El pasado 10 de junio, al cierre de la séptima sesión de la mesa de co-construcción de paz entre el Gobierno Nacional y Comuneros del Sur (CDS), se conocieron algunos anuncios que, aunque representan avances importantes hacia un acuerdo final, despiertan dudas.
Este grupo es una disidencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que opera desde hace más de 30 años en Nariño. Actualmente, la estructura tiene 237 integrantes según la Fuerza Pública, con presencia en la cordillera nariñense, especialmente en Los Abades. Las decisiones que se toman en la mesa impactan 10 municipios de esa región.
Antecedentes y avances del diálogo
El 7 de mayo de 2024, Comuneros del Sur se separó del ELN para iniciar un proceso de paz territorial con el Gobierno Petro. En ese momento, el grupo argumentó que el ELN no respetaba su autonomía para avanzar en un proceso propio a nivel local. Sin embargo, también pudieron influir otros factores, como la disputa que mantienen con el Frente Franco Benavides de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC).
Dos meses más tarde, en julio, inició en forma la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial en Nariño (se instaló en junio y la resolución formal salió en septiembre), en la cual, en tiempo récord, se han acordado aspectos como desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, entrega de armamento (ya fueron destruidos más de 500 artefactos explosivos), cese al fuego (aunque no se ha formalizado), y un piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito (5.000 hectáreas).
Además, para concretar pasos hacia una desmovilización, en la última ronda de diálogos las partes firmaron dos acuerdos fundamentales. El Acuerdo número 8, que crea una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del grupo en el resguardo Gran Mallama, y el Acuerdo número 9, para diseñar un Programa de Reintegración para la Paz y la Transformación Territorial.
Las dudas y alertas
Los dos acuerdos son avances importantes, pero no hay que desestimar el trabajo y la planeación que demanda su implementación. Para el caso de la ZUT, por ejemplo, será necesario formalizar un cese al fuego para el traslado de todos los miembros de esta disidencia del ELN.
Destacamos seis retos:
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) tiene tiempo limitado para diseñar el programa que atienda la vocación rural, el arraigo comunitario y la diversidad étnica de CDS. Esto requiere escuchar al territorio y aprender del pasado. En 60 días (que se cumplen el 8 de agosto) debe construirse este programa.
La sostenibilidad económica no puede improvisarse. No se trata de imponer modelos colectivos o individuales según posturas políticas, sino de identificar lo que mejor se ajuste al contexto económico de la zona y al perfil de los excombatientes. Esa es una de las lecciones del Acuerdo de Paz con las FARC: según la ARN, casi el 80% de los firmantes cuenta con un proyecto productivo desembolsado, pero al menos el 86% no tiene ocupación. El desafío es enorme.
Hay que prevenir el aislamiento y la estigmatización. Muchos integrantes de Comuneros del Sur quieren reintegrarse en las zonas donde antes operaban. Esto exige pensar en una reintegración comunitaria, fomentar el diálogo con las comunidades, ofrecer garantías y proyectos que no los aíslen ni los estigmaticen.
El orden de los factores sí afecta al producto. Como sucede con el Frente 33 en el Catatumbo, aún no se crea o define el mecanismo jurídico para el tránsito a la legalidad. Aunque Comuneros recibe un tratamiento político, actualmente no se cuenta con una justicia transicional que pueda asumir la desmovilización. Tener claras las vías jurídicas es esencial antes de concentrar a este grupo, además, le dará garantías de verdad y no repetición a las víctimas.
No hay que perder el ritmo de la mesa. Al inicio, había urgencia desde el Gobierno Nacional para que este proceso avanzara, pero ahora su atención está dividida en otras mesas que han alcanzado acuerdos regionales importantes como el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) en el Catatumbo y la Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano (CNEB) en Nariño y Putumayo. El pedido de extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, comandante de Comuneros del Sur, la cual finalmente fue suspendida por el presidente Gustavo Petro, ralentizó el ritmo de esa mesa, pero es importante que las conversaciones sigan activas para mantener el interés del país en sostenerla.
El proceso no estaría completo sin una estrategia de seguridad. Esta debe garantizar que se proteja a los combatientes que dejen las armas y a las comunidades. También, que se impida el ingreso del EMC o la Coordinadora Guerrillera del Pacífico a la ZUT, e inclusive del ELN, pues es un territorio de alto valor estratégico.