Avanzando hacia la paz
Transcurrió ya el primer trimestre del gobierno Petro y la Paz Total se ha consolidado como uno de los pilares de su Plan de Desarrollo. Comunidades enteras siguen demandando acciones efectivas por parte del Gobierno Nacional para frenar el derramamiento de sangre que aqueja varias regiones desde el 2016, cuando empezó el recrudecimiento de la violencia tras la firma del Acuerdo de Paz.
La Paz Total goza de buena salud política: tiene popularidad, avanzó sin mayores contratiempos en el Congreso a través de la nueva Ley de Orden Público, y ha despertado el mayor optimismo en la comunidad internacional.
Se hizo tan poco en materia de paz bajo la administración Duque, que lo avanzado en estos tres meses, ya es un logro. Sin embargo, el primer balance en cuanto a seguridad y violencia que hicimos en la Fundación Ideas para la Paz demuestra que el camino de la Paz Total no será fácil. Si los obstáculos que se vislumbran no son abordados con seriedad y pericia, podríamos caer en un deterioro acelerado de la situación de seguridad.
Son tres los ingredientes que le faltan a la política de Paz Total para avanzar en el propósito de negociación con los distintos grupos armados, sin sacrificar el control territorial ni perder la discrecionalidad del uso de la fuerza contra cualquiera de ellos, en caso de que sea necesario.
La negociación, un recurso elemental de la guerra y la paz, debe ser concebida como una carta para contener la violencia organizada, pero, sin inteligencia estratégica, iniciativa militar o intervenciones subregionales, es improbable que la Paz Total logre estabilizarse territorialmente y consiga reducir la violencia de manera sostenida.
Inteligencia estratégica
Cuenta John Keegan en su libro sobre inteligencia militar que Alejandro Magno vivía obsesionado con preguntar por la población, las costumbres y las formas de cultivo de las tierras que conquistaba, así como sobre sus líderes. De igual manera, el poder del imperio romano marchaba sobre un sofisticado sistema de información acerca de sus enemigos, una obsesión que perduró desde Napoleón hasta Al Qaeda.
La reputación de Colombia como uno de los países latinoamericanos con mejor capacidad de inteligencia para la seguridad es innegable: la DIPOL ha creado una capacidad del más alto nivel, con más de cinco mil unidades de Policía dedicadas a tareas de inteligencia.
Los grandes golpes que le propinó el Estado a las FARC estuvieron precedidos por despliegues de recolección, procesamiento y análisis de información.
Sin embargo, aunque necesario, este enfoque operativo de la inteligencia, dedicado a propinar golpes a los grupos armados y del crimen organizado, no será suficiente en el marco de la Paz Total.
Las necesidades actuales de inseguridad y violencia son de carácter estratégico y no operativo. No se trata de la prevención clásica del delito, sino de la anticipación de los detonadores y las acciones intra-grupales que pueden llevar a una fragmentación armada, como la que caracteriza a Colombia, con múltiples grupos armados confrontándose unos a otros.
Las guerras que se pelean hoy en diferentes regiones del país son de subsistencia, que implican procesos de expansión y contracción localizada. De allí el alto costo humanitario que ha pagado Colombia desde el 2016.
¿Dónde surgirán las disidencias del ELN?, ¿Qué sectores del Clan del Golfo se opondrán al sometimiento?, ¿Qué implicaciones tendrá esto en territorios permeados por economías ilícitas?, ¿Le conviene al país una unificación de las disidencias bajo la coraza de Estado Mayor Central, o es preferible ahondar su fragmentación?
Es acá donde la inteligencia militar y policial debe ser complementada por la inteligencia civil, ojalá bajo el liderazgo de una Dirección Nacional de Inteligencia o de un Consejo de Seguridad Nacional cualificado que integre una valoración de los riesgos sociales, de las características poblacionales y de las capacidades institucionales a nivel local, así como de las élites políticas y económicas que operan en contextos de alta complejidad.
Iniciativa militar
Lo anterior es decisivo para superar otra de las limitantes que presenta la Paz Total: la falta de iniciativa militar.
Una de las transformaciones sustanciales del escenario de conflicto y violencia organizada en el país durante los últimos cuatro años es la decisión de los grupos armados y del crimen organizado de no confrontar al Estado de manera sostenida.
Esto tiene que ver tanto con el avance de la Fuerza Pública para desplegar su poder de fuego en cualquier parte del territorio nacional, como con el cambio de intereses de estos grupos, que pasaron de agendas altamente politizadas, como tomar el poder, a agendas económicas mucho más localizadas.
Las guerras que se pelean hoy en diferentes regiones del país son de subsistencia, que implican procesos de expansión y contracción localizada. De allí el alto costo humanitario que ha pagado Colombia desde el 2016.
Esta transformación es de doble filo. Por un lado, representa el avance de las instituciones y la posibilidad de que el país supere el conflicto armado tradicional. Por otro, es un enorme desafío en la medida en que el Estado aparece como un tercero en las confrontaciones armadas, cuyos protagonistas son los grupos armados y no la Fuerza Pública.
La teoría de cambio de la Paz Total sugiere que la respuesta del Estado debe ser la de mediar entre estos grupos. Es la idea de un cese multilateral al fuego; pequeñas paces que en el largo plazo logren reducir la violencia en el país.
La teoría de cambio de la Paz Total sugiere que la respuesta del Estado debe ser la de mediar entre los grupos armados. Es la idea de pequeñas paces que en el largo plazo logren reducir la violencia. La pregunta es si esa mediación puede prescindir del uso de la fuerza.
La pregunta es si esa mediación puede prescindir del uso de la fuerza. ¿No es más fácil acaso negociar con liderazgos fuertes que con grupos fragmentados? Si la respuesta es sí, ¿cómo usar la iniciativa militar para moldear esos procesos? Todas estas son decisiones políticas, no militares.
Los hechos recientes en Putumayo entre el Estado Mayor Central y los Comandos de Frontera, presuntamente asociados con la Segunda Marquetalia, son un ejemplo de eso. Más de 25 muertos entre armados y civiles en dos días, sin que el Estado sepa exactamente qué hacer o cómo detener el derramamiento de sangre.
Sucede lo propio en el sur del Cauca, Arauca, sur de Bolívar, Chocó y el Pacífico nariñense, donde las lógicas de la violencia, es decir, las modalidades de tiempo, modo y lugar en que tienen lugar los enfrentamientos armados, son determinados por la acción de los grupos armados y no por el Estado.
Intervenciones subregionales
Ahora bien, la suma de inteligencia estratégica en función de la recuperación de la iniciativa militar en regiones de alta complejidad, debe dar pie a superar el tercer obstáculo que enfrenta la Paz Total: la ausencia de estrategias subregionales de intervención.
El carácter diferenciado de la violencia que vive Colombia se ha vuelto un lugar común entre expertos en seguridad y analistas del conflicto.
No es lo mismo la guerra por el control de las rentas mineras en el sur de Bolívar, que las tensiones crecientes por la tributación del comercio y la regulación del mercado de coca en el Catatumbo. No puede entenderse la escalada de violencia en Arauca durante este año, con el mismo lente con el que se interpreta la proliferación de organizaciones armadas en Tumaco y su zona rural.
Pero lo urgente es casi siempre enemigo de lo importante. Quizás por ello, después de cien días y decenas de Puestos de Mando Unificados por la Vida (PMUV), el gobierno que comienza no ha sido capaz de frenar las masacres y el asesinato de líderes sociales.
Cada cuatro años, el presidente lanza una nueva estrategia con un nuevo término que promete, esta vez sí, la solución definitiva. Consolidación, estabilización, Zonas Futuro y un sinnúmero de apellidos, han acompañado estas estrategias, todas integrales y fallidas en el intento de reducir la violencia, construir legitimidad y conectar poblaciones marginadas con los circuitos económicos del país.
Sin embargo, esto no quiere decir que el presidente Petro deba renunciar a su propia estrategia de intervención. El carácter participativo y la importancia que le ha dado este gobierno a las agendas regionales representan un potencial sobre el cual podría apalancarse la estrategia de la Paz Total en los territorios.
Por otro lado, la ausencia de operaciones ofensivas da la impresión de que la Paz Total no tiene límites. Así, los más de 20 grupos que han manifestado querer hacer parte del proceso, y con los cuales se han hecho múltiples acercamientos secretos, siguen ejerciendo violencia contra la población civil, sin que el gobierno ponga límites a las “expresiones de buena voluntad” y exija cambios constatables en su comportamiento.
Ni una fecha, ni determinadas acciones, ni un número de muertos: no hay una sola señal que pueda darle confianza a los colombianos sobre cuándo un grupo pierde la oportunidad que le ha extendido este gobierno de negociar o de someterse a la justicia.
Por lo pronto, es improbable que la Paz Total adquiera tracción territorial y se traduzca en reducciones sostenibles de la violencia si, como parte de la receta, se excluyen la cualificación de la inteligencia estratégica sobre los riesgos y las amenazas, la recuperación de la iniciativa militar y la ejecución de estrategias subregionales de seguridad y contención de la violencia organizada.