Desde el año 2001, 76.626 personas han abandonado grupos armados al margen de la ley en el país. De ellas, un poco más de 12.000 dejaron las armas tras la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC.
La reincorporación de los firmantes exige una oferta institucional amplia y políticas públicas diseñadas con un enfoque específico para integrar a esta población a la vida civil. Además, se requiere fomentar proyectos de desarrollo que promuevan la inclusión social y la estabilidad económica.
Por eso, la FIP revisó 161 programas de gobierno en los departamentos de Antioquia, Guaviare, Meta y Tolima, así como de 26 alcaldías. De ellos, están 23 de los 24 municipios donde se ubican los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR). Dos corresponden a Bogotá y Medellín ciudades donde hoy vive un número importante de personas en proceso de reincorporación.
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Priorizamos las propuestas de los y las candidatas a las alcaldías y gobernaciones en aquellos territorios donde se encuentran los AETCR, en los que, si bien hoy vive la minoría de la población excombatiente (14%), es donde se ha concentrado la oferta y destinación de recursos. Además, en la mayoría de estos espacios ya existen planes de permanencia de largo plazo y se han ido comprando predios.
Desde 2001,
76.626
El proceso de reincorporación se enfrenta a diversos desafíos. El 70% de los proyectos productivos están en riesgo de sostenibilidad, lo que demanda intervenciones urgentes. Las mujeres excombatientes, que participan en un 84% de los proyectos, aún enfrentan limitaciones en la toma de decisiones. Además, la violencia contra esta población continúa siendo alarmante: 375 asesinatos de firmantes registrados. Se suma que la desconfianza hacia los firmantes de paz por parte de la población que vive en los municipios PDET es del 87% y un 80% dice sentirse incómoda teniéndolos como vecinos.
La implementación de la política de reincorporación implica la participación de autoridades y sectores locales. “Es crucial incluir la reincorporación en los planes de desarrollo locales para una coordinación efectiva. Sin embargo, de cara a las elecciones territoriales de 2023, la reincorporación no parece ser prioritaria para la mayoría de los candidatos en los municipios y departamentos en donde se lleva realizando la reincorporación”, dice María Lucía Méndez, directora de Construcción de Paz de la FIP.
Los hallazgos
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Al revisar los planes de gobierno, solo 42 de los 161 planes revisados mencionan los excombatientes o algún aspecto de la reincorporación. Las menciones predominantes están relacionadas con la reincorporación económica (23 de 42) y la reincorporación comunitaria (21 de 42), reflejando un escaso interés por parte de los candidatos en respaldar estos procesos y falta de abordaje de aspectos fundamentales de la reincorporación, como la seguridad, el acceso a servicios o el enfoque de género.
La aparente falta de consideración de la reincorporación en las agendas locales por parte de los candidatos podría deberse a varios factores difíciles de categorizar. No obstante, el análisis de sus programas expresa un déficit de comprensión sobre la importancia de la reincorporación tanto desde su agenda programática como desde su integralidad como proceso necesario para transformar sus territorios.
Resulta alarmante, por ejemplo, que solo el 2% de los 161 programas gubernamentales revisados por la FIP, tenga alguna propuesta de reincorporación con enfoque de género. Además, apenas el 7% del total de programas revisados (26% de los que sí hablan de reincorporación), menciona el acceso a servicios básicos y derechos fundamentales, cruciales para la legitimidad de cualquier acuerdo de reintegración de excombatientes. La reincorporación política, un punto central en el Acuerdo de Paz, solo aparece en el 21% de los programas que sí mencionan esta agenda (6% del total). Asimismo, el enfoque en seguridad es deficiente, ya que solo lo mencionan cuatro programas.
Un poco más de
12.000
La agenda de la reincorporación debe volver a ser un tema central para las alcaldías y gobernaciones donde más relevancia cobra este tema. Sorprende que incluso al mirar los lugares centrales para el proceso de reincorporación, este continue siendo un tema invisible.
Después de casi siete años desde la firma del Acuerdo Final, existe suficiente información acerca de los aciertos y desafíos de la reincorporación, de manera que los planes de gobierno deben incorporar políticas que den respuestas viables y concretas a las necesidades de los firmantes de paz que no solo mejoren su calidad de vida, sino que contribuyan con los procesos de transformación de las regiones más afectadas por el conflicto en Colombia.