Desde el fracaso de las negociaciones del Caguán en 2002 y el fin de la primera fase del Plan Colombia (2000 - 2006) enfocada en el control de los grupos armados y de los cultivos de uso ilícito en el sur del país, Caquetá ha estado por fuera de la agenda nacional en términos de seguridad.
En la actualidad, la región de la Amazonía solo llama la atención cuando se trata del tema ambiental. Sin embargo, el reacomodamiento de los actores armados ha traído consigo una serie de consecuencias sobre la población civil que deben ser atendidas.
A principios de julio se reportó la masacre número 52 en lo que va del año a nivel nacional, en la cual fueron asesinadas tres personas en zona rural de La Unión Peneya, en el municipio caqueteño de La Montañita. Entre las víctimas se encontraba un excombatiente de las FARC que adelantaba su proceso de reincorporación en el AETCR de Agua Bonita. Este municipio, en particular, ha sido foco de diversas acciones violentas de los grupos armados durante los años más recientes de la implementación del Acuerdo de Paz.
De las tierras de nadie al pulmón del mundo
La Amazonía colombiana había sido un territorio fuera del alcance e interés del Estado colombiano —las tierras de nadie—, hasta que fue escenario central de la disputa por el control territorial entre el Estado y las FARC. Aunque esta relevancia asociada a la seguridad nacional disminuyó con la desmovilización de esa guerrilla, a causa de la consolidación de una agenda ambiental global, de desarrollo sostenible y de conservación, el mundo y los últimos mandatos presidenciales han volcado su mirada en términos “verdes” a la región.
En concreto, el departamento de Caquetá ha recuperado visibilidad a nivel nacional debido al Plan Artemisa, una estrategia esencialmente militar del Gobierno de Iván Duque diseñada para contrarrestar el aumento de la deforestación desde la firma del Acuerdo de Paz y la salida de las FARC como un actor regulador de estas actividades en la región. Las intervenciones militares en el departamento —que, en sus palabras, tienen el fin de atenuar fenómenos criminales que afectan al ambiente y denegar el acceso a Áreas Protegidas— se han priorizado para el sector de Sabanas del Yarí, el Parque Nacional Natural Cordillera los Picachos y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.
Estos operativos han sido fuertemente cuestionados ya que no impactan a los grandes deforestadores, sino, por el contrario, focalizan a los eslabones más débiles y de menor impacto de la deforestación: los campesinos e indígenas que habitan la región. Como consecuencia de las incursiones militares, estos han sido víctimas de estigmatización, capturas y daño de bienes privados y comunitarios. Se han presentado, incluso, homicidios en el marco de la estrategia, ampliamente denunciados por las organizaciones sociales. Tampoco hay, a la fecha, evidencia clara de su alcance para frenar la deforestación y recuperar los ecosistemas afectados.
La posibilidad de una disputa territorial
Mientras el lente se encuentra puesto en la problemática socioambiental, en los últimos meses han incrementado notablemente los eventos de violencia y el deterioro de las garantías de seguridad en el Caquetá. Desde hace varias semanas, plataformas y organizaciones sociales del departamento, así como la Defensoría del Pueblo, vienen denunciando homicidios selectivos y de líderes comunitarios, amenazas y desapariciones en los municipios de San José del Fragua, Solano, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, El Paujil, Curillo, Solita, Florencia, Puerto Rico y La Montañita, lo que ha generado desplazamientos y zozobra en las comunidades.
En los comunicados, las organizaciones denuncian incertidumbre y confusión por no saber qué actor armado realiza las acciones violentas: se han encontrado con encapuchados sin identificar, hombres armados que se han presentado como integrantes de la columna Alfonso Cano, adscrita a la Segunda Marquetalia, o como integrantes del grupo autodenominado como los Comandos de Frontera.
La Alerta Temprana 011 de 2022 de la Defensoría del Pueblo reitera estos riesgos a causa del ingreso y accionar del grupo armado Comandos de Frontera, que opera en Putumayo y que, por la influencia sobre el río Caquetá, lo hace también en San José del Fragua, Solita y Curillo desde 2021. Para la Defensoría, el interés de los Comandos de Frontera es expandirse en el departamento desde los municipios del sur —que colindan con Putumayo— hasta la zona norte, con el fin de controlar la economía ilegal de la coca y los corredores estratégicos para la acción militar y el narcotráfico. Este panorama es preocupante debido a los riesgos que corre la población civil por eventuales enfrentamientos de este nuevo actor armado con el frente 62 “Miller Perdomo”, y el frente 7 “Bloque Jorge Briceño”, de las disidencias de las FARC, que ya tienen una influencia consolidada en el territorio. El inminente escenario de disputa territorial agudizará el impacto humanitario en el departamento.
Como agravante, las comunidades denuncian la inoperancia de la Fuerza Pública para atender los llamados de alerta a pesar de que el departamento cuenta con un despliegue militar importante del que hacen parte la Sexta División del Ejército, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, el Comando Operativo Júpiter y la Policía Nacional. Se suma que el gobierno Duque no demostró mayor interés en tomar acciones frente a las exigencias relacionadas con la investigación y esclarecimiento de los hechos violentos y de los actores que participan de ellos, ni medidas relacionadas con las garantías de seguridad y la protección de los derechos humanos.
La respuesta del Gobierno a campesinos e indígenas
Aunque no se manifestó sobre la situación de seguridad de Caquetá, el Gobierno saliente sí dio respuesta a los reclamos de las comunidades por las vulneraciones e impacto negativo de la Campaña Artemisa, posicionándola política y mediáticamente como una estrategia eficaz para avanzar en la denominada “lucha contra la deforestación”. Tanto así que, a inicios de junio se realizó en Villavicencio la Cumbre Artemisa, en la que participaron más de 20 países que abanderan la agenda de conservación. Allí, el MinDefensa presentó la estrategia y sus resultados como un referente para la protección del ambiente con participación de la Fuerza Pública y como modelo de protección ambiental digno de exportar: una gran hazaña que oculta el verdadero sentir territorial hacia Artemisa.
En suma, si durante los últimos cuatro años Caquetá se ha ubicado entre las prioridades del Gobierno Nacional, no ha sido para proteger los derechos fundamentales de campesinos e indígenas que resisten las acciones estigmatizantes y violentas por parte de los actores armados (legales e ilegales), sino para abanderar un combate ferviente contra los “criminales depredadores” de la selva amazónica, como los han representado en los medios y reportado en los resultados de Artemisa y del “Pacto por la Sostenibilidad”.
Entre tanto, la situación de seguridad empeora. El nuevo Gobierno debe tomar medidas urgentes: que no espere a que el departamento regrese a ser uno de los más violentos del país para poner sus ojos en él.