Hoy nos enfrentamos a un escenario donde resulta improbable derrotar al ELN
por la vía militar. Aunque en el pasado esta guerrilla fue duramente golpeada, ha logrado mantenerse activa y fortalecerse. El otro escenario es retomar el diálogo, algo que, por ahora, según los anuncios y reacciones del Gobierno de Iván Duque, no es una opción. ¿Qué hacer ante esta encrucijada?
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha venido insistiendo en la importancia de entender en qué momento se encuentra esta organización guerrillera y cuáles son sus dinámicas internas y trayectorias recientes, para poder diseñar una hoja de ruta “que pueda ayudar a no seguir dando pasos en falso y conservar la posibilidad de reactivar el diálogo”. Todo esto, teniendo como horizonte superar el conflicto armado.
Este informe presenta una radiografía del ELN y hace recomendaciones para no cerrar la puerta a una salida negociada.
Fortalecimiento y expansión
El fortalecimiento del ELN es evidente. Solo en 2017 se habrían vinculado cerca de 1.000 miembros y, según la más reciente estimación de la Fuerza Pública[1], para 2018 contaba con más de 4.000 integrantes. Como esta guerrilla no es exclusivamente militar, se estima que podría tener entre 4.000 y 5.000 milicianos.
El ELN ha logrado llegar a regiones donde en el pasado no tenía presencia y en las que antes operaban las FARC. Las investigaciones de la FIP sugieren que el proceso de desarme de las FARC y el periodo de negociación del ELN durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, coinciden con esta expansión.
Sin embargo, la llegada de esta guerrilla a zonas que eran de influencia fariana, le ha significado enfrentarse a disputas territoriales con otros grupos ilegales –como el Clan del Golfo–, que también llegaron a ocupar el espacio dejado por las FARC. Hoy, el ELN hace presencia en regiones como el nordeste de Antioquia, el Bajo Atrato en el Pacífico norte, y algunas regiones de Nariño, enclaves históricos de las FARC.
Pero este fortalecimiento y sus intentos de expansión, no implican necesariamente el incremento de los combates con la Fuerza Pública y las bajas. “Más que una estructura militar de grandes dimensiones —como eran las FARC—, en algunos territorios el ELN está conformado por múltiples redes que desempeñan labores de inteligencia y de pequeña escala”. El ELN tiene una dimensión política y social que no se refleja en las cifras, por lo que su influencia es más amplia y compleja de lo que parece. Ejemplo de ello es lo que ocurre en el sur del Cauca y en el llamado Arco Minero del Orinoco (Arauca-Vichada-Guainía-Venezuela).
Sobre la presencia del ELN en Venezuela, la FIP señala que la prolongación de la crisis favorece al grupo guerrillero y lo posiciona como un factor de desestabilización. La posibilidad de una intervención militar externa le da fuerza al discurso político del ELN y refuerza la relación de connivencia —y alianzas— con sectores del establecimiento venezolano.
Hoy, en el país vecino, el ELN desarrolla actividades ilegales relacionadas con el contrabando de gasolina, la minería y la extorsión. El trabajo de campo realizado por la FIP en Norte de Santander y Arauca, da cuenta de corredores controlados por esta guerrilla para el contrabando de gasolina, cárnicos, carbón y otros bienes. En Vichada, desde el 2017, hay información relacionada con el control de minas y la apropiación de minerales que ingresan a territorio colombiano por parte del ELN. Se suma que la migración masiva de venezolanos y su vulnerabilidad económica han facilitado su reclutamiento y participación en estas economías ilegales.
De ahí que la confrontación con el ELN deba entenderse más allá de la frontera, bajo condiciones que requieren de la cooperación de Venezuela. La posibilidad de que el ELN y las disidencias de las FARC se consoliden como fuerzas binacionales dependerá, en buena medida, de la interacción con las comunidades y la construcción de bases de apoyo, de la relación con los militares venezolanos, y del resultado de las disputas que sostienen con las facciones criminales en ese país.
Estructura
La naturaleza del ELN es muy distinta a la de las FARC, por lo que la estrategia militar para combatirlo no puede ser la misma. La FIP señala que los frentes de esta guerrilla operan con gran autonomía y están en constante deliberación sobre las posiciones de la organización; por eso, hay unos que tienen más peso político y militar.
El Comando Central (COCE)[2] y la Dirección Nacional, son las instancias de nivel superior para la toma de decisiones y definen los lineamientos para las unidades regionales. Parte del COCE está en La Habana (“Pablo Beltrán” y “Gabino”), y se ha mostrado a favor de la negociación.
Otros han expresado sus dudas y desacuerdos. Alias “Pablito”, jefe del Frente de Guerra Oriental (FGO) e integrante del COCE, es uno de los comandantes con mayor ascendencia, y las estructuras bajo su mando representan una parte sustancial del poder militar del ELN. Su postura es crítica frente a la posibilidad de entregar las armas. Hace poco señaló que el “ELN continúa con voluntad de diálogo de paz”, pero reiteró que, para esa guerrilla, dialogar es negociar y no someterse[3].
Para la FIP, en la medida en que se mejore la comprensión del momento que vive el ELN, se podrán tomar decisiones claves para desescalar el conflicto y reanudar el diálogo
Sin bien las operaciones de cada bloque son independientes, hay evidencia de que “Pablito” mantiene comunicación con otros comandantes, como alias “Fabián”, del Frente de Guerra Occidental, y alias “Ariel”, jefe del Frente Urbano Nacional y miembro del COCE. Sobre alias “Cucho” o “Antonio”, jefe del Frente de Guerra Suroccidental, se desconoce su postura frente a una posible negociación. La FIP señala que este frente estaría aprovechando el debilitamiento de la disidencia “Oliver Sinisterra”, para expandirse en Nariño y Cauca.
Alias “Antonio García” es de la línea más radical del COCE. García ha participado en diferentes procesos de paz y fue nombrado jefe de delegación en las conversaciones con el Gobierno Santos. No es clara su relación con “Pablito”, ni tampoco su nivel de influencia actual.
Ante este panorama, la FIP resalta que algunas estructuras del ELN tienen mayor acceso a recursos provenientes de economías ilegales, lo que resulta un incentivo importante para privilegiar la resistencia armada. “No hay que descartar un proceso de ‘degradación’, entendido como el debilitamiento de la línea política”, dice el informe.
Financiación
El ELN ha pasado de tener una alta dependencia de recursos financieros provenientes del secuestro y la extorsión –incluyendo la afectación a la industria petrolera–, a la diversificación de fuentes, ampliando su influencia en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, esta última aprovechado el cierre de la frontera con Venezuela.
Respecto al narcotráfico, el ELN tiene fuerte influencia en siete de los diez municipios con mayor número de hectáreas de coca en Colombia. Llama la atención el incremento de los cultivos ilícitos en Bolívar, que pasó de tener 1.000 hectáreas de coca en 2015, a más de 8.000 en 2018, según el informe de monitoreo de Naciones Unidas. Este incremento coincide con el fortalecimiento del ELN en la región.
La FIP también advierte que hay frentes del ELN que han incursionado en los distintos eslabones de la cadena de producción y comercialización de cocaína, y otros más que se financian indirectamente del narcotráfico, cobrando impuestos (gramaje) y proporcionando seguridad a estructuras dedicadas al negocio de la droga.
Sobre la minería, la financiación del ELN proviene de extorsiones a las empresas mineras, y del cobro de cuotas y vacunas a los mineros ilegales que se instalan en torno a las grandes extracciones. Así sucede en municipios del sur de Bolívar, Nariño y el sur del Cauca. En algunos casos, según la Defensoría del Pueblo, el ELN exige el 5% de la producción de oro diaria a los mineros, y en otros impone un cobro por cada mina ilegal que se encuentre en uso.
El informe señala que una mayor participación en economías ilegales puede llegar a tener un fuerte impacto organizacional y establecerse como el centro de gravedad de sus acciones, generando zonas grises en las cuales será muy difícil distinguir las motivaciones políticas de los intereses económicos y de lucro.
Amenazas a la población
Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), los eventos de desplazamiento forzado que tienen al ELN como uno de sus responsables, aumentaron un 132% en 2018, con respecto al año anterior. Sobre el reclutamiento forzado, se estima que el ELN es responsable de reclutar menores entre los 14 y los 17 años y, en las zonas fronterizas, estaría reclutando migrantes venezolanos y miembros de las comunidades indígenas.
La instalación de minas antipersonal es también una estrategia del ELN para proteger sus campamentos y limitar el acceso de la Fuerza Pública. Además, la FIP alerta sobre el confinamiento de las comunidades, quienes no pueden salir a los centros poblados a abastecerse o a sus lugares de trabajo.
Para la FIP, una ofensiva militar contra el ELN —sumada a la prolongación de sus disputas con otras organizaciones al margen de la ley—, plantea un escenario de riesgo en el cual los impactos humanitarios se intensifican y generan graves afectaciones a la población civil.
Cinco recomendaciones para preservar el diálogo
Pese a que hoy en día ni el gobierno ni el ELN parecen tener incentivos para comenzar a transitar hacia una paz negociada, sería un error cerrar del todo esa posibilidad. ¿Qué hacer?
1. Generar medidas de confianza y desescalamiento de la confrontación armada. Considerar la liberación de secuestrados, la mejora de las condiciones para quienes estén privados de la libertad e, incluso, un cese al fuego. El ELN debe considerar con seriedad los condicionamientos fijados por el Gobierno para abrir el espacio a una nueva fase exploratoria. Un tema clave es evitar que estas medidas sean usadas como herramientas para prolongar el conflicto.
2. Implementar los PDET como centro de la agenda social, en los territorios de influencia del ELN. Lo que ocurre con la implementación del Acuerdo con las FARC es el parámetro con el que los actores locales perciben a las instituciones y su capacidad de cumplimiento. El Estado debe construir y ganar legitimidad en estos territorios, con provisión de bienes públicos y participación de los actores locales.
3. Replantear la estrategia diplomática con el régimen de Maduro y no quemar las naves con el país vecino. Es necesario reestablecer los canales de comunicación, definiendo unos mínimos. El camino de la cruzada diplomática y el incremento de las tensiones, así como la posibilidad de una ofensiva militar que tenga al ELN como uno de sus blancos, es riesgoso e impredecible.
4. Valorar el papel de los terceros y dar espacio a los moderados. La FIP recomienda que, a través de una ruta confidencial y discreta, se recompongan las golpeadas relaciones con garantes como Cuba y Noruega, para encontrar fórmulas que permitan la comunicación (a la que se podrían sumar otros países). Es urgente que el ala moderada del ELN, ahora en Cuba, gane espacio y argumentos dentro de esta organización, lo cual pasa por formalizar su estadía en la isla y explorar mecanismos para que continúen las gestiones encaminadas a reanudar el diálogo. Su aislamiento beneficia al ala radical.
5. Comenzar la fase de “exploración”. La primera tarea es comprender las dinámicas y lógicas internas del ELN, como base para identificar los incentivos, las implicaciones de un eventual proceso y los escenarios para su implementación. Es importante avanzar en la identificación de una agenda común con el Gobierno Nacional, en lo cual la contribución de la sociedad civil y la academia puede ser fundamental.
Se recomienda que el acercamiento entre las partes sea incremental y esté basado en gestos que generen confianza. Cualquier intento de reestablecer el diálogo con esta organización guerrillera requerirá de tiempo, prudencia, paciencia y pragmatismo.