El libro Institucionalidad socavada: justicia local, territorio y conflicto, reúne los hallazgos de la investigación que durante tres años realizó la Fundación Ideas para la Paz (FIP) con el apoyo del Proyecto de Acceso a la Justicia de USAID, sobre las barreras de acceso a la justicia en zonas afectadas por el conflicto. Para ello realizó un diagnóstico de dichas barreras en seis regiones de consolidación[1]: sur del Tolima, Bajo Cauca antioqueño, norte y nordeste antioqueños, Montes de María, La Macarena y Tumaco.
El libro, además de presentar los hallazgos de cada una de las regiones estudiadas, ofrece un análisis comparativo que parte de la hipótesis de que la justicia no es independiente del contexto en el que opera. De esta manera, muestra cómo la entrada y paso de todos los grupos armados organizados, la existencia de corredores estratégicos para el narcotráfico y de economías criminales, han marcado no solo las relaciones sociales en los territorios, sino también el quehacer político. La FIP también analiza el efecto perverso que ha tenido el conflicto –independientemente del grupo armado– sobre la institucionalidad y el capital social. En palabras de los habitantes entrevistados: “La influencia de las AUC y la guerrilla acabaron con la capacidad de mediación de la comunidad”, lo que hoy se refleja en “las peleas internas” y en la tendencia de algunos habitantes a “tomar la ley en mano propia en lugar de consultar a las autoridades legales”.
“Las personas han estado tan constreñidas por la guerrilla que por principio no confían en las instituciones formales”, dice un entrevistado
La investigación también revela, a pesar de los avances en la jurisprudencia, las dificultades a las que se enfrentan las mujeres para acceder a la justicia ordinaria en la búsqueda de garantías y protección de sus derechos. “Los hallazgos ratifican que la administración de justicia es alimentada por patrones culturales machistas, lo que soporta la fuerte resistencia de los operadores de justicia para aplicar la normativa que protege a esta población”, dice un aparte del libro.
Así mismo, y con el lente puesto en la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC y en los retos que implica el postconflicto, el trabajo de la FIP indagó sobre los riesgos de corrupción en la implementación de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de tierras. El estudio resalta sus fortalezas y las instituciones creadas para su desarrollo, sin embargo deja ver las necesidades de transformación que requieren las instituciones conexas que intervienen en el proceso.
“Denuncié una amenaza y al otro día lo supieron las personas que me amenazaron y [bajo esas circunstancias] uno se pregunta ¿cómo es posible creer en la justicia formal?”, dice otro entrevistado
Finalmente, con el ánimo de transformar las condiciones actuales de estos territorios, los investigadores de la FIP identificaron, con base en los diagnósticos de cada región, algunas políticas públicas de justicia local que se deberían implementar para potenciar las capacidades locales ya instaladas y buscar generar unas nuevas. El libro destaca los avances en el diálogo, la coordinación y el trabajo articulado entre las diferentes agencias del sector justicia y el surgimiento de una estrategia de justicia rural en un breve balance del funcionamiento de los Comités Locales de Justicia (CLJ), estrategia apoyada por USAID.
La investigación de la FIP se realizó en el marco del Proyecto de Acceso a la Justicia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que apoya el fortalecimiento de la administración de justicia en zonas afectadas por el conflicto armado.