“¡Quien no anhela tener la paz! Pero esta paz se logra con una permanente incentivación hacia un futuro mejor, generando empleo, fortaleciendo la cultura…Yo hablando con la misma guerrilla, ellos también están aburridos, ellos desean dormir tranquilos, ellos también son personas humanas, ellos también necesitan la paz. El ejército y la policía también necesitan la paz".
Entrevista actor clave en la Región Macarena-Guaviare (sur-oriente Colombiano)
Si el acuerdo de La Habana se firma y se refrenda (la probabilidad de que ello suceda es alta), presenciaremos un nuevo intento de acercamiento entre la institucionalidad pública colombiana y ciertos territorios del país con los que poco se ha relacionado. Territorios donde, precisamente, las FARC tienen mayor presencia y operación. Este no será el primer intento de acercamiento, desde la década de los sesenta diferentes programas han sido implementados con este propósito. Sin embargo, da la impresión que estos programas se han preocupado más por llevar una oferta predefinida que por entender las demandas locales. En ese sentido, es de gran importancia preguntarse por las expectativas y recursos de estos territorios de cara a un escenario de posconflicto cada vez más próximo.
Con el objetivo de contribuir a esa pregunta, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en alianza con la Fundación Paz y Reconciliación-PARES[1], nos hemos adentrado en el análisis de las capacidades locales para la paz de una serie de municipios con presencia histórica de las FARC. A continuación se destacan ciertos aspectos de ese análisis que se espera ayuden a comprender como se ve el posconflicto desde la regiones y el importante capital organizacional con el que ellas cuentan[2].
Alineación de visiones y propuestas
Nuestro acercamiento a los territorios incluyó una pregunta aparentemente ingenua, pero que en la práctica resultó clave para generar un clima de confianza con actores locales significativos: “Imagínese que hoy es el 2025, ya no hay conflicto armado y la región es como usted desea. Cuénteme lo que ve”. Las respuestas a esta pregunta fueron sistematizadas y categorizadas según se muestra en la tabla 1 [3]:
Esta tabla es indicativa de los temas más y menos sensibles para los actores locales al momento de pensar un escenario de posconflicto y, por lo tanto, de darle un sentido a la noción de “paz”. En la tabla se observa como las categorías “Productividad y Desarrollo rural”, “Condiciones básicas de vida” y “Cultura y educación” reúnen más del 50% de las respuestas. Comparativamente, son mucho menores las referencias a aspectos clásicos de un proceso de paz como lo serían: el desarme, la desmovilización y reintegración (categoría “Fin del conflicto”) o la reparación de víctimas (categoría “transicionalidad”). De cierta manera, lo anterior nos muestra que el interés en las regiones se encuentra menos en los aspectos visibles de la violencia y más en las transformaciones estructurales que le son subyacentes. Se trata de expresiones del siguiente tipo:
“La paz no es simplemente un acuerdo que se firme, es velar porque la gente tenga como trabajar, como tener satisfechas las necesidades básicas, gestionado temas como saneamiento ambiental para que la gente vaya teniendo acceso a esos servicios, desde ahí se construye la paz, teniendo todas las necesidades satisfechas.” Entrevistas Región Cauca-Nariño (sur occidente). Ahora bien, estas preocupaciones no son ajenas a lo pactado en La Habana, en particular en el acuerdo 1 “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral” (RRI). De hecho, frente a la mayoría de los asuntos que recogen las primeras tres categorías de la tabla, es posible identificar un referente específico en el acuerdo sobre RRI. La tabla 2 contiene algunos ejemplos
Esta alineación adquiere un carácter aún más llamativo, al constatar el alto desconocimiento que los actores locales tienen sobre lo pactado en La Habana. En general, en los territorios se piensa que los acuerdos están centrados en la dejación de armas y la reintegración de las FARC; de ahí el énfasis de distintos actores en que la paz no es “simplemente” eso (ver cita más arriba). Transformar esa percepción y generar un entusiasmo masivo alrededor de la alineación identificada entre visiones del territorio y propuestas acordadas en La Habana, es una oportunidad sustantiva que los promotores de los acuerdos podrían aprovechar.
Contexto adverso pero para nada vacío
El acuerdo sobre RRI no es en sí innovador, más bien contempla una serie de asuntos sobre los cuales se ha llamado la atención repetidamente y desde distintos ámbitos (academia, organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional). Las entrevistas del proyecto muestran, también, que la transformación del campo es una necesidad profundamente sentida por los actores locales. Revelan además, a través de estos actores, la existencia de un vibrante entramado social en los territorios, del cual hace parte una amplia diversidad de asociaciones de mujeres, jóvenes, pequeños productores, entre otros.
Lo anterior desafía una percepción externa de estos territorios como espacios vacíos, o a lo sumo paraísos naturales con pobrísimos niveles de capital humano y sin ningún tejido social. En este sentido, se identificaron más de 1.400 organizaciones civiles, comunitarias y productivas en los 35 municipios abordados en el segundo año de la investigación; un promedio de 40 por municipio. Con la intensión de conocer más de cerca estas organizaciones, se sistematizó la experiencia de 58 de ellas. Este acercamiento permitió constatar que gran la mayoría de estas organizaciones responden a estrategias de la comunidad para sobrellevar un contexto adverso de violencia y exclusión del desarrollo. Algunas de ellas tienen un horizonte político más definido que otras, incluso pueden tener una alta cercanía ideológica a las FARC, si bien manifiestan un claro distanciamiento de las vías armadas.
Varias de ellas aplican de forma constante a la oferta estatal, que ha llegado a los territorios, principalmente, a través de programas nacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Servicio Nacional de Aprendizaje o el Departamento de la Prosperidad Social. El acceso a los recursos provistos por estos programas ha sido una fuente importante de financiación de estas organizaciones y ha permitido su sostenimiento. Sin embargo, la vinculación a estos programas (algunos más exitosos que otros) coexiste con una alta desconfianza hacia la institucionalidad pública; así, a la vez que se critica al Estado por su ausencia o incumplimiento crónico, se aplica a las convocatorias de los programas oficiales y a partir de estos recursos se materializan logros de la organización como: la construcción de una sede, el acceso a insumos o a formación técnica. Por todo lo anterior, buena parte de estos líderes hablan tanto con las FARC como con las autoridades públicas, y utilizan estos canales de comunicación buscando el bienestar de las comunidades a las que pertenecen.
Sin duda, desde los territorios más afectados por el conflicto hay mucho por decir en una eventual implementación de los acuerdos de paz; quizás los actores locales no tengan la última palabra en todos los temas, pero será fundamental que las partes en actual negociación estén dispuestos a dialogar con ellos, reconociendo su rol como motivadores de procesos comunitarios y gestores de convivencia local. El espacio clave de ese diálogo serán los ejercicios de participación previstos en los acuerdos. En la FIP hemos identificado 61 referencias a mecanismos específicos de participación ciudadana en lo hasta ahora pactado (sin contar las referencias generales a la participación, por ejemplo como “principio”). Rodear estos ejercicios, desde distintos sectores, y velar por su calidad y eficacia, son asuntos fundamentales con los cuales la FIP ya se encuentra comprometida.
Desde diciembre de 2015, la FIP y Open Democracy empezaron a publicar una serie de análisis y perspectivas sobre el postconflicto en Colombia. Lea también: Lea tambiénFIP Opina . Lea también
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