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Jurisdicción Agraria: una promesa en riesgo de desnaturalizarse

A pesar de que el 94% de nuestro territorio es rural, de que la concentración de la tierra bastante alta, con un índice de Gini de 0,89, de que la informalidad de la propiedad rural se acerca al 54% y de que más del 46 % de los hogares viven en zonas rurales, seguimos resistiéndonos a avanzar en su creación. Todo esto mientras de acumulan más de 37 mil procesos agrarios sin resolver , la gran mayoría de ellos asociados a la clarificación de la propiedad. Alrededor de estos temas, y de otros similares, se han estructurado una parte relevante de nuestros conflictos sociales. Dudar, entonces, que los problemas sobre la tierra tienen relación directa con la persistencia y prolongación del conflicto armado , no sólo es ingenuo sino contraevidente. Precisamente por ello, la Jurisdicción Agraria fue una promesa esencial del Acuerdo Final de Paz de 2016 y un punto neurálgico en la búsqueda de justicia para el campo colombiano. Su finalidad era corregir un viejo problema estructural y también operativo: que las decisiones sobre la tierra —como clarificación de la propiedad, extinción administrativa o recuperación de baldíos— dejaran de depender de autoridades administrativas y pasaran a manos de jueces especializados, imparciales y conocedores del contexto rural. Con ello se buscaba, además, reducir los tiempos de decisión y garantizar su correcta materialización. Esa fue parte de la esencia del Decreto Ley 902 de 2017, dotar al país de un control jurisdiccional efectiv o y más expedito que garantizara decisiones oportunas, seguras y coherentes con el mandato constitucional de la Reforma Rural Integral. El problema en su implementación, luego de ocho años, radicó precisamente en la ausencia de esta jurisdicción especializada. El Decreto y la Jurisdicción Agraria eran una dupla necesaria para materializar la reforma rural . Paradójicamente, hoy que la Jurisdicción Agraria empieza a ser una realidad constitucional, el proyecto de ley que debe reglamentarla sumada a la demanda al 902 interpuesta por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), amenaza con vaciarla de parte de su contenido. Esto, en otras palabras, equivale a reinstaurar el modelo que precisamente se buscaba superar, un sistema donde la misma entidad que ejecuta la política pública es juez y parte en la definición de los procesos especiales agrarios, generando inseguridad jurídica, dilaciones interminables y desconfianza en las comunidades rurales. Los procesos agrarios, en su mayoría, no pueden seguir siendo una cuestión meramente administrativa. Son, por definición, procedimientos que deciden sobre derechos fundamentales y sobre transformaciones estructurales del territorio. Tampoco pueden seguir siendo eternos, en muchos casos tardan más de 20 años en llegar a decisiones de fondo . Requieren independencia, estabilidad y celeridad, condiciones que solo un juez especializado puede garantizar, además de disponer de las herramientas necesarias para hacer cumplir sus decisiones. La administración agraria, por más técnica que sea, no puede asumir ese rol sin comprometer su imparcialidad. Quien diseña y ejecuta la política pública no debería, al mismo tiempo, juzgar sus propios actos. Sin esa imparcialidad en las decisiones sobre la tierra, podríamos generar nuevos ciclos de violencia . Por eso, quitarle a la Jurisdicción Agraria la competencia para decidir en los procedimientos agrarios no solo es un error técnico del proyecto de ley que discute el Congreso, sino una regresión política . Si se pretende cumplir de verdad con el Acuerdo de Paz, la ley de la Jurisdicción Agraria debe consolidar el control judicial como parte de su espíritu, no relegarlo. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir una promesa histórica en una institución vacía , incapaz de garantizar la transformación rural y el acceso equitativo a la tierra que tanto necesita el país. Esperemos que en esta oportunidad, como el metro de Bogotá, si logremos materializarla y no siga siendo una promesa eterna e incumplida. Por último, ojalá los acuerdos logrados en el Congreso entre el Gobierno, con un gran liderazgo de la ministra Carvajalino, y la gran mayoría de bancadas, con un reconocido esfuerzo de la senadora Paloma Valencia , que buscan respetar dicho control jurisdiccional mediante arreglos lógicos para cada procedimiento, se mantengan. Y que, en consecuencia, haya coherencia al interior del Gobierno retirando la demanda al 902 que instauró la ANT. ¡Jurisdicción Agraria, Sí! pero no así.

Javier Flórez

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La guerra de EE. UU. contra los lancheros: más riesgos que beneficios

La decisión del gobierno de Estados Unidos de bombardear lanchas sospechosas de traficar drogas en aguas internacionales —amparada en los poderes de guerra que permiten a su presidente declarar un conflicto armado ante riesgos para la seguridad nacional—, es aún más radical que la llamada “guerra contra las drogas” declarada hace más de 50 años. Una medida de esta magnitud tiene implicaciones profundas para el orden jurídico internacional, los derechos humanos y la estabilidad territorial en América Latina, sin que exista certeza alguna de que logrará frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. En primer lugar, usar el lenguaje y la lógica de la guerra para enfrentar redes criminales transnacionales implica utilizar una categoría que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) no reconoce en estos casos. No existe un “conflicto armado” entre Estados Unidos y las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas; por eso, aplicar tácticas militares, como bombardeos preventivos o destructivos, constituye una violación grave del DIH. Además, dejar en manos de los militares la decisión irreversible de destruir embarcaciones sin verificar plenamente quiénes las ocupan o qué actividad realizan realmente, pone en riesgo el derecho a la vida y las garantías judiciales. En este caso, las afectaciones a los derechos humanos no son un efecto colateral, sino una consecuencia previsible: estas operaciones pueden terminar matando a pescadores artesanales, a comunidades que se movilizan por mar, o a trabajadores reclutados a la fuerza por organizaciones criminales. Y, como suele ocurrir cuando se usa la fuerza de manera desproporcionada, las responsabilidades se diluyen, sin que haya reparación ni rendición de cuentas. Por otro lado, esta medida, por sí sola, tensiona el orden jurídico internacional porque promueve la idea de que un Estado puede usar poder letal y desproporcionado más allá de sus fronteras, apelando a una amenaza global y difusa. Incluso, si se dejara de lado la dimensión jurídica y humanitaria, —algo inadmisible y problemático en sí mismo—, la eficacia de esta medida es seriamente cuestionable. Las lanchas rápidas representan solo una fracción menor del tráfico de cocaína hacia los mercados internacionales, y su destrucción no altera la estructura económica del negocio. De hecho, la historia de la lucha contra el narcotráfico demuestra que, cuando se presiona un eslabón de la cadena, los grupos criminales innovan rápidamente. Así lo hicieron en el pasado, construyendo semisumergibles, camuflando embarcaciones como pesqueros o contenedores comerciales, entre muchas otras estrategias. La ofensiva sobre las lanchas solo generará una nueva ola de adaptación tecnológica y rutas alternativas, los costos serán millonarios para los Estados Unidos y los beneficios para la reducción del tráfico global mínimos, pero con una afectación a los eslabones más vulnerables de la cadena. Este es el patrón que se repite con este tipo de soluciones simplistas para enfrentar el narcotráfico. Estas operaciones también tendrán un efecto directo en la reorganización territorial del negocio ilícito. Cuando el mar se convierte en teatro de operaciones de alto riesgo, el tráfico tiende a desplazarse hacia corredores terrestres o hacia puertos comerciales, donde la corrupción y la capacidad de camuflaje logística son mayores. Sectores que antes no estaban tan presionados pueden transformarse en epicentros de disputas, aumentando la violencia local y la vulnerabilidad institucional. Revisemos, por ejemplo, lo que pasa en Ecuador. Bombardear en alta mar no elimina el tráfico: lo redistribuye, lo fragmenta y, en muchos casos, lo vuelve potencialmente más peligroso. Para las comunidades costeras, pesqueras y rurales que habitan estos territorios, el impacto será profundo. El miedo se volverá parte de la vida diaria: temor a ser confundidos con embarcaciones sospechosas, temor a la estigmatización y, sobre todo, temor a quedar atrapados entre la acción militar estadounidense y la represalia de las organizaciones criminales que controlan las zonas que habitan, además de la posibilidad de ser víctimas de extorsión por parte de estos grupos. Estas comunidades, históricamente desprotegidas y habitantes de territorios vulnerables, quedan aún más expuestas. Allí la vida parece tener menos valor y las garantías constitucionales pierden vigencia real. Así no se debilita al narcotráfico, sino a quienes menos poder tienen en el tráfico de la cocaína y son fácilmente remplazables. Además, la sostenibilidad de esta estrategia es francamente dudosa. La militarización extrema en la lucha contra el narcotráfico consume recursos enormes, desvía la atención de estrategias que integren desarrollo y salud pública, y perpetúa la ilusión de que el problema puede resolverse solo con la fuerza. A largo plazo, estas operaciones suelen perder respaldo político, desgastar relaciones diplomáticas y, paradójicamente, alimentar la narrativa de confrontación que muchos grupos criminales usan para legitimarse en los territorios. Finalmente, la decisión de Estados Unidos supone un desafío directo a la institucionalidad global y a las jurisdicciones nacionales. Si un Estado reinterpreta a conveniencia los límites del uso de la fuerza, otros pueden seguir la misma ruta, debilitando los consensos que sostienen al sistema multilateral. Se envía el mensaje de que las normas son negociables cuando conviene, lo cual es especialmente grave en una región donde la tentación autoritaria y la militarización de las políticas públicas han tenido efectos devastadores. Bombardear en nombre de la “guerra contra el narcotráfico” es desproporcionado e insostenible. La medida viola derechos y reglas internacionales, pone en riesgo a comunidades y genera nuevas rutas criminales. Además es costosa y no afecta de manera contundente el negocio. En lugar de abrir un nuevo capítulo de militarización, la región debe fortalecer las políticas que la evidencia muestra que funcionan. Una de ellas es la lucha contra los flujos de dineros ilícitos del narcotráfico y otras economías ilegales y el enriquecimiento de las organizaciones criminales. Preocupa que las tensiones geopolíticas y diplomáticas actuales debiliten las históricas alianzas estratégicas en inteligencia —incluida la inteligencia financiera—, esenciales para enfrentar el narcotráfico y, a la postre, para la estabilidad regional. Para Colombia, esto es aún más grave en un momento en el que las capacidades de inteligencia del país enfrentan serias fallas estructurales . La región también debe concentrarse en la cooperación judicial, el fortalecimiento institucional, la reducción de riesgos y daños, en medidas innovadoras en seguridad y en el desarrollo rural integral para corregir los profundos desequilibrios territoriales. Solo así se podrá reducir el poder del narcotráfico desde la raíz y no desde el espectáculo bélico. No se trata de abandonar las estrategias de seguridad, sino de garantizar que realmente contribuyan a una reducción sostenible del fenómeno.

Javier Flórez

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Homicidios: lo que dice el Presidente versus lo que muestran los datos

El Presidente anunció en su cuenta de X que, aunque durante lo corrido del 2025 el número de homicidios aumentó frente al anterior, la tasa de este delito ha disminuido. “Informo a Colombia que estamos bajando la tasa de homicidios con respecto al año pasado, pero aún es más alto el número de personas asesinadas ”, escribió al inicio de su mensaje donde compartió el “parte oficial y preliminar” de la Policía Nacional, con corte al 30 de noviembre. Sin embargo, las cifras oficiales del Ministerio de Defensa lo contradicen: tanto el número como la tasa subieron. La FIP monitorea y analiza mes a mes el comportamiento de los indicadores de seguridad en el país y ha venido advirtiendo del deterioro de la seguridad. “ La vida sigue perdiendo la batalla. Hacemos un llamado a la sensatez. Reconocer el problema es el primer paso para solucionarlo. Mientras el Presidente siga interpretando de forma confusa los datos que él mismo presenta, no se tomarán las decisiones adecuadas para enfrentar la amenaza criminal que afecta a tantos colombianos ”, dice María Victoria Llorente, directora de la FIP. Analizamos los datos entre enero y octubre de 2025 y destacamos siete asuntos que muestran lo que ocurre con la seguridad a nivel nacional y en las regiones. El homicidio no mejora, se mantiene estable. Según el Ministerio de Defensa, entre enero y octubre los homicidios intencionales pasaron de 10.952 casos en 2024 a 11.327 en 2025, un incremento del 3,4%. La tasa también subió para el mismo periodo: de 20,8 pasó a 21,3 por cada 100 mil habitantes. Al ritmo que vamos cerraremos el año con una tasa de 26 contra 25,4 del 2024. Es cierto que en 2025 el aumento ha sido moderado, pero revirtió la leve caída de 2024. Los datos del Ministerio de Defensa también muestran que, durante el Gobierno Petro, el homicidio no ha variado si se compara con los mismos meses de los últimos tres gobiernos: solo cayó 0,1%. Hoy, la realidad es que violencia letal se mantiene estable a nivel nacional. Las cifras nacionales invisibilizan lo que pasa en varias regiones y ciudades. En algunos departamentos aumentan significativamente los homicidios y en otros hay reducciones destacadas. Suben en Guaviare (+209%), donde hay nuevos focos de disputa entre actores ilegales. También en Risaralda (+79%) por la situación de bandas criminales en Pereira. Bajan en Putumayo (-55%) y Boyacá (-39%). En el caso de las ciudades capitales, el homicidio aumenta en Cali (8,5%) y Medellín (5,9%) y se reduce en Bogotá (-0,6%) y Barranquilla (-7,8%), donde la tregua entre bandas estaría jugando un rol importante. El secuestro registra un salto histórico y las masacres aumentan. En 2024 hubo 242 víctimas de secuestro entre enero y octubre, pero en 2025 la cifra se disparó a 527: un aumento del 117,8%. Es el mayor salto desde 2007, cuando se registró el último pico histórico con 479 víctimas. Sobre las masacres, este año, el Ministerio de Defensa reporta 75 masacres y 263 víctimas, un alza frente a 2024 (72 y 247). Son aumentos del 4.2% en masacres y del 6.5% en las víctimas, revirtiendo la reducción entre 2022 y 2024 La extorsión crece y afecta a todo tipo de ciudadanos. A nivel nacional, la extorsión ha ido en aumento desde 2021, alcanzando un pico histórico en 2024. Aunque las cifras oficiales actuales muestran una disminución en comparación con ese año, en los recorridos que hacemos en la FIP en zonas bajo influencia de los grupos, la población reporta que hoy en día es una práctica generalizada. En esos lugares, donde denunciar es difícil, los registros oficiales suelen distar mucho de la realidad. La violencia contra la Fuerza Pública se dispara. Los heridos subieron de 398 en 2024 a 673 en 2025, un aumento del 69,1%. Y los asesinatos de miembros de la Fuerza Pública pasaron de 77 a 153, prácticamente duplicándose en un año. Desplazamiento y confinamiento en máximos históricos. Según OCHA, entre enero y octubre de 2025 se registró el mayor número de desplazamientos masivos en 18 años. Las víctimas aumentaron 69% y los casos de confinamiento se triplicaron. La violencia no siempre es visible. El homicidio es un indicador clave, pero insuficiente para dimensionar la problemática de orden público que vive el país. La FIP ha insistido en que hoy las estructuras ilegales atentan contra la población con métodos menos visibles para evitar ser blanco de la fuerza del Estado. Las amenazas, los desplazamientos forzados individuales y las restricciones de movilidad, siguen aumentando y afectan seriamente derechos en muchas regiones.

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El caso ‘Calarcá’ deja al descubierto la crisis en la comunidad de inteligencia de Colombia

En Colombia crece la preocupación por el estado actual de las capacidades de inteligencia. La alerta viene de tiempo atrás, pero se reforzó tras el escándalo por los presuntos nexos entre el Estado Mayor de Bloques y Frente (la disidencia comandada por ‘Calarcá’) , miembros del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), revelado por Noticias Caracol. “Lejos de ser un tema aislado, el deterioro en esta materia afecta la seguridad nacional, la lucha contra los grupos armados y el crimen organizado, la precisión operacional e incluso la estabilidad institucional”, asegura Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la FIP. Hoy, el ecosistema de inteligencia enfrenta, por lo menos, seis fallas estructurales que deben ser discutidas con seriedad. Desmantelamiento del talento humano La salida acelerada de oficiales y suboficiales expertos, producto de llamados a calificar servicios y retiros anticipados, ha golpeado el corazón del sistema. La inteligencia depende de continuidad, experiencia y memoria institucional. Cuando se pierde ese capital humano, la curva de aprendizaje se reinicia y el tiempo corre en el marco de un contexto bastante complejo para el país. La reducción del presupuesto de inversión en las Fuerzas Militares La disminución de fondos se traduce en una menor capacidad para modernizar sensores, plataformas y redes, un debilitamiento de capacidades estratégicas y de vigilancia técnica, y un rezago en las capacidades de ciberinteligencia. Además, esto genera un impacto en la adquisición de hardware y software estratégico. No hay que olvidar que sin inversión no hay inteligencia. Y sin inteligencia, las operaciones se vuelven más riesgosas e inciertas. Politización de la DNI: La Dirección Nacional de Inteligencia debería ser un órgano civil, técnico y profesional, blindado de presiones políticas. Sin embargo, la creciente intromisión en asuntos internos de las FF.MM., la falta de claridad en prioridades y la pérdida de confianza institucional han generado un ambiente de incertidumbre en el ecosistema de inteligencia. “Cuando este sector se politiza, deja de producir información certera y empieza a producir conveniencia política. El costo es enorme y nos devuelve a las épocas de la crisis final del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)”, explica Flórez. Debilitamiento de la doctrina conjunta Durante años, esta doctrina permitió integrar las capacidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a nivel operativo (muchas veces, en profunda coordinación con Policía) para producir inteligencia convergente y operaciones de precisión. Hoy se percibe su desmonte progresivo, representado en menos interoperabilidad, menos misiones conjuntas y pérdida de estándares de flujo de información. Sin doctrina conjunta, cada fuerza opera en compartimientos y la inteligencia pierde eficacia. Las tensiones en la cooperación internacional Los vínculos con Estados Unidos e Israel, dos de los aliados históricos más importantes en materia de inteligencia técnica, ciberseguridad, lucha antinarcóticos y contra el terrorismo, están enfrentando dificultades geopolíticas y diplomáticas. Esto puede impactar en una disminución en el intercambio de información, el apoyo en generación de capacidades técnicas, restricciones en transferencia de tecnología, frenos en programas de entrenamiento avanzado y desconfianza general. Un país como Colombia no puede darse el lujo de debilitar sus alianzas estratégicas en inteligencia. Inteligencia financiera, en crisis La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que debería ser un pilar de confianza internacional, ha perdido credibilidad y cooperación con sus pares globales, más allá de sus debilidades históricas. Eso afecta directamente la capacidad de seguir el dinero de las economías ilegales, rastrear lavado de activos y desarticular redes financieras criminales. Sin inteligencia financiera robusta, el crimen organizado respira con tranquilidad y seguimos sin afectar lo que verdaderamente les duele: su dinero. Para el director del área de Conflicto y Seguridad de la FIP, la suma de estas seis tendencias dibuja un panorama preocupante. “Colombia está enfrentando actores criminales más fragmentados, móviles y sofisticados, con finanzas globalizadas y capacidad de cooptar territorios. No es viable enfrentar ese escenario con un sistema de inteligencia debilitado, politizado y desfinanciado. Se necesitan propuestas contundentes y urgentes, sin politizar el debate”, señala Flórez.

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El Radar - Del 8 al 14 de septiembre de 2025

ELN vuelve a hablar de negociaciones Así lo dio a conocer Pablo Beltrán en un nuevo vídeo publicado por esta guerrilla. Sin entrar en mayor detalle, Beltrán aseguró que están abiertos a negociar en este o el siguiente gobierno. Otty Patiño considera que aún no ve “la más mínima luz de esperanza” para reanudar los diálogos. De manera similar, Vera Grabe tampoco considera que esto pueda interpretarse como una propuesta que amerite volver a la mesa. Gobierno adopta llamar "Ejército Gaitanista de Colombia" al Clan del Golfo La resolución también define a este grupo como un Grupo Armado Organizado con el cuál se adelanta un espacio de diálogo sociojurídico, un cambio respecto a la clasificación que anteriormente otorgó la Instancia de Alto Nivel, que el año pasado catalogó a este grupo como una Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto. Sentencias históricas de la JEP por secuestros de las FARC y falsos positivos La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó dos fallos emblemáticos: uno sobre los secuestros cometidos por las FARC y otro sobre los asesinatos de civiles ejecutados por militares y presentados como bajas en combate, conocidos como “falsos positivos”. Según el tribunal, las FARC provocaron al menos 21.936 víctimas de secuestro, mientras que en el caso de los falsos positivos se documentaron 6.402 víctimas. EE.UU. Descertifica a Colombia en la lucha contra las drogas La decisión de este gobierno se da tras concluir que Colombia no habría cumplido con sus compromisos internacionales contra el narcotráfico, contando hoy con récords históricos de producción de coca y cocaína. Asimismo, el comunicado señala que la decisión podrá ser reconsiderada si el gobierno del presidente Petro “adopta medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína”. El secuestro repunta: mutaciones y desafíos para frenarlo Entre enero y julio de 2025, el secuestro creció un 57,1%. Hoy es un delito más urbano, sus autores se han multiplicado y predomina la modalidad extorsiva.

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El Radar - Del 25 al 31 de agosto de 2025

Alerta por nuevo desplazamiento en el Catatumbo El hecho se presentó Betania de Tibú, donde cerca de 80 personas, que habían retornado recientemente, salieron nuevamente de sus hogares. Por otro lado, tanto la comunidad internacional como las organizaciones sociales advierten que hay grandes obstáculos para la atención en salud, en particular, Madres del Catatumbo, resalta la dificultad para que las mujeres embarazadas asistan a controles médicos. Toque de queda en Buenaventura Líderes de la Comuna 12 aseguran que un actor armado ilegal prohibió la circulación en las calles desde las 5 de la tarde hasta la madrugada, además, que la violencia está obligando a las personas a abandonar sus casas, que son posteriormente tomadas por actores ilegales. Más ataques con drones en el suroccidente El primer hecho se registró en el Bajo Calima (Valle del Cauca), donde un dron atacó a un grupo de uniformados de la Armada mientras adelantaban labores de registro y control. El segundo hecho ocurrió en El Bordo, Cauca, donde fue atacada la estación de policía. Allí fueron heridos tres uniformados. Ordenan regreso de la Unidad de Búsqueda en La Escombrera La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ordenado el regreso inmediato de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) a las labores de búsqueda en La Escombrera, tras meses de tensión entre ambas entidades y la exclusión previa de la UBPD en abril de 2025 luego de hallazgos de cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Alerta por falta de recursos para financiar sanciones de la JEP El anuncio fue dado por la Contraloría General de la República. Se requiere un presupuesto cercano a 500.000 millones de pesos para cubrir reparaciones, sanciones propias y cumplimiento de sentencias derivadas de los macro casos, pero hasta ahora solo se han desembolsado 20.000 millones. Críticas por retroceso en la política de drogas de Bogotá Tras la cuarta cancelación del debate de control de la política pública de sustancias psicoactivas de la ciudad de Bogotá, organizaciones y concejales manifestaron su descontento y señalaron que no hay voluntad de parte de la administración para avanzar con esta política pública. Nueva estrategia para fortalecer la seguridad ciudadana en Colombia La Policía Nacional de Colombia presentó la estrategia "Seguros, Cercanos y Presentes", un plan integral para fortalecer su presencia en los territorios y mejorar la relación con las comunidades. El objetivo es transformar el servicio policial, enfocándose en la prevención del delito y la participación comunitaria para reducir la inseguridad en zonas urbanas y rurales. Regiones de Paz: dudas sobre el borrador de decreto para reglamentarlas Esta figura hace parte de la Ley de Paz Total, pero aparece cuando el reloj corre en contra del Gobierno y el país está en medio de una campaña preelectoral desafiante. La FIP advierte sobre los riesgos de multiplicar figuras que persiguen objetivos similares y que aún no cumplen su objetivo.

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El Radar - Del 18 al 24 de agosto de 2025

Atentados en el país dejaron 20 personas muertas El primero de ellos fue la activación de múltiples explosivos cerca de la Escuela Militar de Aviación, Marco Fidel Suárez, en Cali, ataque que dejó siete personas muertas y más de 70 heridos, todos ellos civiles. El segundo ocurrió en Amalfi, en el norte de Antioquia, donde fallecieron 13 policías tras el ataque al helicóptero en que se transportaban. El presidente Petro pidió a la comunidad internacional calificar como terroristas al EMC, Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo. Inició séptimo ciclo de negociación con las disidencias del EMBF A pesar del ataque al helicóptero militar en Amalfi, en Antioquia, inició otra ronda de conversaciones con el EMBF, que lidera alias 'Calarca', disidencia señalada de ser la responsable de ese hecho violento. El nuevo ciclo arrancó con un evento masivo en los Llanos del Yarí, entre Meta y Caqueta, en el que las partes renovaron su compromiso de avanzar con aspectos relacionados a la influencia de este grupo armado en el sur del país. ELN liberó a dos soldados tras cuatro meses de secuestro El Frente Urbano del ELN liberó a los dos militares en la zona rural de Cúcuta, quienes habían sido secuestrados en el barrio Colinas del Tunal de esa ciudad. La entrega contó con el acompañamiento de una comisión de las Naciones Unidas. $5.000 millones para proyectos productivos de excombatientes de las FARC La iniciativa, llamada “Estrategia de Fomento”, financiará propuestas individuales por hasta 49 millones de pesos y proyectos colectivos o comunitarios por hasta 149 millones, priorizando su viabilidad técnica, relevancia territorial e impacto comunitario bajo un proceso público de selección. El programa lo lidera la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y busca fortalecer la confianza y participación política, comunitaria y social de los excombatientes. Aumentan los delitos nocturnos en Bogotá pese al decreto “Rumba Segura” Según denuncias del concejal Julián Sastoque y datos oficiales, entre la medianoche y las 6 a.m. se concentran altos índices de hurtos, homicidios y delitos sexuales que representan más del 30% del total de este tipo de hechos en la ciudad. Este comportamiento evidencia que falta mayor control y vigilancia para ampliar la efectividad de "Rumba Segura". Acabar con la coca: la promesa incumplida que alimenta la violencia Un reciente reportaje de @time y @amazonuworld en Putumayo, titulado "El Estado de la coca", retrata la “bicicleta estática” de Colombia frente al narcotráfico. Luego de 25 años de programas de sustitución, fumigaciones con glifosato, iniciativas de desarrollo y muchas promesas incumplidas, departamentos como Putumayo siguen gravemente afectados por la violencia y los cultivos de uso ilícito. Análisis de nuestra directora, María Victoria Llorente.

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El Radar - Del 11 al 17 de agosto de 2025

ELN niega participación en el homicidio del senador Miguel Uribe A esta afirmación, dada por el presidente Petro, el ELN respondió desmarcándose de este hecho, declarando que esta organización "responde por lo que hace”, y que tiene indicios de que el negocio de las esmeraldas está relacionado con el homicidio del senador. Las autoridades judiciales nunca han hablado de esta hipótesis, en su lugar, mantienen abierta la posibilidad de que algún grupo armado haya tenido un rol. Ministerio de Defensa confirmó el asesinato del Zarco Aldinever El alto mando de la Segunda Marquetalia habría caído en una emboscada del ELN en Venezuela, en camino a una reunión con líderes de dicha guerrilla. "Aldinever" ha sido vinculado por los entes investigadores al asesinato de Uribe Turbay. Sobre el nuevo intento de negociación con el Clan del Golfo Qatar será el facilitador de esta nueva etapa del diálogo con la que el gobierno espera consolidar un tablero de negociación formal. Álvaro Jiménez, jefe de la delegación de gobierno para estos diálogos, explicó que tanto representantes del gobierno como personas de confianza del Clan, ya han viajado al país árabe para avanzar en conversaciones exploratorias. También, se ha revelado que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz ha mantenido el diálogo con Estados Unidos a fin de evitar inconvenientes diplomáticos. Avalan comité para referendo que busca derogar el acuerdo de paz con las FARC La Registraduría Nacional, a través de la resolución 9509 del 5 de agosto de 2025, admitió la inscripción de este comité, que deberá recolectar más de dos millones de firmas para llevar la iniciativa a las urnas. El acuerdo ha sido reconocido internacionalmente, pero enfrenta críticas sobre su implementación y la falta de avances en temas como la reforma rural y la protección de excombatientes. Elecciones 2026: claves para adelantarse a la vionecia que se aproxima La campaña electoral que se aproxima podría ser una de las más violentas de los últimos años. La muerte del precandidato Miguel Uribe tras un atentado, el ataque contra el congresista Julio César Triana en Huila y el asesinato de más de 70 líderes sociales en lo que va del 2025 tienen encendidas las alertas.

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