La seguridad ha vuelto a estar entre las primeras preocupaciones de los colombianos, como consecuencia del aumento de la violencia en zonas rurales y de una sensación generalizada de inseguridad en muchas ciudades. Frente a esta situación, el Gobierno Nacional ha concentrado sus esfuerzos en su política de Paz Total, al tiempo que trabaja en la formulación de una política de seguridad.
Entretanto, la inercia de las dinámicas de la violencia en el país de los últimos años no ha podido revertirse, especialmente en zonas históricamente afectadas por disputas entre actores armados ilegales. Por el contrario, se ha acelerado la pérdida de control territorial por parte del Estado y el avance de redes criminales, como lo constatan las crecientes denuncias de extorsión y de diversas formas de constreñimiento a la población en muchas zonas del país.
El 2022 fue el segundo año con las cifras más altas de homicidio desde 2016: un retroceso frente a la tendencia de las últimas dos décadas en el país y, sin lugar a duda, una señal de alarma. De igual forma, en 2022 la Fuerza Pública redujo significativamente (en un 36% respecto a 2021) sus acciones contra grupos armados ilegales, mientras que estos continuaron enfrentándose entre sí y ejerciendo presión sobre las comunidades, con graves consecuencias humanitarias en muchas regiones. En efecto, el primer semestre del Gobierno actual (agosto 2022 - enero 2023) muestra la cifra más alta de enfrentamientos entre grupos armados ilegales desde 2016: 37 casos registrados.
# de casos
37
Esta situación es especialmente aguda en zonas rurales donde el escenario estratégico se transformó como resultado del Acuerdo de Paz y la consecuente desmovilización de las FARC, lo que ha puesto en entredicho la efectividad y pertinencia de las estrategias de seguridad de los últimos años en el nivel territorial.
Se requiere, de manera urgente, una mejor comprensión de las dinámicas de violencia organizada, así como mayores consensos frente a las prioridades, las posibles soluciones y la necesidad de adaptar e innovar la respuesta institucional en lo local.
Se ha acelerado la pérdida de control territorial por parte del Estado y el avance de redes criminales, como lo constatan las crecientes denuncias de extorsión y de diversas formas de constreñimiento a la población en muchas zonas del país.
Un complemento a la política de paz
A la luz de este contexto, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) convocó a inicios de 2022 a un grupo de expertos que han ocupado cargos de alta responsabilidad en el sector de seguridad en el Estado colombiano, con el fin de analizar esta situación y hacer propuestas prácticas al nuevo Gobierno que resultara electo seis meses más tarde.
Este grupo de trabajo de alto nivel valoró distintos asuntos del escenario de seguridad del país y decidió concentrar su atención en la problemática de las zonas rurales más afectadas por la violencia, considerando que esto requiere atención prioritaria, pero sin desconocer que a nivel urbano también existen importantes desafíos.
Este documento presenta los principales resultados del trabajo adelantado por el grupo de expertos durante 2022 y recoge aportes posteriores de sus integrantes durante los primeros meses de 2023. Se trata de una propuesta de hoja de ruta para el Gobierno Nacional, con lineamientos prácticos para liderar y orientar la estrategia de seguridad en estos contextos. Esta hoja de ruta se plantea como un complemento indispensable a la política de paz y como un aporte a la contención del resurgimiento de grupos armados ilegales, incluyendo aquellos que hayan optado por la vía de la paz o del sometimiento a la justicia.
Está compuesto de cinco partes: en la primera se destaca la emergencia de seguridad en zonas del denominado rural disperso y de frontera; en la segunda, se señalan los principales elementos del desfase de las estrategias de seguridad que se han desplegado en los últimos años respecto de la problemática en estos entornos; luego, se proponen una serie de principios para orientar la estrategia de seguridad en estos territorios y se plantea su objetivo central; y, finalmente, se desarrollan los componentes de la hoja de ruta para contener la violencia en estas zonas.
El grupo de trabajo lo integraron el General (r) Oscar Naranjo (ex Vicepresidente de la República y ex Director de la Policía Nacional); Sergio Jaramillo (ex Alto Comisionado para la Paz, ex Asesor de Seguridad Nacional y ex Viceministro de Defensa); Andrés Soto (ex Viceministro de Defensa y ex Director de Seguridad y Justica del Departamento Nacional de Planeación); Mónica Cifuentes (ex Procuradora Delegada ante la JEP, ex Asesora Jurídica de la Oficina del Comisionado de Paz y del Ministerio de Defensa); Coronel (r) Carlos Ignacio González (ex Jefe de Operaciones de la Central de Inteligencia del Ejército Nacional); María Victoria Llorente (Directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz); Carlos Franco (ex director del Programa Presidencial de DD.HH y DIH de la Presidencia de la República); Álvaro Balcázar (ex director de la Unidad Especial para la Consolidación Territorial); y Dudley Ankerson (ex diplomático británico y experto en seguridad).