Hablar de construcción de paz es hacerlo también de inclusión. Dicho de otra manera, no hay paz posible sin un proceso de inclusión que traiga oportunidades para superar las condiciones de pobreza y exclusión de las poblaciones sensibles al conflicto armado, garantice la protección de sus derechos humanos y brinde las condiciones materiales y relacionales para que puedan realizar sus proyectos de vida con bienestar y en la legalidad.
La diáspora venezolana se dio después de la firma del Acuerdo de Paz. Coincidió con una coyuntura local marcada por la proliferación de bandas criminales tras la reincorporación de las FARC a la vida civil, el incremento de los cultivos de coca, y una agenda de gobierno que no avanzaba en la implementación territorial sobre lo que se acordó en La Habana.
Esta confluencia de factores ha significado un riesgo para los cientos de miles de migrantes venezolanos que transitan por el país buscando oportunidades para rehacer su vida. Muchos de ellos han sido cooptados como mano de obra para actividades ilegales de manera voluntaria o forzosa, engrosando las filas de las bandas criminales.
Solo en el 2022, la Defensoría del Pueblo emitió 15 alertas tempranas sobre afectaciones a migrantes venezolanos por la reconfiguración del conflicto, principalmente en contextos de economías ilícitas asociadas a la trata, el tráfico de personas y la explotación sexual.
Es evidente que los migrantes venezolanos resultan expuestos a diferentes tipos de violencia ya que, además de ser excluidos por razones de indocumentación, procedencia, estigmatización y pobreza, también padecen las dinámicas del conflicto. Por eso, la agenda de construcción de paz es también una agenda de inclusión de población migrante para evitar la doble afectación de esta población en el conflicto.
Urge un enfoque migratorio diferencial
El Gobierno anterior avanzó en la regularización de migrantes y su acceso a la oferta pública institucional. Sin embargo, Gustavo Petro ha tomado la postura de “desvenezolanizar” la agenda migratoria en el país, lo que va en contravía de un enfoque transversal migratorio que reconozca las vulnerabilidades a las que se ve sometida la población venezolana.
Ese enfoque diferencial migratorio es útil para prevenir la doble afectación de migrantes por el conflicto y generar condiciones que hagan sostenible la Paz Total, a partir de la adecuación normativa y administrativa del aparato institucional. Aquí son claves las capacidades de alcaldías y gobernaciones para realizar acciones afirmativas que prioricen a la población migrante.
A nivel local, las instituciones tienen la tarea de moverse con la misma agilidad de los actores ilegales para prevenir que los migrantes terminen cooptados por estos grupos en busca de medios de vida. Eso no significa que la responsabilidad recaiga únicamente en los entes territoriales; por el contrario, es necesario que el gobierno central despliegue sus capacidades para acompañar a los municipios en la gestión migratoria. Se necesita acelerar la curva de aprendizaje de los funcionarios locales sobre la atención de la migración, pero también que existan las condiciones técnicas y económicas para que los entes territoriales puedan responder a las necesidades de esa tarea.
¿Y el Plan de Desarrollo?
Las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo son el momento propicio para diseñar estrategias y destinar presupuesto que ayude a fortalecer las capacidades para gestionar la migración venezolana. Pero eso no está sucediendo.
Los lineamientos del PND no incluyen menciones relevantes sobre la gestión migratoria más allá de su inclusión en el sistema de salud. Por ahora, la única acción relevante del gobierno Petro en la materia ha sido eliminar la Gerencia de Fronteras, entidad que tenía el mandato de aportar a la atención e integración socioeconómica de los migrantes, para adherir esas competencias al Ministerio de Relaciones Exteriores y al próximo Ministerio de la Igualdad. Este anuncio, que no ha terminado de materializarse, deja más preguntas que respuestas sobre la integración social de esa población y la transversalización de un enfoque migratorio en la Paz Total.
Para la FIP, la institucionalidad para la paz debe establecer un enfoque migratorio que tenga como objetivo prevenir y atender la doble afectación de población migrante en el conflicto. La intersección de la agenda de construcción de paz y de inclusión de población migrante venezolana es importante no solo para evitar que los migrantes continúen participando en economías ilícitas y estructuras criminales, sino para garantizar acciones progresivas que aporten al cierre de brechas de inequidad. Eso pasa por asuntos normativos como la masificación del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos, el fortalecimiento de capacidades locales para la atención migratoria, y la participación de migrantes en la agenda local de paz.
Cinco recomendaciones
Se requiere que el Plan Nacional de Desarrollo incluya menciones claras sobre la gestión de la migración venezolana, así como el diseño de metas y estrategias específicas para el abordaje de esta población.
Es necesario que el Estado lidere iniciativas de transformación cultural de los estereotipos y niveles de confianza hacia los migrantes venezolanos, promoviendo relaciones con la sociedad colombiana y evitando la reproducción de imaginarios contrarios a la integración.
Fortalecer las capacidades locales para la transversalización de un enfoque migratorio en el diseño institucional del Plan de Desarrollo y la Paz Total, coordinando la política migratoria con la de construcción de paz y las dinámicas del conflicto en contextos afectados por economías ilícitas.
La inclusión es un compromiso colectivo. Por ello, debe articularse con otros actores más allá de los institucionales, como el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la población migrante.
Incluir a los migrantes y retornados venezolanos en los espacios de participación y diálogo propuestos por el Gobierno Nacional, garantizando su representatividad y la inclusión explícita de menciones vinculantes para la protección de sus derechos, la prevención de la doble afectación y la reparación integral de víctimas migrantes.