Durante las últimas semanas se han publicado varios informes sobre agresiones contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en todo el país que muestran un panorama preocupante:
Según la Defensoría del Pueblo, durante los tres primeros meses de este año se reportaron 12 asesinatos en Antioquia, Valle, Cauca, Córdoba, Nariño, Casanare, Cundinamarca, Arauca y Norte de Santander.
La Unión Patriótica, la Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denunciaron el asesinato de 28 líderes sociales hasta marzo de este año.
El informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas denunció el asesinato de 63 defensores en 2015, lo cual duplica el promedio de los últimos 20 años.
El Programa Somos Defensores (PSD) señala que 113 defensores fueron víctimas de algún tipo de agresión entre enero y marzo de este año. Las amenazas fueron la agresión más común (81 casos), seguida por los asesinatos (19), los atentados (5), las detenciones arbitrarias (5), los hurtos de información (2) y la desaparición (1). Durante los primeros 90 días de 2016, al menos un líder fue víctima de algún tipo de atentado cada día.
Estos informes demuestran un aumento en la violencia de distintos tipos que ha caracterizado al conflicto entre grupos armados ilegales, agentes del Estado y poderes locales durante los últimos 15 años.
Pese a la muy notable disminución de la violencia más visible (las masacres, los desplazamientos masivos y los homicidios selectivos), otras formas de violencia han persistido e incluso se han exacerbado en los últimos años, como las amenazas y otras agresiones contra líderes sociales y de derechos humanos.
Estas amenazas someten a un modo particular de sufrimiento a quien la recibe, pues son un tipo de violencia cotidiana con capacidad de mantener a la víctima en un espiral de incertidumbres: no se sabe si la amenaza se quedará en el aire o llegará a convertirse en un atentado o algo peor. La fuerza de la amenaza reside en su carácter potencial.
Por eso no es claro si las amenazas serán el preludio de las desapariciones, los asesinatos y la persecución, que deriva en tortura psicológica y en que los amenazados se conviertan en foco de estigmatizaciones y, por esa vía, en individuos aniquilables. Para quienes propagan estas amenazas, el reclamante de tierras equivale a un criminal que quiere usurpar tierras adquiridas de buena fe y el líder social es percibido como un guerrillero camuflado detrás de un movimiento social determinado.
Mirar el contexto
Aunque las cifras dan una idea de la cantidad y variaciones territoriales de las amenazas, no hablan de las motivaciones o responsables de las agresiones, ni tampoco de las trayectorias y agendas de las víctimas. Por eso, una aproximación analítica al tema debe tener en cuenta el contexto de cada uno de estos fenómenos.
Hay que recordar que los líderes sociales se han valido de una ventana de oportunidad compuesta por tres hitos recientes:
La Ley de Justicia y Paz (2005), que abrió las puertas a la construcción de verdades históricas y judiciales y a la reclamación y organización de espacios para ciertos grupos sociales. Gracias a esta Ley la víctima se convirtió en un sujeto orientador de la política nacional y el ejercicio de la memoria histórica comenzó a develar redes de poder y de conflictos que el país desconocía.
La Ley de víctimas y de restitución de tierras (1448 de 2011), que al reconocer la existencia del conflicto armado puso en el centro de la discusión un problema de vieja data como es el conflicto por la tierra, y también trajo al debate a los reclamantes de tierras.
El proceso de paz de La Habana y las discusiones sobre garantías de seguridad no solo para quienes dejarán las armas, sino para todos quienes hacen política a través de plataformas sociales arraigadas en las zonas bajo control histórico de las FARC.
Estos tres hitos se relacionan porque el líder social y el defensor de derechos humanos hacen visibles conflictos que afectan directamente intereses de poderes locales que reaccionan contra las agendas que estos líderes intentan movilizar. Los reclamos de estos líderes aparecen como una competencia para el control del Estado que los violentos han construido durante décadas de conflicto y desintegración territorial.
Por ejemplo, las reclamaciones sobre las responsabilidades históricas de determinados sectores de la sociedad en el surgimiento del paramilitarismo no se detuvieron en la Ley de Justicia y Paz, sino que se han mantenido al lado de otras discusiones y sobre otros responsables, en la nueva Jurisdicción Especial para la Paz. Este asunto, sin duda, tocará muchas fibras, en especial, las de quienes se beneficiaron de la violencia ejercida por los grupos armados, sean guerrilleros o paramilitares.
De igual manera, el ímpetu de los líderes de restitución de tierras no se agota con la Ley 1448. Por el contrario, este se fortalece con el acuerdo sobre desarrollo rural alcanzado en La Habana, y se ancla en los aportes de Justicia y Paz al esclarecimiento de las estrategias de despojo y comercialización ilegal de tierras.
Durante todos estos años, las plataformas de acción de estos líderes sociales han ido ganando más espacios. De ahí que ellos sean conscientes de que los enemigos principales de las reformas que traiga el acuerdo de La Habana están en esas redes de poder que cada vez más se están haciendo visibles.
Las realidades locales
Estas persecuciones han tenido expresiones concretas en contextos locales, lo cual obliga a ponderar los tipos de líderes, las agendas que impulsan y los intereses particulares que afectan. Durante el último año pueden identificarse al menos tres perfiles de los líderes asesinados:
Líderes de restitución de tierras. Además de restituir una serie de derechos sobre la tierra, estos líderes ponen en evidencia un entramado de responsables, historias e intereses que se han documentado en las sentencias de los jueces de restitución de tierras, y que involucra no solo a actores armados ilegales, sino a todo tipo de servidores públicos y poderes locales. Un papel de estos líderes es sacar a la luz los verdaderos intereses de esos poderes, para que pueda avanzar la restitución. Pero, a su vez, los poderes locales ven este programa como una intervención directa del Estado central para resolver conflictos y reemplazar instituciones parroquiales que ellos han controlado por décadas.
Líderes contra la minería ilegal, que han venido denunciado este tipo de actividad controlada por grupos armados ilegales y donde también participan servidores públicos y otros agentes del Estado. Estos líderes denuncian prácticas que rodean a esta actividad, como la extorsión a los mineros artesanales, la corrupción de los entes regionales y locales, el tráfico y trata de personas, la violencia sexual, las redes de prostitución infantil y los impactos sobre el medioambiente.
Líderes de movimientos sociales que representan nuevas formas de hacer política a partir de plataformas distintas a las de los partidos políticos tradicionales. A través de movimientos que aglutinan diferentes sectores excluidos –campesinos, mujeres, negros, indígenas, población LGBTI– han entrado a disputar el poder real de clanes y grupos de poder tradicionales. Y lo han hecho en territorios donde los grupos armados han tenido una presencia intensa o donde el Estado no ha sido el principal referente de legitimidad y autoridad.
¿Y los responsables?
La atención a estos contextos específicos permite matizar la retórica del “retorno del fantasma del paramilitarismo”, según la cual este fenómeno se ha reactivado como respuesta a los acuerdos de La Habana y como el único responsable de las agresiones contra líderes sociales.
Sin duda esa retórica tiene algún asidero, ya que es común imaginar responsables absolutos ante la incertidumbre sobre la verdadera identidad de los victimarios. Por eso es necesario saber si en realidad los responsables de estas agresiones son grupos más o menos organizados y disciplinados, cuyos vínculos con los aparatos de seguridad del Estado son orgánicos y sostenidos. Igualmente, hay que determinar si en sus ansias por controlar territorios y poblaciones esgrimen una agenda reaccionaria y contrainsurgente.
El surgimiento de los liderazgos sociales y sus agendas representan una amenaza real para muchos poderes locales que se han alimentado de la violencia y de las instituciones surgidas a raíz de la guerra. Esto se puede entender si se mira la escala local, que es donde ocurren las interacciones concretas del conflicto armado y las diversas relaciones entre grupos armados y población civil.
Por tanto, no se pueden calificar solo como responsabilidad del paramilitarismo las agresiones contra líderes que vienen denunciando la forma como particulares se están apropiando de un humedal o están incurriendo en prácticas corruptas en proyectos mineros a gran escala. Estas acusaciones tergiversan las situaciones reales, entorpecen las investigaciones y no aportan nada para determinar su naturaleza, es decir, si el ataque es o no es de carácter organizado y su ocurrencia es o no al azar.
La acusación precipitada desconoce la amplia gama de agentes privados de coerción que existen en los contextos locales y que se entremezclan con prácticas mercenarias y de crimen organizado a gran escala. La pregunta es si todas estas agresiones se hacen a los líderes por su trabajo o pueden obedecer a otras motivaciones que solo se explican en las micro-dinámicas de estas zonas.
En últimas, la apuesta podría apuntarle a comprender las redes de poder y los intereses que hay en juego, porque, sin duda, estos ataques no son asesinatos anecdóticos.