En la FIP entendemos la inclusión como un proceso continuo en el cual se transforman las condiciones materiales y relacionales para el goce efectivo de derechos, que, en últimas, es un requisito para mantener y consolidar la paz en Colombia.
Este proceso lo hemos vivido en distintos momentos: el desplazamiento de personas del campo a la ciudad durante la urbanización acelerada del país en la segunda mitad del siglo XX, la atención a poblaciones víctimas y sensibles a los efectos del conflicto en Colombia, y más recientemente, la atención a la población migrante venezolana en el país.
Para la FIP, la migración venezolana es una oportunidad para el desarrollo económico, social y cultural del país. Esta idea resulta impopular para el 66% de las personas en Colombia, quienes de acuerdo con la más reciente encuesta de percepción ciudadana Invamer Poll, están en desacuerdo con la llegada masiva de migrantes venezolanos.
Según Invamer Poll
66%
Las razones de ese rechazo tienen varios motivos. La idea más arraigada en la opinión pública tiene que ver con los señalamientos a la población migrante como causante del deterioro de la seguridad en las principales ciudades del país. Esa idea ha sido desestimada por diversas investigaciones entre las que se encuentran análisis realizados por la Fundación Ideas para la Paz.
Otra idea contraria a la acogida de migrantes en el país tiene que ver con los costos asociados a atender las necesidades de estas personas, lo que genera presiones en la prestación de servicios institucionales, en muchos casos, precarios para la población colombiana.
Por este tipo de rechazos, a finales de 2022 nos unimos a Equilibrium SDS, la KAS Colombia, la Cámara de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Venezolanos en el Exterior (CAVEX) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para elaborar un estudio que midiera el impacto fiscal de la migración venezolana en Colombia y expusiera el balance que sospechábamos, de entrada, positivo, entre los costos fiscales y los beneficios económicos y demográficos.
En el 2022
USD$530
El estudio, cuyos resultados presentamos el pasado 22 de mayo, señala que la recaudación fiscal de migrantes venezolanos, en el 2022, fue de USD $529.154.660 en impuestos directos e indirectos, cifra que está por encima del gasto público destinado a la atención en salud y educación de esta población, la cual asciende a USD $494.427.912.
En otras palabras, Colombia ha asumido una responsabilidad importante para la acogida de migrantes venezolanos, pero en el balance de cuentas nacionales, es más lo que el país se ha beneficiado que lo que le ha costado integrar a esta población.
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1 / 6 · Presentación de resultados en la Cámara de Comercio de Bogotá, el 22 de abril -
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Los efectos positivos
La llegada masiva de migrantes venezolanos a Colombia es una realidad que ha permeado la vida social y económica de las principales ciudades en el país, donde hay que insistir en las bondades de servir de lugares de acogida de estas personas. En términos macroeconómicos, el estudio hace una caracterización que permite dimensionar el bono demográfico de personas mayoritariamente en edad productiva que llegan a un país cuya tasa de natalidad está en descenso vertiginoso.
Esto, además, podría generar efectos positivos al sistema general de pensiones en la medida en que los migrantes puedan acceder a empleos formales en el país, lo que además de mejorar su calidad de vida y la de sus familias, fortalecería la capacidad productiva y las políticas de seguridad social en Colombia.
Este estudio es el primero que hace un balance económico de la diáspora venezolana en su principal país de acogida"
Sin embargo, aún hay una gran distancia entre los impactos reales y potenciales beneficios que podría traer la migración venezolana, si se cumplieran alguno de estos tres supuestos. Lograr la regularización de cerca de 500.000 personas que no pudieron acogerse al Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos, reducir la discriminación de personas venezolanas, homologar títulos y experiencia profesional para evitar el descalce ocupacional, y que tengan acceso pleno a servicios del sistema financiero, lo que permitiría la escalabilidad de sus empresas y emprendimientos.
Este estudio, el primero que hace un balance económico de la diáspora venezolana en su principal país de acogida, es fundamental para animar la conversación sobre la importancia de continuar con acciones afirmativas que promuevan la inclusión de venezolanos en Colombia como asunto de solidaridad, pero también, como una apuesta para el desarrollo económico del país.