Los departamentos deberían jugar un papel destacado en la política de seguridad y convivencia. Cada uno de ellos tiene la posibilidad de articular política y técnicamente la enorme diversidad de acciones y estrategias que se presentan en los distintos municipios que conforman su territorio.
Por eso, la FIP analizó los planes de gobierno de varios de los candidatos a las gobernaciones de Cundinamarca, Antioquia, Córdoba, Cauca y Nariño, con el fin de determinar la articulación y conformación de regiones estratégicas para la seguridad y convivencia, la coordinación entre las diferentes instituciones, las estrategias y acciones para los municipios y su asistencia a ellos, la armonización en el presupuesto y la eficiencia del diálogo nacional. "Esa conciencia y dimensionamiento se necesita para desarrollar una política de seguridad y convivencia nacional", dice Jerónimo Castillo, director de Seguridad y Gobernanza de la FIP.
Ausencia de una visión regional
Los resultados del análisis no son positivos. Salvo en el caso de Antioquia, los aspirantes a las gobernaciones no tienen en cuenta una visión territorial clara, en la que se conformen regiones en los departamentos o, incluso, en la que se tenga conciencia de la diversidad municipal. Las diferencias espaciales entre las zonas montañosas o el sistema hídrico, más allá de un elemento de protección ambiental, no juegan un papel relevante en los distintos planes analizados.
Sin una visión de la estructura administrativa de los departamentos y de orden material sobre sus diferencias geográficas, es imposible construir visiones regionales no solo dentro de los departamentos, sino en relación con los vecinos. Desde este punto de vista, los departamentos parecen ser espacios vacíos, ausentes de territorios y sin una estructura administrativa para ser trabajada.
Varias preguntas quedan sin respuesta: ¿Dónde están los departamentos? ¿Cuál es el territorio que se va a gobernar? ¿Qué papel juegan entre los municipios y el Gobierno Nacional? ¿Cuáles son los niveles de gestión?
Esta falta de conciencia geográfica lleva a una poca claridad sobre las diferencias que se producen dentro de los territorios que conforman los departamentos. En los planes, no se observa un entendimiento diferenciado de estos enormes territorios, ni que ello implique la implementación de políticas de seguridad y convivencia distintas.
Falla estratégica
Otra dificultad que se observa en los planes de los candidatos es el concepto de seguridad sin contenido. Este no escapa a la regla de buena parte de las políticas de seguridad y convivencia que se han publicado en el país durante los últimos años. En estos planes no existen menciones recurrentes a fenómenos como los homicidios, la extorsión, las amenazas o la violencia sexual, entre otros.
La seguridad como concepto vacío parece ser la característica principal, evitando así el compromiso frente al control, prevención, investigación y reducción de delitos contra la vida, la libertad e integridad sexual, la propiedad o la libertad y capacidad de decisión de los ciudadanos. Esto conduce a una falencia en las propuestas estratégicas.
Los planes no se caracterizan por mencionar acciones concretas o alianzas intergubernamentales o intersectoriales, pues la misma conceptualización de los fenómenos parece inexistente o vacía frente a una idea de seguridad en abstracto. Esto hace que su lectura resulte árida y las propuestas se reduzcan al fortalecimiento institucional orientado a la Policía y el Ejército, o a buscar una prevención social que se relaciona con una criminalización de la pobreza y una securitización de las políticas sociales.
Falta armonización institucional y presupuestal
Todo ello conduce a un nuevo eslabón fallido: la falta de ideas vinculadas a la armonización o articulación institucional, estratégica o de políticas orientadas a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia. Sin embargo, los planes revelan una problemática de la descentralización latente que se manifiesta en algunas propuestas en las que se reclama mayor autonomía. Esto pareciera ser un indicador más de la búsqueda del aislamiento que de la articulación entre entidades autónomas y territorios, acciones y sentidos públicos.
La financiación no es algo que se aborde. Las propuestas de seguridad y convivencia no mencionan la forma en que se van a financiar, ni hay referencias claras en los distintos planes analizados. Tampoco hay conciencia de las fuentes de financiación, de su transparencia y de la estructura de los gastos. Se sabe que los gastos en seguridad se reducen a aquellos denominados como recurrentes y que, muchas veces, cubren las operaciones de las entidades del orden nacional como la Policía y el Ejército.
No hay integración nacional, sino una política atomizada
Los planes no hacen mención explícita a la política de Paz Total o a la de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, lanzada por el Gobierno en abril pasado. Los candidatos tampoco tienen conciencia sobre ellas, ni siquiera aquellos que hacen parte del partido de Gobierno.
Se puede estar en contra o a favor de estas políticas, pero su inexistencia en los planes revela las dificultades en el futuro para mantener un diálogo fluido entre el Gobierno Nacional y las demás autoridades descentralizadas. Una situación compleja, teniendo en cuenta que Colombia cuenta con un modelo centralizado de la seguridad y la convivencia en cabeza del presidente de la República, que desciende en forma jerárquica a los gobernadores y alcaldes bajo una desconcentración de la actividad de policía.
Una vez leídos los planes, queda la sensación de contar con una política nacional de seguridad que difícilmente será apropiada por las autoridades locales, quienes, a su vez, construirán un amplio espectro municipal de políticas locales de seguridad y convivencia sin que exista una articulación regional, y desarrolladas por unos departamentos que tienen poca conciencia de su estructura humana y territorial.