En los últimos días han circulado en redes fotografías de miembros del ELN patrullando junto a grafitis que dicen “participar es decidir”. Partamos de lo siguiente: si el ELN utiliza cualquier tipo de coacción, física o simbólica, para promocionar el proceso participativo que está negociando con el gobierno, entonces la sociedad colombiana va, necesariamente, a rechazar los resultados de ese proceso. Con esto en mente, pasemos a analizar la propuesta de participación que está sobre la mesa, bajo la premisa de que debería contribuir, primordialmente, a transformar los territorios más afectados por la violencia.
En los acuerdos de México (10 de marzo) y de Cuba (9 de junio) se define el “espíritu” del proceso de participación, se establecen sus fases y se crea una instancia para impulsarlo. Sin embargo, surgen dudas sobre la eficacia y la representatividad del proceso. En cuanto a la eficacia, preocupan las limitaciones para integrar aprendizajes, resultados y espacios de participación instalados previamente en Colombia. Los reparos sobre la representatividad ponen en entredicho la legitimidad del proceso.
Lo que ya se sabe
La negociación con el ELN busca aterrizar en “un Gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado” que recoja una agenda de transformaciones definidas participativamente. En esa línea, el Acuerdo del 10 de marzo propone el diseño de un gran proceso participativo (punto 1), para identificar las principales conflictividades del país con propuestas de solución (punto 2) que se llevarían a cabo participativamente (punto 3). Según este Acuerdo, el “corazón del proceso es la participación de la sociedad en la definición y ejecución de las transformaciones necesarias para la paz” (numeral 5.2.4).
Sobre esos propósitos, el siguiente Acuerdo, el del 9 de junio, define tres asuntos concretos. Primero señala que el proceso tendrá tres fases (diseño, diagnóstico y construcción de agenda) y será sistematizado. Segundo, crea el Comité Nacional de la Participación (CNP) con 80 delegados de 30 procesos distintos, encargado de dinamizar la fase de diseño (aún no se sabe si esta instancia se vinculará a las siguientes fases). Tercero, establece que, a mayo de 2025, los resultados del proceso participativo se incorporarán en un Plan de Ejecución de los Acuerdos con el ELN.
Riesgos para la eficacia
El nuevo Comité de participación corre el riesgo de reproducir la larga trayectoria de instancias de participación que ya tenemos en el país. Colombia cuenta con infinidad de estos espacios como los Consejos de Participación, los Consejos de Planeación y los Consejos de Paz, Reconciliación y Convivencia (tanto nacionales como territoriales). Estos se han ido creando con la ilusión de superar las limitaciones en materia de capacidad, recursos y alcances que en general han mostrado este tipo de mecanismos. La experiencia ha sido que estas nuevas instancias, en lugar de solucionar las limitaciones, las han reproducido y amplificado.
También se corre el riesgo de desconocer procesos de planeación participativa previos y sus resultados, aun cuando en la fase de diagnóstico se acordó tener en cuenta informes estatales, estudios sociales, acuerdos entre movimientos sociales y el Estado e investigaciones académicas.
Darle un lugar a las instancias que ya existen y a los resultados de procesos previos, sería una alternativa novedosa. Así, en vez de adelantar otro diálogo se podría, con el apoyo de instancias locales, avanzar en priorizar iniciativas identificadas previamente.
Sin ir muy lejos, recientemente tuvimos los Diálogos Regionales Vinculantes impulsados por el gobierno para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, en los que se recogieron cerca de 90.000 propuestas de la ciudadanía en más de 50 regiones de todo el país. Además, como parte del Acuerdo con las FARC se realizó un gran proceso de planeación participativa en el marco de los PDET, donde se identificaron cerca de 33.000 iniciativas que se integraron en planes orientados a transformar condiciones estructurales en las regiones más afectados por el conflicto armado.
Ninguno de estos procesos, ni sus resultados, se mencionan explícitamente en lo acordado con el ELN. En cambio, se propone un ejercicio de planeación participativa que seguramente terminaría duplicándolos. Tampoco hay claridad sobre los temas a abordar.
En la FIP hemos insistido en que darle un lugar a las instancias que ya existen y a los resultados de los procesos previos, sería una alternativa novedosa. Así, en vez de adelantar otro diálogo sobre problemas y soluciones se podría, con el apoyo de instancias locales, avanzar en la priorización de iniciativas identificadas previamente, y concertar su implementación participativa. Esto podría conectarse con la actualización de los Planes de Acción para la Transformación Territorial, instrumento central de los PDET, que debe hacerse entre este año y el próximo.
Incorporar procesos previos es, además de un acierto metodológico, un reconocimiento a la ciudadanía que ha atendido el llamado a participar en ocasiones anteriores y que se siente frustrada con los escasos resultados.
Representatividad: ¿la voz de quién?
Hay dos asuntos relacionados con la representatividad del ejercicio que se propone el ELN y el gobierno y que, a futuro, socavan la legitimidad de este proceso.
El primero es la falta de criterios para seleccionar, convocar y garantizar que a los espacios de participación lleguen voces diversas. Por ejemplo, se desconoce cómo se seleccionaron los integrantes del Comité: no hubo una etapa pública de postulación de interesados, sino que el anexo 1 del Acuerdo de Cuba enumera las organizaciones seleccionadas. Esto seguramente va a generar intranquilidad y reparos entre quienes no fueron incluidos y quisieran estar allí. En este mismo sentido, no será suficiente con anunciar que más adelante todos podrán participar. Habrá que aclarar los límites. Es imposible que un ejercicio de participación esté abierto todo el tiempo a todo el que quiera involucrarse. También habrá que definir la estrategia para recoger las voces que no estén llegando al proceso.
Hay experiencias, en particular en otros países, sobre el uso de mecanismos de selección aleatoria para garantizar una mayor representatividad en los ejercicios de participación. Es el caso de las Asambleas Ciudadanas, con amplia trayectoria en países como Irlanda, Bélgica y Australia.
El segundo asunto es la atribución de vocería. El ELN se presenta a sí mismo como vocero de las poblaciones históricamente excluidas, desconociendo los espacios que ellas han ido ganando a través de mecanismos no armados, formales como informales. No es para nada claro que, a hoy, estas poblaciones y sus organizaciones se sientan representadas por el ELN y seguramente, en un ejercicio participativo, querrán hablarle no sólo al gobierno sino también a esta guerrilla para cuestionar sus acciones y hacerle exigencias. Hasta el momento, el ELN no se muestra interesado en un ejercicio de participación donde también deba escuchar, mucho más si la expectativa de esta guerrilla es mantenerse en armas mientras el ejercicio de participación avanza.
Así como los anuncios de cese al fuego son bien recibidos por las comunidades más afectadas por la violencia armada, una declaración explícita del ELN reconociendo que no va asumir su vocería y más bien que su actitud será de escucha, sería un gran gesto para dotar de legitimidad esta negociación.
Preguntas de fondo
Si bien Colombia tiene una trayectoria participativa llena de frustraciones, seguimos en la búsqueda de ejercicios más incidentes. No es preciso atribuir nuestras falencias a la falta de escenarios: hemos probado mecanismos diversos, creado instancias e implementado varias planeaciones participativas. Por eso, antes de embarcar a la ciudadanía en un nuevo proceso, debemos preguntarnos por su eficacia y representatividad. De momento, la agenda de participación con el ELN no resuelve estos asuntos y, como se señaló, si este grupo utiliza las armas para coaccionar a la participación, sus resultados pierden toda legitimidad.