La llegada de un nuevo ministro a la cartera de minas y energía trae un nuevo aire al Gobierno para enfrentar los desafíos en la construcción de una ruta de transición energética justa, aterrizada a las realidades de los territorios, y a los actores que allí confluyen.
Un buen ejemplo de esos desafíos es el Pacto por la Transición Energética Justa en La Guajira, que a finales de julio firmaron el gobierno, las autoridades wayuu, líderes sociales, empresas de energías renovables y la cooperación internacional.
Una mirada a este pacto nos muestra la importancia de entender el departamento y sus conflictos para hacer alianzas que viabilicen la concentración de generación y distribución de energías renovables no convencionales en beneficio del país y, por supuesto, de las comunidades.
Sobre el papel, el pacto plantea de manera acertada principios fundamentales como el respeto y la protección de los derechos humanos, la participación y el diálogo. Sin embargo, la realidad de La Guajira es compleja, y los conflictos entre los actores que están en el territorio, producto de permanentes desaciertos en su actuación, son una barrera que no se puede tomar a la ligera. No basta con las buenas intenciones.
Empecemos por las instituciones del nivel nacional que históricamente han incumplido su deber de proteger los derechos de los pueblos indígenas, específicamente en la transición energética.
La realidad de La Guajira es compleja, y los conflictos entre los actores que están en el territorio, producto de permanentes desaciertos en su actuación, son una barrera que no se puede tomar a la ligera.
La falta de estudios rigurosos sobre La Guajira (como los que ha exigido la Corte Constitucional), así como de un entendimiento sobre sus comunidades y la forma en que su cultura se vive y despliega, han llevado al Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Autoridad Nacional y Consulta Previa, a reconocer formalmente a autoridades tradicionales wayuu, que son distintas a las ancestrales, con menor reconocimiento; y con quienes las empresas establecen procesos de consulta.
Ello a pesar de que esas autoridades no tienen el derecho legítimo sobre todo el territorio, ni poder de decisión, de acuerdo con las normas indígenas.
Esta conducta, además de ir en contravía del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y de ser considerada por el pueblo wayuu una imposición frente a su derecho de autodeterminación, también ha ocasionado fracturas entre los indígenas. Así lo expresan las mismas comunidades en La Guajira, quienes reconocen a las autoridades ancestrales como las dueñas legítimas del territorio.
El Gobierno tampoco ha realizado estudios con el suficiente rigor para entender como las rutas para la transición energética (entre ellas el despliegue de la energía eólica costa afuera y el hidrógeno, que tienen un importante foco de implementación en La Guajira) pueden afectar a las comunidades indígenas y su cultura.
La otra gran barrera tiene que ver con la diversidad de las comunidades indígenas y los conflictos entre castas. Esta es una realidad que se debe comprender y atender para implementar la ruta de transición justa.
La diversidad de las comunidades indígenas y los conflictos entre castas es una realidad que se debe comprender y atender para implementar la ruta de transición justa.
Los wayuu no tienen una mirada unificada del territorio ni de lo que allí debe ocurrir. Aunque poseen un sistema normativo que recoge los principios, formas de vida y ritos que rigen la conducta social, referente para garantizar sus derechos, en la práctica este sistema tiene diversas interpretaciones y usos. Por eso su aplicación no es uniforme en todo el territorio.
Cuando los valores y el pensamiento de la cultura wayuu se distorsionan y no se ponen en práctica a la hora de entablar diálogos y participar en consultas, no solo se exacerban los conflictos internos, sino que se complica el relacionamiento con las empresas que, atraídas por el boom de la transición energética, están llegando a La Guajira.
Las pocas empresas que ya estaban en el departamento han tenido relaciones caracterizadas por la desconfianza y los reclamos permanentes de la comunidad debido al incumplimiento de acuerdos y estándares de respeto de sus derechos. Esto marca una experiencia y una expectativa de parte de los wayuu frente al sector privado.
Su objetivo es que no se reproduzcan los problemas del pasado y se acuerden marcos claros desde las fases más tempranas de la estructuración de los proyectos energéticos, no solo de respeto de sus derechos, sino sobre los beneficios concretos que obtendrán por el uso y aprovechamiento de sus tierras.
El Pacto trae una gran oportunidad para construir una plataforma de diálogo entre empresas, indígenas, autoridades y organizaciones internacionales que fortalezca la conducta empresarial responsable y las relaciones de de calidad.
Los procesos de consulta previa que están en marcha tienen todas las dificultades descritas, y en ellos las empresas tienen la responsabilidad de hacer una debida diligencia reforzada. También de velar porque el Estado cumpla con el deber de llevar a cabo las consultas bajo los estándares internacionalmente reconocidos de conducta empresarial responsable.
Por todo ello, el pacto de buenas intenciones que se firmó en La Guajira debe venir acompañado de iniciativas concretas y robustas, así como del compromiso permanente de las instituciones, las empresas y los representantes de las comunidades wayuu para trabajar en dos frentes en simultáneo.
Por un lado, mejorar las capacidades internas de cada uno de estos actores para abordar las barreras mencionadas e impulsar relaciones basadas en el reconocimiento y el respeto. Por el otro, construir e implementar acuerdos conjuntos para el desarrollo del territorio, sus comunidades y los negocios basados en procesos de participación alineados a lineamientos como los de la OIT y los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por la experiencia de la Fundación Ideas para la Paz articulando procesos multiactor (en particular trabajando en La Guajira con indígenas y empresarios) vemos una gran oportunidad para construir una plataforma de diálogo entre empresas, indígenas, autoridades y organizaciones internacionales que fortalezca la conducta empresarial responsable y las relaciones de calidad.
Esto igualmente contribuiría a edificar la confianza que se necesita para impulsar los acuerdos y gestionar los aprendizajes y las lecciones para implementar en una ruta de transición energética justa en La Guajira.