El gobierno del presidente Gustavo Petro recibió un país con un preocupante panorama en materia de seguridad que no ha podido cambiar. Para ello planteó la Paz Total, una estrategia audaz de negociaciones simultáneas con grupos armados, e introdujo el marco de la seguridad humana como guía central de su política para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin embargo, estas apuestas, que comparten la misión de mejorar las condiciones de seguridad y reducir las afectaciones humanitarias, no lograron hacerlo durante el primer año de mandato, como tampoco se rompió la tendencia de ineficiencia institucional en materia de seguridad y convivencia, ni asegurar una implementación exitosa del Acuerdo de Paz de 2016.
Este es el diagnóstico –y las reflexiones– de la situación de seguridad y violencia que hace la FIP tras el primer año de mandato de Gustavo Petro y ad-portas de las elecciones locales. El balance integra varias dimensiones: las dinámicas de los grupos armados, las estrategias de seguridad a nivel local y las percepciones de ciudadanos y líderes sociales sobre lo que pasa y la respuesta del Estado.
El Gobierno heredó un panorama poco alentador.
El impacto humanitario en aumento y algunos de los indicadores de seguridad y violencia más críticos en los últimos diez años.
Los grupos armados continúan fortaleciéndose, pero disminuye la confrontación contra el Estado, la infraestructura y bienes.
Los grupos de mayor envergadura (ELN, disidencias y Clan del Golfo) venían de un fortalecimiento progresivo de su capacidad militar y presencia territorial que les permitió consolidar su control en algunas regiones. Ese fortalecimiento ha continuado: al finalizar el 2022, el Clan del Golfo tenía influencia en 200 municipios, el ELN en 176 y las disidencias en 171. Tal esfuerzo ha sido en aras de garantizar su supervivencia, mas no buscando derrotar al Estado. En el primer año del gobierno Petro se redujeron los ataques contra la Fuerza Pública (47%) y a la infraestructura y bienes (45%).
Crecen los enfrentamientos entre grupos armados y disminuyen las acciones de la Fuerza Pública
Si bien desde la firma del Acuerdo de Paz, la reconfiguración territorial de los distintos grupos generó constantes enfrentamientos, durante el primer año del gobierno Petro estos se incrementaron en un 85%, la cifra más alta de la última década. Hoy hay nuevos focos de disputa en el norte del Cauca, occidente de Caquetá, Huila y el nordeste antioqueño, y se reactivaron las disputas en Putumayo y la zona urbana de Buenaventura.
Mientras tanto, las acciones de la Fuerza Pública (combates y bombardeos) contra los grupos armados continuaron disminuyendo, llegando al 47%, lo que se explica por la apuesta del Gobierno de privilegiar la negociación con los grupos armados.
Disminuyen los homicidios, pero permanecen y aumentan otro tipo de afectaciones a los ciudadanos
Los homicidios disminuyeron un 1.5% a nivel general y un 14% en las regiones las más críticas (PDET). También disminuyó el hurto a personas (26%), las amenazas (19%), los homicidios de líderes y lideresas sociales (13%, aunque las cifras siguen siendo altas), los desplazamientos forzados (3%) y las masacres (2%). Preocupa la extorsión (incrementó 15%) y el secuestro (creció 77%), principalmente en zonas rurales, lo que indicaría la relación de los grupos armados con estos delitos y su interés por obtener más recursos.
Parece que seguimos atrapados en un sistema que no permite entender de manera diferenciada la forma en que ocurren estas afectaciones y su impacto en las zonas urbanas y rurales. Sin una ruta estratégica para reducir el homicidio y otros delitos, la idea de un país potencia mundial de la vida sigue siendo una aspiración mas no un logro de política tangible. El país sigue privilegiando el rol de una sola institución —la Fuerza Pública— que invisibiliza a otros organismos de control, a las inspecciones de policía, las comisarías de familia y las propias alcaldías y gobernaciones, cruciales para resolver conflictos y garantizar los derechos.
La sensación de inseguridad parece aumentar en zonas urbanas y rurales, y no mejora la confianza institucional
Según las encuestas ciudadanas realizadas por la FIP en las zonas más afectadas por grupos armados, hoy solo el 37% de los habitantes se sienten seguros en su municipio (41% en el 2022). Esta sensación se profundiza en las zonas rurales (35%) frente a las zonas urbanas (39%). Los líderes sociales confirman esa percepción, ya que creen que la seguridad del país ha seguido igual (52%), empeorado (36%) y mejorado (12%). También consideran que su municipio es “poco seguro” o “inseguro” en un 84%.
La confianza en las autoridades que operan en lo local también disminuyó frente al año anterior (pasó del 18% al 15%). En el caso de la Policía hay una reducción del 20% al 16%, en el Ejército del 23% al 19%, y en la Fiscalía del 20% al 15%. La construcción de legitimidad no se trata únicamente de mejorar la relación entre ciudadanos e instituciones, sino en solucionar de manera efectiva los problemas. Debe haber un interés institucional genuino por hacer el trabajo que le compete.
Hay desarticulación entre la política de seguridad y la política de paz
El incremento de las disputas entre los grupos armados, que hoy son la fuente principal de violencia, muestra la necesidad de complementar las negociaciones y acercamientos con una estrategia de seguridad territorial que proteja las comunidades y disuada o contenga los enfrentamientos entre estas estructuras, lo cual potenciaría la Paz Total. El principal reto que tiene el Gobierno es mejorar las herramientas con las que cuenta la Fuerza Pública y ponerlas verdaderamente al servicio de la seguridad humana, en lugar de entenderlas como su antítesis. El camino para armonizar la paz y la seguridad lo traza una verdadera comprensión de lo que sucede en cada territorio. Algo similar ocurre con la falta de conexión entre la política de seguridad y la que eventualmente se presente en materia de drogas.
Las estrategias del Gobierno frente a la seguridad no han sido eficaces.
El Ministerio de Defensa gastó gran parte de su primer año planeando y diseñando la política de seguridad. Hoy hay una ausencia de gestión estratégica con alcaldes y gobernadores para aterrizar la política así que urge la colaboración, el acompañamiento y la concertación entre los niveles local y nacional. Además, poco ha cambiado la estrategia de atención a las emergencias humanitarias y hechos de violencia (consejos de seguridad o planes de choque) y no se observan estrategias de prevención andando.
El plan de choque para los primeros 100 días (PMUV) no logró minimizar la violencia contra líderes sociales. Entre agosto y noviembre de 2022 se registraron las cifras más altas de homicidios a líderes (56) desde la firma del Acuerdo de Paz.
El segundo plan de choque fue la Estrategia Integral e Interinstitucional para la Vida y la Paz. La FIP no encontró estrategias y lineamientos específicos para la articulación de las fuerzas militares, la Policía y la Fiscalía.
La Paz Total avanza con el ELN. Las demás negociaciones tienen impedimentos jurídicos.
Al terminar el primer año de Petro sobresale la materialización del cese al fuego con el ELN y la instalación de un mecanismo nacional de participación de la sociedad civil. Sin embargo, las negociaciones con otros grupos avanzan sin un norte claro por los impedimentos jurídicos (uno de ellos es la ley de sometimiento). Se suma, el poco efecto que han tenido las negociaciones y los ceses al fuego decretados del 31 de diciembre del 2022 al 30 de junio, sobre la violencia. Esto se debe a una lectura poco acertada sobre las características de los grupos armados, las regiones donde operan, sus objetivos estratégicos, fuentes de ingresos y también de la población afectada. Se requiere evaluar las capacidades institucionales y herramientas disponibles frente a la cantidad de tareas que implica la Paz Total. Evitar la improvisación blinda la legitimidad de esta apuesta.
Estamos a tiempo para hacer un alto en el camino y realizar un balance de las acciones, tropiezos y oportunidades. Hay debilidades y dificultades que numerosos sectores ya han evidenciado, pero que, si no se reconocen, nos llevarán a una sin salida mientras parte de la ciudadanía continúa siendo víctima o presa del miedo y de una fuerte sensación de inseguridad.
FIP Opina . ENTREVISTA
María Victoria Llorente: “La Paz Total parece cada vez más esquiva”
En entrevista con el diario El País de España, nuestra directora evalúa las políticas de seguridad y negociaciones con grupos armados en el primer año del gobierno de Gustavo Petro. Leer artículo completo