FIP Opina

Inequidad e ineficiencia en el uso de la plata del Acuerdo de Paz

El mayor desafío de la implementación del Acuerdo de Paz ha sido traducir las promesas en acciones tangibles y, esas acciones, en resultados significativos para las comunidades más afectadas por el conflicto. Para esto, la financiación de los programas y proyectos derivados del Acuerdo es crucial. Sin embargo, el camino recorrido desde el 2017 deja muchas preguntas sobre la eficacia del gasto, la voluntad política y la verdadera capacidad del Estado para cumplir con lo pactado , aún cuando se reconocen los esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno para aumentar los recursos destinados a la paz. De los 147 billones de pesos que se estimó costaba implementar el Acuerdo en un periodo de 15 años, se ha ejecutado el 52,7%, según datos de la Contraloría General. Esto, aunque parece un progreso razonable a un poco más de la mitad del tiempo fijado para la implementación, deja entrever retos significativos que afectan especialmente a los territorios más vulnerables del país y con menores capacidades institucionales. Es necesario entender que la paz no solo se decreta, se construye con inversiones reales, eficientes y eficaces. Uno de los aspectos más alarmantes que se deriva del análisis de la financiación del Acuerdo de Paz realizado por Del Capitolio al Territorio de la FIP, es la desigual y muy lenta ejecución de los recursos. La Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio han tenido dificultades para ejecutar sus presupuestos en 2024, con porcentajes de ejecución de 7,22%, 19,9% y 28,6% a julio del presente año, respectivamente. Estas cifras son particularmente preocupantes porque estas tres entidades son claves para la Reforma Rural Integral, uno de los pilares del Acuerdo. La baja ejecución presupuestal refleja, no solo problemas administrativos y de capacidad operativa, sino también la falta de coordinación interinstitucional y entre los distintos niveles de gobierno nacional, departamental y local. Año tras año se insiste en la importancia de fortalecer la presencia del Estado en los territorios que históricamente han estado marginados, pero los resultados concretos muestran una desconexión entre las promesas del discurso político y las realidades sobre el terreno. La paz territorial, que debería ser una prioridad, sigue siendo una deuda del Estado con las comunidades rurales. La principal fuente de financiación para implementar el Acuerdo ha sido el Presupuesto General de la Nación, seguido de Ocad Paz y otras como la cooperación internacional. Sin embargo, una de estas fuentes, el Sistema General de Participaciones, no cuenta con una diferenciación en la destinación de recursos entre municipios PDET, que son los priorizados por el Acuerdo por sus condiciones críticas, y los no PDET. Esto implica que estos municipios deben gastar sus recursos como cualquier otro, a pesar de sus características particulares producto del conflicto armado. Otro punto crítico es la disparidad en la inversión entre las distintas subregiones PDET. Por ejemplo, mientras Macarena–Guaviare y Arauca han ejecutado el 17% y 11,2% de los recursos necesarios para territorializar el Acuerdo, Pacífico Medio apenas ha logrado ejecutar el 1,7%, lo que genera dudas sobre las capacidades de las autoridades locales y el acompañamiento que estas han (o no) recibido para fortalecer sus instrumentos y herramientas de ejecución. Una muestra más de esta desigualdad entre regiones la vemos en el mecanismo Ocad Paz, que maneja los recursos de regalías que se priorizan para la implementación del Acuerdo. Regiones como Sierra Nevada–Perijá y Alto Patía– Norte del Cauca han recibido una cantidad significativa de proyectos aprobados por esta instancia (109 y 53 respectivamente), mientras que Pacífico Medio (1) y el sur del Tolima (13) están considerablemente rezagadas. Esta diferencia no solo refleja una inequidad en el acceso a los recursos, sino que perpetúa las condiciones de vulnerabilidad y exclusión en muchas de estas zonas. La financiación de la paz en Colombia necesita una transformación encaminada a un uso más eficiente y equitativo de los recursos. No se trata solo de aumentar las asignaciones presupuestales, sino de garantizar que se ejecuten de manera eficaz, que estén conectadas con las iniciativas y proyectos priorizados en los PATR (la ruta de acción de los PDET), y que se fomente la participación de las comunidades en los procesos de decisión, control y veeduría de los recursos. Para lograrlo, hay que mejorar la transparencia y facilitar el acceso a la información financiera, contractual y de ejecución de los dineros públicos. La paz no puede ser un concepto abstracto limitado a discursos y promesas. Debe ser una realidad construida en y con los territorios a través de inversiones reales que mejoren las condiciones de vida de quienes han sufrido los efectos del conflicto. La transparencia, la equidad en la distribución de los recursos y la voluntad política son esenciales para avanzar hacia una paz estable como prometía el Acuerdo de Paz. Colombia atraviesa una difícil situación fiscal, por lo que es entendible que se redistribuyan los recursos. Sin embargo, el llamado es a que esa redistribución se guíe bajo los principios de equidad, eficiencia y transparencia en el gasto. Nos encontramos en un punto crucial de la implementación del Acuerdo: decidir si queremos cumplir con los compromisos de paz de manera efectiva o seguir reciclando las violencias fruto de la desigualdad y el abandono estatal en los territorios. Hay que corregir los errores del pasado, asegurar una mejor distribución de los recursos y trabajar de la mano con las comunidades para que la paz se convierta en una realidad palpable en los territorios.

David Castiblanco M.

Análisis

Ocho años de la firma del Acuerdo de Paz: avances y rezagos de la implementación

A ocho años de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, miembros de las Comisiones de Paz del Congreso de la República y la Fundación Ideas para la Paz (FIP), a través del proyecto Del Capitolio Al Territorio , financiado por el gobierno británico, publican un nuevo informe de seguimiento a la implementación. Este informe es producto del seguimiento a las políticas que desarrolla el Acuerdo y de la información recolectada en 41 visitas a los municipios más afectados por la violencia durante los últimos seis años. “El deterioro de la seguridad territorial, la concentración de las entidades en tareas de planeación y no de ejecución, el avance lento de la indemnización a las víctimas, la baja ejecución de los recursos para la implementación, y la falta de acceso a la información y transparencia por parte del actual Gobierno sobre cómo vamos, son algunos de los hallazgos”, dice Carolina Varela, coordinadora de la Unidad de implementación del Acuerdo de Paz de la FIP. Los recursos Persiste el rezago de la financiación para implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). De los $4,67 billones que se deberían estar ejecutando al año, en promedio durante los 8 años, anualmente se ha invertido el 17,9%. El Pacífico Medio es la región más rezagada, sólo se ha invertido el 1,7% de lo que se necesita. - Preocupa la baja ejecución del presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras (–7,2% a julio 2024) y la Agencia de Desarrollo Rural (–19,9%). “Es importante que los entes de control hagan seguimiento especial a la ejecución de los recursos de estas entidades en lo que resta del año, para asegurarse que se ejecuten de forma transparente”, advierte Varela. Es alarmante la reducción de los recursos de la Agencia de Reincorporación y Normalización: 71,57% ($229 mil millones). Se pone en riesgo la reincorporación y seguridad de los firmantes. La seguridad en los territorios Continua el deterioro de la seguridad en las zonas más afectados por la violencia. Mientras que la tasa de homicidios nacional es de 14 por 100.000 habitantes, en los municipios PDET es de 22,7 y en los que se ejecuta el programa de sustitución de cultivos (PNIS) del 23,3. Continúan en riesgo los firmantes y líderes sociales . Desde la firma del Acuerdo hasta agosto de 2024 se han registrado 1.164 homicidios a líderes, 114 este año (48,2% en zonas PDET). Y desde el 2017 a marzo de 2024 van 390 homicidios de reincorporados. Urge atender el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre 2022 y 2023, aumentaron en 552%. Suben las masacres, extorsiones y confinamientos . Entre enero y julio de este año, los hechos de confinamientos superaron a todo el 2023 en un 46,3%. Reforma Rural Integral Preocupa el acceso a la información sobre tierras . Para la elaboración de este informe ni la Agencia Nacional de Tierras, ni el IGAC respondieron los derechos de petición. Las cifras públicas tampoco permiten hacer un análisis territorializado sobre los avances. La Agencia para la Renovación del Territorio (ART) se ha enfocado en actualizar los PATR, la hoja de ruta de los PDET. Al Gobierno solo le queda un poco más de un año para avanzar en la implementación y lograr transformaciones en estas zonas. Tras ocho años, sigue sin expedirse el Plan Nacional de Salud Rural. Apertura democrática Durante el gobierno Petro, garantizar la movilización y protesta pacífica ha sido una agenda central. Sin embargo, sigue pendiente el compromiso de expedir una ley para su protección. El funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz es limitado. Se han creado 613 consejos municipales, 276 están activos y solo 149 tienen un plan de acción. Los firmantes de paz La sostenibilidad de la reincorporación económica es el reto más urgente . El 90,5% de las personas activas en el proceso de reincorporación cuentan con un proyecto productivo, pero muchos son insostenibles. Solo 79 proyectos se han postulado a la estrategia de sostenibilidad establecida por la ARN y únicamente siete cuentan con un plan. Urge responder a las dinámicas geográficas . Del total de firmantes de paz, apenas el 15,5% habitan en los Antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación y Normalización. El Gobierno ha retomado el enfoque colectivo de la reincorporación. Expidió el Decreto 0846 de 2024 que crea el Sistema Nacional de Reincorporación y el Programa de Reincorporación. La solución al problema de las drogas ilícitas A la par que crecieron los cultivos de coca y la producción de cocaína, continúa el incumplimiento con las familias que le apostaron a la sustitución con el PNIS. Las hectáreas de coca y la producción de cocaína crecieron en 2023 un 10% y 53%, respectivamente. Hoy, menos del 1,5% de las familias beneficiarias del PNIS tienen todos los recursos para proyectos productivos de ciclo largo. El Gobierno ha planteado el cierre del Plan de Atención Inmediata, ciclo de atención que se contempló en el Acuerdo, sin haber socializado los detalles del nuevo programa de sustitución. La incautación de cocaína es la principal herramienta del Gobierno para reducir el tráfico, pero no es claro el impacto en el negocio. Derechos de las víctimas y justicia transicional Víctimas El Gobierno aceleró la indemnización a las víctimas, pero ese avance sigue siendo insuficiente. A julio de 2024 habían sido indemnizadas 1.325.542 víctimas, el 17,3% del total. A este ritmo, el Estado tardaría 52,6 años en cumplirle a las víctimas. La reparación colectiva sigue estancada. Aumentó el reconocimiento de los sujetos de reparación colectiva (de 917 a 991 entre 2023 y 2024), pero la implementación va lenta: hasta junio del 2024, 20,1% de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) implementados. El 61,8% de las solicitudes de restitución de tierras han sido rechazadas. Sobre los casos individuales presentados ante jueces, hay decisiones en el 42,7%. La restitución colectiva de derechos territoriales tiene grandes rezagos. Del total de solicitudes enviadas a los jueces de restitución, solo hay sentencia sobre el 8,9% de ellas. Verdad, justicia, reparación y no repetición La JEP ha mostrado avances limitados para el tiempo y los recursos destinados a su funcionamiento. Hay demora en definir la situación jurídica de los comparecientes y en imponer sanciones. La Unidad para la búsqueda de desaparecidos ha recibido 27.552 solicitudes. Al 31 de mayo de 2024 se habían recuperado 1.569 cuerpos y Medicina Legal identificó 75. Hay limitaciones por las condiciones de inseguridad y el acceso a la información por parte de los perpetradores que no comparecen ante la JEP. Enfoque de étnico y género De acuerdo con la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos (IEANPE), el enfoque étnico avanza, pero más lento que las demás disposiciones del Acuerdo. Sobresale la formalización de los territorios étnicos. Sin embargo, falta transparencia en las cifras. Sobre el enfoque de género, persisten desafíos estructurales como la inclusión y visibilización de las poblaciones diversas. Se ha avanzado en espacios de participación, pero las mujeres siguen enfrentando riesgos por ejercer algún tipo de liderazgo político. En lo que va del 2024, la Defensoría ha emitido cinco alertas sobre la seguridad de las mujeres en municipios PDET. Avances legislativos En cuanto a la labor del Congreso, continúan pendientes el 23,4% (25) de las normas necesarias para implementar el Acuerdo. La Reforma Rural Integral es la más rezagada. Preocupa la reglamentación de la Jurisdicción Agraria. En 2023 se aprobó su creación y en julio de 2024 la ley estatutaria para su integración y estructura, hoy en revisión de la Corte. Sigue pendiente que aprueben la ley ordinaria que define su funcionamiento y competencia. Este informe multipartidista está financiado por el gobierno británico y lo firman 27 congresistas. Los senadores Humberto de la Calle, senador independiente; Angélica Lozano de la Alianza Verde; Diela Benavidez del partido Conservador; Clara López Obregón del Pacto Histórico; Alfredo Deluque del Partido de la U y Omar de Jesús Restrepo, Sandra Ramírez y Pablo Catatumbo, del partido Comunes. También los representantes Catherine Juvinao, Cristian Avendaño y Alejandro García de la Alianza Verde; Andrés Cancimance y Alejandro Toro del Pacto Histórico; Jairo Cala de Comunes; Oscar Campo de Cambio Radical; Daniel Carvalho y Jennifer Pedraza, independientes; Julio Salazar Perdomo y Héctor Mauricio Cuéllar del partido Conservador; William Aljure, CITREP Meta-Guaviare; James Mosquera, CITREP ChocóAntioquia; Karen Manrique, CITREP Arauca; Jhon Fredi Valencia, CITREP Putumayo; John Jairo González, CITREP Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño; y Luis Ramiro Ricardo, CITREP Montes de María.

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Análisis

Un año de la nueva política de drogas del gobierno Petro. ¿En qué van los cambios?

A dos años de gobierno del presidente Petro y un año después de haber publicado la política de drogas, la FIP identifica acciones y gestiones para avanzar con sus objetivos, pero no hay una estrategia clara para lograrlos en ninguno de sus componentes, ni un proceso de planificación e implementación ordenados. "La nueva política de drogas puede estar corriendo el riesgo de quedarse en intenciones, como le ha ocurrido a otros gobiernos, cuyos mensajes y anuncios no lograron materializarse. De ser así, se perdería la oportunidad de consolidar los avances que se vienen construyendo hacia un cambio de narrativa sobre lo que funciona para el país con la política de drogas", dice Ana María Rueda, coordinadora de la Unidad de análisis sobre política de drogas de la FIP. Obstáculos para lograr avances concretos La multiplicidad de anuncios que posicionan a la Política en la agenda pública y comprometen al Gobierno, sin un proyecto planificado que permita su cumplimiento. Una política ambiciosa y bien estructurada, pero sin claridad sobre las metas de este Gobierno. La falta de un liderazgo claro limita la articulación interagencial y dispersa las acciones. Pocas capacidades: no se han analizado ni potenciado para responder a los compromisos de la Política o a las metas del Gobierno. Falta claridad sobre la disponibilidad de fuentes presupuestales fijas año a año. El proceso de aprendizaje de los funcionarios, que en su mayoría son nuevos y han conformado equipos con personal nuevo. Los cambios frecuentes de funcionarios en cargos directivos a cargo de acciones esenciales de la Política. El deterioro de la seguridad en un contexto en el que crece la influencia territorial de los grupos armados y consolidan su control territorial y social. La falta de procesos juiciosos de planificación de las intervenciones y su asociación a disponibilidad de financiación. Tres asuntos claves de la Política y recomendaciones 1. Incautaciones de cocaína Los mensajes y anuncios del Gobierno sugieren que la incautación de cocaína es la prioridad de la política de drogas en su componente de “ afectación a los actores estratégicos y de alto valor del sistema del narcotráfico ”, a pesar de que no existe evidencia sobre el impacto de las incautaciones en la oferta de cocaína a nivel nacional o internacional. Si tenemos en cuenta que los precios de la coca y la pasta básica de cocaína en los territorios de Colombia han estado en sus niveles más bajos durante este Gobierno, no parece que las incautaciones estén ejerciendo ninguna presión al mercado ilegal de la cocaína. En términos numéricos, las cifras de incautación de cocaína han aumentado, así como la destrucción de laboratorios para la producción y la incautación de otros subproductos de la coca y de insumos químicos para su trasformación. Sin embargo, la proporción de las incautaciones de cocaína en relación con el potencial de producción de cocaína realmente ha disminuido. En 2023 se produjeron 2.664 toneladas de cocaína y se incautaron 746; es decir, se incautó el 28% de la cocaína que se produjo. Una reducción de casi diez puntos porcentuales comparado con la proporción en 2022. Hasta ahora, “ la lucha contra los eslabones superiores de la cadena del narcotráfico ” ha resultado ser la implementación de actividades tradicionales, con énfasis diferentes en cada Gobierno, y sin evidencia sobre su impacto. Por lo que resulta incoherente, teniendo en cuenta la visión de la nueva política y la intención de diferenciarse de la de otros gobiernos, que la agenda pública de drogas esté cooptada por la incautación de cocaína. ¿Qué hacer? Se requiere una estrategia que, en coordinación con la política de seguridad, busque: Cumplir con objetivos estratégicos —no de gestión— de las incautaciones y demás esfuerzos de interdicción, y en relación con la judicialización y condena por tráfico y lavado de activos. Adaptarse a los cambios en el mercado de la cocaína y en la evolución de los actores que lo controlan, que ha evidenciado la “crisis de la coca” desde el 2022. Coordinar sus objetivos estratégicos para contribuir a reducir el control territorial de los grupos armados. 2. Sustitución y planes para el tránsito a economías legales El último informe oficial de monitoreo sobre cultivos de coca, reportó que en 2023 se cultivaron 253.000 hectáreas, un 10% más frente al 2022. También alertó sobre el crecimiento del 53% de la potencial producción de cocaína, como resultado del paso gradual que se ha dado en los últimos años de una economía familiar campesina a una con características agroindustriales, lo que ha aumentado notoriamente la productividad. El leve aumento en los cultivos de coca le puede dar un respiro al Gobierno porque se puede entender como un crecimiento menor si se compara con los años anteriores. Pero, en realidad, es una señal de la gran ventana de oportunidad que es la “crisis de la coca ”, que desde 2022 ha desincentivado el crecimiento de los cultivos en el país. La nueva política de drogas propone en su componente “Tránsito a economías lícitas en zonas rurales y de manejo especial”, un modelo integral del que aún no se conoce su implementación. Se anunciaron siete Misiones Territoriales de la Política de Drogas en 17 municipios, y se entiende que están en etapa de planificación para convertirse en la plataforma que ayude a implementar dicho modelo en territorios focalizados. Sin embargo, en octubre de 2024, el presidente Petro firmó una directiva para impartir “ Directrices de coordinación de la acción interinstitucional para la sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco de la política nacional de drogas 2023-2033 y el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz ”, en la que se anuncia que la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) celebrará nuevos acuerdos de sustitución en coordinación y con la inversión de otras entidades del Estado, sin hacer referencia a las Misiones Territoriales. Por otra parte, este año empezó la renegociación del PNIS, que plantea cerrar el Plan de Atención Inmediata (PAI) en 2026. Pero al Gobierno le queda pendiente cumplir con varias disposiciones de la Corte Constitucional como incluir las familias que firmaron acuerdos colectivos y no fueron vinculadas al PNIS, y diseñar e implementar una ruta de atención para comunidades étnicas. También sigue pendiente conectar el PNIS con la Reforma Rural Integral. No se conocen propuestas del Gobierno, aunque se entiende que las familias o territorios del PNIS se incluirían en la focalización de las Misiones Territoriales o en los nuevos acuerdos de sustitución que se anunciaron hace poco. Lo más novedoso de la sustitución: Que otras entidades de Gobierno, diferentes al Ministerio de Justicia y la DSCI, se hayan vinculado a la nueva política . También, que otras agencias del Gobierno, como Agricultura y el Ministerio de Ciencias, incluyan a las familias que cultivan coca en sus mensajes públicos y focalicen algunas de sus acciones en territorios con cultivos de uso ilícito. Se destaca que, por primera vez en la historia, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó la asignación de recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) al Ministerio de Agricultura. La reducción tan significativa de la erradicación manual forzosa . El Gobierno se planteó la meta de erradicar manualmente 20.000 hectáreas para el 2023, y la cumplió, mientras que para 2024 se comprometió con 10.000 hectáreas, el 4% de los cultivos de coca identificados en 2023. Este cambio abrupto deja en claro que el objetivo no es reducir los cultivos de uso ilícito o, siendo más precisos, no hacerlo a costa de las comunidades cultivadoras, sin un plan para garantizar su vinculación a economías legales. Así las cosas, la implementación de la política de drogas en materia de cultivos de uso ilícito se propone avanzar en tres frentes: las Misiones Territoriales, el PNIS y nuevos acuerdos de sustitución. Sin embargo, solo se cuenta con información sobre avances y metas del cumplimiento del PAI del PNIS. De las otras iniciativas se conoce muy poco y no se encuentran instrumentos técnicos o administrativos que den cuenta de una juiciosa planificación. El anuncio, por ejemplo, sobre la compra de hoja de coca a las familias cultivadoras de El Plateado (Cauca), no detalla cómo puede llevar a este territorio a un escenario propicio para el tránsito a economías lícitas. Y sí preocupa que el esfuerzo que requerirá su implementación —de hacerse realidad— lleve al Gobierno a desatender las iniciativas en las que está avanzando. El verdadero aporte de la nueva politica está en dejar sentadas las bases para que otros gobiernos continúen y consoliden procesos de construcción de Estado que permitan la transformación de los territorios en el largo plazo, y evidencien que esa es la vía para reducir los cultivos de uso ilícito y el control territorial de actores armados y criminales. 3. La agenda internacional de drogas La política de drogas del presidente Petro plantea que Colombia ejercerá nuevamente el liderazgo en escenarios internacionales en torno a “ una reflexión global estructural y crítica frente a los resultados del paradigma internacional para enfrentar los problemas asociados a las drogas ”. En la Comisión de Estupefacientes, en marzo de este año, Colombia logró varios triunfos diplomáticos que dan cuenta de una planeación estratégica detrás de la participación y acción del Gobierno en escenarios internacionales que son relevantes para la política de drogas. Se espera que los esfuerzos diplomáticos continúen y arrojen en estos dos años resultados y avances concretos tanto en la política internacional de drogas como en las políticas domésticas de Colombia y de otros países. Hasta ahora, se ven avances en dos asuntos: Usos alternativos de la hoja de coca . La iniciativa de Bolivia de sacar o reclasificar la hoja de coca del Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas recibió el apoyo de Colombia. Actualmente, se encuentra en “examen crítico” por parte de la OMS, que debe terminar con una decisión vía votación de los países miembros de la Comisión de Estupefacientes en 2025 o 2026. Se espera que Colombia y Bolivia lleven a cabo una estrategia diplomática para obtener el apoyo necesario para que se reconozca el error de haber categorizado a la hoja de coca con el mismo nivel de riesgo a la salud de la cocaína o la heroína. Este sería un logro clave de la apuesta del Gobierno, en la medida en que facilitará política y jurídicamente la regulación de los usos no psicoactivos de la planta de la hoja de coca, que es uno de sus objetivos. Hay que seguir avanzando para responderle a las comunidades que han desarrollado iniciativas para transformar la hoja de coca y que están a la espera del apoyo del Gobierno para lograr su formalización. En la FIP identificamos acciones para fomentar emprendimientos de productos con hoja de coca, pero se requiere una regulación que les otorgue piso político, jurídico y administrativo, en coherencia con la agenda internacional de drogas que está desarrollando el país. La reducción de daños frente al consumo de sustancias psicoactivas. En la sesión de 2024 de la Comisión de Estupefacientes, Colombia rompió el “consenso de Viena” al lograr que se aprobara, por votación, una resolución que incorporó por primera vez la “reducción del daño” en un documento oficial de esta Comisión. Este logro coincide con el objetivo de la política de drogas de “promover estrategias de reducción de riesgos, daños y estigmas asociados al uso de sustancias psicoactivas”. En esta materia se identifica como un avance, la implementación, por parte del Ministerio de Salud, de los centros de atención CAMAD, que incluyen acciones de reducción de daños en municipios con altas prevalencias de consumo y con cultivos de uso ilícito, en algunos de los cuales se prioriza la atención a población indígena, carcelaria y del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA). Entre 2022 y 2024 se han implementado 90 centros de atención CAMAD en 53 municipios con una inversión de cerca de 50 mil millones de pesos, un aumento notorio en las inversiones del FRISCO en la atención al consumo de sustancias psicoactivas. También se resalta la apertura en Bogotá, en 2024, de una sala de consumo supervisado por parte de una organización de la sociedad civil, así como el interés de otras organizaciones y de gobiernos locales para valorar la pertinencia de contar con estos servicios. Es necesario que el Gobierno Nacional y los gobiernos locales formulen y ejecuten una estrategia o lineamientos técnicos y administrativos concretos para implementar medidas de reducción de riesgos y daños que incentiven y faciliten acciones para garantizar a los usuarios de drogas el acceso a servicios que contribuyan a reducir los riesgos y daños. De lo contrario, las experiencias y las nuevas iniciativas en esta materia seguirán desarrollándose sin un piso que permita su sostenibilidad en el tiempo. Avanzar en este sentido pueden evitar que gobiernos futuros reduzcan o retiren su apoyo a la reducción de riesgos y daños.

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La FIP en la COP16: conectando las agendas de biodiversidad, seguridad y sostenibilidad

La FIP participó en la COP16 porque cree en la importancia de conectar personas, agendas e iniciativas. "Hay que conectar la biodiversidad con la seguridad territorial, la construcción de paz, la política de drogas y la sostenibilidad de la mano del sector empresarial", dice nuestra directora, María Victoria Llorente. Para la FIP, conectar significa buscar oportunidades para la acción. Por eso, nuestros mensajes principales en uno de los eventos ambientales más importantes del planeta fueron: Creemos en la importancia de abordar la seguridad territorial como condición para la protección del ambiente. Urge fomentar un diálogo que apunte a fortalecer estrategias transnacionales contra los delitos ambientales. Hay que avanzar en la comprender los impactos negativos de la política de drogas en el ambiente e identificar oportunidades. El sector empresarial es un actor clave para hacer coincidir los esfuerzos de la protección de la diversidad con la agenda de acción climática y desarrollo. Durante la COP16, el equipo de la FIP participó en varios espacios donde presentamos los hallazgos de nuestros análisis para nutrir el diálogo político sobre diversidad desde la investigación. Entre ellos, organizamos un laboratorio de ideas sobre conflicto y 'paz con la naturaleza' en el que participaron miembros de organizaciones de la sociedad civil, entidades ambientales, activistas y ciudadanía. Allí presentamos los aprendizajes de nuestra experiencia en el seguimiento de crímenes ambientales, profundizamos en la normativa institucional disponible y planteamos una serie de retos para la contención de estos delitos. Como resultado del diálogo, llegamos a un acuerdo: la conservación de la biodiversidad es urgente, sobre todo en contextos de conflicto. Para ello, se necesita fortalecer la pedagogía ambiental y la seguridad territorial, en aras de garantizar condiciones para su protección. El impacto de las guerras y los conflictos internos en el medio ambiente En conjunto con la iniciativa Aguanta Ucrania y la alcaldía de Cali, nuestra directora, María Victoria Llorente, moderó una conversación sobre el impacto de las guerras y los conflictos internos de los países en el medio ambiente. Los invitados fueron tres alcaldes de Ucrania cuyas ciudades han sido afectadas de diferentes maneras por la invasión rusa, una alcaldesa de Uganda, país que ha sufrido durante los últimos 20 años una guerra civil y, el alcalde de Cali, que sufre el impacto de la minería ilegal en los Farallones. Este espacio sirvió para hablar de responsabilidad y rendición de cuentas de hechos que afectan al medio ambiente en medio de guerras y contextos de conflicto armado. "La conversación con los alcaldes ucranianos fue una oportunidad inédita para acercarnos, a través de testimonios directos, a los efectos devastadores de la guerra. Cuando hablamos de los efectos ambientales de las guerra, no los tipificamos como delitos, sin embargo, debemos crear conciencia de que, en efecto, son crímenes", añade María Victoria. Reviva el panel Otras participaciones Guerra contra las drogas Ana María Rueda, coordinadora de la línea de política de drogas de la FIP, participó en varios paneles sobre los efectos ambientales del narcotráfico y las políticas de drogas. Ana insistió en que la prohibición fortalece economías ilegales y fomenta la deforestación. También destacó el potencial de la regulación de las drogas para reducir impactos ambientales y la necesidad de reconsiderar el uso de glifosato, debido a sus efectos en la salud y el medio ambiente. "Aunque se conocen algunos daños que el cultivo, la producción y el tráfico de drogas generan al ambiente, estos daños no deben ser el argumento para continuar con actividades tradicionalesde la lucha contra las drogas como la interdicción, la erradicación o la criminalizacion de personas vulnerables", dijo Ana en un panel organizado por el Cancillería colombiana. Acuerdo de Escazú y sector empresarial Juanita De la Hoz, directora de Conducta Empresarial Responsable en FIP, participó en el foro "Acuerdo de Escazú: ¿Marco jurídico regulatorio frente al desplazamiento ambiental?, moderado por la Consejería de Derechos Humanos. Allí destacó que la implementación de Escazú requiere una articulación más amplia que incluya a empresas, organizaciones sociales y autoridades, enfatizando los retos de reparación y acceso a la justicia como claves para un cambio real. "La legislación no puede seguir estando concentrada en las grandes empresas o industrias legales. Hay que entender la informalidad e ilegalidad", dijo Juanita.

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Enfrentamientos entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta En la jurisdicción de la Alta Guajira se reportaron enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Los campesinos y moradores estuvieron confinados en sus viviendas durante cuatros horas debido a las incesantes ráfagas de disparos. El enfrentamiento se presentó luego de que el Clan del Golfo intentara tomar control del territorio y las ACSN respondieran al ataque, ocasionando la muerte de tres miembros del Clan. Aunque el Clan del Golfo ha realizado varios intentos de incursionar en esta región, las ACSN han logrado impedir su avance. Combates entre el Ejército y el EMC en Tuluá El 28 de noviembre, en la vereda Tochecito de Tuluá (Valle del Cauca), miembros del Ejército tuvieron se enfrentaron al Estado Mayor Central con el objetivo de buscar a alias “Yeiron González”, tercer cabecilla del frente 57 Yaír Bermúdez. En el combate cayeron tres miembros del EMC, entre los que estaría “Yeiron González”, encargado de coordinar el reclutamiento forzado, la extorsión y la compra de drones y artefactos explosivos en las zonas rurales de Tuluá, Sevilla, Bugalagrandre y Andalucía. La seguridad sigue siendo una preocupación para la ciudadanía, según encuesta de Invamer El 60% de los encuestados de noviembre consideran que las medidas de seguridad no son las adecuadas para enfrentar la problemática del país. El estudio también señala que el 52% de los ciudadanos encuestados no creen en la Paz Total, pues consideran que no hay resultados visibles de las negociaciones con los grupos armados no estatales. Pese a estas cifras —y a que solo el 35% de los encuestados afirma confiar plenamente en la Fuerza Pública— el 43% considera que el Gobierno aún puede lograr avances significativos en el tema. ¿Legalizar y gravar las drogas para suplir el recorte presupuestal? Dado que el recaudo tributario registrado por la DIAN bajó en un 6,9% ($223.86 billones de pesos), el Gobierno Nacional determinó un recorte presupuestal de $28.4 billones como medida provisional. Para cubrir este hueco fiscal, el Pacto Histórico propuso regular y gravar la comercialización de drogas, pues el Estado está dejando escapar los beneficios económicos del comercio de cannabis y otras drogas. Según el representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, esta propuesta no solo permitirá captar recursos fiscales significativos, sino que, al quitarle el monopolio en el mercado, será una estrategia para combatir el crimen organizado. Operación Orión descubre nueva ruta de narcotráfico a Australia Durante la Operación Orión, en la que cooperan más de 60 países, el comandante de la Armada de Colombia incautó 225 toneladas de cocaína y descubrió nuevas rutas como Australia y Guyana. Esta incautación develó que la drogas que se comercian desde Colombia a Australia son llevadas en semisumergibles de madera recubiertos de vidrio, que tienen la capacidad de llegar hasta ese país sin necesidad de abastecerse de combustible en el océano. La Operación también permitió identificar alianzas entre grupos criminales de México, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú con mafias de Europa y Oceanía. Clan del Golfo y Tren de Aragua se disputan territorios en nueve localidades de Bogotá La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 004 de 2024, advirtiendo sobre la expansión de la violencia en Bogotá. Además de localidades históricamente afectadas como Los Mártires y Santa Fe, la alerta ahora incluye a Antonio Nariño, Chapinero y Teusaquillo. Las disputas entre grupos criminales como el Tren de Aragua y el Clan del Golfo agravan los riesgos para más de 954.000 personas. La alerta llama a las autoridades a realizar acciones urgentes para proteger a poblaciones vulnerables como migrantes, recicladores y menores de edad, frente a fenómenos de violencia como extorsiones, desplazamientos forzados y explotación. ¿Sigue la extorsión de las bandas mientras negocian con el Gobierno? Aunque Medellín, Quibdó y Buenaventura han presentado reducciones en sus tasas de homicidios producto de las mesas de negociación con las bandas criminales, la extorsión sigue siendo un fenómeno intenso en sus territorios. Mientras que el Gobierno busca someter al 90% (300 o 400 combos ) de las bandas con presencia en las comunas de Medellín y el Valle de Aburrá, la Secretaría de Seguridad registró 815 casos de extorsión en lo corrido de 2024 hasta el 20 de noviembre. De acuerdo con Sebastián Londoño, investigador de la FIP, las llamadas “vacunas” sirven para legitimar el delito al tratarlo como un cobro de protección a residentes y personas que tienen un establecimiento comercial o un puesto ambulante. Estudios de la Universidad EAFIT y de la Universidad de Chicago indican que cerca de 150.000 hogares de Medellín pagan extorsiones entre los $2.000 y $5.000 pesos semanales, mientras que los negocios pagan entre $15.000 y $100.000 pesos.

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El Radar. Del 18 al 25 de noviembre de 2024

Ataque del ELN en Anorí deja cinco soldados asesinados y cuestiona el avance hacia la paz Tras dos años de haberse instalado la mesa de negociaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN, un ataque del grupo guerrillero en Anorí (Antioquia), dejó cinco soldados muertos y cuatro personas heridas, entre ellas un civil. El hecho ocurrió cerca de un antiguo ETCR destinado a la reincorporación de excombatientes de las FARC, lo que agrava la preocupación sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz. El ministro de Defensa calificó el ataque como una violación al derecho internacional humanitario y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. El ataque se presentó mientras las delegaciones del ELN y del Gobierno desarrollaban un espacio de conversación, enmarcado en los acercamientos para destrabar la Mesa de Diálogos. Fracturas en la Segunda Marquetalia en medio de la negociación con el Gobierno La Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, sufrió una importante división luego de que dos de sus estructuras (Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico), anunciaran su independencia. Este evento ocurrió tras la publicación de una carta de autoría de Márquez, en la que desautorizó el diálogo con Walter Mendoza, miembro de la delegación y de la cúpula del grupo armado. La noticia, que tomó por sorpresa a Mendoza, condujo a la separación de estas estructuras y a la solicitud de replantear la agenda y la mesa tras las escisiones. ¿Habrá un nuevo tribunal para el cierre del conflicto? Durante la conmemoración de los ocho años de la firma del Acuerdo Final con las FARC, el presidente Gustavo Petro afirmó que expondrá la idea de presentar un proyecto de ley para crear un tribunal que acoja a guerrilleros, paramilitares, miembros de las Fuerza Pública y políticos vinculados con acciones del conflicto. El propósito de este proyecto es responder a la necesidad de que exista un mecanismo judicial capaz de acoger a todos los actores del conflicto —armados o no— que están intentando negociar en la Paz Total. Esta propuesta no deja en claro si la creación del nuevo tribunal implicaría el cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz y de Justicia y Paz, ya que, según las declaraciones de septiembre Ocho años de la firma del Acuerdo de Paz: avances y rezagos Tras ocho años de haberse firmado del Acuerdo de Paz con las FARC, el equipo Del Capitolio Al Territorio de la Fundación Ideas para la Paz, junto a 29 congresistas, revelan avances y desafíos en su implementación. El documento destaca la reincorporación de más de 13.000 excombatientes y la inclusión de la transformación rural en la agenda pública como logros significativos. Sin embargo, persisten preocupaciones como el deterioro de la seguridad en las zonas más afectadas por el conflicto, donde la tasa de homicidios alcanza 22,7 por cada 100.000 habitantes, superando la media nacional de 14. Además, se señala la lenta indemnización a las víctimas, el incremento de cultivos de coca y la falta de transparencia en las cifras oficiales. Estos hallazgos subrayan la necesidad de redoblar esfuerzos para cumplir con los compromisos adquiridos y garantizar una paz duradera en Colombia. Nuevas apuestas del Gobierno en la política de drogas y en la Ley de Utilidad Pública El Ministerio de Justicia presentó ante la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas (CICAD) la nueva Política Nacional de Drogas 2022-2033, que tiene como principios el respeto y la garantía de los Derechos Humanos, la salud pública y el medioambiente. El viceministro de Justicia, Diego Olarte, afirmó que esta política incorpora directrices internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas promovidas por organismos como la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Esto lleva a un cambio de paradigma para crear estrategias de prevención y reducción del daño no discriminatorias, así como estrategias de transformación y desarrollo territorial rural y urbano. El viceministro también expuso que el Estado —a través de la Ley de Utilidad Pública— está trabajando en dar respuestas penales diferenciadas para que las mujeres condenadas por delitos asociados a estupefacientes, hurto o penas iguales o menores a ocho años puedan terminar su condena con trabajo comunitario. La tasa de seguridad en Antioquia no sería viable para EPM El impuesto propuesto por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no sería jurídicamente viable para Empresas Públicas de Medellín (EPM). Así lo aseguró su gerente, John Maya Salazar, quien advirtió además que vulnera el principio de legalidad tributaria y carece de una “ley habilitante”. Esta medida podría derivar en investigaciones administrativas contra EPM y afectaría económicamente a más de 620.000 clientes residenciales, comerciales, industriales y oficiales en Medellín y el resto del departamento. Maya insistió en la necesidad de evaluar el impacto legal, económico y social de la iniciativa. Capturado miembro del Clan del Golfo en Antioquia, presunto ejecutor de homicidios y extorsiones En medio del Plan de Campaña Ayacucho, las autoridades lograron la captura de alias “Pocho” en Santafé de Antioquia. Según la Fuerza Pública, “Pocho” era un miembro clave del Clan del Golfo y actuaba como la mano derecha de alias “Soldado”, líder del grupo. Además, desempeñaba funciones de inteligencia, incluyendo la planeación de ataques contra la Fuerza Pública, secuestros y extorsiones en los municipios de San Jerónimo, Anzá y Santafé de Antioquia. Esta operación se suma a la captura de alias “Soldado” el pasado 25 de agosto en Frontino, en un despliegue que involucró a más de 300 soldados.

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El Radar. Del 11 al 18 de noviembre de 2024

Anuncian nuevo encuentro entre las delegaciones del ELN y del Gobierno Nacional Tras el encuentro que finalizó el pasado 7 de noviembre en Caracas entre las delegaciones del Gobierno Nacional y del ELN, se anunció una nueva reunión que empezará el 19 de noviembre y acabará seis días más tarde. Se espera que este sea un paso hacia la reanudación formal de la mesa de diálogo y negociación, y buscará retomar la visión común de paz consignada en el Acuerdo de México de marzo de 2023. El ELN propuso implementar un mecanismo de monitoreo y verificación del cumplimiento de los Acuerdos, además de una cláusula de incumplimientos, para asegurar la voluntad conjunta de las partes por alcanzar un acuerdo final. 18 excomandantes de las AUC fueron designados gestores de paz El gobierno de Gustavo Petro designó como gestores de Paz a 18 excomandantes paramilitares de cara a la conformación de una décima mesa de diálogos, la primera con un grupo ya desarticulado: las AUC. Entre los excomandantes destacan algunas reconocidas figuras como alias “Macaco”, alias “Don Berna”, alias “HH”, alias “Jorge 40” y alias “Juancho Prada”, todos ellos previamente extraditados a los Estados Unidos, que ya cumplieron condenas por narcotráfico y que se espera contribuyan a la Paz Total con aportes a la Verdad. Según la resolución emitida por el Alto Comisionado para la Paz, la figura de Gestor de Paz permite al Ejecutivo suspender órdenes de captura o penas de prisión, aunque los procesos penales en curso no pueden ser detenidos. Esta decisión se toma apenas nueve días después de que el presidente anunciara la apertura de una nueva mesa de diálogo con el objetivo de completar la desmovilización de las AUC, un proceso que comenzó hace dos décadas. Fractura en la Segunda Marquetalia complica los Diálogos de Paz La disidencia de las FARC de la Segunda Marquetalia atraviesa una crisis interna tras la divulgación de una carta atribuida a Iván Márquez. En la misiva, Márquez desautoriza los encuentros bilaterales entre su delegación, liderada por Walter Mendoza, y el Gobierno Nacional. Mendoza, jefe de la delegación, confirmó que esta comunicación ha generado tensiones significativas y ha solicitado al Gobierno verificar la autoría de la carta. Advierte, además, que si no se recibe una respuesta clara de Márquez antes del 20 de noviembre, los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico podrían tomar decisiones autónomas frente a los diálogos. Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó esta fractura como un “avance en la paz”, señalando que divisiones similares también han impactado a otros grupos armados, como el Estado Mayor Central y el ELN, lo que evidencia el efecto de las negociaciones con las disidencias en Colombia. Seis excomandantes de las FARC imputados por el reclutamiento forzado de 18.677 niños ante la JEP La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton Toncel, Pastor Alape, Pablo Catatumbo y a Julián Gallo por el reclutamiento forzado de al menos 18.677 menores entre 1971 y 2016, muchos de los cuales fueron sometidos a torturas, violaciones y abortos forzados. Según las declaraciones de más de mil víctimas, a pesar de que los imputados no dieron las órdenes directas de reclutamiento y otras acciones relacionadas, sí estaban enterados de los hechos. Ante ello, los excomandantes guerrilleros reconocieron sus crímenes a través de un comunicado, en el que resaltan que esperarán a la notificación procesal para dar una respuesta formal. AMSO: La apuesta Metropolitana para enfrentar la crisis de seguridad en el Valle del Cauca El alcalde de Cali, Alejandro Eder, impulsa la creación del Área Metropolitana del Suroccidente (AMSO) con el objetivo de fortalecer la seguridad en la región. Según Eder, "contaremos con una dirección que permitirá coordinar de manera directa la gestión del área metropolitana en aspectos clave como el manejo ambiental, la seguridad e incluso el transporte". La propuesta del AMSO será sometida a consulta popular el próximo 24 de noviembre e incluirá a los municipios de Cali, Dagua, Jamundí, Palmira, Candelaria, Villarica y Puerto Tejada. Esta iniciativa surge como respuesta a los recientes atentados en Jamundí y otras partes del Valle del Cauca. Solo en noviembre, Jamundí ha sido escenario de cinco ataques, el más reciente hace ocho días, que dejó a 15 civiles heridos.

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El Radar. Del 5 al 12 de noviembre de 2024

Delegaciones del ELN y Gobierno confirman reunión previa para definir cómo seguirá el proceso de negociación El comunicado conjunto de las delegaciones del ELN y del Gobierno Nacional confirma que sigue en vilo la reanudación de la mesa de negociación, pero que existe un acuerdo para retomar la visión de paz pactada en el Acuerdo de México, en marzo de 2023. El documento también confirma que habrá una reunión entre las delegaciones a finales de noviembre para fortalecer la mesa y seguir la hoja de ruta. Estas reuniones previas, con miras a reactivar la mesa, tienen el fin de disminuir las tensiones entre el Gobierno y el ELN, luego de las declaraciones del presidente Petro frente a los atentados de esta guerrilla a bases militares (como el perpetrado con cilindros bomba a la base militar de Puerto Jordán, en Arauca), pues el mandatario consideró que estas acciones armadas muestran la poca voluntad del grupo armado a negociar la paz. Petro critica a “Iván Mordisco” tras operaciones militares contra el EMC Luego de que las Fuerzas Armadas ejecutaran varias operaciones militares en Mesetas (Meta) para contrarrestar las acciones del Estado Mayor Central en las que 10 miembros del grupo armado murieron en combate y tres fueron capturados, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje a “Iván Mordisco”, líder del grupo armado. A través de su cuenta de X, el mandatario se refirió a “Mordisco” como un traidor de la paz firmada en 2016 entre el Gobierno y las FARC. Además, mencionó que “más que los cuerpos y cadáveres, que no es botín de guerra en ninguna circunstancia, aquí logramos un triunfo y un verdadero desastre militar sobre alias “Mordisco”, que prefirió convertirse en miembro de la Junta del Narcotráfico, sin que lo supieran sus compañeros, a hacer la paz con el Gobierno”. Restructuración de los comandos especiales de las Fuerzas Militares provocó distintas reacciones El Ministerio de Defensa expidió la Resolución 4760, en la que se suprimen las fuerzas de tarea conjunta Omega, Titán, Hércules, Marte y Quirón, al igual que los comandos específicos Caguán, del Oriente y del Cauca. Cabe recordar que estos grupos estaban integrados por distintos efectivos de las Fuerzas Militares para potenciar la colaboración entre las Fuerzas y desplegar operaciones conjuntas. Este cambio ha causado revuelo y reacciones negativas entre exministros y altos funcionarios de gobiernos anteriores, quienes aseguran que las Fuerzas Militares serán sido debilitadas. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que no se trata de “suprimir” estas figuras sino de reorganizar ciertos aspectos. Por ejemplo, los comandos conjuntos ahora adelantarán el análisis de contexto estratégico y planeamiento, pero las funciones operacionales recaerán sobre los comandantes de cada fuerza. DNP presenta avances en implementación del enfoque étnico del Acuerdo de Paz El Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través de su Dirección de Gobierno, Derechos Humanos y Paz, presentó un balance de la implementación del enfoque étnico del Acuerdo de Paz ante la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) y los Mecanismos Especiales de Consulta (MEC). Durante el encuentro, el DNP destacó avances en la actualización del Plan Marco de Implementación (PMI), que ahora incluye más indicadores específicos para el Capítulo Étnico con el objetivo de reflejar mejor las realidades de las comunidades. Según David Flórez, director de esta área en el DNP, el principal reto será asegurar respaldo político y recursos adecuados que permitan una implementación sostenida, garantizando que el enfoque étnico se integre en las políticas públicas a través de un acompañamiento continuo con las comunidades. Gobernador propone impuesto para fortalecer la Fuerza Pública en Antioquia El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, propuso la Asamblea departamental un “impuesto de seguridad” dirigido a los estratos 4, 5 y 6 para hacer frente a la crisis de financiación de la seguridad en el departamento. Este impuesto busca recaudar $1,2 billones entre 2025 y 2027, que serán invertidos en fortalecer la Fuerza Pública. Rendón explicó que uno de los ejes de esta inversión será la instalación de fibra óptica a lo largo de 5.000 kilómetros de vías secundarias en Antioquia, conectando cámaras de seguridad privadas a la infraestructura pública y así optimizar la vigilancia y la reacción de la Fuerza Pública. Además de los avances tecnológicos, la propuesta también destina una parte significativa de los fondos a infraestructura y dotación. Esto incluye la creación del Escuadrón Militar y Policial Antioquia Segura (EMPAS), la construcción de una cárcel departamental y la adecuación de cerca de 5.000 escenarios deportivos. Desmantelan red de explotación sexual de mujeres colombianas en España Las fuerzas policiales de España y Colombia desmantelaron una organización dedicada a la explotación sexual que operaba en las islas Canarias y en la provincia de Badajoz. Según informes de la policía, las víctimas —en su mayoría mujeres migrantes— eran llevadas a España con promesas de una vida mejor para luego ser trasladadas a un club en Lanzarote o a una casa en Badajoz, donde eran obligadas a prostituirse. Las víctimas denunciaron que debían estar disponibles para los clientes las 24 horas del día, con escasas horas de descanso, y eran penalizadas si no cumplían con estas demandas con constante vigilancia a través de cámaras instaladas en las zonas comunes. La intervención permitió la liberación de 18 mujeres y la detención de 18 integrantes de la organización, seis de los cuales ya están en prisión. A los capturados se les imputan delitos como trata de personas con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, tráfico de drogas y violación de derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros.

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