Los estudios de la economía política de la guerra en Colombia han evidenciado que la explotación de hidrocarburos ha sido una importante fuente de financiación de los actores armados ilegales, además del narcotráfico. El ELN, las FARC, las AUC y las bandas criminales se han nutrido del sector de hidrocarburos mediante la extorsión, pagos por seguridad y la captación ilegal de regalías. Sin embargo, el ELN es el grupo que más se ha beneficiado de la economía petrolera, el que ha articulado de manera más clara al sector petrolero en su agenda, y en esa medida, el que más ha recurrido a los atentados a la infraestructura petrolera.
En este análisis sobre la presencia del ELN en el departamento de Arauca, la Fundación Ideas para la Paz plantea que los ataques no solo tienen una motivación económica, sino que persiguen intereses en el ámbito sociopolítico, como la obtención de apoyo social y la necesidad de posicionar su agenda política frente a la explotación de hidrocarburos, y en lo militar, para fortalecer su posición frente al gobierno y como instrumento táctico para golpear a la fuerza pública.
El caso de Arauca muestra que el sector de hidrocarburos ha sido fundamental dentro de la estrategia de guerra múltiple del ELN. Por esto, los ataques contra la infraestructura se relacionan con los diferentes intereses de esta guerrilla, donde el aumento y la disminución de los ataques se asocian a los cambios en el contexto del conflicto armado y a los propósitos inmediatos de la organización.
Desde los años ochenta, el ELN ha utilizado los atentados como una forma de presionar a las empresas petroleras para el pago de extorsiones. También para fortalecer sus bases sociales sirviendo de intermediario en la generación de empleo para las comunidades y en la búsqueda de una mayor inversión de las ganancias provenientes de actividades petroleras. Además, los han usado para reivindicar las exigencias sociales que han surgido de la explotación de hidrocarburos en el departamento. A su vez, en la actualidad, el ELN utiliza los ataques para mostrarse como una guerrilla aún relevante y vigente de cara a las negociaciones de paz con el gobierno.
Frente a la situación actual del ELN en el departamento, esta investigación identificó que en los últimos cuatro años, la guerrilla ha retomado varias de las estrategias que la caracterizaron en periodos anteriores, ubicándola nuevamente como el grupo armado ilegal predominante en Arauca. Sin embargo, debido al desprestigio en el que quedó después de la violenta disputa con las FARC entre 2005 y 2010, y al rechazo de los araucanos frente a los actores armados después de largos años de conflicto, el ELN ya no cuenta con la misma influencia sociopolítica de antes. Esto ha provocado que hoy la guerrilla no tenga la suficiente injerencia en la política local y regional para acceder a los recursos provenientes de las regalías petroleras, lo que a su vez, la ha obligado a incrementar la presión sobre el sector petrolero para obtener recursos por medio de extorsiones y secuestros. Lo anterior, sumado a la coyuntura política de negociaciones de paz donde el ELN parece tener intenciones de entrar a participar, explica el incremento de los ataques a la infraestructura en los últimos dos años, con los que busca mostrarse fuerte y vigente.
En cuanto a la base social del ELN, es evidente que independientemente de si ha logrado o no legitimidad en algunos sectores sociales, este grupo guerrillero mantiene sintonía con gran parte de la población respecto a su oposición a las políticas de extracción petrolera y a los impactos que se derivan de esta. Este discurso ha mantenido aspectos esenciales a lo largo de los años, al tener como base principios antiimperialistas y nacionalistas. El ELN critica el hecho de que la actividad petrolera beneficie principalmente a las multinacionales, e insta por un cambio de modelo político y económico que asegure un mayor bienestar para las comunidades.
El encuentro entre el discurso del ELN y la posición de ciertas comunidades alrededor del tema petrolero, se explica por la deuda histórica que tiene la industria petrolera con parte de la población araucana, a lo que se suma el mal manejo del gobierno colombiano a las ganancias provenientes de esta actividad y la represión contra las expresiones sociales que buscan un mayor bienestar para las comunidades. Por esto, se considera esencial reconocer esta deuda y que sus elementos constitutivos sean incluidos en cualquier ejercicio de reconciliación y de construcción de paz en un eventual período de postconflicto.
Finalmente, ya que los atentados contra los oleoductos generan importantes impactos económicos, sociales y ambientales, se han puesto en marcha protocolos y procedimientos, aumentado el pie de fuerza militar para cuidar los oleoductos e implementado tecnología como los “drones” y otra serie de medidas de seguridad para prevenir la ocurrencia de estos hechos. Sin embargo, estas medidas no han sido del todo eficaces debido a que se siguen presentando voladuras y ataques contra la infraestructura petrolera.
Por otra parte, las medidas de mitigación de los daños causados por el derrame de crudo producto de estos ataques son también insuficientes. Si bien es cierto que los protocolos de contención y atención a los daños están claramente establecidos y funcionan en la práctica, la falta de un claro responsable de la reparación de los daños sociales y ambientales genera la imposibilidad de atender de forma integral los impactos causados. De ahí la necesidad de legislar en este tema y generar mecanismos reales para la reparación de los daños causados a las comunidades y al medio ambiente.