Gobernanza

En la FIP entendemos la seguridad como el producto de una serie de factores que no se agotan en la actividad delictiva, sino que guardan relación con la forma como el Estado diseña políticas para garantizar los derechos y la calidad de vida de los ciudadanos.

Contribuimos al análisis y la evaluación de políticas públicas de seguridad, así como a la reforma del sector para que sean eficientes y se ejecuten de manera efectiva.

Trabajamos para nivelar las asimetrías entre el sector seguridad y defensa y las otras instituciones del Estado responsables en esta materia, como parte de un mismo sistema.

Analizamos las percepciones ciudadanas y los miedos sociales como elementos que contribuyen a la inseguridad, para desarrollar intervenciones que permitan superarlos.

Todo esto para construir una gobernanza que promueva la legitimidad de los actores legales e implemente mecanismos para su integración, bajo el liderazgo del Estado.

Estrategias de seguridad para la disminución del delito
Homicidios, seguridad rural, modelos de vigilancia, seguimiento delictivo, percepción de seguridad

Fortalecimiento de la gobernanza y eficiencia del Estado en la provisión de seguridad
Modelo de asistencia a políticas locales, superación de asimetrías institucionales, fortalecimiento local

Reforma del sector seguridad
Fortalecimiento del liderazgo civil, política de control de armas, transición de la Policía y seguridad privada

Violencia intrafamiliar, Paz Total y la crisis de la coca según los líderes

La FIP consultó a 184 líderes sociales de zonas rurales y cascos urbanos del país, para la segunda medición del año del Pulso Les preguntamos sobre sus percepciones de seguridad, gobernanza, la gestión de los nuevos alcaldes, la Paz Total y sobre los cultivos ilícitos y su impacto en la economía local.

Pulso # 6

Líderes sociales

seguridad

PULSO

Cultivos ilícitos

Paz Total

seguridad territorial

Cacao Conecta y transforma: aprendizajes de apostar por el cambio en el Urabá antioqueño

En el 2021, Microsoft, la Compañía Nacional de Chocolates y la Fundación Ideas para la Paz (FIP), con el apoyo de USAID, se aliaron para darle vida a Cacao Conecta, una iniciativa social que le apostó a convertir a los y las productoras de cacao de Turbo, Dabeiba y Apartadó, en Antioquia, en agentes de cambio y toma de decisiones en los entornos cacaoteros y la región. Para lograrlo, Cacao Conecta se concentró en mejorar la productividad cacaotera, la confianza entre los sectores sociales, la participación de las mujeres y los jóvenes en la toma de decisiones, y en fortalecer las capacidades tecnológicas para promocionar la participación y la transparencia . La pregunta es si, tres años después, Cacao Conecta contribuyó a empoderar a mujeres y jóvenes, y si ese empoderamiento se tradujo en hechos puntuales de incidencia. Por eso, los resultados —y también los aprendizajes— de esta apuesta social se socializaron hoy en Apartadó, en un espacio que reunió a cerca de 250 personas entre beneficiarios de Cacao Conecta e invitados especiales. "Trabajamos directamente con más de 300 productores de cacao, se generaron 26 puntos de conectividad y más de 18.000 personas están haciendo uso de esos puntos”, destacó Camila Gómez, Consejera Principal de USAID Colombia en Apartadó. “Nos sentimos satisfechos por haber tenido la oportunidad de aportar junto a las demás organizaciones al impacto positivo de la comunidad", agregó. Por su parte, María Victoria Llorente, directora de la FIP, resaltó que Cacao Conecta logró conectar agendas distintas y ponerlas en marcha, pero, sobre todo, llegar a consensos de lo que era prioritario para aportar a una transformación territorial real. “Las agendas de mujeres y jóvenes fueron el punto de encuentro en este proyecto. Unos y otros nos ayudaron a identificar la ruta que debíamos seguir y lo que debíamos trabajar", afirmó. Una apuesta que funcionó La suma de acciones de cada uno de los aliados de Cacao Conecta —alineadas con el objetivo superior de fortalecer las capacidades de cada participante en temas relacionados con la conectividad, la productividad y la gobernanza— contribuyó de manera eficaz a consolidar los intereses productivos de la región y a entablar diálogos gana–gana con las autoridades y el sector empresarial. Más de 1.000 personas de Apartadó, Turbo y Dabeiba hicieron parte de Cacao Conecta. Se sumaron productoras y productores de cacao, asociaciones productivas de cacao, juntas de acción comunal, organizaciones de mujeres y jóvenes y representantes de las entidades públicas municipales, con la idea de transformar sus vidas para aportar a la construcción de sus territorios. Se destaca que el 56% de los participantes del proyecto fueron mujeres (558), de las cuales 223 tienen entre 18 y 28 años, y que el 35% son jóvenes. Juan Fernando Castañeda, presidente de la Compañía Nacional de Chocolates, expresó su gratitud por el compromiso de las familias que hicieron parte de la iniciativa. "Debemos reflexionar sobre lo que hicimos en estos tres años y darle continuidad para que otras asociaciones y organizaciones se involucren en la transformación del territorio", dijo en Apartadó. Como parte del fortalecimiento del entorno cacaotero se destaca el mejoramiento de 664 hectáreas de cacao, el crecimiento del 15% en el rendimiento de las unidades productivas y el incremento de laproducción de cacao premium, que pasó de 32 a 42 toneladas. La apuesta por la conectividad también dio frutos. Andrés Rengifo, director de asuntos corporativos, externos y legales de Microsoft Latinoamérica, resaltó que “ la tecnología en esta iniciativa se convirtió en un instrumento para alinear, asociar y potenciar la productividad ". Los participantes, por ejemplo, pudieron acceder a precios y compras en tiempo real, registrar información para la toma de decisiones y la transparencia, y fortalecer las capacidades productivas. Durante el encuentro en Apartadó, algunos productores de cacao y beneficiarios de Cacao Conecta compartieron sus aprendizajes y resaltaron la apuesta por lo social. "La iniciativa logró que nos uniéramos y sacar lo mejor de cada productor y productora, porque muchos de nosotros no sabíamos que teníamos capacidades que podían fortalecer nuestras asociaciones y aportar al territorio”, dijo Emelia Páramo, de la Asociación ASOPRAUR. Hoy, el 47% de los 325 beneficiarios directos de Cacao Conecta consideran que tienen mayor bienestar (capital económico, social y humano) del que tenían al inicio de la iniciativa. A eso se suma, según el indicador de gobernanza de la FIP, que tras la intervención de la iniciativa la percepción sobre temas relacionados con legitimidad, calidad del trabajo comunitario y transparencia de las organizaciones comunitarias, así como de las asociaciones productivas de cacao y del gobierno local, mejoró en un 13%. Involucrar a jóvenes y mujeres: una fórmula ganadora Contar con un enfoque de género como eje transversal de las actividades del proyecto fue clave para reflexionar sobre la distribución equitativa de cargas y de masculinidades corresponsables en las unidades productivas de cacao y en los hogares. “Al inicio del proyecto, el 10% de las mujeres indicaron que las labores de cuidado excedían las 12 horas. Luego de tres años, solo el 5% lo manifiesta. Por otro lado, el 3% de los hombres participantes incrementó su tiempo de dedicación a las labores de cuidado”, asegura María Acosta, investigadora de la FIP, quien resaltó que uno de los desafíos más grandes para la participación de las mujeres es lograr la comprensión por parte de los hombres frente a la importancia de dividir las tareas del cuidado, que están asociadas principalmente a ellas. Cacao Conecta también le apostó a construir espacios donde se pudiera resaltar la participación política efectiva de las mujeres. Uno de esos esfuerzos fue crear el consejo de género, que ha servido para luchar contra estereotipos machistas y generar paridad de género en el ámbito productivo del cacao. Además, las participantes lograron tener conversaciones de alto nivel con candidatos a las alcaldías municipales, que sus necesidades y prioridades se pusieran en la agenda pública y que las comunidades le hicieran seguimiento a la construcción de los planes de desarrollo. Los jóvenes, por su parte, también lograron una mayor participación e incidencia en los asuntos de sus territorios. De los 21 integrantes del Consejo Municipal de Juventud de Turbo, 11 participaron activamente en el proyecto, así como seis de los 15 miembros de la Plataforma Distrital de Juventud y 11 de los 19 consejeros del Consejo Municipal de Juventud de Apartadó. Cacao Conecta en voz de sus protagonistas

Gobernanza

Cacao Conecta

Construcción de paz

inclusión

urabá

Retos del uso de la fuerza letal en América Latina y el Caribe. Tercer informe

El tercer informe del uso de la fuerza letal es un esfuerzo regional en el que la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha participado desde el 2019, cuando se publicó la primera edición que abarcó los años 2015, 2016 y 2017. La segunda edición incluyó hasta el 2019 y la tercera hasta el 2022. Para esta versión, la mayoría de los países que participaron —Brasil, Chile, México, Jamaica, Perú, Salvador, Trinidad y Tobago, Venezuela y Colombia— alertan que no contaron con información oficial disponible para calcular los indicadores de abuso de la fuerza letal por parte de la Fuerza Pública. Los que sí obtuvieron datos, coinciden en que las cifras presentan problemas de validez y fiabilidad, inconvenientes que se replican en Colombia. En total, muy pocos países pudieron obtener información completa de fuentes oficiales y prensa, lo que vuelve a dejar en evidencia los problemas de acceso a información de años anteriores. “Los estados siguen sin cumplir con su deber legal de identificar, describir, sistematizar y publicar las cifras del uso de la fuerza letal por parte de agentes de seguridad pública”, dice el informe. En números absolutos, Brasil es el país con el mayor número de muertes civiles ocasionadas por agentes de seguridad con armas de fuego: más de 5.000 víctimas mortales cada año. El panorama cambia cuando se analizan los datos de los agentes de seguridad asesinados. Según las cifras oficiales, Colombia registra los números más altos, seguida de Brasil. Sin embargo, cuando se consideran los casos registrados en la prensa, México se posiciona como el primero del ranking. ¿Qué ocurre en Colombia? En 2020, en Colombia se registraron 199 homicidios de civiles presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública; 275 en el 2021; y 269 en el 2022. En estas cifras hay nueve casos de mujeres durante el primer año, 21 en el segundo y 15 en el tercero. En este mismo periodo se presentaron 86 asesinatos de miembros de la Fuerza Pública con arma de fuego para el 2020; 131 para el 2021, y 145 para el 2022. La participación de mujeres en estas cifras fue de 1 para el primer año, 4 en el segundo y 3 en el tercero. Por primera vez desde que se realiza este análisis de uso de la fuerza letal, Colombia no pudo calcular los indicadores de abuso por cuenta de la falta de acceso a información oficial. “Hay una pérdida importante en la calidad de los datos entregados por las autoridades y en la que está disponible para consulta. De seis entidades consultadas, solo dos enviaron respuesta. Ni la Fiscalía, Medicina Legal, Procuraduría, ni tampoco la Defensoría enviaron las cifras requeridas”, señalan los investigadores de la FIP que elaboraron el capítulo sobre Colombia. Sin embargo, es muy bajo cumplimiento de las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente al esclarecimiento de los hechos que ocurrieron durante el “estallido social del 2021”, además de pocos avances en las investigaciones y judicialización de los responsables de los muertos y heridos, tanto de agentes públicos como de civiles. Sobre el acceso, señala que Medicina Legal y la Policía apenas cuentan con algunos datos dentro de sus informes generales de lesiones externas. A este panorama se suma "la imposibilidad de acceder a información de la Justicia Penal Militar, la cual presenta aún mayores retos en términos de acceso y transparencia”, advierten los investigadores. Riesgos de impunidad y corrupción En Colombia, cerca del 70% de los homicidios no cuentan con información que permita caracterizar los hechos, lo que deriva en menores posibilidades de investigaciones eficientes y eficaces y, por ende, mayores riesgos de impunidad. Según el Monitor, la escasa presencia de personal forense, en especial en las zonas más alejadas de los cascos urbanos, lleva a que autoridades sin experiencia ni capacitación lleven a cabo levantamientos de cuerpos o atención primaria a estos sucesos, como los patrulleros de las estaciones y subestaciones de Policía. En el caso de la Fiscalía colombiana, los investigadores advierten que, al no contar con suficiente alcance territorial, se generan riesgos de corrupción. El que la Policía Nacional sea, en una multiplicidad de casos, la primera autoridad que atiende hechos en donde miembros de la institución pudieran ser responsables o participes de delitos como el uso de la fuerza letal contra civiles, produce un riesgo importante de corrupción e impunidad, pues son los mismos policías quienes atienden situaciones en las que podrían estar involucrados sus propios compañeros. Otro tema que preocupa en Colombia, por su contexto propio de seguridad, es la utilización de artefactos explosivos, así el proyectil de arma de fuego sea el responsable de la mayor cantidad de homicidios de miembros de la Fuerza Pública. En 2020, el 9% de las víctimas de la Fuerza Pública fueron por este tipo de arma; en el 2021, el 21%; y en el 2022, el 19%. Reviva la transmisión de la presentación del Monitor con la participación de investigadores de los nueve países. La letalidad en el uso de la fuerza sobre agentes El Monitor advierte que la caracterización de los datos no se pudo hacer para el caso de las cifras de civiles, debido a que no contaban con dicha información. Sobre las cifras de miembros de la Fuerza Pública, destacan: Hay un crecimiento en el homicidio de miembros del Ejército y de la Policía, especialmente en el caso de los policías, aunque se supone que, por el tipo de entrenamiento y armamento que utiliza, la Policía debería contemplar menores riesgos. Aumentó de manera significativa el homicidio de policías en las zonas urbanas, llegando en el 2022 casi al mismo número de casos que en las zonas rurales. Este equiparamiento demuestra que el riesgo de muerte de la Fuerza Pública no está concentrado en las zonas rurales, en donde por lo general se dan los enfrentamientos armados con los grupos ilegales. La letalidad en el uso de la fuerza sobre los agentes ha venido creciendo, de acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional. Es decir: ha venido incrementando la proporción del homicidio de miembros de esta entidad con arma de fuego en comparación con las lesiones, hasta casi llegar a un muerto por cada lesionado en el 2022. Se mantiene una proporción cercana al 2% con relación al peso de los homicidios de civiles presuntamente cometidos por la Fuerza Pública sobre el total de homicidios registrados en el país. Hay una disminución progresiva tanto de las capturas como de la incautación de armas en el país, a pesar de que en Colombia los homicidios con arma de fuego han venido creciendo, al igual que actividades delictivas como el hurto, la extorsión y el secuestro. Las noticias sobre hechos ocurridos en ciudades principales tuvieron mayor visibilidad, lo que interfiere en el número de noticias por departamento. Teniendo en cuenta que en Colombia la prensa cuenta con una influencia significativa en el abordaje y debate de las políticas públicas, esto podría llevar a que se invisibilicen problemáticas en algunas zonas del país por cuenta de la cobertura mediática. La discrepancia entre las cifras de prensa y las oficiales llama la atención y genera preguntas. Hay retos en el rastreo de prensa como vacíos en la información, falta de verificación y poco seguimiento a los procesos judiciales. Esto daría respuesta a las diferencias entre ambos indicadores; de ahí la importancia de tener cifras oficiales que aterricen estos datos. El rastreo en prensa evidenció varias noticias de muertes de agentes por disparos de otros compañeros, lo que alerta sobre su salud mental. De igual forma, uso de las armas de dotación por parte de policías y soldados durante vacaciones y permisos.

Fuerza letal

homicidios

Fuerza Pública

Seguridad ciudadana

civiles

Los jóvenes del Urabá antioqueño quieren apostarle al desarrollo cacaotero

Una jornada de creatividad, liderazgo, competitividad y emprendimiento se vivió en la segunda versión de la Cacaotech 2.0, que se realizó en el municipio de Apartadó, en Antioquia. Esta competencia, tipo hackathon , contó con la participación de 24 jóvenes, divididos en cuatro equipos, interesados en contribuir al desarrollo cacaotero del Urabá antioqueño. El reto consistió en crear una propuesta de emprendimiento de carácter sostenible, asociada a una problemática u oportunidad en el cultivo de cacao, que incluyera la creación de valor económico, la protección del medio ambiente y la promoción de la equidad social. Además, que fuera innovadora y tuviera en cuenta el uso de las TIC’S en alguna de sus fases. “En la CacaoTech 2.0 quisimos mostrar que las ideas surgen en cualquier momento. Hay un proceso de ideación, pero no tienen que pasar tres, seis meses o un año. Podemos hacerlo corto y ayudarnos de la internet para buscar las guías que permitan materializar la idea que queremos desarrollar” , indicó Germán Otálora, gerente de Conectividad con Propósito de Microsoft en América Latina, aliado de Cacao Conecta. Un laboratorio de formación e innovación Las y los participantes recibieron acompañamiento días antes del encuentro para modular creativamente sus propuestas durante una jornada de ideación. Con todos los insumos, los grupos se encontraron para competir en el reto final. Propuestas como una ruta agroturística, la creación de un centro de servicios y soluciones integrales para la cadena productiva del cacao y de una planta de transformación integral de residuos de cosecha de cacao, fueron sustentadas ante los jurados, quienes bajo los pilares de impacto, viabilidad y novedad se decidieron por la idea de la asociación Asocoprocada del municipio de Dabeiba: Cacao Lab, un centro de formación, inmersión e innovación del cacao. “Lo que queremos es establecer un empalme generacional para que los jóvenes se incorporen en todas las labores del mundo del cacao. Queremos vincular la mano de obra tecnificada de los jóvenes porque sentimos que hoy están muy aparte en la producción del cacao” , dijo Daniela Bedoya, una de las integrantes del equipo ganador, que recibió seis computadoras portátiles para avanzar en el proyecto. Mentores acompañantes y otros aliados El proceso de acompañamiento fue liderado por un equipo de mentores especializados, quienes apoyaron a los participantes durante el evento resolviendo sus dudas y dando orientación técnica sobre la iniciativa que cada equipo propuso. El jurado de esta competencia estuvo compuesto por integrantes de las organizaciones que lideran Cacao Conecta como Laura Calderón de USAID, Germán Otalora de Microsoft y Jerónimo Castillo de la FIP. También se sumaron al jurado Ellensol Caro, jefa de la oficina regional de Fedecacao en Apartadó y Cecilia Caballero, coordinadora del Centro Regional de Investigación, Innovación y Emprendimiento, CRIIE de Urabá. “Estos proyectos pueden ayudarnos realmente a solucionar problemáticas que tienen estos agricultores en el día a día. Problemáticas de sostenibilidad, temas ambientales o de mano de obra. Aquí, con tecnología podemos realmente construir soluciones innovadoras y sostenibles hacia el futuro” , dijo Nicolás Gutiérrez, gerente de proyectos y desarrollo sostenible de Equiori. Esta segunda versión de la Cacaotech 2.0 contó, además, con el apoyo de Paisajes Sostenibles, un proyecto de Swisscontact en Colombia que busca mejorar los medios de vida y el bienestar de familias rurales de diversas zonas, creando “paisajes de abastecimiento sostenibles con cadenas de suministro libres de deforestación y respetuosas con el clima”. Además, el Grupo Carmen, a través de su Fundación Corazones y Fogones, se sumó con una cena especial donde la diversidad del cacao sorprendió a los comensales. Según Juan José Castaño, chef ejecutivo de Carmen Restaurante, “ lo más bonito de participar en este proyecto fue aprender de todos los productores. Es muy nutritivo para nosotros saber que el cacao puede tener varias preparaciones, ya que estamos acostumbrados a que se use solo para dulces”. Corazones y Fogones busca preservar las tradiciones de la cocina colombiana y mejorar las condiciones para las mujeres que participan en actividades relacionadas con la cocina y los alimentos. Agricultura y tecnología: una relación gana-gana Con la segunda versión de la CacaoTech, la alianza Cacao Conecta continúa generando espacios que acercan a los jóvenes a la tecnología, como una apuesta para que esta población encuentre en la relación agricultura-tecnología, una motivación para aportar con sus conocimientos al campo colombiano. “Logramos reunir a varias generaciones con el fin de vincularlas en la creación de iniciativas surgidas desde sus propias necesidades, que teniendo como base el uso de las TIC, el componente de productividad y, por supuesto, su impacto social, fortalezcan la cadena del cacao”, explica Natalia López Ballesteros, directora del GDA Cacao Conecta de la FIP. Cacao Conecta es una alianza global para el desarrollo entre USAID Colombia, la Fundación Ideas para la Paz, la Compañía Nacional de Chocolates y Microsoft Colombia. Se implementa en Apartadó, Turbo y Dabeiba, Antioquia.