El inicio de la administración del presidente Joe Biden en los Estados Unidos, ha generado expectativas sobre la agenda que tendrá este país frente a la política de drogas. En una entrevista reciente, el embajador Philip Goldberg afirmó que la reactivación de la aspersión área es una decisión que deberá tomar e implementar Colombia; así mismo, señaló que su país seguirá apoyando la implementación del Acuerdo de Paz y mantendrá la cooperación antinarcóticos.
Además, el “Informe sobre la estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 2021” del Departamento de Estado, que se conoció esta semana, señala la importancia de retomar la aspersión aérea de manera “segura, limitada y efectiva”, al tiempo que llama a tener un firme compromiso con la sustitución de cultivos ilícitos y el desarrollo rural.
Un mes antes de la posesión del presidente Biden, la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental —creada por el Congreso de los Estados Unidos mediante una ley bipartidaria— presentó un informe con el balance de las políticas y el programa antinarcóticos que incluye recomendaciones concretas. Este reporte, que causó controversia por sus afirmaciones sobre el Plan Colombia, insta a hacer un uso selectivo y estratégico de la erradicación, y también sugiere fortalecer las intervenciones en el ámbito del desarrollo rural.
Para la elaboración de este informe, la Comisión solicitó a Juan Carlos Garzón, Director del área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, un Position Paper en el que se analizan los avances, retrocesos y desafíos de los programas de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo en Colombia que se han implementado con apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
La FIP publica el informe como un aporte al debate sobre el tema, en un momento en el que las discusiones continúan girando en torno a la aspersión, los impactos de la erradicación forzada y los pocos avances en el ámbito del desarrollo alternativo. En esta coyuntura, surgen dos preguntas fundamentales que aborda este reporte: ¿Cuáles son las opciones?, y ¿Qué podemos aprender de lo hecho hasta ahora?
De acuerdo con el informe, “aún en el mejor de los casos, la aspersión y la erradicación manual forzada arrojarían resultados a corto plazo —con un alto costo y baja eficiencia— que serán difícilmente sostenibles. Es justamente esta la oportunidad que tiene el “desarrollo rural integral” que, bajo una mirada de largo plazo, se propone no solo atacar los síntomas, sino modificar las causas. Para que esto suceda se requiere avanzar en varios ajustes y cambios, reconociendo la experiencia de más de dos décadas y las lecciones aprendidas”.
Si bien, la atención se ha centrado en la posibilidad de que se reactive la aspersión, la agenda con los Estados Unidos no se limita al uso de está herramienta –la cual estará sujeta a restricciones y no contará con el apoyo financiero que recibió años atrás–. A través de USAID, hay una apuesta importante vinculada al desarrollo rural y la transformación de los territorios, la cual, en algunos casos, podría estar en riesgo por la erradicación aérea. La fumigación podría sabotear y generar condiciones adversas para el desarrollo de los programas que se desarrollan en distintas zonas del país.
Sin ignorar los riesgos y efectos negativos que puede tener la aspersión, el informe de Garzón señala que el enfoque del “garrote y la zanahoria”, lejos de propiciar una estrategia articulada, ha generado mensajes contradictorios y creado tensiones entre la agenda de seguridad y la de desarrollo. En la práctica, el desarrollo alternativo ha chocado con la inercia de la política antinarcóticos que privilegia la reducción de cultivos de coca, medida en hectáreas erradicadas, como principal indicador de éxito.
El informe resalta un consenso entre funcionarios, expertos y autoridades nacionales y locales en que las medidas enfocadas en la erradicación son insuficientes. Si bien, a través de su aplicación se pueden lograr descensos temporales en el número de hectáreas cultivadas, estos resultados no son sostenibles. Por esta razón es necesario analizar lo que ha pasado con el desarrollo alternativo, identificando aquello que ha funcionado y lo que no ha dado resultados.
Estas son algunas de las lecciones y las recomendaciones que se proponen en el informe:
Priorizar la provisión de bienes públicos y servicios sociales antes que los “proyectos productivos”. Un buen ejemplo son los programas que se proponen generar cambios en el acceso a la tierra y su formalización.
Evitar la dispersión de los programas. Una de las lecciones aprendidas es que es mejor concentrarse con todas las capacidades en territorios específicos, que tener un mapa amplio de intervenciones diversas y no conectadas.
Revisar los esfuerzos en el ámbito de la seguridad, reconsiderando el énfasis en la erradicación forzada. Tener un enfoque más balanceado y destinar recursos al fortalecimiento de las capacidades locales y la protección de las comunidades, los líderes, las organizaciones y los funcionarios.
Tomar decisiones urgentes sobre la falta de coordinación entre los esfuerzos de erradicación de cultivos ilícitos y las iniciativas vinculadas con el desarrollo alternativo. La urgencia de disminuir los cultivos ilícitos no debe ir en contravía de los objetivos estratégicos de transformación territorial.
Buscar que la interlocución con las instituciones del Estado sea coordinada e integrada, facilitando el diálogo entre las distintas agencias y funcionarios, y evitando generar desequilibrios en la asignación de los recursos.
Desarrollar intervenciones incrementales que combinen las distintas herramientas con las que cuenta el Estado, dependiendo de las condiciones y necesidades de cada territorio. En política de drogas —como en la mayoría de las políticas— no existe una “bala de plata”.
Fortalecer los programas e intervenciones dirigidos a los territorios con cultivos ilícitos que se encuentran fuera de la frontera agrícola y en las zonas de manejo especial. Es clave articular la política de drogas con la protección del ambiente y el desarrollo rural.
Garantizar la disponibilidad y transparencia de la información, y desarrollar evaluaciones de impacto de los programas y las intervenciones.