La preocupación por el aumento en el consumo interno de drogas ha venido creciendo en los últimos años. De un tiempo para acá, se ha vuelto común escuchar declaraciones alarmantes de funcionarios públicos —entre ellos el propio presidente de la República—, haciendo referencia a un “dramático aumento en el consumo”.
Pero no sólo es eso: la preocupación se extiende también al aumento en la oferta de drogas y los mercados, así como al crecimiento de los cultivos ilícitos en el país. Ante este panorama, podría pensarse que estamos ante un problema de una magnitud colosal. Sin embargo —y entendiendo que la distribución de drogas ilegales y su consumo por parte de las poblaciones vulnerables son desafíos importantes para los formuladores de política pública y la sociedad—, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) plantea en este informe cuatro preguntas básicas para abordar el problema y poner en contexto las declaraciones oficiales y las decisiones que buscan enfrentarlo.
1. ¿Cuál es el problema?
Es legítimo preocuparse por el aumento ya que, en cierta medida, refleja una inquietud general de la ciudadanía. Sin embargo, hay que entender que el problema no es tan simple: lejos de estar ante un fenómeno uniforme, al analizar las distintas sustancias encontramos variaciones significativas. Los patrones de consumo, las formas de distribución, los actores que participan en la cadena, las ganancias que generan, los niveles asociados de violencia y criminalidad, el tamaño de los mercados y su despliegue territorial, no solo cambian de una droga a otra, sino también entre barrios y ciudades.
La FIP busca demostrar, por ejemplo, que aunque es cierto que el consumo interno ha aumentado, lo ha hecho menos que en otros países y con distintas intensidades. O que —contrario a lo que afirman—, el consumo en Colombia no está desbordado sino muy concentrado, y que incluye solo a una fracción de la población. O, también, que no hay evidencia disponible para afirmar que la dosis mínima y de aprovisionamiento aumentó el consumo de sustancias ilegales.
En todo caso, la información sobre las distintas dimensiones del “problema de las drogas” es muy limitada y claramente insuficiente. Por ello, en no pocas ocasiones, los tomadores de decisiones están navegando a ciegas cuando se proponen intervenir los mercados de las drogas ilegales.
2. ¿Cuáles han sido las respuestas del Estado?
En términos generales, encontramos que la respuesta del Estado ha estado lejos de ser integral, con un desbalance que favorece las medidas de carácter represivo (que son necesarias pero insuficientes). Las capacidades y recursos se han dirigido a estrategias de corto plazo, centradas en el componente policial y el uso de sanciones; mientras tanto, las acciones de prevención del consumo y reducción de daños —cuyos efectos se ven en el largo plazo—, se han mantenido al margen de las agendas de Gobierno y no han sido respaldas con recursos públicos.
Ejemplo de ello es la implementación del Decreto 1844 de 2018 por parte del Gobierno del presidente Duque, que faculta a la Policía para decomisar cualquier dosis de estupefacientes en espacios públicos, medida sobre la que la FIP formula varios interrogantes.
En cuanto a la respuesta a la prevención y al consumo, hay cifras bastante reveladoras: una de cada 1.000 personas en condición de consumo problemático pueden ser atendidas por el Estado pero 300.000 serían las que necesitan atención, y solo el 15% del gasto en la lucha contra las drogas se destina a la reducción de la demanda.
Ahora bien, ¿ha servido el Decreto de decomiso de drogas? A partir de 159 entrevistas en Bogotá —a 63 policías y 96 habitantes— en un muestreo de 63 puntos en Bogotá, encontramos que la percepción es que si bien el Decreto logra disuadir el uso de drogas ilegales en espacios públicos, sus efectos son temporales. Su aplicación requiere del patrullaje intensivo y de la presencia permanente de la Policía en los parques y entornos escolares; cuando esto no ocurre, el consumo de sustancias psicoactivas regresa a estos espacios.
3. ¿Qué propuestas están sobre la mesa?
La FIP toma los proyectos de ley que actualmente se encuentran en el Congreso y que proponen medidas para combatir el mercado ilegal y el consumo de drogas. Hicimos un análisis legal, identificamos sus puntos críticos y advertimos que la mayoría de ellos son de corte punitivo y que su aprobación podría profundizar aún más la desarticulación entre los distintos componentes y estrategias de la política de drogas.
Tres temas centrales debería discutir el Congreso: 1) La definición y delimitación de los umbrales de la dosis de aprovisionamiento, 2) La actualización del marco legal vigente con una nueva versión del Estatuto de Estupefacientes, y 3) La regulación de la marihuana para usos recreativos.
4. ¿Qué se puede hacer?
Esta pregunta tiene el propósito de señalar una serie de recomendaciones para abordar los principales desafíos. Las sugerencias van desde focalizar las poblaciones, sustancias y contextos, hasta balancear las medidas preventivas y represivas, pasando por los distintos esfuerzos y planes que optimicen los recursos alrededor de metas comunes y prácticas, y optimizar para evitar incentivos perversos, entre otros. Un aspecto crucial es potenciar la conexión, en el territorio, de lo que hacen las instituciones formales con las iniciativas comunitarias y los esfuerzos locales.
de las personas que consumen drogas
96%
Datos claves:
Porcentaje de población que consumió algún tipo de sustancia en el último año: 2008: 2,7% // 2013: 3.6%. No hay más información desde entonces.
96% de las personas que consumen drogas empezaron antes de cumplir los 19 años.
50.742 niños, niñas y adolescentes fueron capturados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes entre 2012 y septiembre de 2018.
Una tercera parte de las capturas son por delitos de drogas.
94% de las capturas se dieron en situación de flagrancia.
19,4% de los escolares del país tuvo la opción de comprar o probar alguna de esas sustancias, según una encuesta de 2016.
24 de los 32 departamentos del país tienen oferta de servicios de atención.
La gran mayoría de las 400 instituciones de tratamiento son privadas y no cuentan con evaluaciones.
En la mayoría de las capturas: Las personas fueron dejadas en libertad por la falta de material probatorio, portaban un poco más de la dosis mínima, fueron por marihuana.