Publicaciones
FIP Opina / 30 de marzo de 2021 / Tiempo de lectura: 11 min.

Diálogo sobre minería de oro, una conversación pendiente

En un escenario tan complejo como el de la minería —donde coexisten actores legales e ilegales, comunidades étnicas y campesinas, empresas multinacionales y mineros artesanales—, parece titánica la idea de un diálogo en el que converse la Nación con los territorios. Aun así, es fundamental.

Esta se publicó el 6 de octubre de 2022 en Leer original
  • Autore/as
  • Mónica Trujillo P.
    Mónica Trujillo P. Coordinadora de Conducta Empresarial Responsable

Aunque la riqueza aurífera que tiene Colombia representa para unos una gran oportunidad económica, para otros su extracción genera daños irreparables que no pueden ser compensados. Este antagonismo impide que exista un diálogo que potencie los beneficios mientras se previenen y manejan sus impactos. El diálogo es urgente: mientras no se dé, la extracción continuará.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), la producción legal de oro aumentó más de 14% en el segundo trimestre de 2020, comparado con el mismo periodo del año anterior[1]. Sumado a esto, las exportaciones pasaron de 1.019.291,5 toneladas entre enero y agosto de 2019, a 1.638.957 durante el mismo periodo de 2020, lo que significa un aumento del 60%[2]. Por si fuera poco, la ANM reportó regalías de la minería de oro por 5 billones de pesos entre 2018 y 2019.

Estas cifras respaldan a quienes ven a la minería de oro como uno de los motores que puede impulsar la recuperación económica nacional tras la crisis del covid-19. Sobre este tema, la exviceministra de Minas Carolina Rojas-Hayes ha dicho que la Constitución de 1991 estableció que “los recursos del subsuelo son para todos los colombianos y eso se traduce en las regalías que se distribuyen”; por lo tanto, deben ser aprovechados por la Nación.

Sin embargo, para Andrea Torres, fundadora del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, la minería en general —y también la de oro— no es un sector que aporte de manera significativa a la economía del país. “Hay algunos mitos”, dice. “Hicimos un análisis profundo sobre el PIB nacional y lo que aporta el sector minero, y encontramos que la minería transnacional es uno de los sectores económicos que menos recursos le dejan al PIB nacional”. Y es que, para 2017 y 2018, el crecimiento de la explotación de minas y canteras presentaba tendencias negativas (-5,8% y -1,9% respectivamente), que cambiaron en 2019 cuando hubo una variación de 2,1%[3]. Mejora que parece aumentar de acuerdo con las cifras parciales de 2020.

Es importante considerar que esa recuperación del sector no necesariamente se traduce en la mejora de la calidad de vida de los habitantes que están en las regiones donde se extrae el oro. A pesar de las regalías que pagan las empresas, de los ingresos que pueden generar los mineros pequeños y artesanales, y de los encadenamientos productivos con otros servicios asociados a la minería de oro, los índices de pobreza de los municipios auríferos están por encima del 70%[4]. Eso significa que, aunque sobre ellos se generan los impactos que produce la extracción, no necesariamente reciben los beneficios esperados en materia de desarrollo social.

Isabel Cristina Blandón, directora de la Fundación Atabaque, señala que hay que entender que “el modelo de desarrollo nacional no conecta en lo local”, y que tendríamos que “pensar el desarrollo más en términos de pluralidad, porque puede haber tantos modelos como territorios. No hemos pensado el asunto de las desigualdades sociales y ese es un enfoque clave al hablar de minería de oro".

Según la exviceministra Rojas-Hayes, “hay un trabajo por hacer sobre la posibilidad de que coexista la minería con otras actividades productivas, que es posible, pero también hay mucho desconocimiento y temores que a veces son infundados. Hay un trabajo muy fuerte de construir esa visión compartida y no excluir una actividad productiva per se, y que la misma comunidad ayude a construir los proyectos”.

El diálogo sobre desarrollo económico necesita una perspectiva amplia, en la que puedan conciliarse los intereses de la Nación con los de aquellos que viven en los territorios. Un modelo impuesto desde la perspectiva del Gobierno no necesariamente atenderá las necesidades de los habitantes de una región. De la misma forma, una idea de desarrollo local que no considere las asignaciones presupuestales de la Nación —o incluso la priorización que el Gobierno central haga del destino de los recursos—puede ser inviable.

Zonas ambientales estratégicas

Además del potencial minero, Colombia tiene una importante riqueza en biodiversidad: de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, aloja el 10% de la que hay en el mundo. De ahí que, por cuenta de su alta importancia ambiental, existan 14 millones[5] de hectáreas protegidas. Este no es un capital menor, no solo porque es sostén de la vida en el planeta o porque puede aportar al turismo o a los ingresos derivados de bonos verdes, sino porque permite contar con servicios ecosistémicos de los cuales dependen diferentes sectores. Por ejemplo, la existencia de un adecuado flujo hídrico es clave para el funcionamiento de las industrias, o el hecho de tener ecosistemas sanos permite una producción adecuada de alimentos[6].

La exviceministra Rojas-Hayes afirma que “hay que tener una discusión clara de dónde sí y dónde no. Uno no puede ser extremo: sí puede hacer minería siempre y cuando vea bien los impactos y los ayude a mitigar”. Sin embargo, la posición de la fundadora de Tierra Digna es contundente: “Ya hay zonas del país en donde debe excluirse la minería: áreas protegidas, zonas de alta importancia de oxígeno a nivel mundial, como Chocó o la Amazonía. Si la minería se hace los pueblos indígenas corren el riesgo de desaparecer; hay biomasas que no se deben tocar, como los páramos, porque son lugares de alta importancia para la sostenibilidad del planeta”.

Para Andrea Torres, “si se miran los mapas mineros, la comparación con Parques Nacionales y áreas protegidas es terrible. ¿Por qué Colombia no hace un análisis mucho más serio en materia ambiental de dónde sí se puede hacer minería y dónde no, y de cómo se puede hacer y cómo no?”.

Las entrevistadas concuerdan en que hace falta entendimiento y análisis sobre el capital ambiental colombiano. La exviceministra Carolina Rojas cuenta que ha conversado con la ANLA “y me dicen que en otros países el conocimiento de la biodiversidad y del potencial ambiental es mucho más profundo. En Colombia no tenemos esa información; nuestro modelo es que las empresas otorguen esa información y que el Estado tenga un equipo técnico que pueda revisar y tomar decisiones”.

Que las empresas sean las encargadas de hacer los análisis a partir de los cuales se determina el manejo que se debe realizar, siembra un manto de duda sobre la fiabilidad de la información. Y eso, finalmente, va en contravía de la posibilidad de un diálogo que pueda llevar a consensos para definir, regular y controlar los territorios que no son aptos para hacer minería, evitando daños ambientales.

La discusión sobre la protección de áreas ambientales estratégicas frente a los efectos de la minería de oro (y otras formas de minería), no es una cuestión menor. Hay que hablar de esas zonas donde definitivamente no debería ejercerse minería, pero también de cómo hacerla en los lugares donde se permite y de cómo ejercer un control real sobre quienes extraen el oro de manera ilegal, para que verdaderamente se pueda proteger la biodiversidad.

A estas discusiones se suma la pregunta por el modelo de minería de oro más adecuado. Mientras que para la exviceministra “hay un convencimiento de que esa minería se tiene que hacer con los más altos estándares ambientales y sociales”, y que “los estándares por los cuales se hacía minería hace 30 o 40 años no son los mismos de ahora”, para Andrea Torres esto no es suficiente, pues la megaminería —incluso con altos estándares— genera daños irreversibles. “Colombia tiene que discutir la minería a gran escala y pensar si esa es una salida económica o debe hacer un modelo de economía solidaria y de comercios justos donde esté el sector minero, pero a menor nivel. Se puede hacer minería a menor escala y más extendida en el tiempo, eso puede ser sostenible cuando hay responsabilidad social corporativa seria con las comunidades”, asegura.

En lo que sí concuerdan las entrevistadas es en la necesidad de llegar a un consenso sobre cuáles son las zonas en las que las condiciones ambientales y sociales permitirían hacer minería. También coinciden en que es importante que Colombia gane conocimiento sobre su potencial ambiental y mire a la biodiversidad como un asunto fundamental para el desarrollo del país.

Un diálogo para buscar consensos

Lo anterior muestra las diferencias sobre la visión de dónde y cómo hacer minería, incluso sobre cómo lograr que su desarrollo económico tenga efectos nacionales y locales. Sin embargo, hay sintonía en la necesidad de que los diferentes actores puedan dialogar y discernir sobre el rumbo a seguir.

Andrea Torres dice que “si no hacemos un diálogo, se generará otro conflicto en Colombia. Si antes fue por la tierra, ahora será por el desarrollo económico”. Para ella, el Estado colombiano debe generar una política minera seria, concertada y bien hecha, antes de ofertar al sector minero. “Ofrecen títulos y después se acuerdan de que hay comunidades y ahí es que empiezan las conflictividades”, dice. Agrega que el ordenamiento minero lo debe promover el Estado y las empresas y las comunidades tienen que participar de forma amplia para llegar a acuerdos. “Habrá zonas en la que iremos por fondos verdes y otras por minería. Toca tomar esa decisión, hay que ordenar la casa”.

Por su parte, Carolina Rojas apoya la construcción de un modelo en donde quepan muchas perspectivas (preocupaciones, voces y saberes locales). “Las personas que están en los territorios son las que más participación deberían tener. Hay que permitirles conversar con el conocimiento más técnico, que no siempre es claro para las comunidades y suele imponerse", dice. Para la exviceministra, el diálogo “hay que hacerlo desde lo técnico, pero aterrizándolo. Creo que allá es hacia donde están migrando esas conversaciones, más allá de cómo entender la visión de desarrollo desde el territorio y cómo el sector extractivo puede caber dentro de ella”.

En cuanto a cómo dialogar para entender las diversas posiciones alrededor de la minería de oro en Colombia y llegar a acuerdos, hay coincidencias en la necesidad de generar espacios que, salvo algunos esfuerzos, sigue siendo una tarea pendiente. Las entrevistadas mencionan algunas acciones que también aparecen en la investigación sistémica realizada por la FIP y en conversaciones sostenidas con terceros expertos de diversas corrientes:

  • Se requiere de una participación amplia para recoger los diferentes intereses y miradas sobre la minería de oro, con sus beneficios y efectos, que incluya al Estado en los niveles nacional, regional y local, así como a los entes de control, a las empresas y a quienes hacen minería artesanal y de pequeña escala. También, que incluya de manera prioritaria a los habitantes de las regiones donde se encuentran los yacimientos —especialmente las comunidades étnicas— para entender e incluir sus significaciones y representaciones, así como la relación que guardan con el territorio y el medio ambiente.

  • El diálogo debe permitir que los componentes técnicos sean claros y recoger los saberes de las personas que habitan las regiones auríferas. Esto significa poner en primer plano cómo la minería puede afectar los territorios y si existe una manera de no generar daños irreversibles sobre el medio ambiente y las comunidades.

  • Es importante tener en cuenta que el desarrollo económico no se presenta de una sola manera; las perspectivas varían según los sectores e incluso las regiones. Por eso, es clave un proceso que recoja estas perspectivas.

  • El diálogo debe incluir asuntos ambientales, económicos y sociales desde la perspectiva local y también nacional, que permitan aprovechar los beneficios y minimizar los impactos.

En un escenario tan complejo como el de la minería, donde coexisten actores legales e ilegales, comunidades étnicas y campesinas, empresas multinacionales y mineros artesanales, parece titánica la idea de un diálogo en el que conversen la Nación con los territorios. Aun así, es fundamental, pues de ello depende que, como país, podamos decidir cómo hacer minería, dónde y establecer los controles necesarios para minimizar daños y potenciar beneficios. De lo contrario, cuando se acaben los yacimientos tendremos que enfrentar los daños y habremos perdido la oportunidad para impulsar un desarrollo respetuoso para las personas y el medio ambiente.

_______________________________

[1] Ver: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020...

[2] Ver: http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/...

[3] Ver: https://www.andesco.org.co/en/2020/02/18/crecimie...

[4] Ver: https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org...

[5] Ver: https://www.minambiente.gov.co/index.php/componen...

[6] Ver: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambie...

Etiquetas destacadas