Desarme, desmovilización y reintegración en tiempos de Paz Total

El inicio del gobierno de Gustavo Petro es una oportunidad para seguir generando reflexiones sobre el desarme, la desmovilización y la reintegración (DDR) de excombatientes en Colombia. La agenda de paz que impulsa el Presidente, así como la aprobación y sanción de la ley de Paz Total, dan cierta certeza sobre la vigencia de los procesos de DDR, tan necesarios en el objetivo de buscar una paz duradera.

Durante varias décadas, Colombia ha venido consolidando aprendizajes en materia de DDR que son reconocidos a nivel internacional. 76.442 personas de diferentes grupos armados han podido reintegrarse o reincorporarse a la vida civil. Asimismo, el Acuerdo de paz firmado con las FARC y su implementación son grandes referentes de lo que significó negociar el fin del conflicto armado y poner en marcha un esquema de dejación de armas, desmovilización, tránsito a la legalidad y reincorporación. ¿Qué lecciones no olvidar en tiempos de la Paz Total?

What can we learn from the FARC peace agreement? Leer artículo completo

 El DDR durante la negociación

Es clave hacer del desarme, la desmovilización y la reintegración un tema central de cualquier agenda de negociación para la terminación de un conflicto. Más allá de la semántica y los detalles, finalizar un conflicto en un contexto como el colombiano —en un marco democrático y de Estado de Derecho— implica que el monopolio de la violencia debe estar en cabeza de las fuerzas el Estado. Eso requiere, necesariamente, un proceso de desarme, pero también reformas al sector defensa encaminadas a fortalecer su legitimidad y capacidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Algo para resaltar de la experiencia de negociación con las FARC, fue la activa participación que tuvieron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el desarrollo del punto relacionado con el fin del conflicto, a través de la Subcomisión Técnica del Fin del Conflicto.

Esta participación permitió brindar profundidad técnica para definir, por ejemplo, los términos del cese al fuego bilateral y definitivo e introducir aspectos propios de las dinámicas del campo de batalla relativos al desarme y la desmovilización. También le dio legitimidad a la mesa de negociación involucrar a quienes, durante décadas, hicieron la guerra en nombre del Estado. De igual forma, fue fundamental contar con la participación de liderazgos de las FARC con corte más militar que político, que nutrieron la negociación y los términos del Acuerdo relativos al fin del conflicto.

Sin embargo, ¿qué nivel de detalle es el deseable, en términos de DDR, durante la negociación? En la FIP hemos insistido en que si bien a mayor detalle mayor la garantía para su cumplimiento y mejores las herramientas para la verificación, también puede afectar la celeridad de la negociación. Por eso es clave establecer instancias y mecanismos para la construcción conjunta de protocolos y para dirimir los conflictos que, seguramente, pueden surgir durante la dejación de armas, la desmovilización y la reintegración.

Dejación de armas y tránsito a la legalidad 

Con las FARC, el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de armas y el tránsito a la legalidad fue lo primero que se implementó. Requirió de una intensa preparación política, técnica, legal y logística para poder materializar el fin del conflicto. Quizás en esta fase la lección más relevante fue la puesta en marcha del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) tripartito, que contó con la participación del Gobierno en cabeza de las Fuerzas Armadas, de las FARC y un componente internacional, en representación de Naciones Unidas.

Este mecanismo permitió generar confianza en el proceso y una lógica de corresponsabilidad en el cumplimiento y la verificación del fin del conflicto. Durante el desarme, Naciones Unidas se responsabilizó del registro, identificación, monitoreo y verificación del armamento y las municiones, así como de su recolección, almacenamiento y destrucción. Que la ONU liderara este proceso, brindó confianza a las partes y al país sobre la veracidad y rigurosidad técnica del mismo.

Involucrar a los militares y a la Policía Nacional también resultó clave. Su rol consistió en verificar y monitorear el cese al fuego con la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) y responsabilizarse de la seguridad en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalización (PTN) donde se concentraron los excombatientes en un primer momento, a través del Comando Estratégico de Transición (COET). Su participación en esta etapa fortaleció la legitimidad del Estado colombiano y también aportó a la generación de confianza y reconciliación entre quienes antes combatían entre sí.

Quizás, el aprendizaje más importante durante esta etapa fue la preparación, pero también la agilidad y flexibilidad del dispositivo logístico para lograr que los firmantes de paz se concentraran, dejaran las armas e hicieran el tránsito a la legalidad. En una topografía como la colombiana, con 26 zonas a lo largo y ancho del país para trasladar a los excombatientes, y sin mucho tiempo para responder al Día D, la logística se convirtió en el mayor de los retos. A pesar del éxito en el traslado de los combatientes a las zonas, construir la infraestructura representó la principal dificultad operativa, que generó tensiones que afectaron la confianza en un momento crucial de la implementación del Acuerdo de Paz.

En este sentido, la logística es determinante para el proceso político porque ayuda a construir confianza y muestra la voluntad política para implementar lo pactado. Por ello, resulta fundamental contar con una adecuada planeación y con mecanismos de acción rápida que puedan responder a necesidades del momento.

 La reincorporación*

Aquí las reflexiones son múltiples. Hay que aprovechar la experiencia construida por Colombia durante más de 18 años y reconocer que el país cuenta con una arquitectura institucional encabezada por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) con capacidad y despliegue territorial para liderar este tipo de procesos, así como para generar lineamientos técnicos que permitan nutrir las discusiones y la negociación en esta materia.

En la FIP hemos insistido en la importancia de la reincorporación para la construcción de la paz. Resulta clave el acompañamiento y las directrices del Gobierno para que puedan hacerse realidad los proyectos de vida de los firmantes de paz que le apuestan a una inclusión efectiva en lo económico, lo social y lo político. En ese sentido, la gestión de la ARN es de la mayor relevancia. Por eso, confunde que el gobierno de las banderas de la Paz Total apenas haya designado una directora en propiedad, tras casi cinco meses de su inicio, para liderar la política de reincorporación.

En términos de lecciones aprendidas no podemos olvidar que la reincorporación es un proceso del que hacen parte personas. Más allá de las estadísticas hay hombres y mujeres con una historia a cuestas, con un pasado donde la violencia es el común denominador y que hoy buscan sacar adelante un proyecto de vida en la legalidad, seguramente con gran esfuerzo y dificultad. Ese proceso requiere de gran compromiso por parte del Estado y la corresponsabilidad de diferentes sectores sociales.

Es por eso que la reincorporación debe entenderse como un proceso diverso, dinámico, integral y sostenible. Esta idea resume la principal lección del pasado y una oportunidad de mejora para el proceso actual y futuros. Desde el punto de vista de la diversidad y el dinamismo, la planeación e implementación de la política debe ser flexible para apoyar a personas con diferentes capacidades, intereses y necesidades. Para ello, hay que incorporar el enfoque de género, ya que las necesidades de mujeres y hombres son particularmente distintas y requieren de acciones concretas para equilibrar los roles de género y fortalecer la condiciones para una adecuada reincorporación. También hay que fortalecer los roles y capacidades de liderazgo de mujeres en escenarios económicos, políticos y sociales, que suelen recaer en hombres.

La FIP ha insistido en la importancia de la reincorporación para la construcción de la paz. Resulta clave el acompañamiento y las directrices del Gobierno para que puedan hacerse realidad los proyectos de vida de los firmantes de paz"

Tampoco se puede olvidar que, en el caso de FARC, 1.222 excombatientes tienen algún tipo de secuela física derivada de la guerra, y en ese sentido, una política de reincorporación debe prever acciones específicas en atención en salud y en las dimensiones económicas, sociales y políticas de la reintegración.

En materia de diversidad también se requieren estrategias particulares que reconozcan la jerarquía que existía dentro del grupo armado. En otras palabras, ofrecer alternativas a mandos medios que permitan aprovechar sus capacidades de liderazgo y que respondan adecuadamente a sus expectativas. Este enfoque resulta fundamental en el contexto colombiano, donde prevalece el conflicto y hay una alta presencia de economías ilegales, por lo que se corre el riesgo de la reincidencia.

En la medida en que la reincorporación es un proceso que se centra en las personas —y que éstas tienen capacidad de agencia— será dinámico por naturaleza. Un ejemplo de ese dinamismo son los cambios en la geografía de la reincorporación de los firmantes de paz de las FARC, quienes iniciaron su concentración en 26 municipios y hoy, según la Misión de Verificación de Naciones Unidas, hacen presencia en 611 municipios. Estos cambios tienen que ver, principalmente, con problemas de seguridad, pero también con la búsqueda de mejores condiciones económicas y sociales para su reincorporación.

Frente a la integralidad, es fundamental reconocer que la inclusión de excombatientes tiene diversas aristas. Resalto tres, siendo la económica la más visible. En la medida en que los firmantes de paz tengan la capacidad de generar ingresos en la legalidad, garantizan la subsistencia y las condiciones materiales de vida. Sin embargo, lo económico no será sostenible si no se aborda el ámbito social, que debe contemplar los entornos más cercanos y próximos de los excombatientes, favoreciendo la construcción de redes y la confianza. A esto se suma un proceso más amplio de reconciliación, que requiere un trabajo fuerte con comunidades y la ciudadanía en general, para desactivar las narrativas de la estigmatización y la violencia.

Termino estas reflexiones hablando de sostenibilidad. Aquí el llamado en aras de la Paz Total es a generar condiciones reales para la autonomía de los excombatientes en el ámbito económico. Independientemente de la ruta de reincorporación seleccionada (empleabilidad, proyecto productivo individual o colectivo), la acción del Estado debe contribuir a generar las capacidades para que cualquiera, en ejercicio de su autonomía y libertad, tenga herramientas y redes para contar con un ingreso suficiente de manera sostenible y así garantizar su subsistencia y calidad de vida.