Las principales ciudades del país se diferencian del resto de los municipios por tener un diálogo simétrico con el Gobierno Nacional en muchos aspectos o plantear de manera clara sus diferencias. Esto es producto de sus capacidades técnicas, humanas y financieras junto con la influencia política de las autoridades locales, las cuales, en algunos casos, son más candidatos presidenciables que alcaldes o alcaldesas.
Desde hace más de 30 años, las grandes ciudades han impuesto buena parte de las agendas de seguridad ciudadana en el país. Las propuestas desarrolladas en Cali para medir los homicidios y desarrollar estrategias orientadas a reducirlos de manera eficiente con el fin de garantizar un diálogo entre Medicina Legal y la Policía (una experiencia que nunca logró llevarse al nivel nacional); los modelos de Bogotá y Medellín que se desarrollaron en los años 90 y la primera década del siglo; y las propuestas de trabajo entre el sector público y privado lideradas por las Cámaras de Comercio de Bogotá y Barranquilla, son solo muestras de lo que han sido estas tres décadas en las ciudades.
La construcción de una burocracia especializada en seguridad, de orden civil, que ha tenido corta vida, es una de las características que ha marcado esta evolución de varias décadas. Las grandes ciudades han sido laboratorios de muchas de las cosas que hoy se discuten de forma permanente en torno a la seguridad. Ha sido Bogotá, incluso, la que ha planteado recientemente un debate en torno a la descentralización de la policía, una discusión que parece urgente pero que tiene demasiadas aristas para ser abordada.
Teniendo en cuenta las expresiones del pasado, se esperaría que los planes de gobierno de los candidatos analizados en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla ofrecieran visiones novedosas en distintos aspectos.
Las ciudades tienen fenómenos delictivos conectados con la vida urbana. Un ejemplo son los hurtos a personas, cuyas tasas están muy por encima de cualquier otro espacio territorial en el país y se distancian de manera significativa de la frecuencia de otros fenómenos. En esta medida se esperaría que, dada la información disponible, la discriminación de los fenómenos fuera sofisticada y estuviera conectada con las experiencias urbanas. Las ciudades concentran fenómenos que están condicionados por la forma en que ellas están planteadas, por el tipo de movilidad que tienen sus ciudadanos, por la relación con el espacio público, por la ausencia de una comunidad que organice el espacio y la presencia de múltiples comunidades. Es decir: la experiencia de la ciudad implica, necesariamente, una dinámica del comportamiento delictivo que tendría que estar articulada con una propuesta de visión de ciudad.
Sin embargo, al observar los planes de gobierno de los candidatos en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, no se encuentran muchas novedades y parece que sus propuestas se han empobrecido. Es cierto que, cuando se habla de tecnologías, las cámaras de vigilancia han dado paso a los drones o al reconocimiento facial, pero hay carencia de contenido frente a los fenómenos de seguridad y las propuestas estratégicas no son la constante.
Desde hace más de 30 años, las grandes ciudades han impuesto buena parte de las agendas de seguridad ciudadana en el país"
La seguridad es un concepto recurrente, vano en su contenido. Una característica nacional para evitar discusiones estratégicas, desde las cuales es imposible encontrar acciones y propuestas nuevas. Las mismas fórmulas de siempre, como el aumento del pie de fuerza, la vigilancia electrónica o el acercamiento de las instituciones a los ciudadanos, están acompañadas de ideas viejas de fortalecimiento de los sistemas carcelarios (que, más que una novedad, es una obligación constitucional desde 1998), así como de la reincidencia o simplemente de la presión al sistema judicial para que sancione con mayor severidad.
Una oposición vieja entre prevención situacional y social parece caracterizar los planes de gobierno. La prevención social que se ha consolidado bajo eslóganes de prevención integral, donde se justifican las políticas sociales por la lucha contra el delito y la delincuencia, se oponen al control de los factores que facilitan que se cometan. Eso conduce a intervenciones sobre poblaciones vulnerables, que estigmatizan y condenan a una parte de la sociedad, o al aumento del pie de fuerza y del accionar de sistema penal, que en buena parte no depende de las autoridades locales.
La burocracia en torno a la seguridad que se ha creado en los últimos años no parece tampoco tener un lugar en los planes de gobierno, salvo en el caso de Bucaramanga, donde la propuesta de su creación parece poner a tono a la ciudad con la construcción de esta enorme burocracia especializada. La misma burocracia que, al parecer, no ha tenido un efecto real sobre el control de la actividad delictiva en las ciudades. Lo novedoso en este caso sería pensar en acabarlas dado que muchas de ellas están en manos de excomandantes de policía, convirtiendo estas secretarías en unas entidades amorfas que ni construyen política ni estrategia, y que carecen de capacidad operativa. Una burocracia que tampoco parece lograr conectar las políticas locales con las nacionales. Al igual que lo encontrado en el análisis de los planes de gobierno departamentales, parece que la Política Nacional de Seguridad, Defensa y Convivencia ha pasado desapercibida para los candidatos. No hay un esfuerzo por conectar lo que ha propuesto el Gobierno Nacional, ni siquiera son claras las menciones para plantear una distancia con lo que este propone. Es decir: la burocracia, los especialistas en seguridad que han aumentado de forma exponencial en los últimos 30 años, no parecen estar asesorando de manera adecuada a las campañas. ¿No es más efectiva una política local que se apoye en las propuestas nacionales? Una pregunta que nos hacemos a partir de la lectura de los planes de gobierno.
Finalmente, los niveles de victimización de los hurtos en sus distintas modalidades son preocupantes. También la letalidad de otras conductas como los homicidios y sus frecuencias, las desapariciones de menores de edad (particularmente de los adolescentes), la extorsión, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales en todas sus modalidades y las estafas. En fin: el universo delictivo es amplio y la victimización y revictimización frecuente. Este es un fenómeno que pasa desapercibido por buena parte de las propuestas, en las que no hay una solución directa para los ciudadanos que son víctimas o que tienen el riesgo de serlo. No hay compromisos con indicadores ni con metas específicas. Se habla de seguridad y prometen acciones recurrentes, sin mencionar el impacto de todas ellas en la vida de los ciudadanos.
Los planes de gobierno muestran la pobreza que hay en las propuestas de seguridad. Hay quienes insisten en relacionar la pobreza de los ciudadanos con la criminalidad, desconociendo las múltiples pruebas que existen de esa falsa relación. Aunque sí existe una relación entre la pobreza de las propuestas de seguridad, el exceso de una burocracia ineficiente y el aumento de la criminalidad en las ciudades. Esto sería lo novedoso: crear centros de innovación para el control de los delitos, con referencias explícitas a los tipos penales, sumado al desarrollo de una cultura de eficiencia institucional donde las entidades hicieran su trabajo y respondieran a las necesidades de los ciudadanos. Todo esto tendría un efecto en la reducción de las altas tasas de victimización que caracterizan a las ciudades. Tanto en aquellos delitos que se ven, como de aquellos de los que no se habla.