Delitos ambientales: ideas para construir una política criminal más allá de la militarización

Hasta ahora, la política criminal ambiental en Colombia y otros países de la región ha priorizado las sanciones penales y el uso de la Fuerza Pública para contener los delitos ambientales. Pero la revisión de diversos casos muestra que no es el método más efectivo. Al contrario: se necesita una política donde la sanción penal sea la última opción.

Así lo plantea el informe Política Ambiental Criminal en Colombia: análisis desde la sociedad, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el Laboratorio de Justicia y Política Criminal (LJPC) y WWF Colombia, una iniciativa en la que las tres organizaciones —con conocimientos en distintas áreas como la ambiental, judicial-penal y del crimen organizado— unieron esfuerzos para construir lineamientos enfocados en transitar hacia una política más amplia y efectiva que mejore la gestión de la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de fauna y vida silvestre.

“Esta propuesta le apunta a una política criminal que fortalezca las iniciativas preventivas, priorice los procesos restaurativos antes que los penales, promueva la flexibilización de los procedimientos judiciales, incluya de manera transversal los enfoques de derechos humanos, género y étnico, y donde prime la concertación y la reparación del daño”, señala María Victoria Llorente, directora de la FIP.

Para elaborar la propuesta, los autores analizaron el marco jurídico e institucional sobre la política ambiental criminal en Colombia, exploraron experiencias exitosas internacionales para contener los delitos ambientales, y realizaron cinco diálogos nacionales en Bogotá y tres territoriales en la Amazonía colombiana, donde participaron jueces, fiscales, representantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil, institucionalidad local y nacional, y líderes sociales y ambientales.

De cara a la COP16 que se realizará en Cali, este análisis propone lineamientos para transformar el modelo que hoy se utiliza para gestionar la pérdida de biodiversidad, utilizando los instrumentos con los que ya cuenta el Estado colombiano.

También resalta el conocimiento y la contribución de las comunidades locales que han visto, de primera mano, el impacto de la degradación de los ecosistemas estratégicos. De ahí que las tres organizaciones promuevan que el Estado reconozca esta contribución y ofrezca las garantías de seguridad contempladas en el Acuerdo de Escazú para que estas comunidades puedan participar de la construcción de una política criminal más amplia. 

“Colombia debe llegar a la COP16 con el Plan Nacional de Biodiversidad. En ese marco, la propuesta de la FIP, WWF y LJPC, insiste en la necesidad de incluir una perspectiva que comprenda el impacto de la ausencia o no de estrategias de seguridad nacional sobre la biodiversidad, así como el rol de la articulación de diferentes políticas del orden nacional, como la de drogas, la agraria y la ambiental”, dice Sofía Muñoz, investigadora de la FIP.

Hallazgos clave de lo que ocurre en la actualidad

1. En Colombia hemos abordado los crímenes medioambientales principalmente con un enfoque reactivo, empleando fórmulas punitivo-militares. Creemos que se necesita una política ambiental estratégica, efectiva, que ponga el foco en los derechos humanos y dé una respuesta amplia centrada en la prevención del daño.

2. La comisión de delitos ambientales también se asociada con las pocas alternativas locales para subsistir, así como con la falta de oportunidades económicas, laborales y de educación.

3. Hay que buscar oportunidades de interacción entre el sistema ambiental y penal. Las acciones conjuntas, así como una gestión coordinada de la política ambiental a nivel local y nacional, son esenciales para preservar el medio ambiente y la biodiversidad.

4. Se necesita más información sobre los fenómenos, en especial sobre tráfico de fauna y vida silvestre. Las autoridades deben mejorar sus capacidades institucionales para recolectar y usar adecuadamente esta información.

5. Existen oportunidades de mejora en la oferta institucional local. Es necesario reconocer que las autoridades encargadas de la investigación criminal y la judicialización a nivel local tiene capacidades técnicas, presupuestales y logísticas limitadas.

6. Hay que fortalecer las relaciones entre las autoridades y las comunidades. Es fundamental trabajar en políticas que fomenten la cooperación y recuperación de confianza en las comunidades más afectadas por los fenómenos.

7. Es vital mejorar la interlocución, coordinación y operación bilateral con los países vecinos , principalmente en las fronteras.

Recomendaciones para una política criminal amplia

1. Incluir los delitos ambientales como prioridad autónoma en el Plan de Política Criminal y formular lineamientos para la reparación ambiental en la acción penal.

2. Articular esfuerzos y conocimientos entre el Consejo Superior de Política Criminal y el CONALDEF, para plantear objetivos e indicadores de política criminal. Hay que recopilar y analizar periódicamente la información sobre fenómenos criminales y el funcionamiento del aparato criminal.

3. Aumentar la capacidad del sistema judicial y la capacidad investigativa de la Fiscalía. Continuar con los esfuerzos de formación de jueces penales.

4. Tener estrategias para mejorar la relación entre las autoridades administrativas, policiales, militares y judiciales, y las comunidades locales.

5. Implementar los compromisos del punto 1 de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, para promover alternativas económicas para la población rural, distintas a las que ofrecen las economías ilegales.

6. Fortalecer las instancias de coordinación bilateral y regional para una gestión más efectiva y conjunta. Esto es definitivo para que el país pueda alcanzar las metas que se ha trazado de aquí al 2030.