La paz en el Catatumbo requiere implementar la Política de Seguridad y Defensa en su dimensión territorial. Eso incluye garantizar el goce efectivo de derechos de los civiles mientras se mantienen activos los ceses al fuego con las disidencias y el ELN, y garantizar la seguridad de los líderes y actores comunitarios que participen en la verificación de este mecanismo en la región.
Esta subregión es clave para los esfuerzos de la Paz Total por las negociacines con el Estado Mayor Central y el ELN. Sin embargo, delitos como el secuestro y la extorsión van en aumento: entre enero y julio fueron denunciados 11 secuestros, y hasta julio se habían registrado 35 casos de extorsión, el mismo número de todo el 2022. De continuar con esta tendencia, 2023 cerraría con cerca de 60 casos, la cifra más alta de la última década.
A partir de la información recolectada en la visita de la Comisión de Paz al Catatumbo en el mes de agosto, en la que participaron líderes comunitarios, víctimas, personas en proceso de reincorporación, instituciones nacionales y territoriales encargadas de implementar el Acuerdo de Paz, miembros de la Fuerza Pública y organismos multilaterales y de cooperación internacional, Capitolio al Territorio elaboró el siguiente balance.
Seguridad
El ELN y el EMC son los grupos dominantes en la región.
El control social de los grupos armados tiene consecuencias graves para la población y las instituciones. Esto se evidencia en el aumento de casos de extorsión y secuestro, restricciones a la movilidad, imposición de justicia de facto y de normas de conducta, y obstáculos para que las entidades encargadas de implementar el Acuerdo de Paz puedan realizar su trabajo.
Hay expectativas por la implementación de la política de Paz Total. Sin embargo, las comunidades alertan sobre la falta de garantías de seguridad para los líderes y liderezas que participarán en la verificación de los ceses al fuego.
Paz Total
El cese al fuego bilateral con el ELN generó altas expectativas: la comunidad espera que disminuyan los combates y desplazamientos forzados.
Los líderes del Frente 33 del Estado Mayor Central han cobrado un rol protagónico en la mesa de negociación. Fue en Tibú donde se decidió “suspender las acciones ofensivas como mecanismo para proteger a la población civil y disminuir la confrontación”.
Hay dudas sobre cómo se desarrollarán los diferentes mecanismos de participación de la sociedad civil en la Paz Total y malestar por la poca representación del Catatumbo en la mesa con el ELN, en particular, en el Comité Nacional de Participación.
Recomendaciones: Implementar la Política de Seguridad y Defensa en su dimensión territorial, velar por la garantía del goce efectivo de derechos de los civiles mientras se mantienen activos los ceses bilaterales al fuego establecidos por el Gobierno Nacional; y garantizar la seguridad de los líderes y actores comunitarios que participen en las medidas de verificación de los ceses al fuego con los grupos armados que operan en la región.
Reforma Rural Integral
La Reforma Rural Integral en la subregión Catatumbo se ha caracterizado por los obstáculos en términos de seguridad y las falencias para garantizar la participación efectiva de todos los líderes y lideresas. Estos dos factores han generado demoras en los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos PDET y, además, han debilitado la confianza en las entidades encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz.
El acceso efectivo a la propiedad rural se enfrenta a dificultades relacionadas con un alto nivel de informalidad en la propiedad, conflictos interétnicos y la ocupación indebida de áreas que se encuentran bajo figuras de protección o regulación ambiental.
Las obras PDET no han cumplido con las expectativas de las comunidades. Tras la inactividad en los últimos años, se pensó que el mecanismo había desaparecido.
Recomendaciones: Las iniciativas que desarrolle el Gobierno Nacional deben aprovechar los ejercicios de priorización y planeación elaborados por gobiernos anteriores, especialmente en lo que tiene que ver con la elaboración del PATR y la Hoja de Ruta. Todo ello sin desconocer las correcciones que requieren estos instrumentos y garantizando la transparencia y la participación efectiva de las comunidades en su actualización. De igual forma, hay que avanzar en los programas de formalización de la propiedad rural para campesinos y comunidades étnicas, y ampliar el alcance de estas iniciativas a más municipios de la subregión.
Reparación a las víctimas
En el Catatumbo hay 86.043 víctimas sujetas de atención, de las cuales se han indemnizado 8.125 personas (9,4%), lo que convierte a este territorio en la segunda subregión PDET en la que la indemnización avanza de manera más lenta, solo superada por el PDET Chocó.
Se han desarrollado procesos relevantes frente a los mecanismos de justicia transicional, pero la comunidad reclama más participación de las víctimas.
La emisión de los Planes Regionales de Búsqueda y las medidas cautelares que expidió la JEP para el Cementerio Central de Cúcuta, son hitos clave en la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, es necesario fortalecer las capacidades de la UBPD y del Instituto de Medicina Legal para agilizar la recuperación e identificación de cuerpos.
Recomendaciones: Acelerar la implementación de la ruta de reparación colectiva de víctimas; atender de manera pronta las quejas y denuncias sobre presuntas conductas inescrupulosas de funcionarios con responsabilidades en la atención de esta población; fortalecer las actividades de pedagogía sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) para promover la participación de las víctimas tanto en la JEP como en la UBPD; y articular acciones entre la UBPD y el Ministerio de Relaciones Internacionales para establecer mecanismos bilaterales sobre búsqueda transfronteriza.
Reincorporación
El proceso de reincorporación se caracteriza por ser disperso y los proyectos productivos de reincorporación no son sostenibles.
La situación de seguridad es un obstáculo para la reincorporación. Además de los homicidios contra firmantes del Acuerdo en la región, el control que ejercen los grupos armados en algunos municipios “prohíbe” la entrada de la ARN o su contacto con los firmantes. También se reportan intentos de reclutamiento forzado.
Recomendaciones: Garantizar la sostenibilidad de los proyectos productivos de reincorporación en la región, principalmente los colectivos, y acelerar el proceso de adjudicación del predio al que será trasladada la comunidad del AETCR Caño Indio, para facilitar una planeación a largo plazo que permita aprovechar la infraestructura social y comunitaria que ya existe.
Problema de las drogas ilícitas
El Catatumbo es la tercera región con más áreas sembradas de cultivos de coca, lo que representa el 18% del total nacional. Además, Tibú continúa siendo el municipio con mayor concentración de cultivos de coca en Colombia, con cerca de 22.081 hectáreas. Esto corresponde al 52% de las hectáreas sembradas en la región.
Para UNODC (2022), el incremento de los cultivos de coca en el Catatumbo responde a tres fenómenos: el bajo costo de la gasolina en Venezuela (necesaria para fabricar la pasta a base de coca), el bajo costo de la mano de obra para siembra, cosecha, refinado y transporte, donde juega un papel protagónico el enorme flujo de refugiados venezolanos, y los graves problemas de seguridad asociados a la diversificación en las actividades criminales realizadas por grupos ilegales.
Recomendaciones: Promover acciones de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la oferta institucional en el territorio, que produzcan transformaciones estructurales en la economía de la región; generar programas de desarrollo alternativo y sustitución para las comunidades con las que no se implementó el PNIS; generar estrategias de medición y atención para el problema de consumo de sustancias psicoactivas; y promover estrategias que busquen reemplazar las economías ilícitas por lícitas y modelos de desarrollo alternativo, priorizando las áreas de interés ambiental especial.
Situación de la población venezolana
Hay 253.911 personas refugiadas y migrantes venezolanos en Norte de Santander.
40% de la población migrante del departamento se encuentra afiliada al sistema de salud. De esta, el 91% hace parte del régimen subsidiado y el 9% restante del régimen contributivo.
De 151.769 niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo departamental, el 18% son venezolanos.
A corte de febrero, existían más de 25.000 Permisos por Protección Temporal listos para ser reclamados en el departamento, que tenía como fecha límite el 12 de abril de 2023.
Abrir la frontera ha mejorado el comercio binacional pero no ha abarcado garantías de derechos humanos y seguridad.
Las personas migrantes están expuestas a vulneraciones relacionadas con el contexto territorial.
Recomendaciones: Establecer mecanismos e indicadores diferenciales de atención y gestión de denuncias por hechos victimizantes a las personas migrantes para garantizar el acceso a la justicia; los programas y proyectos relacionados con la generación de ingresos económicos a migrantes ofertados por la institucionalidad, la cooperación internacional y las organizaciones sin ánimo de lucro, deben contar con acompañamiento continuo para garantizar la sostenibilidad; promover espacios de formación y sensibilización para funcionarios públicos de las entidades de salud y educación y, en general, de las entidades que atienden población migrante, buscando disminuir el desconocimiento relacionado con el marco jurídico desarrollado para atender el fenómeno migratorio y erradicar prácticas xenófobas.