Hace algunos días, el gobierno colombiano participó en la 66 sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la reunión multilateral anual en la que se revisan los avances globales en el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas. Este año, como en todos los anteriores, se ratificó el compromiso de todos los países para continuar avanzando en la guerra contra las drogas.
El gobierno del presidente Petro presentó los lineamientos generales de su nueva política de drogas y su apuesta por la Paz Total. Dejó clara su postura sobre el fracaso de la política mundial de drogas, recordando con contundencia la paradoja de: a más lucha contra las drogas, más violencia en Colombia y mayor consumo en todo el mundo. Y el narcotráfico, mientras tanto, permanece intacto.
Lo novedoso de la participación de Colombia en la reunión de este año fue su propuesta, en conjunto con Bolivia, de sacar la hoja de coca de las sustancias fiscalizadas (o “prohibidas”) por estos tratados.
El argumento central es que la hoja de coca no es una droga sino una planta que, antes de ser la materia prima de la cocaína, se usa de forma ancestral y tradicional en la región Andina. Lo que se espera es que empiecen los procedimientos formales para que la Comisión tome una decisión en un par de años, si los países miembros la dejan avanzar.
Esta solicitud es coherente con la nueva política de drogas nacional y con la facultad extraordinaria que incluía originalmente el borrador del articulado del Plan Nacional de Desarrollo de permitir los usos alternativos de la planta de coca. Aunque cada vez es más frecuente encontrar comidas, bebidas, telas y abonos a base de coca, ningún producto tiene un sustento jurídico claro porque, sencillamente, el cultivo de coca está penalizado.
La intención de esta solicitud ante la ONU y el Congreso en Colombia se puede entender de varias formas. Por un lado, a nivel doméstico, es necesario que la descriminalización de los cultivadores de coca (también los de cannabis y amapola, que son los mismos) se consolide como política de Estado.
Esto implica ir más allá del discurso ya caduco de “luchar solo contra los eslabones superiores de la cadena del narcotráfico”. Se trata de trabajar de la mano con las comunidades que las cultivan buscando opciones de desarrollo que funcionen, y que no estén limitadas por normas internacionales que pretenden ser aplicadas de forma homogénea a pesar de las grandes diferencias en los contextos de cada país.
Esta solicitud podría constituirse en un avance si el Gobierno la lleva a cabo y la aprovecha. Podría generar procesos piloto o a nivel micro de productos alternativos de coca, cannabis y amapola que reestablezcan las relaciones de confianza entre las comunidades y el Gobierno, y algunos ingresos que, de forma simbólica, reconozcan en Colombia y ante el mundo las peticiones históricas de indígenas, afros y campesinos.
En la Fundación Ideas para la Paz estamos convencidos del valor de este tipo de proyectos piloto en el marco de una modificación de enfoque de la política interna de drogas que estamos dispuestos a acompañar y apoyar técnicamente desde la evidencia.
¿Líder del cambio?
Por otro lado, ha ido creciendo la aceptación mundial del fracaso de la política de drogas que tiene en el prohibicionismo su sustento y en la guerra contra estas sustancias su estrategia. Sin embargo, Colombia se ha quedado, por ahora, en los discursos sobre la necesidad de la reforma de la política mundial, a pesar de comprobar que incluso fumigando o erradicando manualmente más de 100.000 hectáreas de coca al año, esta nunca se acabó.
Otros países han ido regulando el cannabis para fines medicinales y recreativos. Aun así, nuestros gobiernos, el Congreso y la opinión pública, siguen viendo esta regulación como todo un acontecimiento; mientras tanto, otras naciones se lucran de los usos legales de la marihuana y nuestros campesinos no.
Se podría entender, entonces, que el gobierno de Petro busque despenalizar la hoja de coca para que Colombia sea líder, al fin, en algún asunto de interés propio y que esta iniciativa haga parte de una estrategia hacia futuro —seguramente muy lejano— de “legalización”; es decir, de modelos regulados de drogas que se implementen de acuerdo con las realidades de cada país.
El próximo año, la Comisión de Estupefacientes presentará la revisión de medio término (la implementación en los últimos años) del plan de acción de la política mundial de drogas.
Aunque no se esperan cuestionamientos realistas a la guerra contra las drogas ni cambios sustanciales en la política o en los tratados internacionales, sí se espera una participación audaz y coherente de Colombia y de otros países que sacuda, al menos levemente, el sistema de fiscalización internacional de drogas.
Esta revisión es una oportunidad para resaltar en este escenario —el más importante en política internacional de drogas— las voces de los países que quieren reformas para ir ganando apoyo político internacional sobre nuevas interpretaciones de los compromisos o para la flexibilización de estos tratados.
Colombia tiene la autoridad moral para destacarse como líder del cambio y necesita más apoyo internacional con el fin de buscar alternativas para reducir el conflicto y la violencia.
Además, el gobierno de Colombia está ejerciendo, desde diciembre, la presidencia de la Comisión de Estupefacientes. Esto puede limitar la expresión de sus posturas y objetivos, pero le permite garantizar que tanto el proceso de la revisión de medio término como su resultado reflejen con justicia las realidades, posiciones y solicitudes de todos los países, de todas las agencias de las Naciones Unidas y de las organizaciones de la sociedad civil que participen.
Aprovechar las oportunidades
Fue osado que Colombia pidiera la desclasificación de la coca ante la comunidad internacional. Es posible que este sea el abrebocas de una estrategia coordinada de la cancillería para liderar reformas de la política mundial de drogas, aprovechando el relacionamiento diplomático de sus misiones para identificar puntos comunes de encuentro con otros países que también las están buscando.
Lo que ocurrirá el próximo año en la Comisión de Estupefacientes es una oportunidad para continuar y reforzar el liderazgo político que Colombia ejerció en otros gobiernos. También puede representar un retroceso en los pocos avances que se lograron en revisiones anteriores. Lo mínimo que se espera de este gobierno es que avance, al menos un paso, en el camino hacia las reformas que el país necesita y que el mismo Gobierno ha anunciado.
Esperemos que la implementación de la nueva política en los territorios más afectados por el narcotráfico, así como la participación de Colombia en la Comisión de Estupefacientes y otros escenarios multilaterales y bilaterales, vaya esclareciendo la estrategia de Petro para descriminalizar a los cultivadores de coca y mejorar sus condiciones de vida, y también para defender nuestros intereses ante la comunidad internacional.