Durante los últimos cinco años, las FARC han buscado imponerse como el actor armado más fuerte en el Catatumbo y lo han logrado. Hoy en día tienen la mayor presencia territorial y actividad militar de la zona, una correlación de fuerzas favorable frente a la fuerza pública, el control sobre las economías ilegales, y han incrementado su trabajo político con ciertas comunidades campesinas.
Justamente por la situación de debilidad y repliegue que vivieron durante la segunda mitad de la década del dos mil, con la llegada de los paramilitares, las FARC establecieron alianzas y pactos con otros actores ilegales, lo que les ha permitido contrarrestar a la fuerza pública, evitar el desgaste por el control territorial y dinamizar su participación en el narcotráfico y el contrabando. La fortaleza que hoy tienen en la región también se debe a que han restablecido sus relaciones con los campesinos, involucrándolos en la economía de la coca y compartiendo sus reivindicaciones sobre el uso de la tierra.
Desde 2011, las FARC han incrementado su accionar en el Catatumbo a través del frente 33. El pico máximo de esas acciones fue en 2013, cuando sobresalen los ataques a la infraestructura petrolera, una estrategia que les permitió ejercer presión pero con bajo esfuerzo militar. Cabe destacar que este tipo de acciones se inscriben en una coyuntura particular: la del inicio de las negociaciones de paz. Con ellas buscaban mostrarse fortalecidas, con capacidad táctica y de movilidad, aprovechando las condiciones geográficas del Catatumbo.
La reconstrucción que hizo la FIP de los antecedentes históricos de las FARC en esta región, evidencia la capacidad de adaptación del grupo, a la evolución que ha tenido la confrontación. En un primer periodo (1982-1998), las FARC se dedicaron a fortalecer su pie de fuerza y su capacidad financiera. A raíz de esto, evitaron el enfrentamiento con la fuerza pública y se enfocaron en el trabajo político para la construcción de bases sociales. También trabajaron en la consolidación de sus estructuras en el municipio de Tibú, con el fin de controlar las zonas de cultivo de coca.
En un segundo periodo (1999-2006), caracterizado por la llegada de los paramilitares y el fortalecimiento de la fuerza pública, las FARC se vieron fuertemente debilitadas, lo que las llevó a replegarse sobre la cordillera Oriental y a proteger sus zonas de retaguardia. Con la presencia de los paramilitares, el tipo de violencia en la región cambio sustancialmente. Las FARC y los paramilitares protagonizaron una violencia similar en su sevicia y grado de afectación, lo que generó un juego de respuestas y contrarrespuestas, tales como masacres, desplazamientos forzados y secuestros.
En el periodo posterior a la desmovilización paramilitar (2007-2012), la estrategia de las FARC en el Catatumbo se enfocó en disputarle a la fuerza pública el control sobre los territorios que abandonaron parcialmente los paramilitares, con el objetivo de controlar economías ilegales y recuperar sus bases de apoyo social. Como parte de esta estrategia, establecieron acuerdos de no agresión con otros grupos armados ilegales e incrementaron sus acciones armadas en contra de la fuerza pública, logrando una correlación de fuerzas favorable desde 2011. A esto se suma que los índices de violencia y su afectación a la población civil han disminuido. Las FARC retomaron el trabajo político con comunidades e impusieron normas de control social.
Un ejemplo de lo anterior es que los accidentes con minas antipersonal han venido descendiendo desde 2006, así como el secuestro, que actualmente está más asociado al ELN. Quedan, sin embargo, serias dudas sobre la situación de reclutamiento forzado y la extorsión, fenómenos difíciles de cuantificar debido a las dificultades para obtener cifras confiables.
Desde el 2011, el Catatumbo ha sido una de las regiones focalizadas por el Estado para hacer una intervención especial. Es por eso que el pie de fuerza ha sido reforzado y se han destinado altas sumas de dinero a programas para la erradicación de cultivos de coca, y a proyectos productivos y de seguridad alimentaria. Como resultado de estas medidas, en 2013 la región mostró algunos resultados alentadores en la reducción de cultivos coca. Sin embargo, recientemente han sido puestos en tela de juicio por el Ministerio de Defensa, ya que hay otras problemáticas que siguen golpeando a la región.
Las intervenciones del Estado en el Catatumbo ejemplifican algunos de los retos a los que se enfrentaría el Gobierno si se firma la paz con las FARC. En esta región existe una evidente desconfianza de la población hacia la fuerza pública y las instituciones por los altos niveles de corrupción. Se suma la constante estigmatización de la que son víctimas las comunidades por parte de los militares y la idea de que la fuerza pública es incapaz de mantener el orden. Todo esto contribuye a que se muestren escépticas frente a los resultados del proceso de paz y el postconflicto.
Sobre este último punto, que se refiere al futuro del Catatumbo ante una eventual desmovilización de las FARC, la población entrevistada por la FIP manifestó su preocupación frente a dos aspectos. Tienen dudas sobre la forma en que se harían arreglos institucionales, debido a la deuda histórica del Estado con la región, y sobre las medidas concretas que se implementarían para lograr la reconciliación. También les preocupa la reconfiguración de los actores armados en el territorio, lo que plantea preguntas sobre las condiciones de seguridad de la región y la población en general. Estas se pueden resumir en dos escenarios: el primero, que las estructuras de las FARC no se desmovilicen completamente y se conformen otros grupos armados para el control del narcotráfico; y el segundo, que los actores que han estado en segundo plano inicien una disputa por el control del narcotráfico y los vacíos territoriales que dejen las FARC.
Las estrategias a las que han recurrido las FARC recientemente han tenido un efecto positivo en los indicadores humanitarios de la región, ya que muestran los índices más bajos de los últimos 15 años. Sin embargo, el panorama sigue siendo crítico por los enfrentamientos con la fuerza pública que dejan a la población civil en medio del fuego cruzado, y por las medidas que han tomado para evitar el avance de las autoridades a sus zonas de retaguardia y de control de cultivos de coca.
Este documento se elaboró con base en información recopilada de fuentes bibliográficas especializadas, bases de datos sobre intensidad del conflicto e impacto humanitario, medios de prensa y visitas a terreno realizadas por el equipo investigador de la FIP entre septiembre y octubre de 2014.