¿Qué piensan las empresas de contratar migrantes, excombatientes y víctimas del conflicto? ¿Qué tanto confían en estas poblaciones? ¿Qué factores inciden en sus decisiones sobre empleo? Estas son algunas de las preguntas que dieron origen a la segunda medición sobre las percepciones empresariales en torno a la inclusión de población sensible al conflicto, una iniciativa de la FIP y la Fundación Konrad Adenauer (KAS).
Este estudio se suma a los esfuerzos que hicieron la FIP y la KAS en 2021 para medir por primera vez en el país, a través de una encuesta representativa, qué pensaban las empresas de la inclusión socioeconómica de la población migrante de origen venezolano. Para este año no solo hemos querido contrastar cómo han evolucionado esas percepciones, sino también indagar qué piensan sobre otras dos poblaciones sensibles al conflicto: excombatientes y víctimas del conflicto. Recoger todas estas percepciones del sector empresarial busca caracterizar cómo se comportan las barreras que inciden en la contratación de estas poblaciones.
Para ello, encuestamos nuevamente a 1.200 empresas en siete ciudades (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Pereira), y entrevistamos en profundidad a 32 personas de diversos sectores con conocimiento y capacidad de incidencia en el proceso de inclusión laboral de estas poblaciones.
¿Qué encontramos?
Ha aumentado del 7% al 35% el conocimiento que tiene el sector empresarial del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos (ETPV) —que es una medida de regularización transitoria de la situación migratoria que permite a estas personas, entre otras, suscribir contratos y en consecuencia les habilita para tener un empleo formal—.
También crece el porcentaje de empresas que dicen haber contratado migrantes en los últimos dos años, al pasar del 28% al 36% en 2023; así como el porcentaje de esas empresas que dice que contrataría de nuevo un migrante: pasó del 84% al 88%, lo que evidencia que la valoración de la experiencia de contratación sigue siendo mayoritariamente positiva.
Sin embargo, los niveles de confianza hacia la población migrante se han deteriorado: para 2023, el 40,66% de encuestados dice sentir algo o mucha confianza hacia migrantes, cifra que ascendía al 48% en 2021.
Esa falta de confianza también la experimentan víctimas y excombatientes. Por una parte, aunque el 55.25% de los empresarios contrataría a víctimas del conflicto armado, el 19% de ellos considera que las víctimas son menos productivas.
El
40,6%
En el caso de excombatientes, el 62.25% cree que no podrían ocupar una vacante laboral en sus empresas y solo el 20.6% confía en ellos. Este recelo se agrava por el temor al riesgo legal asociado con la contratación de personas con antecedentes vinculados al conflicto armado, a pesar de que las entrevistas en profundidad con intermediarios laborales destacan que las personas excombatientes tienen habilidades socioemocionales que podrían ser valoradas y demandas por las empresas: capacidad para seguir órdenes, disciplina y sentido de jerarquía.
En síntesis, las barreras relacionales y de confianza constituyen una dificultad importante para el acceso a empleo de ciertas poblaciones en las cuales recaen imaginarios sociales que son adversos a la dinámica del trabajo y la cultura organizacional de las empresas.
Encuestamos a
1.200
“Si partimos del supuesto según el cual la confianza es un comportamiento que se puede modificar, hacer seguimiento a las percepciones empresariales puede ayudar a identificar posibilidades de acción para revertir la desconfianza hacia esas poblaciones y promover su inclusión laboral”, dice Felipe Zarama, investigador del área de Construcción de Paz de la FIP.
Para promover una mayor inclusión de estas poblaciones, se requiere cambiar percepciones negativas y estereotipos arraigados en la sociedad, consecuencia de las secuelas del conflicto. Esto implica promover imaginarios positivos que contrarresten los prejuicios existentes.
Aunque esta es una tarea de la sociedad en su conjunto y una en la que el Estado tiene un mandato, también le compete al sector empresarial por su capacidad de incidencia. Las empresas no deben ser ajenas sino protagonistas del cambio de imaginarios sobre migrantes, excombatientes y víctimas, y de mejorar la posibilidad de que puedan acceder a un trabajo formal para así construir una sociedad más inclusiva.