclones tropicales. Estos fenómenos no solo redefinen el paisaje natural, sino también la vida de millones de personas. De ahí que la relación entre migración y cambio climático sea cada vez más evidente y dramática. Los flujos migratorios masivos podrían intensificarse a medida que el entorno geográfico se vea alterado. Según el Banco Mundial, para el 2050 más de 200 millones de personas se verían obligadas a convertirse en migrantes internos o desplazados debido a las consecuencias climáticas. Sin embargo, la decisión de migrar y la forma en que los efectos del cambio climático impactan a las comunidades dependen, en gran medida, de la vulnerabilidad y resiliencia de los hogares afectados. Los retos emergentes El primer reto al que nos enfrentamos son las mediciones sobre la movilidad humana por el cambio climático: la mayoría se concentran en los desplazamientos internos de los países afectados. Por el contrario, lo que ocurre al cruzar las fronteras, está lleno de lagunas. De ahí la importancia de fomentar la creación de bases de datos estadísticas que capturen los movimientos poblacionales transfronterizos causados por fenómenos meteorológicos extremos o por el deterioro ambiental paulatino. La escasez de datos cuantitativos es uno de los principales vacíos en la comprensión de la migración climática. El segundo reto tiene que ver con los límites conceptuales del “refugiado, desplazado o migrante ambiental”, un debate que se ha vuelto cada vez más complejo debido a múltiples intereses y opiniones sobre cuáles son los elementos de protección jurídica aplicables. Esta falta de consenso se manifiesta a la hora de definir quién debe asumir la responsabilidad de protección: el Estado de nacionalidad del desplazado en caso de migraciones internas, o el Estado de acogida en migraciones transfronterizas. Actualmente, hay numerosas discusiones sobre la terminología jurídica para describir a los desplazados por motivos ambientales, especialmente a los afectados por el cambio climático. Esa variedad de definiciones solo aumenta la confusión y refleja la falta de enfoque. Por ejemplo, según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los “refugiados ambientales” son las personas forzadas a dejar su hábitat tradicional, ya sea de forma temporal o permanente, debido a un deterioro ambiental —natural o provocado por la actividad humana—. Por su parte, los “migrantes por motivos ambientales” son aquellos que, debido a cambios ambientales repentinos o graduales en su entorno, que afectan su supervivencia o condiciones de vida, se ven obligados o eligen abandonar su hogar. Y así muchas otras definiciones como “desplazado ambiental” abordan aspectos como la temporalidad, la permanencia y la migración, tanto interna como transfronteriza. Sí hay consenso sobre las causas ambientales que pueden desencadenar movimientos poblacionales. Estas causas incluyen la contaminación industrial, los accidentes industriales, los riesgos geofísicos, los riesgos biológicos (como, por ejemplo, plagas), y los aspectos relacionados con el cambio ambiental global tanto antropogénico como natural. El tercer reto son los efectos particularmente severos del cambio climático y la degradación ambiental para las poblaciones históricamente excluidas y discriminadas , como mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas, personas con discapacidad y quienes viven en zonas rurales o en situación de pobreza y zonas de conflicto armado. A pesar de haber contribuido marginalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero, que son la principal causa del cambio climático, estas comunidades sufren desproporcionadamente las consecuencias del fenómeno. Su vulnerabilidad se agrava por la falta de recursos y la escasa capacidad de adaptación, por lo que enfrentan mayores desafíos en su vida diaria y su supervivencia que las lleva a migrar buscando mejores condiciones. Colombia frente a la movilidad climática El país acumula una experiencia significativa en el manejo de población desplazada por desastres. A finales del 2022, cerca de 41.000 colombianos se vieron afectados temporal o permanentemente por desplazamientos inducidos por desastres como inundaciones, deslizamientos de tierra y otros fenómenos hidrometeorológicos extremos. Municipios en Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, especialmente en la región de La Mojana, fueron severamente impactados, con un total de 18.000 personas clasificadas como “desplazadas por desastres”. Entre 2008 y 2022 se registraron 58.539 eventos relacionados con desastres en el país, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). En el contexto de la movilidad climática, Colombia está expandiendo rápidamente su participación tanto a nivel regional como nacional, buscando un papel de liderazgo en América Latina y el Caribe . Un hito importante en este proceso es la Sentencia T-123 de 2024 de la Corte Constitucional, que reconoció el desplazamiento forzado interno por factores ambientales (incluidos los asociados al cambio climático) y los desastres repentinos, como procesos graduales de deterioro ambiental. Esto marca un avance significativo de la movilidad climática a nivel normativo. El Proyecto de Ley C299, propuesto en 2022 y debatido en el Congreso en 2023, también arroja un precedente al reconocer el desplazamiento por factores ambientales como un fenómeno complejo de múltiples causas, que debe ser visibilizado dentro del marco normativo de la movilidad climática en Colombia. Este proyecto ya fue aprobado en segundo debate por la Cámara de Representantes y se encuentra a la espera de su trámite legislativo en el Senado. El reto actual es incorporar las lecciones aprendidas en la protección, asistencia y reasentamiento de la población desplazada internamente, para construir una respuesta nacional efectiva ante la movilidad climática. El gobierno, por su parte, debería definir con claridad las categorías de movilidad climática, junto con los derechos y obligaciones correspondientes. Esto incluye establecer mandatos administrativos y organizativos que deben cumplirse antes, durante y después del desplazamiento de las personas. Una definición precisa permitirá una mejor planificación y gestión de los recursos necesarios para enfrentar este fenómeno. También se deben adoptar medidas para cuantificar la movilidad climática, identificando las zonas de probable salida y llegada, así como las características de las poblaciones en movimiento . Este enfoque permitirá una mejor previsión y una respuesta más efectiva a las necesidades de las personas desplazadas. La recopilación de datos precisos es crucial para diseñar estrategias de intervención adecuadas. Finalmente, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes deben aprender de la experiencia reciente. Esto implica analizar y valorar las lecciones de la migración que ha enfrentado el país y aplicar esos aprendizajes a la gestión del cambio climático. Integrar estas lecciones fortalecerá las estrategias de respuesta, resiliencia y adaptación, asegurará que se tengan en cuenta las voces de las comunidades afectadas y promoverá una mayor articulación. Se espera que la movilidad climática se intensifique en la próxima década y una mayor parte de este desplazamiento ocurrirá a nivel interno. Para enfrentar este desafío, los gobiernos nacionales y locales deberán reconocer el problema en sus documentos de política e incluirlo en las contribuciones y en las estrategias nacionales de adaptación y resiliencia. Solo así Colombia podrá prepararse para manejar los efectos crecientes del cambio climático sobre la movilidad humana.

Daniela Mogollón C.

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Un enfoque innovador en el Sistema de Cuidado en municipios PDET

Cerca de 16 millones de personas en Colombia requieren de cuidados especiales y alrededor de 7 millones de mujeres son cuidadoras no remuneradas. El Gobierno Nacional tiene la tarea de definir la política para construir el Sistema Nacional de Cuidado, que deberá incorporar enfoques territoriales, étnicos y de género. Para el caso de los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), será fundamental tener en cuenta sus particularidades, debido a las afectaciones del conflicto armado en estos territorios. Particularidades como, por ejemplo, las violencias basadas en género y el hecho de que las principales cuidadoras sean mujeres, así como el impacto que tienen este tipo de entornos para la salud mental de la población. También es importante incorporar los aprendizajes e iniciativas que las comunidades locales han construido a partir del Acuerdo de Paz , y los que se han dado a nivel de planeación comunitaria a través de los PATR, la hoja de ruta de los PDET. La implementación de la Política de Cuidado en los municipios PDET puede ser una gran oportunidad para reconstruir el tejido social y la confianza. Debido a la limitada oferta de servicios de cuidado por parte del Estado y a la baja capacidad institucional y administrativa en regiones PDET, el cuidado se ha dado de manera autogestionada y, además, se ha convertido en el centro de la vida en comunidad. Esto cobra vital importancia, dadas las afectaciones que han tenido estos lugares por la violencia: una de las formas de resistencia de algunas comunidades ha sido crear estrategias de cuidado colectivo y comunitario. La implementación del Sistema de Cuidado tendrá, además, que articularse con los referentes y prácticas de cuidado a la comunidad, al territorio y al ambiente que existen en las zonas PDET, así como integrar de manera activa la participación de los actores locales vinculados al cuidado. Es fundamental partir de los procesos existentes, del conocimiento que tienen las comunidades sobre sus territorios y lo que han tejido alrededor del cuidado. Uno de los retos que tendrá este sistema, a nivel territorial, será lograr reducir el tiempo de trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres y promover una redistribución de estas tareas. Según datos de 2020-2021 de la Encuesta de Uso del Tiempo (ENUT), del DANE, aunque las mujeres rurales destinan menos tiempo que las que viven en las ciudades a actividades de trabajo remunerado, la brecha en la dedicación entre hombres y mujeres al cuidado es mayor en zonas rurales. Allí, las mujeres dedican cinco horas y media más al día a las actividades no remuneradas que los hombres, mientras que en las zonas urbanas esta brecha es de alrededor de cuatro horas. Según lo han reportado diversos informes, es importante resaltar que, en municipios PDET, las tareas de cuidado asignadas a las mujeres se han extendido por exigencias e imposición de los actores armados , lo que ha generado una carga laboral y emocional para ellas. Hay mucho que aprender sobre el cuidado comunitario y los territorios. Existen experiencias de organizaciones y personas enfocadas en estas labores, como la Red interétnica de parteras y parteros del Chocó o la Asociación de mujeres firmantes de paz Las Manuelitas, en el Cauca. También iniciativas como JOSA Constructoras de Paz, que hace parte de la comunidad arhuaca y se enfoca en atender a niños y niñas que no tienen acceso a educación. Tampoco se puede olvidar el trabajo de las madres comunitarias, quienes han contribuido a que otras mujeres puedan reducir el tiempo que le dedican a las labores de cuidado. La mayoría de estas iniciativas son desarrolladas y sostenidas por mujeres; por ello, será primordial transformar la naturalización de su rol de cuidadoras y promover la redistribución y remuneración de este trabajo como una labor digna que requiere de condiciones justas, como el pago de salarios y las garantías de seguridad social. Un cambio cultural Transformar el rol de las cuidadoras requiere de una estrategia de cambio cultural como eje del Sistema de Cuidado : la estructura de creencias patriarcal y sexista es la que mantiene y reproduce la división sexual del trabajo y asigna a las mujeres el rol de cuidadoras y el trabajo reproductivo. En el Sondeo de Normas de Género realizado por el programa Generando Equidad, de USAID, en instituciones educativas ( consulta los resultados), se evidencia que, en los imaginarios de niños, niñas y adolescentes, sigue naturalizada la creencia de que las mujeres deben encargarse de los roles domésticos y de cuidados. Por eso, uno de los aliados en esta transformación es el sector educativo. Desde allí, con los niños, niñas y adolescentes, es posible comenzar a posicionar un cambio en el sistema de creencias que promueva la existencia de roles y estereotipos de género. Este cambio cultural debe apuntar a eliminar prácticas y discursos racistas y xenófobos , especialmente si se tiene en cuenta que una parte importante de las mujeres que realizan trabajos de cuidados no remunerados y remunerados, tienen una pertenencia étnica o son migrantes. En las regiones PDET será clave implementar estrategias y servicios de cuidado móviles, sobre todo para el caso de las zonas rurales apartadas. Por supuesto, esto implica un alto compromiso del Estado en recursos económicos, humanos y garantías de seguridad. Una inversión de ese tipo ayudaría a reducir las brechas de género y de acceso al mercado laboral entre zonas rurales y urbanas y, por ende, traería beneficios sociales y económicos. Ante la ausencia de servicios de cuidado por parte del Estado en muchos de los territorios PDET, las mujeres de estas comunidades se han ingeniado estrategias para acompañar y proveer algunos de estos servicios, que raramente son reconocidos como trabajo. Por ello, la implementación del Sistema de Cuidado, en articulación con los modelos locales de cuidado, debe reposicionar socialmente el trabajo de las mujeres cuidadoras , y esto pasa por reconocer el rol que desempeñan en sus comunidades y los riesgos que implica moverse en zonas en las que hay presencia de grupos armados. Así que aterrizar a lo local el Sistema de Cuidado implica, igualmente, crear medidas para proteger su integridad y garantizar su bienestar. La implementación del Sistema de Cuidado en regiones PDET es una oportunidad para articular las capacidades y conocimientos técnicos desde lo nacional con los saberes, aprendizajes, procesos y conocimientos que han creado y gestionado las comunidades, especialmente las mujeres. Quizás el Sistema de Cuidado abra una puerta para reconocer y valorar con dignidad y justicia social los trabajos de cuidado y así lograr vivir en armonía con el ambiente, los territorios, la diversidad de cosmovisiones y todo lo que hace parte de quienes históricamente nos han cuidado y sostenido.

Arena Simbaqueba G.

Análisis

¿Qué tanto acceden al sistema financiero las personas en proceso de reincorporación?

Garantizar condiciones económicas para los proyectos de vida de las personas en proceso de reincorporación es una condición ineludible para construir paz. Hacerlo aleja a los excombatientes de reincidir en actividades relacionadas con el conflicto, buscando medios de subsistencia. A largo plazo, además, ayuda a solucionar las precariedades de poblaciones históricamente excluidas y de territorios con deudas pendientes de ser saldadas por el Estado. En el caso de la reincorporación de las FARC se diseñó un modelo para que fuera colectivo, por lo que los firmantes de paz se agremian con el ánimo de sacar adelante proyectos productivos. La ruta de acceso a beneficios económicos de este proceso, incluía una "asignación de normalización", que consistía en un único giro de dos millones de pesos que hacía la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) a las personas en el proceso, así como una "asignación única mensual" equivalente al 90% del salario mínimo, que aún reciben 10.959 personas. A pesar de que el 84,2% de los firmantes del Acuerdo de Paz han recibido la asignación para proyectos productivos, la sostenibilidad de estos emprendimientos se ha visto truncada por dificultades para acceder a rutas de comercialización y a créditos, es último un asunto poco inexplorado y que tiene efectos en el apalancamiento de los negocios de los excombatientes. Las barreras de la oferta Teniendo en cuenta este contexto, la FIP y Asobancaria sumaron esfuerzos para realizar un análisis sobre inclusión financiera de personas en proceso de reincorporación, que se incluyó como capítulo del libro Derechos Humanos e inclusión financiera , publicado por la Defensoría del Pueblo y Asobancaria en junio de 2024 durante su convención bancaria anual, y que en octubre, publicó de manera independiente, Asobancaria. Este estudio caracteriza los niveles de acceso de personas en proceso de reincorporación al sistema financiero —especialmente a productos crediticios— y coteja esta información con las percepciones del sector financiero sobre las barreras materiales y relacionales a las que se han enfrentado para incluir a los firmantes de paz en sus servicios. Por el lado de la oferta, encontramos entidades financieras estrechamente relacionadas con las Cuentas Paz, productos de ahorro diseñados a la medida de estas poblaciones para recibir sus transferencias mensuales. Las entidades financieras con mayor participación en el mercado también cuentan con líneas de crédito que se adecúan a las particularidades de excombatientes, aun cuando reconocen dificultades para que todos sus equipos comerciales se alineen con acciones afirmativas hacia esta población, en particular frente a los procedimientos de validar sus antecedentes. Desde la óptica de las entidades financieras, las principales barreras para otorgar créditos están asociadas con la baja capacidad de pago de las personas en proceso de reincorporación, las validaciones requeridas para prevenir el lavado de activos (que es particularmente sensible para excombatientes con antecedentes), y la falta de educación financiera que refuerza imaginarios negativos hacia las entidades financieras. Las barreras de la demanda Las personas en proceso de reincorporación manifiestan que las principales dificultades para acceder a créditos están en los asuntos relacionales, sobre todo en la falta de confianza para acudir a entidades financieras a solicitar servicios de crédito. Como se requieren validaciones de seguridad a su identidad, prefieren autoaislarse para evitar poner en evidencia su condición y por miedo a discriminaciones. Incluso aquellos que se someten a estos filtros, manifiestan dilaciones y tramites excesivos e infructuosos en su atención. Es por eso que resulta frecuente que usen productos financieros cuya validación puede hacerse de manera remota —como el caso de billeteras digitales— y que recurran a prestadores informales de crédito. Los excombatientes también reconocen como barrera que el modelo de endeudamiento en entidades financieras tradicionales sea una responsabilidad individual, lo que contrasta con el modelo cooperativo del proceso de reincorporación. Esto es relevante porque los productos crediticios no son compatibles con los imaginarios de vida de las personas en reincorporación. Existen algunas entidades financieras, sobre todo cooperativas, que si propician, a través de la educación financiera, una relación más cercana con los firmantes de paz. Lanzamiento del análisis

• Reincorporación
• integración económica
• Conflicto armado
• Posconflicto

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La trata de migrantes y la explotación sexual en la frontera

Entre los numerosos desafíos que supone para la región el actual contexto migratorio, agudizado por la crisis política tras las elecciones en Venezuela, la trata de personas, especialmente la que se hace para la explotación sexual de mujeres, niños, niñas y adolescentes migrantes, debería convocar nuestra atención como una crisis alarmante. Este delito se presenta con mayor intensidad en zonas fronterizas, pero afecta en términos generales a migrantes en situaciones precarias . Las cifras de este año sobre trata de personas evidencian que este problema necesita atención urgente tanto en protección como en prevención. Del total, el 74% de casos se asocia a explotación sexual. En Colombia, la trata de personas está relacionada con la explotación sexual como su principal objetivo, seguido de la servidumbre, el matrimonio servil y los trabajos forzados. Según el Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 264 denuncias de trata de personas, la cifra más alta de este delito en los últimos 15 años, con las mujeres como las principales víctimas. Para el mismo periodo, se reportaron 255 víctimas de tráfico de migrantes que, si bien es un delito diferente, pone a las personas en situación de vulnerabilidad y alto riesgo frente a la trata de personas. El diagnóstico sobre este delito que realizó la OIM en 2020 en contextos humanitarios en toda la región, advertía sobre su aumento entre la población migrante, debido a las inequidades socioeconómicas y de género que enfrentan las personas refugiadas y migrantes en situación de vulnerabilidad. Así lo confirman las cifras más recientes del Ministerio del Interior (2022): Colombia (63%) y Venezuela (32%) son los principales países de origen de víctimas de trata de personas en la región. Colombia, en particular, se ha convertido en un punto de origen, tránsito y destino para las redes de trata de personas. El departamento con mayor número de víctimas es Norte de Santander con 44 casos en 2023, lo que representa el 17% del total. La vulnerabilidad económica Un estudio del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, realizado el año pasado en varias ciudades del país, encontró que el 33,1% de las mujeres venezolanas encuestadas, a pesar de tener educación superior, consideran que, bajo las condiciones laborales actuales, “las actividades sexuales pagas” son más rentables que otras. El 23,7%, por su parte, afirmó que es la única opción que tienen y el 20,2% acepta que se ven obligadas a hacerlo. Estas mujeres se enfrentan, en muchos casos, a la ausencia de redes de apoyo y al cuidado de hijos y familiares, lo que hace aún más difícil alcanzar una estabilidad económica y social. Esta precaria situación las pone en riesgo de explotación sexual. Entre 2018 y marzo de 2023, el país registró 147 migrantes venezolanas como víctimas de explotación sexual. El subregistro de este delito es evidente, pues existen entramados complejos que, incluso, involucran a organizaciones criminales para su ocultamiento. El subregistro también pasa por otros factores, como el desconocimiento de los derechos de las mujeres y de las rutas de atención, la vulnerabilidad económica, la naturalización de la explotación sexual a través de lo que se denomina “servicios sexuales pagos” y el miedo a denunciar. Al mismo tiempo, se percibe una desconfianza generalizada en las instituciones. Persiste la creencia de que denunciar es inútil y que las autoridades no responderán de manera efectiva. Esta percepción es aún más profunda entre la población migrante que a menudo enfrenta obstáculos adicionales para acceder a derechos en los países de tránsito o receptores. Los tentáculos del crimen organizado Por ser territorios de frontera, Norte de Santander y su capital, Cúcuta, registran flujos migratorios dinámicos. Sin embargo, Cúcuta y su área metropolitana cuentan con una oferta limitada en garantías de seguridad, empleo formal y educación. Esto aumenta las desigualdades y brechas para los migrantes que llegan al país, especialmente para las mujeres, quienes enfrentan más obstáculos para acceder a derechos fundamentales. La mayoría de la población migrante en la región está actualmente en situación regular, pero esto no les garantiza el acceso a un trabajo formal y estable. Por ello, independientemente de su estatus migratorio, la economía informal es donde las mujeres tienen más oportunidades laborales, así como una proporción considerable de niños, niñas y adolescentes. Esta situación de vulnerabilidad ha sido aprovechada por las redes de trata de personas en Norte de Santander, encabezadas por el Tren de Aragua en asocio con otros grupos del crimen organizado , que expandieron su alcance regional durante los años de cierre de la frontera colombo-venezolana. Estas redes controlan los lugares de hospedaje donde se aloja la población migrante e inducen a las mujeres a la explotación sexual para saldar sus deudas. Cabe resaltar que la explotación sexual incluye prácticas en “casas webcam” que han aumentado de manera exponencial en Cúcuta para explotar, sobre todo, a las mujeres. Preocupa que hasta las lideresas que brindan apoyo a mujeres en riesgo han sido amenazadas. Se suma que el año pasado se clausuró el Centro de Atención Sanitario Transitorio (CAS) en Los Patios, un municipio cercano a Cúcuta. El CAS se había posicionado como un espacio de atención efectiva a problemáticas como la explotación laboral, trata de menores de edad, xenofobia y esclavitud sexual. Su cierre dejó a las mujeres migrantes sin una ruta de atención que les era cercana y con desconfianza frente a otras. Por ello, urge que las instituciones locales y nacionales diseñen un plan de contingencia que mitigue el impacto causado por este cierre. El rol del Estado y la sociedad En Colombia existe un marco normativo que abarca sanciones penales para la explotación sexual, la inducción a la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual. Este marco debe aplicarse de forma eficiente a los explotadores, pero aún más importante e indispensable es la sanción social, que parte de transformar el imaginario en el que el deseo, el cuerpo, la dignidad y los derechos de las mujeres pueden ser transaccionados en el mercado para consumo de los hombres bajo eufemismos como “oficio”, “trabajo” y “actividades sexuales pagas”. En el caso de la población venezolana se suma la xenofobia que conduce, en muchos casos, a que las mismas instituciones no atiendan con suficiencia el riesgo de trata y explotación de las mujeres migrantes. En materia de regularización jurídica se debe considerar la implementación de mecanismos de refugio que protejan a las mujeres migrantes que lo soliciten y les permitan acceder a empleos formales. Esto evitaría que renuncien a su condición de refugio y reduzcan sus opciones laborales a trabajos informales y precarios. También es necesario continuar desarrollando mecanismos de regularización para aquellas mujeres que lleguen en el corto plazo al país. Esto no garantiza que puedan acceder al trabajo de manera instantánea, pero sí les proporcionaría un estatus de seguridad y posibilidades que no tienen al ser irregulares. La participación de la sociedad civil para prevenir la trata de personas en los comités municipales, distritales y gubernamentales ha sido un avance significativo. Sin embargo, hay que garantizar su operatividad con un presupuesto adecuado, así como articular los planes de lucha contra la trata con otras políticas públicas. También hay avances en la lucha contra la trata transfronteriza, como la Mesa de la Triple Frontera Amazónica Brasil-Colombia-Perú, pero esta estrategia necesita seguir sumando esfuerzos para que avance su reactivación como parte de la política exterior colombiana y pueda replicarse en otras zonas fronterizas como Cúcuta y el Darién. Desarticular las estructuras criminales que participan de este delito se ha vuelto cada vez más complejo debido a la sofisticada colaboración entre diferentes actores delictivos y el uso del ciberespacio. Se recomienda endurecer las penas, considerando que, en Colombia, la condena promedio es de apenas 13 años de prisión. Vale la pena también insistir en la necesidad de establecer una articulación efectiva entre las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil de base migrante , así como incluir a las víctimas, para fortalecer las respuestas ante la trata, promover la protección de los derechos humanos, las políticas migratorias interseccionales y garantizar una mayor eficacia en las acciones de prevención e intervención.

Daniela Mogollón C.

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Está PaZando. Del 28 de octubre al 11 de noviembre de 2024

“Esta es la COP más grande de la historia en participación empresarial”: Bruce Mac Master El Consejo Gremial Nacional se unió a la COP16 que se realizó en Cali con el “Evento del Sector Empresarial y Productivo de Colombia”, convocado por el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la Andi. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, y del Consejo Gremial Nacional, dijo que “se estima que hoy en día hay más de tres veces lo que alcanzó a haber en la COP de Montreal, hay más de 3.000 empresas registradas, representantes de empresas de todo el mundo. En el caso colombiano, hay 800 empresas que están haciendo parte de la conversación COP”. Señaló que “nos encontramos con que 48% del Producto Interno Bruto, PIB, colombiano tiene algo que ver con biodiversidad. La relevancia de este tema es grande desde el tema empresarial y ambiental”. El encuentro reunió a 32 gremios empresariales y productivos, junto con gobiernos, el sector financiero, ONG y organismos de cooperación internacional . Comunidades indígenas zenúes inician protestas contra empresas mineras Las comunidades indígenas zenúes del resguardo Centorgua y las Juntas de Acción Comunal de la zona de influencia de empresas minero-energéticas en los municipios de Puerto Libertador, Montelibano y San José de Uré, empezaron una serie de protestas pacíficas para exigir el respeto a sus derechos territoriales y la protección de la biodiversidad. Darlys Karina Rojas Parra, gobernadora indígena, explicó las razones: “Estamos ejerciendo un control territorial en contra de las empresas extractivas que han venido explotando nuestros recursos naturales sin tener en cuenta a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes. Solo nos hacen promesas falsas y no llegamos a ningún acuerdo”. A pesar de las protestas, se mantiene abierto el corredor humanitario y se permite el traslado normal de docentes y estudiantes. Las autoridades locales y nacionales aún no han emitido una declaración oficial sobre la situación. Firmado acuerdo para fortalecer la producción sostenible de asaí La Gobernación del Putumayo y la empresa brasileña Kaapuri S.A.S., firmaron un Memorando de Entendimiento para el fomento del desarrollo sostenible del cultivo de asaí en el departamento. Este acuerdo busca impulsar la economía regional mediante prácticas responsables con el medioambiente y en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. También establece una cooperación para el cultivo y aprovechamiento del asaí en Putumayo, utilizando tecnologías avanzadas que permitan optimizar la producción, recuperar suelos degradados y conservar la biodiversidad amazónica. A través de esta colaboración, se espera convertir a Putumayo en una región pionera del cultivo sostenible de asaí en Colombia. Compromiso Valle ha beneficiado a más de 8.000 personas en la región El Valle del Cauca ha sido uno de los ejes de desarrollo económico, social y ambiental del país. No es casualidad que haya sido cuna de la iniciativa Compromiso Valle, en la que se reunieron empresarios de todos los tamaños para generar un impacto real en más de 8.000 personas. En esta iniciativa también trabaja Bivien, la empresa sombrilla de marcas como Arrurú, Intibon y Menticol, entre otras. Juan Ramón Guzmán, presidente de la Junta Directiva de la empresa, compartió sus ideas sobre este proyecto empresarial y las proyecciones para el cierre de año. Expresó que además del impacto en 8.000 personas, Compromiso Valle ha abordado el tema de emprendimiento brindando apoyo en más de 10.000 casos. También ha incluido la empleabilidad flexibilizada en cuanto a modelos de contratación y en las compañías para procurar brindar oportunidades a las personas “que nunca las iban a tener, con lo que hemos impactado a más de 3.000 personas”. Campesinos de Urabá están “embalados” con sobreproducción de plátano La sobreproducción de plátanos que se está dando en la región tiene preocupados a los productores, ya que lo que está siendo ofertado por los intermediarios no compensa el esfuerzo económico y físico que conlleva la producción platanera. Con cerca de 70.000 hectáreas, principalmente en Urabá, Antioquia produce cerca del 10% de los plátanos de todo el país, incluso los tipo exportación. Solo es superada por Arauca, que produce el 19% . Esto ha hecho que el plátano sea uno de los principales productos de la subregión, dadas las buenas ganancias. Sin embargo, desde mediados de septiembre, los medios regionales y las sociales de la zona del Urabá vienen reportando cómo aparecen cientos de gajos de plátanos a precios irrisorios. Jaime García Rodríguez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Turbo, explicó que la situación “es crítica” por los bajos precios a los que llegó el fruto por la sobreproducción. La sobreoferta en el mercado y el consecuente bajón de precios de comercialización está causando estragos en las mermadas cuentas de los pequeños bananeros y los productores de plátano.

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Está PaZando. Del 14 al 27 de octubre de 2024

El Clan del Golfo es el mayor responsable de los daños ambientales en Colombia Un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (UIA), muestra que uno de los mayores desafíos de todos los tableros de negociación ha sido abordar los impactos ambientales generados por los grupos armados involucrados en el conflicto armado. Una de las conclusiones del informe es que el Clan del Golfo es el grupo armado ilegal que más ha afectado al medio ambiente y continúa siendo el principal responsable de los daños ambientales relacionados con la minería ilegal. De acuerdo con el documento, entre agosto de 2022 y septiembre de 2024 se presentaron 233 afectaciones al medio ambiente. Las principales afectaciones ambientales se han concentrado en el Bajo Cauca antioqueño, el nordeste de Antioquia y el Cañón del Micay, “enclaves donde convergen importantes economías criminales, como la minería ilegal de oro, el cultivo de hoja de coca y el procesamiento de cocaína”. Histórico acuerdo entre Gobierno, gremio de la caña y las comunidades Tras meses de negociaciones, se firmó en Santander de Quilichao el “Acuerdo por la defensa de la vida, el territorio y la convivencia”, un pacto que busca dejar atrás décadas de violencia en el norte del Cauca. La jornada marcó el final de una larga fase de negociación entre los distintos actores sociales que arrancó hace dos años. Las partes involucradas —comunidades afros, campesinado, pueblo nasa, ingenios y trabajadores— lograron una concertación que no solo entregó tierras (1.434 hectáreas, de las cuales 247 se dieron en Corinto, 404 en Caloto, 229 en Santander de Quilichao y 127 en Miranda), sino que promovió proyectos productivos para asegurar el bienestar económico de la región. El pacto fue firmado por el Consejo Territorial Interétnico e Intercultural, Asocaña, Procaña, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura, la Vicepresidencia de la República y los representantes de los trabajadores de la caña. Firmantes de paz lanzan salvavidas para la Amazonía colombiana y estarán en la COP16 Mucho antes de la dejación de armas, Jorge Santofimio y Armando Aroca se reunieron para planear que proyecto que iban a trabajar una vez se diera el Acuerdo de Paz. Definieron que la selva siempre había sido su refugio; por lo tanto, era urgente hacer algo para garantizar su conservación. Así nació la Cooperativa Multiactiva y Comunitaria del Común (Comuccom,) que sería la encargada de ejecutar el proyecto de la Red de Viverismo Comunitario de la Amazonía y que hoy se extiende desde el Putumayo hasta el Caquetá, Meta y Guaviare. Su objetivo es garantizar la restauración ecológica en cuatro departamentos de la Amazonía, con más de 90.000 plántulas de árboles nativos y la protección de abejas meliponas, que garanticen su polinización. Denuncian que el Clan del Golfo declaró objetivo militar a líderes sociales El sur de Córdoba enfrenta una crisis preocupante debido a las constantes amenazas y agresiones contra líderes campesinos por parte de grupos armados ilegales. Estos grupos han señalado a reconocidos líderes, como Arnobis Zapata y Cervelión Cogollo, como “objetivo militar”, acusándolos de tener vínculos con la guerrilla de las FARC. Afirmaciones que carecen de fundamento ya que no hay evidencia de presencia guerrillera activa en la zona. Un incidente reciente en la hacienda El Coco (Montelíbano), evidenció la gravedad de la situación: un representante de una asociación campesina casi resulta asesinado al ser confundido con Cervelión Cogollo. La intervención oportuna de testigos evitó su muerte. La Unidad de Búsqueda recuperó 29 cuerpos del cementerio de Apartadó En su tercera intervención al Cementerio Central de Apartadó, que duró 14 días, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó 29 cuerpos que podrían corresponder a jóvenes víctimas de asesinatos selectivos, perpetrados en diciembre de 2005 en la vereda La Cristalina, del corregimiento San José de Apartadó. Los 29 cuerpos recuperados fueron enterrados como no identificados (NN) en una fosa común, en el ala sur del cementerio en mención. Este es uno de los casos más emblemáticos dentro de la comunidad del municipio. El Valle es el departamento que tiene más negocios verdes certificados Aunque la COP16 se realiza actualmente en Cali, desde hace meses el sector público y el privado trabajan en iniciativas relacionadas con la biodiversidad, el medio ambiente y la sostenibilidad en el departamento. Entre ellas están los negocios verdes. Según la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, el departamento tiene el mayor número de ellos. Su objetivo es cuidar la naturaleza y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Para Toro, esta es una ventaja competitiva no solo para las compañías locales establecidas, sino para la inversión extranjera que busca ubicarse en una región que cumpla con compromisos ambientales internacionales. En María La Baja alistan alternativas para transformación del municipio En una mesa de trabajo en la casa de la cultura, la alcaldía de Marialabaja y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), socializaron una serie de alternativas para impulsar el desarrollo del municipio. El alcalde de la población, Ramiro González, señaló que la mesa definitiva está prevista para el 6 de noviembre, con todas las iniciativas que están contempladas en el plan de desarrollo municipal. “Se priorizaron la compra de lotes para la construcción de las casas de la mujer en Sena, Arroyo Grande y Retiro Nuevo, y la construcción de un museo de arte y vida”, indicó. Se inauguró el primer proyecto de energía renovable para víctimas del conflicto Se inauguró el primer proyecto de “Energía Renovable para la Paz”, una iniciativa que busca proveer el acceso a energía eléctrica continua y renovable para los habitantes de municipios afectados por el conflicto armado y priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). El proyecto está ubicado en el corregimiento de La Victoria, municipio de El Copey (Cesar). Incluye 59 soluciones solares fotovoltaicas para las viviendas y la institución educativa, y 57 sistemas de bombeo de agua con energía solar, en beneficio de 209 personas.

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Está PaZando. Del 30 de septiembre al 14 de octubre

¿Cómo puede ayudar el turismo a conservar la biodiversidad? La COP16 en Colombia es una oportunidad histórica para promover el turismo sostenible como herramienta clave para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades locales. En efecto, la COP16 es una plataforma esencial para promover el diálogo sobre cómo se puede explorar y disfrutar de la naturaleza de manera responsable y consciente. Es una oportunidad para que gobiernos, organizaciones, comunidades locales y turistas unan esfuerzos y compartan ideas sobre la manera en que pueden equilibrar el crecimiento del turismo con la conservación de los ecosistemas. Estos son los desafíos que enfrenta el Valle para su reactivación económica Durante el foro Reactivando la economía con las regiones, impuslado por Corficolombiana y Grupo Aval, se discutieron los retos que permanecen para la reactivación económica en el Valle del Cauca con el fin de que la región pueda ser más competitiva, innovadora y generar más empleo. En este encuentro participaron la gobernadora del departamento y el alcalde de la capital vallecaucana, quienes destacaron la seguridad y la infraestructura como los principales retos. Además, el foro contó con la participación de líderes empresariales de distintos sectores, quienes compartieron sus experiencias de trabajo por el desarrollo regional. María Isabel Ulloa, directora de ProPacífico, destacó la labor de Compromiso Valle en la restaruación de las relaciones con la comunidad a partir de la generación de confianza. La fibra del cannabis fortalecerá la economía de los campesinos La Asociación de Unificación y Reorganización Agraria (URACOL), en alianza con estudiantes y profesoras de la Universidad Nacional, ha decidido establecer un proyecto en una extensión de 700 hectáreas para crear una ciudadela campesina. Esta iniciativa busca cultivar cuatro variedades de cáñamo, dos de las cuales son originarias del Valle del Cauca y otras dos que han sido importadas, con el objetivo de mejorar el potencial productivo de esta región y fomentar la participación de 75 familias de Sevilla. El cáñamo es una fibra que se extrae de la planta de cannabis y permite la producción de diversos productos como textiles, papel y otras materias primas. Su cultivo no solo fortalecerá la producción agrícola, sino que impulsará el trabajo de los campesinos, promoviendo así una economía local sostenible a través de su comercialización. Comenzaron los diálogos entre el Gobierno y el Clan del Golfo En Tierralta (Córdoba), se iniciaron los diálogos territoriales de paz entre el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo, un evento que marca un avance significativo en los esfuerzos por alcanzar la paz en la región. Este proceso, que comenzó el 11 de octubre, busca integrar a las comunidades locales y a las autoridades en un esfuerzo conjunto para transformar economías ilegales en legales. El equipo negociador del Gobierno, liderado por Álvaro Jiménez Millán, se reunió con los alcaldes del sur de Córdoba, incluyendo representantes de municipios como Tierralta, Valencia, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Planeta Rica, Ayapel y San Pedro de Urabá en Antioquia. Esta primera jornada pública fue seguida por una segunda sesión con los consejeros municipales de paz de Tierralta, quienes representaron a la sociedad civil. Minerales Córdoba impulsa el acceso a la salud Minerales Córdoba, en alianza con la Fundación Generación Caribe y la Fundación Unidos por el San Jorge, desplegó una jornada de salud gratuita en la zona rural de Puerto Libertador. Durante tres días, cerca de 1.000 personas recibieron atención médica especializada en áreas como pediatría, cardiología, ginecología, optometría, nutrición, odontología, dermatología y vacunación. El cacao mejora el futuro de las mujeres en el Urabá antioqueño Con su programa de sostenibilidad, Chocolate Cordillera trabaja con cacaocultoras de la subregión antioqueña y promueve habilidades que les permiten acceder a una mayor calidad de vida. Muchos sectores de la agricultura han sido tradicionalmente liderados por hombres, pero también muchas de las familias productoras de cacao están conformadas por madres cabeza de hogar. A ellas está dirigido el programa de sostenibilidad Atenea de la empresa Cordillera, en el que han participado 115 mujeres cacaocultoras. El programa —impulsado por Cordillera en alianza con otros actores, como el SENA— promueve herramientas para la autonomía económica, la transmisión de conocimiento entre las mujeres y la educación financiera. Todo con el propósito de cultivar liderazgos replicadores entre las mujeres para promover la equidad de género en zonas rurales. Cacao orgánico: el nuevo oro que transforma vidas y conquista el mercado mundial La producción de cacao en la región amazónica ha dado un salto significativo hacia la sostenibilidad y la competitividad en el mercado internacional. Gracias a un arduo trabajo conjunto entre productores y la Embajada de Canadá, más de 100 familias cacaoteras del Putumayo obtuvieron la certificación de producción orgánica. Esta certificación, lograda tras un proceso de dos años que incluyó asistencia técnica y capacitación, permitirá a los productores exportar su cacao a mercados exigentes como Estados Unidos, Canadá y Europa. Con la certificación orgánica del cacao del Putumayo no solo se abren puertas a nuevos mercados y mejores precios, sino que se promueven prácticas agrícolas sostenibles que benefician al medio ambiente pues evitan el uso de pesticidas y fertilizantes químicos, protegiendo los suelos, el agua y la biodiversidad.

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Está PaZando. Del 16 al 30 de septiembre

Cristo apuesta a la implementación del Acuerdo para mostrar resultados del Gobierno El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, visitó el departamento de Putumayo, donde recorrió la zona PDET que abarca nueve municipios (incluyendo Mocoa, la capital). En los últimos meses, Cristo ha visitado un total de diez zonas PDET con el objetivo de reactivar la ejecución presupuestal en los 170 municipios priorizados por el Acuerdo de Paz para implementar proyectos estratégicos. La idea es priorizar entre cuatro y cinco grandes proyectos en cada uno de estos municipios. Sin embargo, existen desafíos significativos. Alexander López, Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), señaló la ineficaz ejecución de los recursos de regalías en años recientes, alertando sobre riesgos de corrupción. David Flórez, quien funge como director de Gobierno, Derechos Humanos y Paz del DNP, explicó que desde la llegada de Cristo al Ministerio ha habido un trabajo más coordinado entre la cartera y el DNP. En Colombia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se cumplen en un 60,56% A casi menos de seis años de cumplirse la meta de la Agenda Global 2030, el avance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), está siendo desigual y enfrenta varios obstáculos a nivel mundial. Así lo reveló la Organización de las Naciones Unidas al enfatizar que solo 17% de las metas muestran progreso, mientras la mitad deja ver un aumento mínimo o moderado y más de un tercio expone estancamiento o retroceso por varias razones: efectos del Covid-19, conflictos geopolíticos o el caos climático. Según el informe 2023 del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el avance en algunos ODS es el siguiente: ODS 1 (Fin de la Pobreza), 37%; ODS 2 (Hambre Cero), 4%; ODS 3 (Salud y Bienestar), 49%; ODS 4 (Educación de Calidad), 66%; ODS 5 (Igualdad de Género), 65%; y ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas), 56%. Avanzan los Laboratorios de Paz en el departamento Putumayo participó de la estrategia Laboratorios de Paz realizada en Florencia (Caquetá). El evento tuvo el objetivo de crear acciones que permitan fortalecer el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz y que las personas en proceso de reincorporación se apropien de las herramientas que el Programa de Reincorporación Integral (PRI), tiene para ellas. Liderado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la estrategia reunió a 20 líderes y lideresas de paz de la región sur (Caquetá, Putumayo y Huila) con el fin de establecer acciones que permitan avanzar en la construcción de paz territorial. En estos espacios se construyen y reconfiguran los conocimientos sobre la implementación y el seguimiento al Acuerdo Final de Paz, lo que permite fortalecer las capacidades y habilidades colaborativas, así como la articulación nación-territorio. En Córdoba opera parque solar para 132.000 viviendas El Gobierno nacional y la empresa Zelestra (Solarpack) entregaron en Montería el parque solar más grande de Colombia: un complejo de más de 220.000 paneles solares que generará energía limpia para 132.000 hogares y beneficiará a cerca de 430.000 personas de estratos vulnerables. El proyecto fotovoltaico La Unión se erige como uno de los proyectos solares más importantes en el país y el más grande del departamento de Córdoba. Es un referente en la lucha contra el cambio climático, pues su ubicación estratégica en un área con alto potencial solar y condiciones climáticas favorables, sumada a una cuidadosa planificación ambiental, ha permitido minimizar el impacto negativo sobre el entorno natural, pero además evitar la emisión de 123.346 toneladas de CO2 al año, equivalente a plantar 12.3 millones de árboles. Conforman observatorio para monitorear situación de DD.HH. en el Darién En un esfuerzo conjunto, más de 15 organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento y academia lanzaron el Observatorio de Movilidad Humana del Darién y otras rutas alternas, con el fin de monitorear la situación de derechos humanos en esta ruta migratoria. Su conformación responde a la necesidad de comprender la multiplicidad de desafíos que enfrentan las personas que transitan por la región del Darién, así como trabajar colectivamente para garantizar la protección de sus derechos. El Observatorio tiene como objetivo compartir información precisa y actualizada que facilite la comprensión y el abordaje de estas dinámicas migratorias. También, elevar recomendaciones de políticas y prácticas basadas en los hallazgos, dirigidas a todos los actores interesados (especialmente a los Estados involucrados), con la intención de alertar sobre violaciones de derechos humanos y brindar insumos para mejorar el desarrollo de respuestas integrales. Víctimas del conflicto piden al Gobierno agilizar restitución de sus tierras Familias víctimas del conflicto que fueron despojadas de sus tierras en Urabá denuncian que no se les ha hecho la restitución de sus predios. Estiman nueve años más de espera en procesos administrativos, y aseguran que esto afectará la construcción de megaproyectos como Puerto Antioquia. En Antioquia hay 25.890 solicitudes de restitución de tierras; hasta la fecha, sin embargo, solo 3.415 casos han recibido respuesta (un 13,2 %). Gremios buscan transformar territorios vulnerables del sur del Valle y norte del Cauca “Compromiso territorio” busca generar oportunidades y contribuir a la transformación sustentable de comunidades vulnerables del norte del Cauca y el sur del Valle. “Es una iniciativa que articula diferentes programas de impacto social y que capitaliza los aprendizajes de experiencias previas como Compromiso Valle, donde hemos demostrado que trabajando juntos y de la mano con las comunidades, podemos diseñar soluciones efectivas y sostenibles a las necesidades específicas de los territorios”, dijo María Isabel Ulloa, directora Ejecutiva de ProPacífico. La estrategia centra sus esfuerzos en cuatro ejes de trabajo: social, cultural y deportivo; económico; institucional y ambiental. Se espera impactar a más de 2.200 personas con un presupuesto de más de $7.000 millones para este 2024. Alertan sobre riesgos para lideresas y defensoras de derechos humanos La Procuraduría General de la Nación expresó su preocupación por la creciente presencia del Clan del Golfo en la zona de Montes de María, lo que afecta gravemente la seguridad de las lideresas y defensoras de derechos humanos en esta región. Diana Yolima Niño Avendaño, delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, hizo estas afirmaciones durante la “Mesa para la seguridad y protección de lideresas y defensoras de derechos humanos en la subregión de Montes de María”, convocada por la Procuraduría en Cartagena. La funcionaria señaló que la situación ha incrementado diversas formas de violencia contra esta comunidad, evidenciada en más de seis alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo durante los últimos meses. El Cesar se potencializa como atractivo turístico Ante empresarios de 14 países y con la participación del embajador del Reino Unido en Colombia, George Hodgson, el Cesar fue destacado como un importante destino turístico a nivel nacional y mundial la 12ª edición de Colombia Nature Travel Mart. El evento fue organizado por ProColombia con el fin de promover la oferta turística de este territorio. El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel López, ratificó el compromiso del gobierno departamental para impulsar este tipo de eventos y promover las riquezas culturales y naturales del territorio.

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