Ha hecho carrera la afirmación de que detrás del aumento en los homicidios en Colombia está el incremento en el número de cultivos de coca. ¿Cuál es la lógica? Más coca, más violencia, más grupos criminales fortalecidos, como diría el exministro Juan Carlos Pinzón. En el caso de los líderes sociales, hace unas semanas la Revista Semana preguntaba: “¿Qué pasa cuando al mapa de homicidios de líderes sociales se le sobrepone el de cultivos ilícitos?”. De acuerdo con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el asesinato de líderes sociales “se deriva de las más de 200.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca que hay en el país y de los grupos armados ilegales que se disputan territorios de producción”.
La razón parece sencilla y convincente. Pero ¿qué dicen las cifras? ¿Son los cultivos de coca los que explican la violencia en Colombia? ¿Es suficiente esta explicación?
1. La tasa de homicidios de los municipios con cultivos de coca es más alta y desde el año 2016 se ha incrementado
En 2018 la tasa de homicidios de los municipios que tienen cultivos de coca fue de 48 por cada cien mil habitantes, mayor que la tasa nacional, que fue de 26 por cien mil, y que la tasa en los municipios sin coca, que fue de 23 por cada cien mil. Desde el 2016, la tasa en los municipios con coca viene en aumento, mientras que la tasa nacional permanece estable.
Esto no siempre fue así. Como se puede observar en la gráfica, la tasa de homicidios en los municipios con coca descendió en el periodo 2013 a 2015, justo en el comienzo del más reciente boom de la coca. En 2017 y 2018 esta tasa se volvió a incrementar, lo cual coincide con el desarme de las FARC, la implementación de los Acuerdos y las disputas entre distintos grupos armados ilegales.
2. En Colombia sí hay una correlación entre los cultivos de coca y los homicidios, pero es inversa
Tomando el periodo de 2010 a 2017 se encuentra una correlación inversa entra estas dos variables. Esto quiere decir que, mientras el número de cultivos de coca subió, la tasa de homicidios descendió y viceversa. Este hallazgo, que contradice la afirmación de que cuando hay más coca también hay más homicidios, obliga a pensar en otras explicaciones.
Una hipótesis es que, en épocas de bonanza, la competencia entre las estructuras armadas ilegales es menor, mientras que en momentos de escasez la disputas pueden incrementarse. La bonanza habría generado un momento de equilibrio, con la “democratización” del mercado ilegal de droga (es decir, la participación de múltiples agentes y eslabones que colaboran entre sí).
Las investigaciones que hemos realizado en la Fundación Ideas para la Paz, incluyendo el trabajo de campo en las regiones cocaleras, muestran que uno de los elementos claves para entender la relación entre estas dos variables (homicidios y coca) es el tipo de regulación ilegal que se establece. Si hay un actor que controla, la violencia letal tiende a descender. Desde esta perspectiva, el aumento reciente de los homicidios está más relacionado con el vacío de regulación tras el desarme de las FARC y la incapacidad del Estado de llenar estos espacios, que con los incrementos en el número de cultivos.
3. En los municipios con cultivos de coca no hay una relación entre el número de hectáreas y la tasa de homicidios
No es posible afirmar que entre más cultivos de coca tenga un municipio, mayor va a ser su tasa. La tercera parte de los municipios con cultivos de coca tienen una tasa de homicidios menor al promedio de la que tienen los municipios que no tiene coca (que es 23 por cada cien mil). La mayoría de estos municipios tienen menos de 1.000 hectáreas de coca; aunque en este grupo también se encuentra San Miguel y Puerto Caicedo, en Putumayo, con 3.500 y casi 3.000 ha. respectivamente.
Luego se encuentran los municipios con coca que tienen una tasa de homicidios entre 23 y 50 por cada cien mil (la cuarta parte de los municipios con coca). En este grupo hay 22 municipios que tienen menos de 100 hectáreas y que, sin embargo, tienen una tasa de homicidios alta. También municipios que tienen más de 4.000 hectáreas, como Sardinata, en Norte de Santander; Valle del Guamuez, en Putumayo, y el Charco, en Nariño.
Por último, están los municipios que tienen una tasa mayor a 100 homicidios por cada cien mil habitantes. En este grupo se encuentran Mesetas, en Meta; Calamar, en Guaviare; Suárez, en Cauca, y Briceño en Antioquia, que tienen menos de 500 ha. de coca. Además, están los dos municipios con mayor número de cultivos de coca en Colombia: Tumaco, en Nariño, y Tibú, en Norte de Santander.
Cada segmento tiene un número variado de municipios que hace difícil establecer una relación única entra estas dos variables.
4. Las altas tasas de homicidios no llegaron con el reciente boom de la coca, que ha tenido efectos diferenciados en los municipios con más cultivos
Al analizar los diez municipios con mayor número de hectáreas de coca en 2017, se encuentra que las altas tasas de homicidios anteceden al crecimiento de los cultivos ilícitos. En Tumaco (Nariño), las tasas de muertes violentas antes del boom cocalero superaban los 100 homicidios por cada cien mil habitantes. En Puerto Asís (Putumayo), en los años anteriores al más reciente incremento de los cultivos, la tasa llegó a 132. Lo mismo ocurrió en Tibú (Norte de Santander), municipio que lleva más de una década con una tasa superior a 50. En otras palabras, los altos niveles de violencia letal no llegaron con la bonanza cocalera sino que tienen raíces más profundas.
La correlación entre los cultivos de coca y las tasas de homicidio varía de región a región. Un hallazgo que nos llamó la atención es que, mientras que en el departamento de Nariño la relación entre estas dos variables es inversa (es decir que a más cultivos, menos homicidios, y viceversa), en Norte de Santander el reciente crecimiento de los cultivos ha correspondido con el alza la violencia letal.
En municipios como en El Charco y Barbacoas (en Nariño) el incremento de hectáreas ha sido notable y las tasas han permanecido estables. De la misma manera ocurre en Puerto Asís (Putumayo), donde cultivos y homicidios han ido en direcciones contrarias. Habría que preguntarse ¿por qué el aumento de los cultivos no tiene como correlato el aumento de la violencia? ¿Tiene que ver con mayor nivel de articulación y regulación? En estas zonas, ¿los grupos privilegian el negocio frente a la violencia?
Por el contrario, en los municipios de Norte de Santander la correlación es significativa, haciéndose más fuerte en años recientes. ¿Por qué en este departamento el boom de la coca ha estado acompañado por el aumento de las tasas de homicidios? ¿Tiene que ver con un mayor número de competidores y desacuerdos? ¿Cuál es el papel de la intervención del Estado? ¿Por qué no ha sido posible reestablecer la regulación ilegal tras la salida de las FARC?
No hay respuestas sencillas para estas preguntas, ni una sola motivación o causa que explique el aumento o el descenso de la violencia letal. Por esto es mejor evitar simplificaciones y tomar con cautela la advertencia de que mientras que en Colombia haya coca, habrá violencia. Sin duda las economías ilegales son parte de la historia, pero como señala un reciente informe de la FIP, las muertes violentas tienen distintos orígenes y manifestaciones, que no pasan necesariamente por el relato de la confrontación entre facciones criminales y los ajustes de cuentas entre mafias.
¿Cómo podemos entender mejor el aumento de los homicidios?
Antes de afirmar que el incremento en el número de homicidios es lo que explica el aumento en las muertes violentas, estas son nuestras recomendaciones:
No hay que perder de vista que el narcotráfico es solo una de las economías ilegales que hay en Colombia. También hay fuertes disputas por otras fuentes de recursos: la minería ilegal, el contrabando o la extorsión.
La única motivación de los actores ilegales con capacidad de usar la violencia no es la producción o acumulación de rentas. Los grupos también pretender tener control social y poder político.
El homicidio hace parte de un repertorio amplio de violencias que interactúan entre sí, dentro del cual se encuentran las amenazas, las desapariciones y los desplazamientos forzados. Aunque la muertes violentas pueden descender, otro tipo de delitos podrían incrementarse.
El monitoreo de los cultivos de coca y el registro de los homicidios tienen limitaciones, así como algunos municipios y veredas subregistros.
La violencia letal es la expresión de una economía ilegal no consolidada; es el resultado de la incapacidad de los actores involucrados de llegar a acuerdos y cumplirlos (es, en realidad, una anomalía).
Piense en las múltiples variables económicas, sociales, culturales y demográficas que está dejando de considerar al hacer esta afirmación.
Identifique cuál es el papel del Estado en regular, disuadir o estimular esta violencia. Las instituciones no son un actor pasivo.
Habría que preguntarse, finalmente, por qué en algunos momentos de nuestra historia, y en algunas regiones, la bonanza de las economías ilegales no se ha traducido en aumentos en el número de muertes violentas. Seguramente la respuesta tiene que ver no solo con lo que los grupos criminales hacen, sino con lo que el Estado ha dejado de hacer.