¿Confiar o no confiar en las autoridades?
Durante el mes de octubre, en una reunión con líderes de organizaciones comunitarias sobre las percepciones de seguridad en el Chocó, se abrió una discusión sobre los Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMUV).
La conversación giró alrededor de la confianza entre las comunidades y las autoridades y la posibilidad que se tenía o no de hablar sobre los problemas de seguridad que las afectan. El grupo estaba dividido entre dos posiciones.
Algunos de los asistentes dijeron que el mero cambio de gobierno no implicaba mayor confianza en las autoridades, porque las instituciones siguen estando representadas por las mismas personas que venían haciéndolo y habían demostrado su poca fiabilidad. Una de las razones principales de este grupo, era la acusación, reiterada en casi todos los municipios del país, de que más se demoraba un líder en denunciar un caso que los victimarios en recibir esa información.
Por otro lado, se encontraban quienes consideraban que la diferencia central entre el antes y el ahora radicaba en el mensaje político a las instituciones, que si bien no cambiaría la situación de un momento a otro, podría lograrlo en el mediano plazo.
Esto que podría parecer anecdótico tiene una versión cuantitativa, basada en el sondeo que acaba de publicar la FIP, entre líderes en 39 de los 65 municipios donde se ha instalado un PMUV, donde el 47% de los encuestados señaló que los mismos puestos contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad, mientras que el 53% considera que lo hacen muy poco.
Todo gobierno, en sus primeros 100 días, tiene un Plan de Choque para hacerle frente a los problemas más agudos de seguridad. El de Petro, los Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMUV), se centró en proteger a los líderes sociales. La FIP realizó un sondeo con líderes en 39 de los 65 municipios priorizados. ver infografía
Y es que, en esta medida, los PMUV pueden usarse como metáfora de lo que ha venido sucediendo durante los últimos cinco meses de este año, en cuanto a las condiciones de seguridad y sus políticas.
Todos los nuevos gobiernos empiezan su mandato con un plan de choque que pretende controlar el fenómeno delictivo.
Fue así como el primer gobierno de Santos anunció una revisión de la estrategia del gobierno Uribe, pasando de la seguridad democrática a la prosperidad democrática. Eso implicaba mantener la presión sobre los grupos armados y poner en marcha del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVVC), estrategias que conservaban giros lingüísticos del anterior gobierno bajo el lema “arreciar, arreciar, arreciar”.
Los planes de choque no han tenido nunca un efecto real sobre las condiciones delictivas y los años tienden a cerrarse siguiendo los patrones del gobierno anterior"
El segundo gobierno de Santos conservó un vínculo con el pasado, pero anunció una ruptura bajo el mensaje “vamos seguros”, como una forma de señalar que el proceso de paz con las FARC produciría mejoras importantes. Además, con la “priorización” y la “focalización” hacia un grupo de ciudades, la puesta en marcha de estrategias de tipo social y de comunicaciones orientadas a mejorar la percepción, se querían disminuir tanto las tasas de criminalidad como el miedo al delito.
Duque quiso mandar otro tipo de mensaje, y bajo la consigna de “el que la hace la paga”, desarrollar una estrategia policial y militar con operaciones contra los delitos de mayor efecto, un aumento significativo de capturas y el refuerzo del sistema judicial, particularmente de la Fiscalía.
Petro ha mantenido esa costumbre. Por eso, el grupo de los escépticos en el sondeo de la FIP puede tener razón. Llegó e impulsó un plan de choque del cual se concretó la propuesta de los PMUV. Pero esto de nuevo tiene una versión cuantitativa. Los planes de choque no han tenido nunca un efecto real sobre las condiciones delictivas y los años tienden a cerrarse siguiendo los patrones establecidos desde el gobierno anterior.
¿Qué dicen las cifras?
Sin embargo, un indicador llama la atención y es la reducción significativa de las amenazas en número de casos y variación porcentual (-46%) con respecto de los 100 días anteriores al comienzo del gobierno.
Esto parece ser un cambio hondo, pero también hay que notar que el próximo año hay nuevas elecciones y esto podría aumentar las amenazas, indicador que está relacionado con el comportamiento de los homicidios.
Los PMUV también son una metáfora en la medida que, tal como lo hemos señalado desde la FIP, estos tienden a ser un consejo de seguridad ampliado antes que una estrategia realmente novedosa.
Y esta puede ser una característica de las propuestas del actual gobierno, que parecen novedosas pero operativamente quedan atrapadas en el sistema de la seguridad tal y como existe hasta el momento.
El
57%
Los datos recogidos en el sondeo mencionado resultan interesantes en este sentido. El 57% de los líderes desconocen los PMUV, lo cual es preocupante teniendo en cuenta que han sido diseñados para garantizar la vida de los ciudadanos, pero focalizada en esta población. De aquellos que los conocen solo la mitad ha participado (51%) y de quienes participan el 67% considera que no mejora sus condiciones de seguridad.
La conclusión sería que no todos los líderes se han involucrado en la estrategia, que de los que se han involucrado no todos realmente participan y que la mayoría considera que la estrategia no será eficiente.
Una conclusión que prende las alarmas en la medida que se pretende decir que la nueva estrategia de seguridad involucra a buena parte de las comunidades. La pregunta es quiénes se han quedado excluidos de estas conversaciones, porque la violencia que resulte vendrá también seguramente de esas exclusiones.
Hacer un balance de lo que ha sucedido en términos de seguridad desde que llegó Petro es complicado, teniendo en cuenta la variación de la política que se está gestando. Lo que parece claro es que hoy los resultados parecen estar divididos tanto en las percepciones de los ciudadanos como en términos delictivos. Contrario a la publicidad gubernamental, es pronto para señalar que los anuncios políticos han tenido un efecto en la realidad material.
Cuatro tensiones
Hoy se observan cuatro tensiones alrededor de la política de seguridad. En primer lugar, aquello que hemos llamado la resaca de la campaña donde no se observa realmente una ruptura profunda frente a lo que existía.
Incluso, la idea de la Paz Total supone peligros que han sido estudiados en el pasado y sobre los que la FIP se ha pronunciado. Tal como lo señalamos al analizar las propuestas de campaña, parece que las mismas estuvieran entrampadas en la dinámica del sistema y se limitaran en la práctica a la relación y discusión sobre el papel de la Policía y el Ejército.
La segunda tensión tiene que ver con esa concentración en la Fuerza Pública y la no observancia del sistema. Las asimetrías institucionales se mantienen y como se observa en las respuestas de los líderes al sondeo sobre los PMUV, quien aparece como principal participante de estos espacios es, precisamente, la Fuerza Pública.
En tercer lugar, se ha dado un mensaje contundente con la remoción de la cúpula militar y de la Policía, pero es posible que esta se haya recuperado rápidamente, porque finalmente obedecen a una organización disciplinada y profesionalizada que difícilmente cambia con un gobierno.
Finalmente, se está oyendo a la ciudadanía, lo que tampoco es algo exótico en la historia de las propuestas de seguridad. Pero tal vez en esta ocasión se están oyendo otros sectores y ahí puede radicar la novedad.
Sin embargo, como siempre, se corre el riesgo de caer en la trampa de oír y pensar que las soluciones no se han dado simplemente por desinterés político, cuando tal vez la discusión de fondo, como lo ha señalado la FIP, es la necesidad de discutir sobre las estrategias para convertir los discursos políticos en realidades.